   COLABORACIONESEl Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional. Conocer para reconocerEl 23 de mayo se presentó, en la sede de la representación de la Comisión Europea en España, el Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional, un trabajo colectivo de un grupo de traductores pertenecientes a diversos órganos de la Administración Pública española y a organizaciones internacionales1 que, hace dos años, con ocasión de una Jornada de Terminología y Traducción Institucional celebrada en la misma sede, lanzó la idea de trazar una radiografía de la situación de traductores e intérpretes en las Administraciones Públicas de España. Aunque se ha puesto ya de relieve en otras ocasiones, los traductores e intérpretes de las organizaciones internacionales no pueden hacerse una idea de la penosa situación en la que trabajan muchos de sus homólogos en las instituciones españolas. Existen, claro está, excepciones, como la que constituye la Oficina de Interpretación de Lenguas, los traductores del Ministerio de la Presidencia, del Banco de España o de las Cortes, por citar algunos ejemplos más o menos conocidos. Pero existe una plétora de profesionales, muchos de gran nivel, obligados a desenvolverse en las condiciones menos propicias: con escaso o nulo acceso a medios informáticos modernos, mal encuadrados profesionalmente, peor dirigidos, incomprendidos en sus necesidades. Precisamente, uno de los males que aqueja a la traducción/interpretación institucional en España es la incomprensión, cuando no recelo, que suscitan estas actividades en los órganos de la Administración y el desconocimiento de su trascendencia. Si el Libro Blanco sirve al menos para dar a conocer a estos profesionales en los diferentes órganos de la Administración, y entre sus cabezas rectoras, ya se habrá cumplido un objetivo nada desdeñable, aunque el primer logro ha sido plasmar sobre el papel toda una serie de cuestiones que son importantes para traductores e intérpretes de la Administración en general. La situación actual no ofrece perspectivas muy halagüeñas, pero hay a mi juicio que dejar de centrarse en las quejas y lamentos. Hay que mirar al futuro y empezar por lo que tenemos. Y, desde luego, ello nos obliga a cambiar de perspectiva y olvidar el corto plazo: nuestras miras tienen que estar a medio/largo plazo. De esa forma soslayaremos el esfuerzo baldío, que, como decían los clásicos, conduce inevitablemente a la melancolía. De modo que hay que hablar del futuro. Ya tenemos un Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional. ¿Y ahora qué? Las palabras clave son, a mi juicio: pedagogía, perspectiva de futuro a medio/largo plazo, construcción gradual, amplitud de miras. Se trata de una serie de factores que debemos combinar para diseñar, en la medida de lo posible, una estrategia para la traducción e interpretación institucional en España. Tenemos bazas a nuestro favor: la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales, supone un avance, a mi juicio nada tímido, por mucho que se critique la mención de traducción/interpretación de «calidad suficiente». Es cierto que se trata de un concepto jurídico indeterminado que habrá que interpretar (y tendrán que ser los jueces quienes lo hagan). Pero no deja de ser cierto que la calidad es un concepto muy resbaladizo. Calidad no es, me parece, dedicar cinco horas a un trabajo que podría solventarse en dos, porque ciertos perfeccionismos pueden ser letales. Calidad también es ser conscientes de que cuando hablamos de Administración hablamos de dinero del contribuyente, lo cual debería ser sagrado. Calidad es hacer uso de las tecnologías, que ahorran tiempo y dinero (claro que se me dirá, con razón, que no todos pueden hacerlo). En todo caso, la Directiva, aplicable en principio a los ámbitos de Justicia e Interior, nos permite emprender un camino. Utilicémosla, sin embargo, en todos los ámbitos posibles. ¿Por qué limitarse a esos dos? La Directiva habla de registros de traductores debidamente cualificados, lo cual se puede extender a cualquier ámbito institucional. Así pues, deben crearse registros de traductores cualificados para toda la Administración allá donde sea necesario contratar traducciones. Y una clara definición de qué es un traductor debidamente cualificado (una combinación de formación superior y experiencia pertinente, a mi entender, más obligación ineludible de seguir cursos de formación continuada, como ocurre en otros países como Francia) y de los requisitos de acceso al registro. Sin olvidar tampoco que el requisito de calidad suficiente debe extenderse a los procesos de selección, que en muchos casos adolecen de unos criterios poco o nada profesionales. Precisamente ese es uno de los puntos que conviene tratar con la mayor urgencia: que en las pruebas para contratar a traductores e intérpretes institucionales haya el mayor número de profesionales de estas funciones y que se escuche su opinión incluso desde el momento del diseño de las pruebas. En el terreno de la pedagogía va a haber mucho que hacer. Pero la pedagogía es arte cuyos frutos maduran lentamente. No podemos esperar que personas que hasta ayer apenas eran conscientes de que existen traductores e intérpretes vean la luz en el camino de Damasco y comprendan la relevancia de nuestra labor. El Libro Blanco servirá quizá como herramienta pedagógica, y si conseguimos transmitir bien su contenido tal vez los gestores y responsables vayan asimilando que nosotros tenemos necesidades de formación específica y desarrollamos una labor cualificada que debe reconocerse como tal. De ahí el lema del Libro («Conocer para reconocer»), que fue el que mencioné cuando presenté este proyecto hace ya dos años. Una de las propuestas más atractivas que puede plantearse es la creación de un Cuerpo de Traductores para la