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Última actualización: 28-06-2004
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Ejecución de las resoluciones judiciales - Inglaterra y País de Gales

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ÍNDICE

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil? 1.
2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo? 2.
2.1. Procedimiento 2.1.
2.2. Los requisitos en cuanto al fondo 2.2.
3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución 3.
3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución? 3.1.
3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución? 3.2.
3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas? 3.3.
4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida? 4.

 

1. ¿Qué significa la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil?

La ejecución es la acción judicial por la que se obliga a los deudores condenados a cumplir las resoluciones del órgano jurisdiccional.

En el ordenamiento jurídico de Inglaterra y Gales, la elección del método de ejecución depende totalmente del acreedor demandante.

Al elegir el método de ejecución, el acreedor debe considerar si:

  • existe la posibilidad de que el demandado le pague el dinero y las costas judiciales;
  • el demandado debe dinero a otras personas o si algún tribunal de condado ha dictado sentencia contra él;
  • el demandado posee bienes o activos que pueden subastarse;
  • el demandado está trabajando;
  • el demandado tiene otros ingresos, tales como rentas de inversiones;
  • el demandado posee un cuenta bancaria, de una sociedad de crédito o de otro tipo;
  • el demandado es propietario (de una vivienda); o si
  • otras personas deben dinero al demandado.

A continuación se exponen los diferentes tipos de medidas de ejecución. El acreedor demandante eligirá la medida más adecuada para obtener el dinero que se le debe. Por ejemplo, si el demandante está desempleado o trabaja por cuenta propia sería una pérdida de tiempo y dinero solicitar una orden de retención de ingresos. Si el demandado tiene dinero en una cuenta bancaria, lo más conveniente puede ser una orden de embargo de deuda (third party debt).

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El tribunal no puede garantizar que el acreedor demandante recuperará su dinero; por otra parte, toda acción judicial genera costas judiciales. El tribunal añade las costas a la cantidad adeudada por el demandado, pero si el acreedor no obtiene el dinero del demandado el tribunal no puede devolver las cantidades pagadas por el acreedor.

Los métodos de ejecución
Distraint (embargo)/execution (ejecución)

Ambas cosas son, de hecho, lo mismo, es decir, el embargo de bienes con vistas a su eventual traslado y venta en subasta para cubrir los costes de la deuda reconocida por la sentencia. El método denominado distraint es una ejecución extrajudicial mediante embargo de bienes. Por execution se entiende la ejecución de sentencias de tribunales de lo civil mediante el embargo de bienes. Ambos métodos se conocerán próximamente como métodos de control legal de bienes (taking legal control of goods).

Para obtener la ejecución (execution) es preciso solicitar al tribunal una orden de ejecución (warrant of execution) que sólo será eficaz si el demandado:

  • posee bienes en el domicilio facilitado por el acreedor demandante que puedan subastarse para obtener el dinero; o
  • tiene todo el dinero que se reclama en la orden (para impedir la venta de bienes).

El órgano jurisdiccional sólo dictará la orden de ejecución si el demandado:

  • no ha pagado la cantidad que se le ha ordenado pagar; o
  • se ha atrasado en al menos uno de los pagos.

Los agentes judiciales no siempre pueden trasladar o vender los bienes del demandado. No pueden, por ejemplo, trasladar enseres domésticos esenciales ni bienes o herramientas de trabajo sujetos a contratos de venta a plazos o de arrendamiento. El agente judicial no retirará los bienes del demandado cuando no sean suficientes para satisfacer la orden de ejecución tras la liquidación de los costes de traslado y venta de los bienes. Generalmente, los bienes subastados sólo alcanzan una parte de su valor original. Por otra parte, es posible que los bienes del demandado ya hayan sido embargados por otros agentes judiciales portadores de otra orden de ejecución.

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Para más información sobre las órdenes de ejecución en (pdf) puede consultarse el sitio Internet Court Service.

Attachment of earnings order (orden de retención de ingresos)

Este método de ejecución consiste en una orden en virtud de la cual se deduce regularmente una cantidad fija del salario o los ingresos del deudor el día de su cobro, y se envía directamente al acreedor demandante.

Una orden de este tipo sólo puede dictarse si el demandado está empleado; no podrá dictarse si el demandado está desempleado o trabaja por cuenta propia. Si los gastos de mantenimiento del demandado son superiores a sus ingresos, el tribunal no podrá dictar este tipo de orden, o bien lo hará ordenando la devolución de la cantidad en pequeños plazos.

Para más información sobre la orden de retención de ingresos en (pdf) puede consultarse el sitio Internet Court Service.

