El nombre protocolario de los países consta, en general, de 2 elementos:
Pero hay países cuyo nombre usual es a su vez el nombre protocolario (Japón) y otros cuyo nombre protocolario coincide, a falta de topónimo aceptado, con el nombre usual (p. ej., la República Checa2). En cualquier caso, el nombre oficial o protocolario incluye de manera más o menos explícita (Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de América) un rastro toponímico relacionado con la realidad física o con la historia.
La lista de países de las Naciones Unidas (última edición: Terminology Bulletin No 347, de marzo de 1995) es para algunos traductores españoles la única referencia válida en lo que a nombres protocolarios y topónimos se refiere. Sin embargo, esta lista presenta en su versión española algunos problemas ya conocidos que se pueden resumir en:
Además hay algún caso aparentemente inexplicable, como el acento de Tanzanía.
En esta lista se puede observar una continuidad con las anteriores editadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, al escribir el nombre de nuevos Estados miembros como Tayikistán (y no Tajikistan, como en inglés, ni Tadjikistan, como en francés), las Naciones Unidas se apartan de la inercia "continuista" (Djibouti, Rwanda, Swazilandia) y admiten implícitamente la tendencia a la hispanización. No vemos entonces por qué no se podría generalizar este criterio, que además facilita la memorización de los topónimos.
La Traducción española de la Comisión ha sido siempre consciente de que estos problemas, lejos de ser simples cuestiones formales, suponen un alejamiento del uso de los hablantes españoles y de la tendencia a la hispanización de nombres extranjeros. En la lista de países de su Manual del Traductor, la Comisión siguió el criterio, defendido igualmente por la Academia y por los principales medios de comunicación, de adaptar (transcribir) al español los topónimos extranjeros, lo que equivale a decir simplificar sus grafías y hacerlas legibles.
También los argumentos protocolarios están contribuyendo a la confusión, al pretender las autoridades políticas imponer en las lenguas de otros países supuestos cambios en el nombre oficial o en la simple toponimia. Según las Naciones Unidas, los hispanohablantes deberíamos decir: Côte d'Ivoire, Belarús y Moldova por petición expresa de los respectivos gobiernos. Esta imposición se defiende con el argumento del derecho al nombre.
G. Losson, jurista del Consejo, defiende este derecho en su artículo "Faut-il dire "grec" ou "hellénique"?" (Terminologie et traduction, nº 3, 1991, pp 181-244) "ne serait-ce que par courtoisie internationale et dans un souci de réciprocité" (p. 195)4. Se exige, pues, un reconocimiento internacional de este derecho (que no se transgrede, creo, diciendo "Costa de Marfil") pero se olvida -desdeñando el carácter intersubjetivo del hecho lingüístico- que en lo que se refiere a la propia lengua hay un derecho inalienable: el derecho a nombrar. Si asimilamos los nombres de países a marcas registradas, acabaremos teniendo que pagar por nombrarlos.
El gobierno de Costa de Marfil puede hacer los cambios que considere oportunos en el nombre oficial, incluso en la toponimia de su país, pero la imposición de una norma lingüística foránea por razones de preeminencia alfabética nos parece, aunque tengamos que aceptarla en su uso protocolario, más que discutible: Côte d'Ivoire figura antes que Ivory Coast. Este argumento, que además no afecta al español, parece ser el utilizado por el gobierno de Costa de Marfil para exigir que se mantenga su nombre en francés. Un asunto de orden interno, al que se podía haber encontrado otras soluciones, no debería justificar esta imposición disfrazada de decisión terminológica. La claudicación ante tal "exigencia protocolaria" no sólo afecta al nombre oficial, ya que es también el pretexto para la sustitución pura y simple del topónimo (el nombre usual en español, según las Naciones Unidas, es "Côte d'Ivoire"). También relacionados con esta intromisión se plantean los problemas de:
Utilizamos la expresión injerencia lingüística puesto que no se trata de meras transformaciones del nombre oficial (la República de Costa de Marfil podría pasar a ser, por ejemplo, el Reino de Costa de Marfil5) ni de verdaderos cambios en la toponimia (Costa de Marfil podría pasar a llamarse Costa de Ébano). Estos cambios parecen admisibles, como lo son, a mi entender, el cambio de Alto Volta por Burkina Faso, para sacudirse una denominación colonial, o el hecho de que Tanganika y Zanzíbar se unifiquen con el nuevo nombre de Tanzania.
