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El mismo día se activó el servicio de cartografía rápida del Sistema de Gestión de Emergencias de Copernicus (SGEC), gestionado por el JRC, a solicitud de la Protección Civil española en nombre de la Comunidad Autónoma de Canarias para facilitar la respuesta de emergencia.

Hasta el 18 de octubre se publicaron veinticinco actualizaciones. Puesto que la erupción sigue en curso y la situación está evolucionando, con un nuevo flujo de lava como consecuencia del colapso parcial del principal cono volcánico, el servicio de cartografía rápida sigue vigilando la erupción. Las actualizaciones muestran los cambios en la magnitud del avance de la colada, la extensión del depósito de cenizas, así como los edificios, carreteras e instalaciones destruidos. Se están utilizando tanto datos de radar como imágenes ópticas de muy alta resolución. A 17 de octubre, el flujo de lava había afectado a 811,8 hectáreas, se habían destruido 1 956 edificios y el depósito de cenizas cubría 6 537 hectáreas.

En 2021, las autoridades españolas han solicitado la activación del Sistema de Gestión de Emergencias de Copernicus en diecisiete ocasiones, lo cual es una cifra considerable. Durante la temporada de incendios del verano, que fue especialmente intensa, la herramienta de cartografía de riesgos y recuperación se activó con motivo de los incendios registrados en La Rioja, Ciudad Real, Huelva, Ezcaray, San Felices de los Gallegos, Alcaracejos y Alburquerque. Globalmente, las zonas de interés analizadas sumaron casi 750 km².

Ha pasado de ser un instituto centrado en la prospectiva tecnológica a convertirse en centro de apoyo científico y técnico para una multitud de direcciones generales de la propia Comisión Europea.

El centro del JRC en Sevilla es el único servicio operativo de la Comisión Europea en España y - con su cerca de 400 investigadores y personal de apoyo de más de 30 países - es el segundo del JRC por tamaño. Está especializado en estudios tecno-económicos que abarcan un amplio abanico de políticas europeas: desde la economía circular a la economía digital, desde los impactos económicos del cambio climático a la política agrícola común, pasando por la política fiscal, la regional y las políticas de empleo y educación.

La Comisión ha propuesto que la futura nueva sede del JRC en Sevilla sea la primera concreta aplicación de la filosofía del nuevo Bauhaus europeo a un edificio de la institución, además de ser el primer espacio concebido para las modalidades de trabajo flexible post-Covid. Con el propósito de estimular el desarrollo de un proyecto novedoso y ambicioso desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, la Comisión ha convocado un concurso internacional de arquitectura de alto nivel, bajo los auspicios de la Unión Internacional de los Arquitectos.

En el informe se examina, además, el sector químico y farmacéutico desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas, en relación con posibles mercados de exportación en los que España aún no participa, pero en los que podría intervenir en el futuro.

El análisis de las capacidades tecnológicas regionales puso de manifiesto las Comunidades Autónomas mejor preparadas para introducirse en esos mercados. En el caso, por ejemplo, de la producción de polímeros, destacó a Cataluña como la Comunidad Autónoma más preparada.

El análisis de complejidad económica del JRC deja de centrarse en cantidades agregadas —es decir, «cuánto» hace un país (¿cuál es su PIB?)— para detenerse en sus componentes subyacentes —es decir, «qué» hace un país (¿en qué sectores industriales está especializado?). El análisis parte de una serie de previsiones en cuanto a los resultados económicos de los países, que a continuación desglosa por sectores industriales, para concluir con un examen de las capacidades de innovación a nivel regional en relación con una serie de productos.

Expertos de la Universidad de Cantabria contribuyeron a los debates de los grupos temáticos sobre esta cuestión, organizando algunos de esos debates y realizando encuestas y análisis de apoyo. Los análisis realizados se fusionaron en un artículo científico conjunto que ha sido presentado y se está revisando en la actualidad. Parte de estas investigaciones corren a cargo de una estudiante visitante de doctorado, Ada Garus, que trabaja en el marco de una asociación de colaboración doctoral entre ambas instituciones.

En España, la economía azul está dominada por el turismo costero, que en 2018 contribuyó en un 78,6 % a la creación de «empleo azul» y en un 72,3 % al VAB. La contribución del sector de los recursos marinos vivos y de las actividades portuarias es también considerable. España ocupa el primer puesto en la UE en términos de VAB en los sectores del turismo costero y los recursos marinos vivos, que generan, respectivamente, el 30 % y el 19 % del total de la UE. Tres de los diez principales puertos de contenedores de la UE se encuentran en el Mediterráneo español: Valencia (5.º lugar), Algeciras (7.º lugar) y Barcelona (10.º lugar). El país recibe el 80 % de sus importaciones y envía más del 50 % de sus exportaciones a través de puertos marítimos, y cuenta con la tercera flota pesquera más grande del mundo.

El informe de la Comisión Europea de 2021 ofrece una visión general del desempeño de los sectores económicos relacionados con los océanos y el medio costero. Expertos del JRC contribuyeron a la realización de modelos y análisis sobre temas como el cambio climático, la contaminación marina y otros impactos humanos, el capital natural y los servicios de los ecosistemas marinos y las tendencias en sectores establecidos y emergentes, incluidas las repercusiones de la COVID-19.

El marco y las herramientas asociadas —la Plataforma de la huella de consumo y la calculadora de la huella de consumo— se presentaron ante responsables políticos de la UE y representantes de los Estados miembros y la sociedad civil el 7 de octubre de 2021. La ministra para la Transición Ecológica y el ministro de Consumo representaron a España en ese acto.

El indicador de la huella de consumo responde a los principales retos que plantea la necesidad de una evaluación sistémica e integral de la transición hacia la sostenibilidad y representa un conjunto clave de indicadores para materializar las ambiciones del Pacto Verde Europeo. Puede utilizarse para evaluar el impacto ambiental del consumo de la UE en su conjunto, de sus Estados miembros y de cada uno de los ciudadanos.

Tiene en cuenta cinco ámbitos de consumo: alimentación, movilidad, vivienda, electrodomésticos y artículos domésticos, y abarca dieciséis indicadores del impacto ambiental relacionados con las emisiones al suelo, el agua y el aire y con el uso de los recursos.