Estadísticas sobre delincuencia

Datos de septiembre de 2011, datos más recientes: Más información de Eurostat, Tablas principales y Base de datos.

Las estadísticas de la Unión Europea (UE) actualmente disponibles sobre delincuencia y justicia penal reflejan la diversidad de los sistemas policiales y jurídicos que existen en la UE. Aunque es cierto que el desarrollo de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal está aún en ciernes, está desarrollándose un sistema que facilite la comparabilidad.

Tabla 1: Agentes de policía, 1998-2008 - Fuente: Eurostat (crim_plce), (tps00001) y (demo_r_d2jan)

Tabla 2: Delitos registrados por los cuerpos de policía, 1998-2008
(1 000) - Fuente: Eurostat (crim_gen)

Gráfico 1: Infracciones registradas por los cuerpos de policía, EU-27, 2005-2008 (1)
(2005=100) - Fuente: Eurostat (crim_gen)

Tabla 3: Población reclusa, 1998-2008 - Fuente: Eurostat (crim_pris), (tps00001) y (demo_r_d2jan)

Lo ideal sería que la comparación de las estadísticas sobre delincuencia de los Estados miembros se centrara en tendencias a lo largo del tiempo en vez de comparar directamente la información de los países sobre un año concreto, ya que los datos pueden verse afectados por factores como los distintos niveles de tipificación penal, la eficiencia de los sistemas de justicia penal y las prácticas de archivo policíal; además, es probable que una proporción de delitos relativamente elevada no se registren.

Principales resultados estadísticos

En 2008, había 1 700 000 agentes de policía en la EU-27, lo que representa un aumento global del 2,5 % respecto a la situación de cinco años antes (excluida Bulgaria – véase la tabla 1). Durante el periodo de 1998 a 2008 se produjeron cambios bastante rápidos en las dimensiones de los cuerpos policiales nacionales, debido a su reducción en más de un quinta parte en cada uno de los Estados miembros del Báltico. La República Checa (- 4,0 %) y Austria (- 0,7 %) registraron reducciones más modestas. Por el contrario, se produjeron incrementos de al menos un 20 % en el número de agentes de Irlanda y Chipre; todos los demás Estados miembros (de los que se disponen datos ininterrumpidos) registraron aumentos en el número de efectivos de sus respectivos cuerpos de policía.

En 2008 los cuerpos de policía registraron 29 millones de delitos en la EU-27 (véase la tabla 2). Desde el año 2000, el número de delitos registrados en la EU-27 fue ascendiendo hasta alcanzar su pico alrededor de 2003 y, posteriormente, descender cada año hasta 2008. Desde el pico alcanzado en 2003, la delincuencia registrada en la UE descendió hasta 2008 un 20 % o más en Polonia, Malta, Inglaterra y Gales (dentro del Reino Unido). El gráfico 1 muestra la evolución del número de delitos registrados entre 2005 y 2008: el descenso más importante en el número de delitos registrados durante este periodo se produjo en el robo de vehículos de motor.

La población reclusa de la EU-27 aumentó un 1,2 % al año entre 1998 y 2008, hasta alcanzar un total de cerca de 620 000, lo que equivale a 124 reclusos por 100 000 habitantes. En términos relativos, los Estados miembros del Báltico y Polonia tenían en 2008 las mayores poblaciones reclusas, con más de 200 presos por 100 000 habitantes, mientras que el número relativo de reclusos de la República Checa se quedaba justo por debajo de ese nivel. En el otro extremo de la escala, los países nórdicos de Dinamarca, Finlandia y Suecia (así como Islandia y Noruega, como países no miembros, ambos con datos de 2007), Eslovenia e Irlanda, notificaron en 2008 cifras inferiores a 75 presos por 100 000 habitantes, con Suiza justo por encima de ese nivel (véase la Tabla 3).

Fuentes y disponibilidad de los datos

Eurostat publica estadísticas sobre delincuencia y sistemas de justicia penal desde 1950 en lo que respecta al número total de delitos registrados, y desde 1993 en lo relativo a una serie de delitos concretos. Además, la base de datos también incluye estadísticas sobre las poblaciones reclusas desde 1987 y sobre el número de agentes de policía desde 1993. Las cifras sobre el Reino Unido se notifican por jurisdicciones separadas: Inglaterra y País de Gales, Escocia e Irlanda del Norte.

La comparación de las estadísticas sobre delincuencia entre países puede verse afectada por una serie de factores como:

las diferencias entre los sistemas legales y de justicia penal;
el porcentaje de delitos que se denuncian a la policía y los que esta registra;
las diferencias en el momento de registro de los delitos (por ejemplo, cuándo se denuncia a la policía, cuándo se identifica a un sospechoso, etc.);
las diferencias en las normas de contabilización de las infracciones múltiples;
las diferencias en la lista de infracciones incluidas en las cifras de delincuencia globales.

Por tanto, la información presentada debe analizarse con precaución.

