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En la sección «Colaboraciones» se recogen opiniones y propuestas firmadas por lectores o por miembros de la Redacción cuando intervienen a título personal. La responsabilidad de los cabos sueltos firmados y de las colaboraciones incumbe a sus autores. PUNTOYCOMA

COLABORACIONES


Mala hierba jurídica en el jardín de la prensa

Desde que leí el desternillante «Despiste Nacional» de Don Evaristo Acevedo, me ha quedado la manía de buscar gazapos en la prensa y medios de comunicación en general (¿cómo olvidar aquel memorable suelto de un periódico que informaba del atraco a una joyería diciendo: «los ladrones huyeron con un botín valorado en cinco mil libras en poyas antiguas»). Por deformación profesional, a mí sólo me saltan a la vista problemas jurídicos (lo que, la verdad, es mucho menos divertido); pero me parece que puede ser útil para todos enumerar algunos de ellos.

En una información encabezada por el título «Mala imagen», leemos que un tal «Sculley (...) acusa a Caserta de hacer «representaciones falsas» (el entrecomillado es de ellos, igual que la traducción, naturalmente) con vistas a sacarle partido a la subida de precios...» Y uno se pregunta de qué serán estas representaciones: ¿de ropa interior? ¿de embutidos finos? No serán, tal vez, «manifestaciones» o «declaraciones» falsas?

El periódico informa de que Gillian Taylforth «se desmaya en un juzgado de Londres». ¿El motivo? Ha perdido el «juicio contra el diario The Sun interpuesto por la actriz». Que yo sepa, un «juicio» no se «interpone» lo que se «interpone» es una «demanda» y, así, si no se llega a un acuerdo, empezará «el juicio».

Aunque esto no pertenezca directamente al terreno jurídico, es curioso cómo la prensa escribe cade vez más «ataque con paquete bomba», «ataque terrorista», etc. Estos «ataques», (terrorist attacks) eran, en mis tiempos, «atentados».

Las «entradas en vigor» dan muchos quebraderos de cabeza, al parecer. ¿Cómo puede el «colectivo Los Verdes de Asturias, Castilla y León y País Vasco solicitar (...) que el Gobierno no demore la entrada en vigor del parque nacional de los Picos de Europa?» Por mi parte, yo sólo rezo porque, de una santa vez, entre en vigor la norma por la que se declara parque nacional a los Picos de Europa (que buena falta hace).

En un despacho de la agencia EFE de La Habana leemos qe «un fallido intento de secuestro de cuatro turistas canadienses» se salda con la «detención de los secuestradores frustrados». Hombre, un poco frustrados sí se quedarían, pero lo lógico hubiera sido escribir «los autores del secuestro frustrado».

Las dudas nunca terminan. Por ejemplo, si leemos que «Bill Clinton [firmará] una orden ejecutiva que permita a los homosexuales reconocidos (tampoco está mal esto) permanecer en el Ejército», a uno le asaltan las dudas de si orden ejecutiva (en inglés, executive order) no debería traducirse mejor por «decreto ejecutivo» o incluso «decreto u orden presidencial».

Y, para terminar, nuestro telediario (TVE 1). Durante el mes de marzo, se pudo oír el siguiente desaguisado: «La Corte Suprema británica, equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, ha considerado...» Tras lo cual, el correspondal en Londres empezaba su crónica con las siguientes palabras: «La Audiencia Nacional británica...» Ante semejante ensaladilla judicial, cabría repetir que:

a) No hay Cortes Supremas (salvo en algunos países iberoamericanos), sino tribunales supremos. Cierto es que en el Reino Unido existe un Surpreme Court of the Judicature, pero ni de lejos equivale a nuestro Tribunal Supremo (y mucho menos a nuestro Tribunal Constitucional, institución que, por cierto, tampoco existe en el ordenamiento jurídico británico), pues el más alto tribunal inglés es la Cámara de los Lores (los «Law Lords»), que tampoco ejerce de Tribunal Constitucional.

b) Probablemente, el corresponsal en Londres iba mejor encaminado que el redactor de la noticia inicial. Por la índole del problema que se trataba (si los educadores tienen derecho a pegar (un cachete [sic]) a los niños, aun con permiso de los padres), no parece lógico que el asunto se viera ante la Cámara de los Lores, sino ante el High Court o el Court of Appeal, órganos jurisdiccionales que podrían equivaler a un tribunal de rango superior como nuestra Audiencia Nacional (que, sin embargo, sólo se ocupa de causas penales) o a los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.

Ramón Garrido Nombela
JECL 5/56A

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