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26 Abril 2017

El documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa plantea cuestiones sobre cómo sostener nuestros niveles de vida, crear más y mejores puestos de trabajo, capacitar adecuadamente a las personas y fomentar más la unidad, teniendo en cuenta la sociedad y el mundo laboral del futuro. Para ello, en el documento se establecen tres opciones posibles:

  • Limitar la dimensión social a la libre circulación

Según esta opción, la Unión mantendría en vigor la legislación para fomentar los movimientos transfronterizos de ciudadanos en materias como los derechos relativos a la seguridad social de los ciudadanos móviles, el desplazamiento de los trabajadores, la asistencia sanitaria transfronteriza y el reconocimiento de titulaciones. Sin embargo, ya no existirían normas mínimas de la UE en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, los tiempos de trabajo y de descanso o los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. Europa ya no impulsaría las oportunidades para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura y el deporte; los programas de reconversión social y regional de los Estados miembros, cofinanciados con dinero de la UE, quedarían suspendidos o se deberían financiar a escala nacional.

  • Permitir hacer más a los que deseen hacer más en el ámbito social

Los países que utilizan el euro como moneda única común pueden ir más allá, conjuntamente, en el ámbito social para mantener la fortaleza y la estabilidad de la zona del euro y evitar ajustes bruscos del nivel de vida de los ciudadanos. También pueden participar otros países interesados.

  • Profundizar la dimensión social de la Europa de los veintisiete

Aunque las administraciones nacionales y locales deberían seguir siendo y serían el epicentro de cualquier acción que se realice en el ámbito social, la UE estudiaría de qué manera seguir respaldando las acciones de los Estados miembros, haciendo valer plenamente los instrumentos de los que dispone. La legislación no solamente fijaría normas mínimas sino que, en determinados ámbitos, podría armonizar plenamente los derechos de los ciudadanos en toda la UE con objeto de centrarse en la convergencia de los resultados sociales.

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