   COLABORACIONESLa traducción en el siglo XXIEl pasado día 23 de mayo se presentó en la Representación de la Comisión Europea en España el Libro blanco de la traducción y la interpretación institucional1. En la presentación, lo primero que quedó en evidencia fue el desconocimiento que tiene la Administración de una profesión que ha evolucionado con suma rapidez en los últimos veinte años. De ahí el lema del Libro: «Conocer para reconocer». La elaboración del Libro, fruto de la iniciativa de diez traductores e intérpretes, representantes de la profesión en distintas instituciones públicas, aspira a dar visibilidad a unos profesionales que, aun siendo vitales para el funcionamiento de toda sociedad, y más aún de una sociedad globalizada como la nuestra, siguen hoy ocultos y dispersos por los pasillos ministeriales. El Estado cuenta en la actualidad con traductores e intérpretes en plantilla en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en el de Justicia, en el de Defensa, en el de Interior y en otros organismos públicos. Además, todas las Administraciones necesitan recurrir en un momento u otro a traductores autónomos. No estamos hablando de trabajos puntuales. Por poner un ejemplo, tan solo la Audiencia Nacional lanzó una licitación por valor de casi un millón de euros para los servicios externos de traducción e interpretación de un periodo de doce meses repartidos entre 2010 y 20112. A pesar de ello, y salvo en el caso del Ministerio de Asuntos Exteriores, que cuenta con un cuerpo específico de traductores desde al menos 1970, en el resto de las Administraciones no existe un cuerpo de traductores ni un perfil profesional para los aspirantes a esos puestos. A diferencia de lo que ocurre con profesores, maestros, médicos, inspectores de Hacienda y tantos otros funcionarios, para los traductores no hay un proceso uniforme de contratación ni unos requisitos mínimos exigibles. A día de hoy, todavía se ven muchas convocatorias para cubrir las plazas de traductores en las que se solicita personal administrativo «con conocimientos de idiomas», algo que, si se piensa, es tan aberrante como pedir personal administrativo «con conocimientos de matemáticas» para impartir esa materia en un instituto, como si alguien que supiera sumar y restar, por ejemplo, estuviera capacitado para ocupar el puesto. No siempre ocurre así, ya que, en general, se observa una notable heterogeneidad en los tipos de contratos. Se ha mencionado el ejemplo de Exteriores, pero también los traductores de algunas comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia han conseguido estar clasificados como titulados superiores, con la paradoja de que, a medida que se asciende en la jerarquía judicial, la categoría de los traductores se va rebajando, y una persona sin más título que el de Bachiller puede en teoría ejercer de intérprete en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo. Todos ellos, ni que decir tiene, desempeñan funciones en todo punto similares. Y uno se pregunta ¿y si un bachiller puede hacerlo, por qué pedir titulación superior? La respuesta está también en el Libro blanco. El censo elaborado a través de un cuestionario que se repartió entre los traductores e intérpretes de la Administración saca a la luz que, en realidad, el 74,2 % de los traductores sí tiene título universitario, a pesar de que tan solo un 12,5 % ocupa puestos de titulado superior. Cabe señalar además que los traductores sin titulación superior suelen traducir de lenguas minoritarias para las cuales resulta difícil encontrar a personas más cualificadas. Se da el caso extremo de que en un mismo convenio se encuentran traductores del grupo 3 (Bachiller) y del grupo 1 (Titulado Superior) con las mismas atribuciones. La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales (APTIJ) ha denunciado la situación, habiendo recibido por respuesta que esta incongruencia es «legal», como si legalidad fuera lo mismo que justicia. Por esta regla de tres, el Estado podría llegar a la conclusión de que es lícito convocar plazas de profesor de instituto del grupo 3, por ejemplo. Con el desempleo que tenemos hoy en España y teniendo en cuenta que el país está lleno de jóvenes preparados, deseosos de lograr su independencia económica y con la ilusión de poder desempeñar aquel trabajo para el que se han formado, no les costaría nada llenar las aulas de filólogos, historiadores y biólogos que se conformarían con una clasificación de Bachiller y una remuneración acorde. Lo mismo se podría hacer con el personal de los museos, de las universidades y de todos aquellos ámbitos en los que es mayor la oferta de titulados que la demanda y en los que se suma, además, que quienes eligen esas profesiones no solo buscan una forma de ganarse la vida, sino que sienten incluso vocación. Por suerte, el Estado no es consciente aún de haber encontrado la fórmula mágica para ahorrar costes y esperemos que nadie se la diga. El Libro blanco muestra, por otra parte, que las condiciones en que trabajan los traductores públicos no han evolucionado al ritmo de los tiempos. Así, se ha comprobado que, de los 103 traductores e intérpretes encuestados, solo 15 tienen acceso ilimitado a Internet, mientras que 78 tienen acceso limitado y nada menos que 43 no tienen simplemente acceso a la herramienta de documentación más indispensable para el profesional. Hay que tener en cuenta que, hoy en día, el traductor se ocupa de los temas más