Charging orders - incluidas órdenes de venta y las “stop orders”

Las órdenes denominadas charging orders se dictan para evitar que el demandado venda sus activos (bienes, terrenos o inversiones financieras) sin pagar la deuda al acreedor demandante. Éste será pagado con el producto de la venta de los bienes inmuebles que él mismo efectuará o con el producto de la herencia en caso de fallecimiento del deudor. En este contexto, el tribunal puede adoptar dos tipos de medidas. En primer lugar, una orden de venta por la que el tribunal obliga a vender bienes inmuebles sujetos a una charging order. En segundo lugar, la denominada stop order impide que el deudor disponga de sus bienes inmuebles con objeto de evitar que se dicte una charging order contra él.

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Para más información sobre las “charging orders” en (pdf) puede consultarse el sitio Internet Court Service.

Third party debt orders (antes denominadas “garnishee proceedings")

Este método de ejecución consiste en una orden judicial de congelación de las cuentas bancarias del deudor demandado. Automáticamente, se transfiere la cantidad que cubre la deuda reconocida por la sentencia al acreedor demandante. Si los fondos existentes en las cuentas bancarias son insuficientes para cubrir la deuda, se utilizan los fondos que están disponibles para devolver al menos parte de la cantidad debida.

Para más información sobre las “third party debt orders” (pdf) puede consultarse el sitio Internet Court Service.

Procedimiento de quiebra

Si la cantidad debida es superior a 750£, el acreedor demandante puede solicitar que el demandado sea declarado en quiebra. Esta acción puede entablarse ante el tribunal de condado o ante el tribunal superior (High Court). El procedimiento puede resultar costoso.

Judgment summons (citación)

Este método de ejecución se limita a la ejecución de deudas fiscales. El deudor demandado comparece ante el tribunal y es interrogado bajo juramento, en audiencia pública, sobre las razones del impago de la deuda reconocida por la sentencia. Se le pide que declare qué ha hecho con los fondos a los que ha tenido acceso desde que se dictó la sentencia y cuál ha sido el destino del dinero que no se empleó para pagar la deuda. Actualmente, este procedimiento está en curso de modificación.

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Órdenes para obtener información (antes denominadas “oral examinations”)

Aunque este procedimiento no es un método de ejecución propiamente dicho, permite interrogar a los deudores demandados para obtener información sobre sus bienes, a fin de que el acreedor demandante pueda disponer de más información para elegir el método de ejecución más conveniente. Las propuestas actuales para reformar el sistema de ejecución en Inglaterra y Gales incluyen el refuerzo de este procedimiento con la introducción de un sistema de Data Disclosure Order de mayor alcance.

Para más información sobre las órdenes para obtener información en (pdf) puede consultarse el sitio Internet Court Service.

2. ¿En qué condiciones puede adoptarse una resolución o un título ejecutivo?

2.1. Procedimiento

Se pueden ejecutar tanto las resoluciones judiciales como las no judiciales. Los métodos de ejecución anteriormente expuestos, al igual que se aplican a las sentencias de los tribunales de condado y del tribunal superior (High Court), también pueden aplicarse para la ejecución de otras resoluciones como las adoptadas por los juzgados de paz (donde algunos asuntos civiles se tratan por el procedimiento sumario), diversos tribunales, los atrasos de determinados alquileres e impuestos adeudados, los derechos y las multas de aparcamiento no penales.

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No siempre es necesario solicitar al tribunal una orden de ejecución. Pueden entablarse procedimientos de ejecución de alquileres, impuestos, derechos de aduana, multas de estacionamiento e impuestos especiales adeudados, sin necesidad de autorización judicial previa.

Tanto los tribunales de condado como el tribunal superior son competentes para ordenar la ejecución de las resoluciones por ellos dictadas. Hay que señalar, no obstante, que los agentes judiciales de los tribunales de condado no pueden ejecutar cantidades superiores a 5000£ [a menos que ejecuten acuerdos regulados por la ley de crédito al consumidor (Consumer Credit Act) de 1974, que sólo pueden ejecutarse en los tribunales de condado]. Las resoluciones de los tribunales de condado de una cuantía superior a 5000£ deben ser transferidas al tribunal superior para su ejecución por un agente de ejecución. Los agentes responsables de la ejecución en el tirbunal superior no pueden ejecutar resoluciones de cuantía inferior a 600£.

Existe un procedimiento por el que los acreedores demandantes pueden optar por transferir las resoluciones de los tribunales de condado de entre 600£ y 500£ al tribunal superior para su ejecución por embargo (execution). Hay que tener en cuenta que el tribunal superior no aplica el procedimiento de retención de ingresos. Si se desea emplear este método, el asunto deberá someterse a un tribunal de condado.

