¿Qué son los delitos medioambientales?

Se considera un delito contra el medio ambiente cualquier acto que infrinja la legislación medioambiental y cause un daño o riesgo importante para el medio ambiente o la salud humana.

Los delitos medioambientales mejor documentados son:

  • la emisión o el vertido ilegal de sustancias al aire, el agua o el suelo
  • el comercio ilegal de especies silvestres
  • el comercio ilegal de sustancias que agotan la capa de ozono
  • el traslado o vertido ilegal de residuos.

Sanciones penales para las infracciones de la legislación medioambiental

La Directiva 2008/99/CE sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal contempla una serie de infracciones contra el medio ambiente que están tipificadas como delitos en todos los países de la UE.

Estas infracciones incluyen todos los delitos medioambientales enumerados anteriormente, así como la explotación ilícita de actividades peligrosas (incluida la fabricación o la manipulación de materiales nucleares) y el tratamiento ilícito de residuos.

De acuerdo con la legislación, todos los países de la UE deben aplicar sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias para los delitos contra el medio ambiente cuando se hayan cometido deliberadamente o por negligencia grave. La incitación y la complicidad en la comisión de delitos contra el medio ambiente es también punible como delito.

El Convenio de Aarhus

Establecido por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el Convenio de Aarhus otorga a los ciudadanos una serie de derechos en lo que se refiere al medio ambiente. Se trata de:

  • el derecho de todas las personas a recibir la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas
  • el derecho a participar en la toma de decisiones medioambientales
  • el derecho a los procedimientos de recurso para impugnar las decisiones públicas que se hayan tomado sin respetar los derechos mencionados anteriormente, o la legislación medioambiental en general.

El Convenio de Aarhus entró en vigor en 2001 y ha sido ratificado por 47 Partes, incluidos la UE y la mayoría de los países europeos y de Asia Central.

Documentos

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