En la pasada década se han hecho cada vez más evidentes las
razones, morales y económicas, para acabar con las desigualdades sanitarias
entre los países de la UE y dentro de cada país. Los programas de salud pública
de la UE han apoyado la labor destinada a conocer esa realidad y elaborar
estrategias y medidas específicas.
El documento de la Comisión Europea Solidaridad en materia de
salud, de 2009, incide en la necesidad de dar con la combinación adecuada, en
la compleja amalgama de política y práctica, para afrontar eficazmente los
problemas.
Las sucesivas presidencias de la UE van reconociendo cada vez
más la amplitud del problema, paso previo importante para encontrar soluciones,
y la actual Presidencia española fomenta activamente las actuaciones prácticas,
en concreto para calibrar y comprender las necesidades.
El problema trasciende los sistemas de sanidad, si bien una
parte esencial de la solución es la necesidad de reorientarlos sistemáticamente
hacia la prevención de enfermedades y el fomento de la salud y el bienestar, y
no sólo como respuesta a las graves crisis económicas y sociales que
constituyen las prioridades de la Estrategia Europa 2020.
El papel de las instituciones europeas es fundamental. La
encomiable aspiración de la UE de fomentar el bienestar de sus ciudadanos,
establecida en el Tratado de Lisboa, debe transformarse en una acción que
aborde los factores sociales, económicos y ecológicos, las “causas de las
causas” de la precariedad sanitaria. Sólo entonces podremos empezar a abordar
el problema.
