Preguntas y respuestas

Para realizar plenamente su potencial, la Unión Europea necesita modernización y reforma. La UE de los Veintisiete funciona en la actualidad con unas normas concebidas para 15 países miembros. Durante los últimos diez años la Unión Europea ha tratado de encontrar la forma adecuada de optimizar los instrumentos con los que cuenta y reforzar su capacidad de actuación.

Al mismo tiempo, cada vez son más quienes desean una actuación colectiva de la UE para solucionar los problemas que nos afectan todos, ya se trate del cambio climático, la seguridad energética o el terrorismo internacional. Como la UE ha crecido y tiene nuevas responsabilidades, es lógico que actualice su modo de proceder. Con sus mejoras, el Tratado dota a la Unión de los medios necesarios para enfrentarse a los desafíos del mundo de hoy.

Las razones fundamentales del Tratado son tres: más eficacia en la toma de decisiones, más democracia gracias al mayor protagonismo del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y más coherencia en la actuación exterior. Con ello la UE estará mejor preparada para defender día a día los intereses de sus ciudadanos.

Entre los elementos del Tratado de Lisboa que refuerzan la capacidad de actuación de la UE destacan la consolidación de la coherencia de cara al exterior, la ampliación de la gama de políticas internas, la mayor eficacia en la obtención de resultados y logros políticos para los ciudadanos y la modernización de unas instituciones adecuadas para la Europa de los Veintisiete.

El Tratado dota a la Unión de una voz más fuerte y coherente frente al resto del mundo, pues combina las funciones de Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad con las de Vicepresidente de la Comisión. Además, crea un nuevo Servicio de Acción Exterior que propicia el desempeño de esa doble misión y presta una asistencia diplomática y consular más práctica a los ciudadanos que viajen fuera de la UE.  

El Tratado de Lisboa responde a las inquietudes manifestadas por los ciudadanos europeos. En él se expresa abiertamente el compromiso político de abordar el doble desafío del cambio climático y la política energética. Por primera vez en la historia de los tratados se dedica un apartado a la energía, para que la Unión garantice el buen funcionamiento del mercado energético y, en particular, el suministro de energía, el rendimiento y el ahorro energéticos y el desarrollo de nuevas energías renovables.

Se abren nuevas posibilidades de actuación transfronteriza en campos como la salud pública, la protección civil y el deporte. El Tratado de Lisboa sitúa la libertad, la justicia y la seguridad entre sus prioridades más importantes. La Unión Europea puede combatir con mayor eficacia las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas entre países, promover y apoyar la prevención de la delincuencia y contribuir a la lucha antiterrorista mediante la inmovilización de bienes. El Tratado revalida el compromiso de la UE para la elaboración de una política de inmigración común. El Tratado de Lisboa también contiene una "cláusula de solidaridad" según la cual la Unión y los Estados miembros actuan conjuntamente con espíritu de solidaridad si un Estado miembro es objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano.

Estas innovaciones facilitan la puesta en práctica de las políticas de la Unión en diversos campos (crecimiento económico y competitividad, desarrollo del empleo y las condiciones sociales, aumento de la seguridad personal y colectiva, fomento del medio ambiente y las condiciones sanitarias, desarrollo de la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros, progreso científico y tecnológico), además de mejorar su capacidad de actuación en la escena internacional.

El Tratado de Lisboa también crea un sistema institucional estable, en el que las decisiones se toman de forma rápida y transparente, con más control democrático y al nivel que resulte más adecuado. Así los ciudadanos tienen una idea más clara del reparto de las responsabilidades de cada cuál y de los motivos por los que actúa la Unión Europea.

Por primera vez, un millón ciudadanos de varios Estados miembros pueden pedir directamente a la Comisión que presente una iniciativa que estimen oportuna dentro de los ámbitos de competencia de la UE.

Sí. Por primera vez, los Parlamentos nacionales quedan plenamente reconocidos como parte del tejido democrático de la Unión Europea y se toman medidas para que tengan una participación más estrecha en las actividades de la UE. 

En concreto, pueden actuar como "guardianes" del principio de subsidiariedad (según el cual la toma de decisiones debe hacerse al nivel más cercano al ciudadano, comprobando en todo momento que la acción comunitaria esté justificada frente a las demás posibilidades de actuación a nivel nacional, regional o local). Los Parlamentos nacionales pueden manifestar su parecer desde la fase inicial de una propuesta, antes de que la estudien a fondo el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros.

