La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba la capacidad de muchos gobiernos para dar respuesta a las necesidades de sus comunidades de forma rápida y eficiente. Las agencias públicas enfrentan un mayor escrutinio, así como mayores expectativas en lo relativo a la prestación de servicios y la puesta en marcha de proyectos que aceleren una recuperación equitativa tras la crisis.
Los Estados miembro de la UE han acordado un presupuesto sin precedentes de 1,8 billones de euros para el período 2021-2027. Durante los próximos meses y años, los gobiernos nacionales invertirán gran parte de estos recursos mediante proyectos de contratación pública. Este extraordinario flujo de fondos por invertise, junto con la necesidad de emplearlos rápidamente, aumenta de forma sustancial los riesgos de fraude y corrupción.
El momento actual es clave para complementar los controles existentes con medidas de vigilancia abiertas y participativas. Los Pactos de Integridad ofrecen una buena oportunidad a las autoridades de toda la UE para colaborar con la sociedad civil y ampliar la transparencia y rendición de cuentas en la contratación pública.