Cuando se presenten reclamaciones a través del sistema de “reclamaciones económicas en líneaen (Money Claim Online), la orden de embargo también puede solicitarse electrónicamente.

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Categoría, funciones, responsabilidades y facultades de los agentes responsables de la ejecución
  • Los agentes responsables de la ejecución (antes sheriffs) del tribunal superior (High Court)

    Hasta el 31 de marzo de 2004, los mandamientos ejecutorios del tribunal superior eran ejecutados por los sheriffs. El nombramiento de los sheriffs estaba regulado por la Sheriffs Act de 1887. Los sheriff principales (High Sheriffs) eran nombrados todos los años por S.M. la Reina para cada distrito (bailiwick), es decir, la zona en la que el sheriff principal ejerce sus competencias, que en Inglaterra y Gales generalmente corresponde al condado. Aunque eran responsables de la ejecución de las resoluciones del tribunal superior en sus distritos correspondientes, los sheriffs principales no intervenían personalmente en la ejecución sino que solían delegar sus funciones de ejecución en los sheriffs adjuntos (que solían ser abogados en ejercicio) y en su secretario (que, junto con los agentes judiciales llevaban a cabo el trabajo diario de ejecución). Tenían el monopolio de la ejecución de los madamientos de fieri facias (mandamiento de embargo para ejecutar el pago de una deuda si se ha dictado sentencia contra el deudor) del tribunal superior y de los mandamientos para la posesión y restitución de mercancías.
    Desde el 1 de abril de 2004, los agentes del tribunal superior responsables de la ejecución ejecutan los mandamientos de este tribunal. Se trata de profesionales de la ejecución nombrados por el Lord Chancellor para llevar a cabo la ejecución dentro de determinados distritos postales. Su nombramiento y facultades están regulados por el anexo 7 de la sección 99 de la Ley de tribunales (Courts Act) de 2003, y por el reglamento High Court EnforcementOfficers Regulations de 2004. Para ser nombrados deben reunir una serie de condiciones en materia de cualificaciones, probidad financiera, pertenencia a una asociación profesional, respeto de la diversidad, comportamiento adecuado y reglas de disciplina.
    Al igual que los sheriffs, los funcionarios del tribunal superior encargados de la ejecución pueden ejecutar las resoluciones de los tribunales de condado que se refieren a cantidades superiores a 600£, cuando el acreedor opta por transferir la deuda al tribunal superior para su ejecución.
  • Los agentes judiciales (bailiffs) de los tribunales de condado (county courts)

    Los agentes judiciales de los tribunales de condado son empleados del Court Service y, por lo tanto, funcionarios públicos que se encargan de la ejecución de resoluciones o de autos dictados y registrados por los tribunales de condado. Proceden a la ejecución forzosa, toman posesión de terrenos mediante órdenes de posesión y recuperan bienes mediante órdenes de devolución de bienes. También pueden desempeñar otro tipo de funciones como la transmisión en mano de documentos y los mandamientos de detención.
  • Los agentes judiciales reconocidos (certificated bailiffs)

    Son agentes privados reconocidos por las normas denominadas Distress of Rent Rules en y autorizados por el juez de circuito (Circuit judge) del tribunal de condado. Dichas normas se refieren al embargo de bienes del inquilino por el propietario para garantizar el pago de los alquileres atrasados sin la intervención del tribunal. Existen otras leyes que también permiten a los agentes judiciales reconocidos ejecutar otras deudas específicas como los impuestos municipales o los impuestos locales que pagan los propietarios de viviendas y los individuos a la administración local.
  • Los agentes privados (private bailiffs)

    Los agentes privados ejecutan deudas cuya ejecución no requiere, según la normativa, la intervención de agentes de ejecución del tribunal superior, de agentes judiciales del tribunal de condado ni de agentes judiciales reconocidos. Para ser agente privado de ejecución no se exige ninguna cualificación particular.
  • Juzgados de paz (Magistrates’ Courts)

    Desde el 1 de abril de 2001, los denominados Magistrates Courts Committees (MCCs) ejercen las competencias (antes policiales) en materia de órdenes de ejecución contra los morosos en el pago de multas y los que han infringido las sentencias que imponen un trabajo en el ámbito local (community sentences). Según las nuevas disposiciones, corresponde a los Comités MCCs determinar de qué forma se ejecutarán sus órdenes. Algunos utilizan a sus propios funcionarios responsables de ejecución, otros han contratado este servicio con organismos de ejecución reconocidos (Approved Enforcement Agencies), han delegado en la policía o están utilizando una combinación de todos estos métodos. Por otra parte, algunos MCCs siguen contratando los servicios de agentes privados o de agentes reconocidos de ejecución (que no son necesariamente organismos de ejecución reconocidos) para ejecutar las órdenes de embargo contra inquilinos.
Los abogados y otros profesionales de la justicia

Para presentar una solicitud de ejecución, el acreedor no está obligado a estar representado por un abogado ni por ningún otro profesional de la justicia.