Sí. El Tratado de Lisboa prevé la "iniciativa ciudadana europea". Esta nueva disposición de democracia participativa establece que un grupo de al menos un millón de ciudadanos nacionales de un número significativo de Estados miembros puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que, en opinión de los interesados, requieren un acto jurídico de la Unión para aplicar el Tratado de Lisboa. Las modalidades concretas de la iniciativa se establecen mediante legislación.   

Sí. El Tratado de Lisboa amplía el número de ámbitos políticos donde la legislación comunitaria debe ser aprobada por el Parlamento Europeo directamente elegido y por el Consejo de Ministros nacionales (procedimiento de "codecisión").

Además, otorga mayor protagonismo al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, reforzando con ello el control democrático de la Unión Europea.

El Tratado establece un reparto más preciso de competencias entre la Unión y los Estados miembros. Así los ciudadanos tienen una idea más clara de cuáles son los cometidos respectivos.

En el Consejo de Ministros la norma es la "votación por mayoría cualificada", según el principio de la doble mayoría. Las decisiones se aprueban si los votos favorables representan, como mínimo, el 55% de los Estados miembros de la UE (en la actualidad, 15 de los 27 países) y el 65% de la población. Para impedir que un grupo muy pequeño de países con muchos habitantes obstruya la adopción de decisiones, las minorías de bloqueo deben estar formadas, como mínimo, por cuatro Estados miembros. De lo contrario, se considera que hay mayoría cualificada aunque no se cumpla el criterio de población.

El Consejo Europeo ha decidido que el nuevo sistema entra en funcionamiento a partir de 2014. En los tres primeros años de aplicación, hasta 2017, los Estados miembros pueden pedir que se adopte un acto de conformidad con la mayoría cualificada que establece el actual Tratado de Niza.

Sí. Con el Tratado de Lisboa la aprobación por mayoría cualificada se amplía a nuevos campos. La Unión Europea tiene mucho que ganar con este procedimiento de decisión más sencillo que facilita la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de la seguridad energética o la ayuda humanitaria de urgencia a las zonas de crisis de todo el mundo. Los cambios también afectan a la iniciativa ciudadana, la protección diplomática y consular, y las cuestiones de procedimiento. La unanimidad sigue siendo necesaria para asuntos como impuestos, política exterior, defensa y seguridad social.

A diferencia de los Tratados actuales, el Tratado de Lisboa ofrece la perspectiva de mantener un Comisario de cada Estado miembro. Los dirigentes de la Unión Europea se han comprometido a adoptar una decisión a este respecto basándose en las disposiciones del Tratado.

El Parlamento Europeo podrá tener hasta 751 diputados, con un máximo de 96 y un mínimo de 6 por Estado miembro.

Se crea el nuevo puesto permanente de Presidente del Consejo Europeo, con un mandato de dos años y medio, para dar más continuidad y estabilidad a las tareas de la institución.

Además, el Tratado crea la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que también es Vicepresidente de la Comisión y preside el Consejo de Relaciones Exteriores. Así queda reforzada la coherencia en la acción exterior y aumenta la visibilidad de la UE en el mundo, al darle un "rostro" a la Unión.

El Tratado de Lisboa remite a la Carta como catálogo de los derechos que todos los ciudadanos de la Unión deben disfrutar respecto de las instituciones de la UE y las garantías vinculantes de su legislación. La Carta contiene seis capítulos que tratan de los derechos individuales relacionados con la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia. Estos derechos proceden básicamente de otros instrumentos internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y reciben de este modo una expresión jurídica en la Unión.

Las instituciones de la Unión deben respetar los derechos recogidos en la Carta. Las mismas obligaciones se imponen a los Estados miembros cuando apliquen la legislación de la UE. Además, el Tribunal de Justicia vela por la correcta aplicación de esta Carta, cuya incorporación no altera las competencias de la Unión pero sí refuerza y amplía los derechos y las libertades de sus ciudadanos.

Por supuesto. El Tratado de Lisboa establece que uno de los objetivos de la Unión es favorecer el desarrollo sostenible de Europa, en particular mediante un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Aunque el desarrollo sostenible ya estaba presente en los tratados anteriores, el Tratado de Lisboa consolida este objetivo y lo define con más precisión. Además, señala que el desarrollo sostenible es uno de los objetivos fundamentales de la Unión en sus relaciones con el resto del mundo.