Administración General del Estado (AGE). Sería una idea ilusionante. Está claro que tampoco será una realidad mañana, pero mañana es un concepto también interpretable. Se trata de una idea que hay que empezar a mover, aunque la situación actual nos haga pensar en su imposibilidad. Las crisis no son eternas y los que tenemos unos años sabemos que lo que resultan realidades aparentemente inamovibles terminan desapareciendo con el tiempo. Cabe plantearse si el Cuerpo de Traductores e Intérpretes, que está adscrito al MAEC hoy por hoy, puede servir como modelo para un futuro Cuerpo de toda la AGE. La situación del mismo puede resultar más o menos envidiable para muchos de nuestros homólogos. Su extensión o ampliación, con las consiguientes reformas que se necesitasen, resolvería problemas: permitiría, entre otras cosas, la movilidad interna y externa, a imagen del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, lo que me parece un elemento muy importante. ¿Cómo acceder a ese Cuerpo? Ahí habría que establecer criterios muy rigurosos y estrictos que habría que delimitar con cuidado. Siempre que todos queramos lo mismo. A veces produce cierto reparo utilizar la expresión «traductores e intérpretes institucionales». Aunque se ha hecho el esfuerzo de recabar opiniones diversas, habrá entre los lectores del Libro Blanco quien se reconozca en sus páginas y quien no. Muchas veces no es fácil estar seguro de que todos los traductores e intérpretes institucionales nos movamos en la misma dirección, o queramos hacerlo: realmente, no puedo estar seguro. A nuestros cuestionarios o correos electrónicos la respuesta ha sido en muchas ocasiones el silencio; hay que decirlo precisamente en voz alta. Volveremos seguramente a dirigirnos a traductores e intérpretes institucionales en busca de opiniones y pareceres; es más, tendríamos que acceder a colectivos importantes, quizá no por número pero sí por sus características (los ya mencionados de las Cortes, el Banco de España, el CNI y los traductores de lenguas autonómicas). De hecho, sigue faltando un censo real de traductores e intérpretes institucionales. Sin embargo, y volviendo a la pedagogía, tendremos que empezar por hacer un poco de pedagogía entre nosotros para ver si existe una idea más o menos común de lo que es, o debe ser, un traductor o intérprete institucional, más allá —mucho más allá— de una reclasificación o aumento de salario, aspiraciones sin duda legítimas. Un tema que nos ocupará, que ya se ha mencionado pero sobre el que hay que volver, es la búsqueda de interlocutores y de colaboradores en este esfuerzo. Hablamos en primer lugar de encontrar en la Administración personas a quienes dirigir este Libro Blanco y a los que presentar nuestras propuestas de reforma, que me parece un capítulo esencial del mismo. Algo se ha conseguido: hemos tenido entre nuestros participantes en estas jornadas a dos Secretarios Generales Técnicos del MAEC y al Presidente de la Audiencia Nacional. Esperamos seguir contando con la Comisión Europea en su Representación en España como colaborador en este proyecto. El mensaje es fácilmente comprensible, pero las circunstancias económicas no acompañan. Hay que insistir en que esto no va a durar toda la vida. En un principio hay que difundir las buenas noticias: existe un Libro Blanco, propone vías de reforma y hay que darlo a conocer (todos sus lectores pueden colaborar en ello). Después hay que articular la mejor forma de presentarlas de forma que el destinatario no las perciba como un mero movimiento de reivindicación salarial (y parece que los sindicatos tendrán que ser uno de los destinatarios de la actividad pedagógica que proponemos). Con paciencia y sentido común pueden obtenerse, a medio/largo plazo, buenos resultados. En cuanto al contenido del Libro Blanco2, entre otras cosas puede destacarse el capítulo dedicado al marco jurídico de la traducción e interpretación institucionales, en el cual se detallan las normas, nacionales e internacionales, que contemplan estas actividades en su ámbito de aplicación. Figura también una aproximación a un catálogo profesional, lo que, lejos de ser redundante, resulta un elemento esencial del texto. Traductores e intérpretes saben bien qué es una traducción directa o inversa, o en qué se diferencian traducir e interpretar, pero muchas personas lo ignoran por completo, y entre ellas habría más de una con capacidad decisoria. Pedagogía, una vez más. Los datos de los cuestionarios enviados al mayor número de traductores e intérpretes que se pudo localizar, y procedentes de aquellos que respondieron, arrojan un panorama un poco desolador en el que no es preciso detenerse ahora y al que se remite al lector interesado. Lo mismo cabe decir del capítulo dedicado a detallar la situación de estos profesionales en los diversos órganos que han participado en el proyecto. De interés particular me parece el capítulo de las propuestas de reforma, que es sin duda el que más habrá que difundir entre aquellos con capacidad para llevarlas a la práctica, entre otras, la necesaria reordenación de los servicios de traductores e intérpretes actualmente objeto de subcontratación en el ámbito de la Administración de Justicia, lo que plantea serios problemas no solo de organización, gestión e incluso despilfarro de recursos, sino de defensa de los derechos de las personas. Se ha incluido también una propuesta de código deontológico, basado en ejemplos de la práctica internacional, que podría servir de modelo en caso de que se decidiese elaborar uno para la Administración. Una serie de anexos completa el panorama que hemos querido trazar. Será un trabajo arduo y de incierto destino, pero —hay que reiterarlo—, lo fundamental es buscar con esperanza, a pesar de todo. Ramón Garrido
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