variados, desde la pesca del atún hasta las epidemias de gripe, desde la construcción de buques de guerra hasta los tratados comerciales, desde la fabricación de paneles fotovoltaicos hasta las normativas sobre seguridad en el trabajo. Para ello, el traductor debe dedicar una gran parte de su tiempo a documentarse a fin de entender la materia que traduce, familiarizarse con la jerga del sector y encontrar la terminología apropiada. Sin Internet, esta tarea es tan ardua y fatigosa que difícilmente puede llevarse a término. Lo mismo cabe decir de los programas de traducción asistida. Estas herramientas informáticas se emplean ya en las empresas de traducción de todo el mundo y entre la mayoría de los profesionales autónomos, pero solo diez traductores de la Administración cuentan con un programa de ese tipo. Se trata de programas que permiten almacenar e intercambiar memorias de traducción, es decir, documentos en distintos idiomas que sirven de referencia y que pueden ahorrar mucho tiempo en búsquedas documentales y terminológicas. En el caso de documentos administrativos, contar con una memoria de traducción permitiría ahorrar horas de trabajo y dinero, ya que los traductores podrían intercambiar modelos, fórmulas, etc., que se repiten una y otra vez; por no mencionar la posibilidad que ofrecen de crear bases de datos terminológicas, indispensables para mantener la coherencia y la precisión del lenguaje. Fue triste escuchar durante la presentación a una profesora de una universidad pública que ofrecía amablemente a los traductores poner a su disposición una memoria de textos jurídicos y la terminología correspondiente, fruto de un proyecto que se llevaría a cabo con financiación pública. Imagínense que los médicos no tuvieran ningún instrumental y tuvieran que aceptar la invitación de la Facultad de Medicina para hacer radiografías, densitometrías o electrocardiogramas a sus pacientes. El Libro hace especial hincapié en el ámbito de la Justicia, ya que son precisamente los ministerios de Justicia e Interior los que tienen una necesidad más acuciante de modernizar sus servicios de traducción e interpretación. En su segundo capítulo, se ofrece un recorrido por toda la legislación en la que se estipula la necesidad de la intervención de estos profesionales. Se mencionan tanto tratados internacionales tan importantes como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1977, como leyes de ámbito nacional, empezando por la propia Constitución española y pasando por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Enjuiciamiento Civil y diversas leyes orgánicas y reales decretos. La más reciente es la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, que garantiza a los ciudadanos de la Unión Europea la traducción de documentos fundamentales y la interpretación en las vistas e interrogatorios. La transposición de esta Directiva en los próximos tres años obligará a España a tomar cartas en el asunto y a plantearse por primera vez cómo garantizar ese derecho a la traducción e interpretación a los ciudadanos europeos. No obstante, no se trata solo del ámbito de la Justicia. La traducción se ha convertido en herramienta clave para toda empresa que desee abrirse camino en nuevos mercados y por supuesto lo es también para todo Estado que desee relacionarse con el exterior, o se vea obligado a ello. El Estado necesita la traducción para promocionar sus productos, participar en las negociaciones internacionales, desarrollar su ciencia y su tecnología y, en definitiva, progresar. El aislamiento es una reliquia del pasado. Por eso, las industrias del lenguaje representan ya el 6 % del PIB español3. Por eso la Unión Europea prevé que el valor de las industrias del lenguaje alcance los 16 500 millones de euros en 20154. Por eso Google y otras muchas empresas invierten sin cesar en mejorar su herramienta de traducción automática. El Estado, sin embargo, sigue ensimismado, hablando de la importancia del español en el mundo, sin darse cuenta de que el valor del español, como en el milagro de los panes y los peces, gracias a la traducción, se multiplica. Resulta urgente, por lo tanto, profesionalizar la traducción. Tenemos que desbancar esa idea romántica del traductor solitario entregado a su trabajo. La traducción no es hoy literatura y poesía, aunque también; la traducción es hoy industria, tecnología, turismo, comercio. Necesitamos traductores para participar en el proyecto europeo del Airbus, para colaborar con la NASA desde nuestros observatorios astronómicos, para firmar acuerdos comerciales con China, para atraer inversiones de Oriente Medio; necesitamos traductores a la altura de un mundo cambiante y vertiginoso en el que la globalización impone nuevas normas, en el que la competitividad exige profesionalización, y en el que no queda ya lugar para la desidia y la indiferencia. Los modelos están ahí. El Libro blanco muestra los ejemplos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de las instituciones de la Unión Europea y de los organismos de las Naciones Unidas. Se enumeran una serie de medidas que pueden resumirse en la creación de servicios de traducción profesionales con personal cualificado, contratado con requisitos adecuados y pruebas pertinentes. Ahora solo falta que la Administración dé un paso al frente y tome la iniciativa para dejar atrás unos mecanismos obsoletos y entrar de lleno en el siglo XXI. RED DE
INTéRPRETES Y TRADUCTORES
|