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Respuesta

Las personas pueden ponerse en contacto con una administración pública para ejercer sus derechos en virtud del Reglamento general de protección de datos (RGPD) (derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, objeción, derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas).

Cabe destacar que las personas tienen derecho a oponerse al tratamiento de los datos personales por parte de la administración pública por motivos de interés público. Deberán explicar a la administración pública los motivos relacionados con su situación particular. La administración pública podrá continuar tratando los datos y, por tanto, denegar su solicitud si demuestra motivos legítimos imperiosos que prevalecen sobre los intereses y derechos de la persona, o si los datos son necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Las personas no tienen derecho a transmitir los datos que les conciernen que sean necesarios para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos que se les hayan conferido.

Una administración pública deberá responder a las solicitudes sin dilación indebida y, en principio, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Puede pedir más información para confirmar la identidad de la persona que realiza la solicitud. Si se rechaza la solicitud, deberá proporcionarse a las personas los motivos del rechazo e informarles de su derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de protección de datos y a ejercitar acciones judiciales.

Puede obtenerse más información sobre sus obligaciones previstas en el RGPD en la sección Empresas y organizaciones.

Referencia

  • Capítulo III del RGPD