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Soft Law

Este término puede encontrarse últimamente en algunos textos comunitarios, de cualquier lengua original, no sólo inglesa, con un sentido de «...derecho de naturaleza incierta, menos vinculante, menos seguro, que se traduce en una armonización ficticia y una transposición aleatoria [de las normas] en los ordenamientos nacionales»1.

Se han encontrado antecedentes en la doctrina con traducciones tan ingeniosas como «Derecho blando», «Derecho flexible» e incluso «Derecho verde» (!). Ha habido quien ha propuesto dejarlo sin traducir, lo que, comparado con las soluciones indicadas, parece la medida más prudente. Pero no basta: no hay razón para darse por vencidos.

Se dice en ámbitos anglosajones que es una expresión que se ha puesto de moda recientemente. Procede, como era de esperar, de los EE.UU. y denomina a unos instrumentos jurídicos que no son obligatorios, pero que influyen en la situación legislativa. Buen ejemplo serían los acuerdos interinstitucionales sobre la calidad de la redacción o los actos no vinculantes de las instituciones que el Tribunal de Justicia debe considerar para interpretar los actos imperativos.

Se trata pues de una serie de normas a las que les falta uno de los elementos del concepto de norma jurídica, es decir, el efecto o consecuencia jurídica, que también se suele llamar sanción: qué ocurre si no se cumple la proposición que determina lo que debe hacerse en una situación concreta, lo que ordena la norma. Estas normas «blandas, verdes o flexibles» vienen a recuperar para el ámbito jurídico la característica básica de las normas sociales, dotadas de una sanción tácita que sólo supone en mayor o menor medida un descrédito o pérdida de consideración pública del «maleducado» que las incumple. Los Estados o instituciones que no cumplen lo que recomiendan estas normas sólo incurren en ese descrédito.

Desde el punto de vista de la finalidad, se trata no tanto de que se cumplan estrictamente sus recomendaciones como de que se cree un estado de opinión favorable a su cumplimiento. Dicho de otro modo, más que obligar, pretenden convencer.

Puesto que les falta la naturaleza de imperativas que caracteriza a las normas jurídicas perfectas, tampoco son condicionales porque su cumplimiento no depende de un hecho externo a la propia norma, y sirven para señalar la dirección que, con ánimo convincente, el legislador desea dar a la evolución de la normativa comunitaria, sería razonable decir que se trata de normas «indicativas».

En consecuencia, podría también hablarse, frente al Derecho imperativo habitual y en lugar de usar el calco de «blando, verde o flexible», de un Derecho indicativo.

Iñigo Valverde
ivalverde@europarl.europa.eu

 

 

 

 

 

1. Informe del Sr. Cot sobre el documento COM(97) 626, «Legislar mejor» (A4-498/98); Resolución del Parlamento Europeo de 18.12.1998 (DO C 98 de 9.4.1999, p. 5).

 

 

 

 

 

 

 

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