El medio ambiente es uno de los ámbitos en los que la Unión y los Estados miembros tienen competencias compartidas. La Unión interviene para tratar de obtener una serie de objetivos bien delimitados: preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, proteger la salud de las personas, promover una utilización racional y prudente de los recursos naturales y Fomentar medidas a escala internacional para hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

El cambio climático figura entre los mayores desafíos medioambientales, sociales y económicos que afronta hoy en día la humanidad. Con el Tratado de Lisboa, combatirlo en el plano internacional pasa a ser objetivo específico de la política medioambiental de la UE. El Tratado añade a la lista de objetivos de esta política el apoyo a la actuación internacional en la lucha contra el cambio climático. De este modo reconoce expresamente el papel de liderazgo mundial que en este campo debe desempeñar la UE.

El Tratado de Lisboa facilita la actuación a nivel europeo en el campo de la justicia, la libertad y la seguridad, generalizando la aplicación del método comunitario (es decir, la aprobación por mayoría cualificada de las propuestas que haga la Comisión) y potenciando el protagonismo del Parlamento Europeo, el control democrático por parte de los Parlamentos nacionales y el papel supervisor del Tribunal de Justicia. Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido mantienen un régimen especial.

Sí, esa es una de sus mayores virtudes. El Tratado fija una serie de principios y objetivos comunes que guían la actuación exterior de la Unión: democracia, Estado de Derecho, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales, respeto de la dignidad humana, igualdad y solidaridad.

El Tratado de Lisboa recoge en un mismo Título casi todas las disposiciones sobre relaciones exteriores de los tratados ahora vigentes. Ello facilita su comprensión y favorece la coherencia de la acción de la Unión.  

Las actuales funciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad se combinan con las del Vicepresidente de la Comisión, creándose así una nueva figura institucional que ejerce un doble papel. De este modo queda reforzada la coherencia en la acción exterior y se aumenta el peso de la UE en la escena internacional, dándole un "rostro" a la Unión y abriendo camino al desarrollo progresivo del "interés común europeo".

El Alto Representante y Vicepresidente cuenta con la asistencia del Servicio Europeo de Acción Exterior, en el que trabajan conjuntamente funcionarios del Consejo, la Comisión y los servicios diplomáticos de los Estados miembros.

El Tratado de Lisboa establece por primera vez una base jurídica específica para la ayuda humanitaria, haciendo especial hincapié en el respeto de los principios del Derecho internacional y los principios de imparcialidad, neutralidad y no discriminación. También prevé la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria.

El Tratado de Lisboa establece por primera vez una base jurídica independiente para la ayuda humanitaria, haciendo hincapié en su especificidad y en la aplicación de los principios del Derecho humanitario internacional, como la imparcialidad y la no discriminación.

El Tratado afirma explícitamente que la reducción y la erradicación de la pobreza son el objetivo principal de la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. La Unión debe tenerlo en cuenta al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo. Esto requiere que la política de cooperación para el desarrollo posea entidad propia y no constituya un mero complemento de la Política Exterior y de Seguridad Común.

Cuando se necesite una ayuda financiera urgente, el Consejo actúa por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, lo cual acelera las ayudas.

Según el Tratado de Lisboa, la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria son competencias compartidas paralelas (es decir, la Unión aplica una política propia y los Estados miembros pueden hacer lo mismo, evitándose así que la actuación de la UE sea un mero complemento de las políticas nacionales).

No. La Unión Europea actúa como tal cuando debe hablar con una sola voz en la escena internacional. Hay toda una serie de cuestiones de política exterior que aconsejan la actuación conjunta de los Estados miembros de la UE.

Con el cargo de Alto Representante no se crean nuevas competencias, sino que se simplifica la acción exterior de la UE, eliminando redundancias y confusiones. Su actuación debe basarse en decisiones unánimes de los Veintisiete y complementa las políticas y los esfuerzos diplomáticos de los Estados miembros, sin sustituirlos.

No. La defensa sigue en manos de cada país. El Tratado prevé que los Estados miembros puedan poner capacidades civiles y militares a disposición de la Unión para aplicar la Política Común de Seguridad y Defensa. Sin embargo, cualquier Estado miembro puede oponerse a las operaciones de ese tipo y las aportaciones se hacen siempre de forma voluntaria.