Los otros dos casos (Belarús y Moldova frente a Bielorrusia y Moldavia) no parecen tan extravagantes, ya que hay una cierta proximidad con las denominaciones anteriores y son fácilmente pronunciables; quizás por esto, aunque innecesarios, acaben entrando en el uso, formando doblete con las antiguas designaciones. En ambos casos el argumento protocolario se basa en una serie de precisiones y matices históricos e intralingüísticos opacos para el hablante español y, por lo tanto, sin fundamento lingüístico-comunicativo: con el nombre de Belarús se pretende eliminar la denominación "Rusia Blanca" de las lenguas germánicas (de: Weißrußland, nl: Wit-Rusland) que no se reconoce en la forma española "Bielorrusia". La forma "Moldova" que desea el gobierno moldavo (¿o moldovo?), como la de Kishinau para su capital frente a la antigua grafía Kishinov, refleja el afán de distanciarse del antiguo nombre soviético. Este contencioso moldavo-ruso no tiene por qué exportarse al español.
Más allá del derecho al nombre y de la "courtoisie" invocada por los defensores del argumento protocolario se impone la opinión de la "comunidad internacional" (expresión con la que, paradójicamente, se alude a muy pocos países). El caso de Macedonia es significativo. Esta antigua república yugoslava figura en la lista de las Naciones Unidas no como su gobierno solicitó, sino como "la ex República Yugoslava de Macedonia". No es fácil encontrarla en el corpus del Terminology Bulletin porque hemos de buscarla en la letra "t" (!) de The former Yugoslav Republic of Macedonia. Tampoco se le reconoce nombre usual ni gentilicio. En textos de la Comisión en inglés hemos visto esta denominación con las siglas Fyrom (en español y francés ARYM: Antigua República Yugoslava de Macedonia). Bonito ejemplo de cortesía y de respeto del derecho al nombre. Por supuesto que, desde nuestra humildad de traductores, tenemos que respetar esta denominación acatada por el propio gobierno macedonio (aquí debería decir: "de la ex República Yugoslava de Macedonia", pero éste no es un texto protocolario ni oficial y estoy seguro de no causar un conflicto diplomático).
Todos los casos citados, a pesar de la lista de las Naciones Unidas, plantean problemas a los traductores y a los hablantes en general: solapamiento o duplicidad con anteriores denominaciones, uso selectivo o indiscriminado, dudas sobre la grafía, etc. El resultado suele ser la proliferación de soluciones y la consiguiente vacilación, incluso en textos oficiales. (Parece que ni siquiera los redactores de textos oficiales, fuera de las Naciones Unidas, trabajan con el Terminology Bulletin nº 347 al lado.)
Una de nuestras publicaciones, el Boletín de la Unión Europea, refleja este caos: por ejemplo, en el número de marzo de 1995, una mano anónima (¿de la Oficina de Publicaciones?) ha dado pruebas de su respeto parcial a la lista de las Naciones Unidas y de su desconsideración absoluta por el trabajo de los traductores de la Comisión, al restaurar en el texto un híbrido Djibuti (ni siquiera el Djibouti de las Naciones Unidas) que, para más guasa, figura en el índice también como Yibuti, quién sabe si por falta de celo corrector o por un arrepentimiento de última hora. Este corrector, que no se limita a las pruebas y pasa a los hechos, nos ha colocado, además, el exótico acento de Tanzanía y otras grafías "onusianas" como Kirguistán y Rwanda. En algunos casos, afortunadamente, no dudó: Costa de Marfil se quedó así, en español, y Tobago no pasó a Tabago.
