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COLABORACIONES


Traducción y Administración. El velo de la invisibilidad

Aunque resulte paradójico, la invisibilidad tiene sus grados. Dentro de un entorno social por lo común ignorante de lo que es y significa la traducción, es bien sabido que hay variedades mucho más conocidas que otras, o que quizás reclaman mayor atención por parte de quienes las practican. Podríamos mencionar en primer lugar a los traductores literarios: su labor es todo lo fundamental que suele señalarse en los estudios y conferencias al uso, pero está habitualmente muy mal remunerada. Los traductores literarios, sin embargo, gozan de un cierto reconocimiento social. El mundo editorial, o al menos, parcelas del mismo, cuida de sus traductores, hace que sus nombres figuren a veces de forma prominente en las cubiertas de los libros, en cuerpos de letra que se aproximan, peligrosamente a mi juicio, al del autor. Existe, pues, una percepción social (todo lo reducida que se quiera) de los traductores literarios, aunque sus condiciones de trabajo sean muchas veces muy precarias, como se pone una y otra vez de manifiesto.

Con todo, el mundo editorial tiene también sus traductores invisibles. ¿Quién ha oído hablar de los traductores de libros de ensayo, cuya labor es con frecuencia ardua y compleja y que también ejercen de puente entre culturas? Ahí no hay tantos miramientos; desterrado su nombre a las páginas interiores, el traductor de ensayo no reclama el protagonismo del traductor literario y, desde luego, no se le otorga. Y sus condiciones de trabajo no son seguramente mejores.

Los cientos de traductores activos en el sector privado desempeñan una labor como la de cualquier profesional, es decir, absolutamente opaca. Trabajando a veces con plazos imposibles, en condiciones lamentables, con tarifas ridículas y sin documentación de apoyo (¡ay, esos traductores que presumen de sus contactos directos con los autores de las obras que traducen, qué lejos quedan!), sin siquiera el consuelo de saber que su trabajo será revisado y podrán aprender de esa revisión, porque la figura del revisor está siendo aceleradamente desterrada del universo mercantil de la traducción (salvo empresas empeñadas en cuidar la calidad, muchas veces frente a la incomprensión incomprensible del propio cliente), estos traductores se mueven en el anonimato absoluto. Son invisibles. Probablemente es lógico que lo sean, pero al menos alguien debería hacer el esfuerzo de comunicar a la sociedad que desempeñan un trabajo a veces de enorme complejidad, y las facultades de traducción e interpretación no parecen hacer suficiente hincapié en ello.

Hay también centenares, literalmente, de traductores que se afanan en la Administración española, en distintos órganos y organismos. Y trabajan, en general, para una amante ingrata. Nuestra Administración no sabe qué hacer con sus traductores, de hecho, ni siquiera sabe cuántos tiene. Con honrosas excepciones (Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Cortes Generales, Banco de España, quizá haya otras que omito por desconocimiento), ofrece puestos con unos requisitos de acceso ínfimos y, por consiguiente, de niveles retributivos poco lucidos, como si estimase que la labor de traducción debe dejarse en manos de personas no especialmente cualificadas. Después encuadra a estos traductores en servicios dispersos, muchas veces bajo la dirección de personas que en buena medida desconocen qué implica su labor, haciendo gala de una desconfianza palpable hacia su trabajo (negando a muchos traductores, por ejemplo, el acceso a internet, herramienta cuya trascendencia hoy día resultaría aburrido destacar, si no fuera porque hay quien no lo entiende aún).

Tal vez tenga algo que ver en todo esto la lamentable situación de los conocimientos de idiomas en nuestro país, que por mucha proclama política no parece mejorar (frente al indudable progreso, en cambio, de las otras lenguas cooficiales en algunas Comunidades Autónomas, incluidos sus traductores). Experiencias recientes en oposiciones con licenciados universitarios incapaces de defenderse mínimamente en inglés así parecen corroborarlo. En fin…

Pero el hecho es que hay muchos traductores trabajando en muy diversos organismos que poseen una excelente formación, experiencia aquilatada en terrenos técnicos, obligados a traducir en direcciones varias (en muchos centros al traductor se le tiene por un experto en lenguas al que se hace traducir textos a lenguas extranjeras como si se tratase de lo más natural). No parece repararse en que un requisito mínimo del trabajo del traductor debería ser el de la formación universitaria (que gran parte de ellos poseen, por otra parte). No estamos abogando aquí por reservar plazas a los ahora graduados en Traducción e Interpretación. Estos han adquirido unos conocimientos que, por sí solos, no son suficientes para desempeñarse en el terreno traductor, y hablamos con conocimiento de causa: el licenciado o graduado deberá batirse con los procedentes de otros terrenos humanísticos y científicos para demostrar su valía, como ocurre en las organizaciones internacionales. Pero al menos debería exigirse que para el acceso a esta profesión fuera condición indispensable el grado universitario.

