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Subsidiariedad

El principio de subsidiariedad tiene por objeto asegurar que las decisiones se adopten con la mayor cercanía posible a los ciudadanos. Excepto en aquellos casos en los que la UE tiene competencia exclusiva, no se deben emprender acciones de ámbito europeo salvo que sean más eficaces que las de ámbito nacional, regional o local. La subsidiaridad está estrechamente vinculada con los principios de proporcionalidad y necesidad, lo que significa que las acciones de la Unión no deben sobrepasar el límite necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

El principio de subsidiaridad se introdujo por primera vez en el Tratado de la Unión Europea (art. 5) en 1992. El Tratado de Amsterdam (1997) lo amplió, de modo que todas las propuestas legislativas se evalúan según su impacto en la subsidiaridad, por ejemplo.

El Tratado de Lisboa refuerza aún más el principio. Los cambios concretos incluyen: mayor grado de consulta en el ámbito local y regional cuando se redactan propuestas legislativas; comunicación más estrecha con los parlamentos nacionales durante el proceso legislativo.

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