No creo que los hablantes sientan un mayor respeto por un país cuyo nombre les cuesta pronunciar y no digamos ya escribir. Por el contrario, no hay mayor respeto, ni forma más cortés e inocente de apropiación, que el acercamiento de lo lejano mediante adaptación a las normas fonéticas y gráficas propias. A menos que se piense que para respetar algo lo mejor es no saber cómo nombrarlo, pero aquí entraríamos en el terreno de lo inefable.
Lo de la reciprocidad protocolaria de la lengua (cf. artículo de Losson) puede llevarnos muy lejos en una época en que las cuestiones lingüísticas levantan pasiones y pueden utilizarse como arma arrojadiza (recordemos la campaña por la "ñ" o los excesos del decreto Toubon en Francia y la posterior amenaza de represalias lingüísticas de algunos diputados británicos). Los modos y usos de la cortesía, y por tanto del protocolo, varían según los países, por lo que la reciprocidad protocolaria no tiene por qué ser literalidad.
Tradicionalmente la traducción de topónimos no se ha regido por las leyes del protocolo ni de la lógica. ¿Quién tendría ahora la osadía de hablar del Canal de la Manga para corregir el histórico error de traducción que es el Canal de la Mancha? Las modificaciones de las denominaciones oficiales de los países no tienen por qué provocar cambios innecesarios en una toponimia admitida y reconocida por los hablantes.
La Unidad de Terminología de la Comisión viene desde hace tiempo recopilando información para elaborar una colección, en once lenguas, de nombres (oficiales y usuales) de países, capitales, gentilicios y monedas para la base EURODICAUTOM. Esta lista, que se basa en los países y territorios incluidos en la relación ISO, es más amplia que la de las Naciones Unidas, pues incluye territorios no independientes y Estados que no son miembros de las NN.UU.
Una colección de terminología (la lista de las NN.UU. se publica en un Terminology Bulletin) debe facilitar, ante todo, información fiable. La transformación de la autoridad política en autoridad lingüística se hace a menudo sacrificando el criterio de implantación, el más aceptado actualmente cuando se trata de elaborar colecciones terminológicas. Partiendo de este principio proponemos elaborar una lista actualizada y actualizable, basada en los criterios generales de uso y de hispanización. Con el primero se registra la implantación; con el segundo, se facilita al evitar la vacilación. Esto nos lleva a las siguientes propuestas:
Una lista elaborada con unos criterios básicos claros, sin defender a ultranza la coherencia frente al uso, podría despejar muchas dudas y contribuir a evitar la continua vacilación y la desagradable sensación de inseguridad que puede provocar en el traductor una duda sobre toponimia.
El protocolo es fundamental en las relaciones diplomáticas, pero la lengua es cosa de todos los hablantes y los topónimos pertenecen a la lengua general y no a la usada en el ámbito diplomático exclusivamente.
Luis González| 1 | Las Naciones Unidas distinguen entre formal name, nombre oficial, y short name, nombre usual. |
| 2 | La embajada de la República Checa señaló al Departamento de Español Urgente de la Agencia EFE que no existe un país llamado "Chequia" (neologismo que ya ha utilizado la prensa), sino dos países que constituyen la República Checa: Bohemia y Moravia. |
| 3 | La prensa y las enciclopedias recogen el topónimo Laos. |
| 4 | En las propuestas de toponimia en español que figuran en el Anexo a ese artículo se mantiene, según este derecho, "Côte d'Ivoire" y se proponen algunas soluciones curiosas como Las *Comoros (¿se trata de una errata?) o, para contentar a todos, Ruanda ("dénomination géographique") y República Rwandesa ("dénomination protocolaire"). El resto de las propuestas coinciden con las de la lista de las Naciones Unidas, excepto Tanzania escrito, menos mal, sin acento. |
| 5 | O cualquier otra forma de organización política específica que decidiera el pueblo de Costa de Marfil. Nos parece lógico aquí respetar la especificidad de tipos de organización política que no tienen por qué coincidir con los modelos occidentales. Libia, por ejemplo, es en su nombre protocolario -sin haber cambiado de topónimo- una Jamahiriya (según las Naciones Unidas) o Yamahiriya (según la Embajada libia en Madrid), o sea una especie de república, árabe y socialista. |