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Ahora bien, los procedimientos de ejecución pueden ser complicados, especialmente los entablados ante el tribunal superior. Antes de iniciar el procedimiento, los acreedores pueden necesitar el asesoramiento de un abogado, de un centro jurídico o del Citizens AdviceBureau. Algunos tribunales de condado son también registros de distrito del tribunal superior. Su personal y el del tribunal superior de Londres puede informar sobre la ejecución por este tribunal, pero no pueden recomendar el método de ejecución. La decisión sobre el método de ejecución corresponde al acreedor.

Los costes de la ejecución

Las costas judiciales difieren según el método de ejecución. Como ya se ha mencionado anteriormente, el tribunal añade las costas a la cantidad que debe pagar el demandado, pero el tribunal no puede devolver al acreedor lo que ha pagado si éste no obtiene el dinero del demandado.

Las costas actuales de los métodos de ejecución del tribunal de condado en(pdf) pueden consultarse en el sitio Internet Court Service.

Las costas actuales de los métodos de ejecución del tribunal superior en(pdf) pueden consultarse en el sitio Internet Court Service.

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2.2. Los requisitos en cuanto al fondo

Ya se ha mencionado anteriormente que, en Inglaterra y Gales, la elección del método de ejecución depende totalmente del acreedor demandante. Los acreedores responsables que han obtenido una sentencia válida de los tribunales y aún no han sido pagados tienen derecho a ejecutar esa sentencia por los medios más adecuados de que dispongan. El tribunal no puede interferir en la elección del método. Por lo tanto, una vez dictada la sentencia, si el demandante ha cumplimentado adecuadamente la solicitud, suministrado la información adicional requerida y pagado los gastos correspondientes, el tribunal está obligado a cumplir el deseo del acreedor y aplicar el método de ejecución elegido por éste.

3. Objeto y naturaleza de las medidas de ejecución

3.1. ¿Qué bienes pueden ser objeto de la ejecución?

Las medidas de ejecución pueden adoptarse en relación con los siguientes activos:

  • Las cuentas bancarias, a través de una third party debt (or garnisee) order.
  • Los bienes muebles tangibles, a través del embargo (distraint or execution).
  • Los medios de transporte registrados, a través del embargo (distraint or execution).
  • Los bienes inmuebles, a través de una charging order.
  • Los sueldos y salarios, a través del procedimiento de retención de ingresos.

La reclamación de impuestos impagados es el único caso en que se aplica el procedimiento de emplazamiento (judgment summons). Las reclamaciones relativas a acuerdos regulados por la ley de crédito al consumo (Consumer Credit Act) de 1974 sólo pueden ejecutarse a través de los tribunales de condado, incluso si las cuantías superan las fijadas generalmente para los tribunales de condado. Los bienes sujetos a contratos de venta a plazos o de arrendamiento no pueden ser embargados.

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No existe ninguna catalogación clara de los bienes exentos de embargo, pero hay orientaciones. El agente judicial sólo puede embargar los bienes que pertenecen al demandado o que son propiedad común. Por ejemplo, el agente judicial no puede embargar bienes que pertenecen al cónyuge del demandado o a la persona que convive con él como si estuvieran casados.

El agente judicial embargará los bienes por los que se pueda obtener dinero en una subasta. No embargará aquellos bienes que, en su opinión, no alcanzarían para pagar lo dispuesto en la orden una vez descontados los gastos de transporte y venta en subasta.

Los agentes judiciales no pueden embargar:

  • los bienes que el demandado necesita para su trabajo o actividad profesional, tales como herramientas de trabajo o libros contables;
  • enseres domésticos esenciales que el demandado y su familia necesitan como, por ejemplo, artículos de cama y vestido;
  • bienes alquilados, en arrendamiento financiero o sujetos a contratos de compra-alquiler (incluidos los vehículos);
  • bienes que ya han podido ser embargados por otros agentes judiciales en otro procedimiento de ejecución;
  • equipos no relacionados con la actividad profesional (por ejemplo, muebles de oficina, maquinaria y vehículos en arrendamiento financiero).