Cierto es que parece abrirse paso la idea de que los traductores son esenciales en el mundo de hoy, tan entreverado de contactos entre culturas diversas. Hacen su aparición aquí y allá informaciones sobre la falta de intérpretes en los juzgados (nada se dice de los traductores, o se confunden ambas labores, falta labor pedagógica, pero de momento estas «apariciones» constituyen un paso positivo); incluso recientemente un medio de comunicación ha puesto cara a numerosos intérpretes del ámbito judicial, lo que es encomiable, pero resulta de todos modos superficial, porque del relato de su trayectoria se pueden sacar consecuencias no del todo tranquilizadoras para el sector. En todo caso, sí hay sectores en el terreno judicial que aprecian la necesidad de intérpretes de valía, entre otras cosas, o sobre todo, porque la interpretación puede ser un factor crucial de los derechos de defensa de los acusados ante un tribunal. Así se reconoce en algunos importantes instrumentos internacionales, y no por cierto en nuestras leyes procesales penales, en las que las menciones a la traducción o interpretación serían risibles si no resultasen penosas.

A la vista de la situación, y desde luego no por razones de promoción propia o profesional, algunos traductores hemos lanzando la idea de elaborar un Libro Blanco de la traducción en la Administración1. Se trata de dar a conocer esta labor, de hacer, en primer lugar, un censo de los traductores existentes, lo que no es sencillo, porque no es fácil acceder a ellos y apenas existen categorías profesionales de traductores o intérpretes como tales en el organigrama administrativo.

Sería importante también pasar revista a sus condiciones de trabajo, a los requisitos que les han permitido acceder a sus puestos y a los medios con los que cuentan, que en algunos casos deberían hacer enrojecer a los responsables de sus departamentos. Y no debe olvidarse hacer recuento de sus posibilidades de formación, que en el caso de las profesiones que nos ocupan son de importancia crítica, y son muy pocos los cursos específicos que para estos colectivos se prevén en la Administración española, aunque en algunos colectivos sí se realizan esfuerzos por organizar cursos más idóneos. Al menos quien esto firma no tiene de momento otra intención que poner delante de los ojos de quien proceda (y uno de nuestros grandes problemas, hoy por hoy, es la falta de interlocución) a un colectivo desigual, acaso abigarrado, pero que desempeña una labor importante (ni más ni menos que la de otros, pero subrayo su trascendencia: no es, desde luego, una labor subalterna) y que reclama un mínimo de atención por parte de los órganos rectores de la función pública.

Si, a largo plazo, se lograran objetivos tales como unos niveles retributivos más acordes con la formación, unas condiciones de trabajo objetivamente mejores, con acceso a medios informáticos y herramientas de traducción asistida que no son sino la red de seguridad mínima con la que debe trabajarse, en definitiva se habría logrado ya mucho. Si se llegase quizá a objetivos probablemente deseables pero menos factibles, como la creación de un cuerpo de traductores e intérpretes unificado para toda la Administración, con posibilidades de movilidad y condiciones uniformes, se habría cumplido a mi juicio el objetivo primordial (sin que deba entenderse que ello pudiera suponer prebendas para quien no acredite un nivel de calidad mínimo en su trabajo).

No se puede negar que muchas veces son los propios traductores llamémoslos administrativos los que no facilitan el conocimiento de su labor, y esto se advierte en los repetidos intentos infructuosos en llegar a conocerlos. Pero si queremos siquiera aproximarnos al objetivo que nos hemos trazado, hace falta, en primer lugar, romper el velo de la invisibilidad.

Ramón Garrido Nombela
Oficina de Interpretación de Lenguas,
Ministerio de Asuntos Exteriores  y de Cooperación
ramon.garrido@maec.es

 

 

 

 

 

 

 

 
1

Las conclusiones de la Jornada de presentación del Libro Blanco de la traducción e interpretación institucional se reproducen en este mismo número de puntoycoma.

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