Industria y Emprendimiento
Morosidad
Dar herramientas a las PYME para combatir la morosidad en los pagos
Muchas pequeñas y medianas empresas (PYME) quiebran cada día en Europa porque no se les pagan sus facturas. No quiebran por lo que deben, sino por lo que se les debe: una paradoja que para demasiadas empresas en Europa se ha convertido en norma. Más de la mitad dice tener problemas de liquidez debido a retrasos en los pagos. Y las dificultades se van extendiendo. Entre 2011 y 2012 aumentó en un 10% el número de emprendedores en esta situación.
Luchar contra la cultura de la morosidad ha pasado a ser una de las prioridades de la Comisión Europea. En un período en el que las tasas de desempleo en muchos países de la UE son de dos dígitos, abordar las raíces del problema es un imperativo. Y es obvio que la morosidad contribuye al desempleo, pues provoca quiebras. En 2012, las insolvencias destruyeron 450.000 puestos de trabajo y dejaron deudas pendientes anuales de 23.600 millones de euros en la UE.
"Cada año quiebran miles de PYME pendientes del cobro de sus facturas. Estamos decididos a acabar con la perniciosa cultura de la morosidad en Europa, un problema que preocupa desde hace tiempo a las empresas. Es manifiestamente urgente que los Estados miembros incorporen la Directiva sobre morosidad en los pagos a sus legislaciones nacionales. Ello dará un apoyo vital a nuestras PYME en la actual crisis económica, que dificulta el acceso al crédito. Es también esencial que las empresas europeas, especialmente las PYME, conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos de la mejor manera".
Para combatir esta plaga, la Comisión Europea propuso una nueva Directiva que se aprobó en febrero de 2011. Esta nueva Directiva 
refuerza la protección de las empresas frente a la morosidad en los pagos. Cuando es necesario, simplifica y hace más coherentes los procedimientos, y a partir del 16 de marzo de 2013 se aplica en todos los Estados miembros. Eso significa que, aun en caso de que un Estado miembro todavía no haya incorporado la Directiva a su legislación nacional, sus empresas pueden pedir que se les apliquen las nuevas normas. Se trata de una innovadora y poderosa herramienta para que los emprendedores puedan legítimamente exigir lo que se les debe.
La Directiva es vinculante para las administraciones públicas, que tienen 30 días —o, en casos muy excepcionales, 60 días— para pagar los bienes y servicios que contraten. Si no cumple los plazos, el deudor debe pagar intereses a un tipo al menos ocho puntos superior al tipo de referencia del Banco Central Europeo. Las administraciones públicas tienen prohibido bajar el tipo de interés si hay retraso en el pago. Además, los organismos públicos tienen la obligación de reembolsar al acreedor los costes adicionales que les haya supuesto.
Los acreedores víctimas de la morosidad tienen automáticamente derecho a reclamar intereses de demora y también pueden recibir un mínimo fijo de 40 EUR como compensación por los costes de cobro. Además, pueden exigir una compensación razonable por todos los demás costes ocasionados.
Las empresas privadas deben pagar sus facturas en un plazo de 60 días, salvo que se acuerde expresamente otra cosa o resulte claramente abusivo para el acreedor. Se espera así crear un círculo virtuoso y fomentar poco a poco en todas las actividades económicas una cultura de la puntualidad en los pagos.
Para que las empresas sean más conscientes de sus nuevos derechos, la Comisión Europea ha lanzado en todos los Estados miembros una campaña de información de octubre de 2012 a finales de 2014.