En lo que respecta a las órdenes de retención de ingresos, el tribunal tendrá en cuanta las necesidades del demandado en alimentos, alquiler o hipoteca y gastos fijos, así como las facturas corrientes como la electricidad. Esto se conoce como protected earnings rate (proporción de ingresos protegidos). Si el demandado gana más que esta proporción, el tribunal puede ordenar retenerle los ingresos.

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En lo que respecta a las órdenes third party debts, el deudor condenado al que se le impide retirar dinero de su cuenta en un banco o sociedad inmobiliaria y que alega que él o su familia están atravesando dificultades para cubrir los gastos de manutención corrientes debido a la orden de ejecución, puede solicitar al tribunal que le conceda una orden de pago para efectuar uno o más pagos a determinadas personas.

3.2. ¿Qué efectos surten las medidas de ejecución?

Tanto los deudores como los terceros que incumplan las órdenes de ejecución de los tribunales serán sancionados por desacato. Entre las penas que pueden imponerse por desacato se encuentran la pena denominada purging contempt (pedir discupas ante el juez en audiencia pública), las multas y, en los casos más graves, la privación de libertad durante un máximo de 14 días.

Los bancos tienen ciertas obligaciones relativas a la transmisión de información y el embargo de cuentas. Cuando un banco recibe una third party debtorder contra uno de sus clientes, no está obligado a revelar cuánto dinero contiene la cuenta. Puede declarar que no hay dinero en la cuenta, que los fondos son insuficientes para pagar la totalidad pero pueden pagar una parte de la deuda, o que existen fondos suficientes para pagar la cantidad reclamada. Existen unas reglas sobre protección de datos muy estrictas que regulan qué tipo de información, además de la indicada, puede suministrar un banco. La introducción del sistema Data DisclosureOrder más amplio referido anteriormente obligará a los bancos a facilitar más información sobre la situación bancaria de los deudores condenados.

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3.3. ¿Cuál es el periodo de validez de estas medidas?

Todos los autos indican el plazo en que deberá suministrarse la información requerida o en que deberá cumplirse la orden del tribunal. También indican las penas máximas que podrán imponerse por incumplimiento de la orden del tribunal.

4. ¿Se pueden recurrir las decisiones por las que se concede esta medida?

Los métodos de ejecución de los tribunales (charging orders, órdenes de retención de ingresos y third party debt orders) constan de dos fases, antes denominadas nisi (condicional) y absolute, pero que actualmente se conocen como interim y final. La fase interim del proceso consiste en trámites judiciales puramente documentales en los que el deudor demandado no interviene. No obstante, para que los diferentes métodos de ejecución alcancen la fase final debe celebrarse una audiencia a la que es convocado el deudor demandado; en esa audiencia el deudor podrá alegar las razones por las no debería aplicarse el método de ejecución previsto. La audiencia final deberá celebrarse en el tribunal en el que se solicitó el método de ejecución de que se trate (salvo indicación contraria). La fecha de la audiencia se notificará a todas las partes con la antelación suficiente. En todo caso, existe un periodo de tiempo mínimo fijado entre la fase interim, la notificación de la audiencia final y la propia audiencia final, para que el deudor (y los terceros directamente interesados y relevantes, como por ejemplo el banco si se trata de una orden del tipo third party debt) dispongan de tiempo para preparar la acción. Si la fecha fijada para la audiencia final no conviene a las partes, podrán retrasarla a una fecha que convenga a todos. Si esto ocurre, la orden interim se mantendrá, pero no se convertirá en orden final hasta la celebración de la audiencia.

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Así, los deudores tienen la posibilidad de presentar sus quejas contra el método de ejecución propuesto antes de que se ponga en práctica. No se puede recurrir contra la decisión del tribunal una vez dictada la orden. En determinadas circunstancias, sólo se puede recurrir o solicitar la anulación de la sentencia original que permitió al acreedor solicitar la medida de ejecución en un principio. El proceso de ejecución sólo puede ser revocado por el tribunal si prospera el recurso o la pretensión de anulación de la sentencia. Si la sentencia es recurrida después de que el tribunal ha autorizado la ejecución solicitada por el acreedor, la orden de ejecución puede suspenderse previa petición al tribunal. Los agentes judiciales no podrán retirar los bienes pero deberán mantener un inventario de los bienes que más tarde podrán ser embargados y vendidos.

Como ya se ha mencionado anteriormente, si un acreedor presenta al tribunal una solicitud adecuada de ejecución, el tribunal no puede negarse a autorizar el método de ejecución elegido por el acreedor. Por lo tanto, el acreedor no necesita disponer de ningún recurso contra la decisión de autorización de la medida de ejecución.

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Última actualización: 28-06-2004

 
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