Las cifras relativas a la población reclusa también pueden verse afectadas por una serie de factores como:

el número de asuntos tramitados por los órganos jurisdiccionales;
el porcentaje de delincuentes condenados que reciben penas de privación de libertad;
la duración de las penas impuestas y el tamaño de la población en prisión preventiva;
la fecha en que se realizó el estudio (especialmente cuando ha habido amnistías u otro tipo de liberación anticipada).

La población reclusa debe medirse como el número total de reclusos adultos y menores de edad (incluidos los detenidos en prisión preventiva) a 1 de septiembre de cada año. Las cifras incluyen a los delincuentes reclusos en centros penitenciarios, centros para delincuentes juveniles, centros para toxicómanos y hospitales psiquiátricos o de otro tipo.

Como norma general, las comparaciones deben basarse más en las tendencias que en los datos concretos, partiendo de la hipótesis de que las características del sistema de registro de un país se mantienen constantes a lo largo del tiempo. No obstante, hay numerosas interrupciones de las secuencias temporales así como otros cambios metodológicos y de definición.

Contexto

La progresiva supresión de los controles fronterizos en la UE ha facilitado considerablemente la libre circulación de los ciudadanos europeos, pero también puede haber hecho más fácil la comisión de delitos, especialmente porque el ámbito de actuación de las autoridades policiales y los sistemas de justicia penal se circunscribe, generalmente, dentro de las fronteras nacionales.

Desde la adopción del Tratado de Ámsterdam, la Unión Europea se fijó el objetivo de ofrecer un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Este objetivo se desarrolló posteriormente mediante el Programa de La Haya de 2004, que describía diez ámbitos de acción prioritarios: reforzar los derechos fundamentales y la ciudadanía; lucha contra el terrorismo; definir un enfoque equilibrado de la inmigración; elaborar une gestión integrada de las fronteras exteriores de la UE; establecer un procedimiento común en materia de asilo; maximizar las repercusiones positivas de la inmigración; encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la vida privada y la seguridad al compartir información; elaborar un concepto estratégico relativo a la delincuencia organizada; garantizar un auténtico espacio europeo de justicia; y compartir las responsabilidades y velar por la solidaridad.

Como parte de la labor de armonización y desarrollo de estadísticas sobre delincuencia y los sistemas de justicia penal, los Estados miembros de la UE acordaron aproximar las definiciones de las infracciones y el nivel de las sanciones de determinados tipos de delitos. Por otro lado, el reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales nacionales está llamado a convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial en materia penal, para lo cual se ha desarrollado una serie de herramientas que deben facilitar la cooperación práctica a través de las fronteras.

En materia de cooperación policial, la UE desea facilitar a las autoridades policiales de cada Estado miembro el acceso a la información pertinente (como bases de datos sobre ADN, huellas dactilares, matrículas de vehículos o inmigración), y mejorar la cooperación policial dentro de un marco común de protección de los datos personales. El acceso a la información está cubierto por toda una serie de normas como la Directiva 2006/24/CE sobre conservación de datos, la Decisión marco 2006/960/JAI sobre la iniciativa de Suecia, la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre el Tratado de Prüm y el Reglamento 767/2008 sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos entre los Estados miembros.

La cooperación policial se ha fomentado mediante actos legislativos como la Decisión marco 2002/465/JAI sobre equipos conjuntos de investigación y la Decisión 2008/617/JAI del Consejo sobre la mejora de la cooperación entre las unidades especiales de intervención, al tiempo que se ha creado una serie de organizaciones y organismos para facilitar la cooperación entre las distintas entidades responsables de velar por el cumplimiento de la ley como la Escuela Europea de Policía (CEPOL), la Oficina Europea de Policía (Europol) o la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la UE (Frontex). Asimismo, la UE apoya una serie de proyectos nacionales y multinacionales mediante programas como «Prevención y lucha contra la delincuencia» (Decisión 2007/125/JAI del Consejo).

Los primeros pasos dados hacia un sistema de estadísticas sobre delincuencia y justicia penal más comparable se describen en la Comunicación Comunicación (COM(2006) 437) de la Comisión Europea, titulada «Desarrollo de una estrategia global y coherente de la UE para evaluar la delincuencia y la justicia penal: Plan de acción de la UE 2006 – 2010», cuyo objetivo a corto plazo era recopilar datos nacionales y evaluar su calidad. Sin embargo, el objetivo a más largo plazo de la Direccción General de Interior de la Comisión Europea es desarrollar, en estrecha colaboración con Eurostat, una metodología armonizada en la que basar la recopilación de estadísticas de la UE para permitir las comparaciones de la estructura y las tendencias de la delincuencia entre Estados miembros.

Se han logrado avances notables en la recopilación de estadísticas sobre las fuerzas policiales y en el desarrollo de un estudio común sobre víctimas de la delincuencia. También está en marcha la recopilación de datos sobre el blanqueo de capitales, y las prioridades posteriores incluyen la información sobre el tráfico de seres humanos, la corrupción y la ciberdelincuencia. A finales de 2011 se lanzó un estudio piloto para evaluar el nivel y la incidencia de los actos delictivos contra las empresas en los Estados miembros de la UE.