Cuando un grupo de Estados miembros lo desee y cuente con los medios necesarios para ello, puede participar en misiones de desarme, misiones humanitarias y de rescate, misiones de asesoramiento militar y misiones de mantenimiento de la paz. Ningún Estado miembro puede verse obligado a participar en estas misiones. 

En absoluto. El Tratado permite el mantenimiento y desarrollo de los logros sociales de la UE, respetando en todo caso las prerrogativas nacionales. 

La economía social de mercado altamente competitiva, el pleno empleo y el progreso social se encuentran entre los objetivos de la Unión. La coordinación de las políticas económicas y de empleo de los Estados miembros es una de las competencias de la Unión, que también puede tomar iniciativas para coordinar las políticas sociales nacionales.

Según la "cláusula social" que contiene el Tratado, los aspectos sociales (promoción de un nivel de empleo elevado, protección social adecuada, lucha contra la exclusión social, etc.) se deben tener en cuenta al definir y ejecutar todas las políticas.

Los derechos fundamentales también quedan reconocidos en el Tratado de Lisboa, mediante la incorporación de una referencia vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta dedica uno de sus capítulos a la solidaridad, enumerando una serie de derechos y principios directamente relacionados con el ámbito social, como el derecho a la información y consulta de los trabajadores en las empresas, el derecho de negociación y de acción colectiva, el derecho de acceso a un servicio gratuito de colocación, la protección en caso de despido injustificado, el derecho de acceso a la seguridad social y a los servicios sociales, etc.

No. El Tratado de Lisboa reconoce que los servicios públicos constituyen un instrumento indispensable de cohesión social y regional. Además, contiene un Protocolo especial donde se establecen los principios básicos para fomentar unos servicios de interés económico general eficaces, sobre los que descansa la actuación futura de la UE.

En la Carta se afirma que la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión.

El Tratado los define como "servicios a los que en la Unión todos conceden valor", aludiendo a su papel en el fomento de la cohesión social y territorial. 

Dada la importancia de estos servicios, el Tratado de Lisboa pide a la Unión y a los Estados miembros que garanticen su funcionamiento con arreglo a principios y condiciones, en particular económicas y financieras, que les permitan cumplir su cometido. 

No. El Tratado permite una aplicación más transparente y descentralizada de las políticas de la UE, contribuyendo a que las decisiones se tomen tan cerca de los ciudadanos como sea posible. Además, incorpora las dimensiones local y regional al marco jurídico de la UE, al afirmar que la Unión debe respetar la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a sus estructuras fundamentales, también en lo referente a la autonomía local y regional. El Tratado se limita a simplificar el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, haciéndolo más explícito. Hay menos "zonas de sombra" que puedan dar lugar a confusión e incertidumbre.

No. El Tratado de Lisboa es un compromiso internacional suscrito y ratificado por Estados miembros soberanos que deciden compartir parte de su soberanía en el marco de una cooperación supranacional. En su texto se reconoce que la Unión refleja la voluntad de los Estados miembros y sus ciudadanos, y que las competencias de la UE emanan de dichos Estados.

El Tratado no modifica la naturaleza básica de la UE, sino que introduce importantes innovaciones institucionales que hacen posible una Unión más sólida y eficaz, sin que ello vaya en detrimento de los Estados miembros. Al contrario, la UE complementa la actuación de estos cuando no pueden lograr sus objetivos por sí solos.

Los tratados de la UE siempre se han cambiado modificando los textos que ya existían: así ocurrió con el Acta Única Europea y con los Tratados de Maastricht, Ámsterdam y Niza. Con el Tratado de Lisboa se ha utilizado el mismo procedimiento. Los dos tratados principales de la Unión cambian de nombre, pasando a llamarse "Tratado de la Unión Europea" y "Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". Ambos tienen el mismo rango.

También existe un texto consolidado de los dos Tratados fundamentales, que integra las modificaciones aportadas por la Tratado de Lisboa.

El Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. Para entrar en vigor, hubo de ser ratificado por los 27 Estados miembros, cada uno de los cuales decidió con arreglo a sus propias normas constitucionales si lo ratificaba mediante referéndum o votación parlamentaria.