COLABORACIONES


El concepto de trabajador y empleado en la UE:
la inclusión del empleo público en las traducciones
de worker y employee

Las traducciones de determinados conceptos jurídicos entrañan muchas veces ciertos problemas originados por las distintas familias de sistemas legales, por la complejidad de ciertas normas y también por los cambios normativos, los usos del lenguaje y el paso del tiempo. A esta problemática ha tenido que responder sin duda la disyuntiva a la hora de escoger entre los términos de «empleado» o «trabajador» al traducir employee o worker en las directivas europeas de política social —y, por qué no decirlo, en otras normas de ámbito sectorial donde el concepto puede aparecer—. Como demostraremos en el presente trabajo, la evolución histórica del empleo público en España ha significado la introducción de matices en las definiciones de los términos «empleado», «trabajador» y «funcionario» que repercuten en el concepto traducido de worker o employee del inglés. En primer lugar, efectuaremos unas consideraciones previas sobre traducciones en el ámbito jurídico y elaboración de normas. A continuación, trazaremos los aspectos básicos de la evolución del empleo público en España, centrándonos en tres hitos normativos fundamentales, el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado (BOE n.o 40, de 15.2.1964), la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública (BOE n.o 185, de 3.8.1984), y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE n.o 89, de 13.4.2007). Ello nos otorgará una inestimable ayuda para la traducción en función de a quién se dirija la norma europea, puesto que, al ser España el único país de la UE con el idioma español, su tradición jurídica ha de tenerse en cuenta. En tercer lugar, indicaremos los motivos por los cuales escogemos una determinada definición de los términos «empleado», «funcionario» y «trabajador», así como cuál de ellos escogemos para worker o employee. El apartado 4 analiza seis directivas europeas de manera empírica. Por último, indicaremos nuestras conclusiones y propuestas.

1. Consideraciones previas

Durante los últimos años, la UE ha ido aprobando nuevas directivas y refundiendo otras antiguas en materia de empleo y política social, las cuales plantean una serie de dudas acerca del uso en español de los términos «trabajador» o «empleado», que no siempre encuentran su correspondencia exacta en su equivalente en inglés worker o employee. Ello también es observable en las normas de Derecho primario de la Unión Europea cuando se realizan las oportunas traducciones, y también en los reglamentos y directivas que tratan sobre la libertad de circulación de trabajadores e incluso en otros sectores.

La encomiable labor de traducción realizada por las instituciones europeas comporta que se hayan de traducir palabras y expresiones sin un contenido lingüístico y jurídico equivalente entre el idioma de origen y el de recepción, del mismo modo que el paso del tiempo y los nuevos usos del lenguaje pueden dejar obsoletos tanto determinados conceptos como traducciones correctamente realizadas en su momento.

Para las traducciones de instrumentos normativos deben tenerse en cuenta las diferentes familias jurídicas1, con la finalidad de dotar de equivalencia a cualquier norma en el idioma al cual se traduce. En este sentido, hay que recordar que la normativa moderna puede ofrecer pistas cuando ciertas expresiones o términos presentan importantes complejidades cuya traducción resulta difícil. La técnica normativa se ha ido depurando con el tiempo, de modo que se incluyen entre sus primeros artículos el objeto de la norma, el ámbito de aplicación, la finalidad y las definiciones legales. En lo que respecta al ámbito territorial de España, podemos destacar varios instrumentos que se dirigen precisamente a asegurar la calidad de la normativa: la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (BOE n.o 180, de 29.7.2005), el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (BOE n.o 173, de 18.7.2009), y la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo2, sin perjuicio de los instrumentos europeos que abordan la misma temática. Todos ellos no competen estrictamente a la labor de traducción, pero se dirigen a hacer las normas más entendibles, más accesibles y, en definitiva, su observancia puede facilitar la labor de traducción.

2. La evolución del empleo público moderno en España

No es lugar aquí para extendernos sobre los orígenes y evolución de la función pública en España, cuestión abordada en un sinfín de ocasiones por la doctrina administrativista española. Baste trazar algunas pinceladas que sitúen el contexto histórico: el origen del sistema de función pública en España es heredero del modelo francés3 y su primera implantación se efectuó en el siglo XIX. Fue de dicho sistema del que bebió toda la Administración Pública española, cuya piedra angular era la denominada «categoría personal», que ordenaba a los diferentes funcionarios de acuerdo con un sistema jerárquico. El modelo francés de función pública, a su vez, venía inspirado por el sistema militar4. No es hasta 1964 cuando se agrieta la tradicional concepción del «funcionario» para dar cabida a otro tipo de funcionarios/empleados.

El Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, disponía en su artículo 7:

Son trabajadores al servicio de la Administración civil los contratados por esta con dicho carácter, de acuerdo con la legislación laboral, que les será plenamente aplicable.

Ello se diferencia ya de la propia definición legal de funcionario que nos proporciona la Ley en el artículo 1:

Los funcionarios de la Administración Pública son las personas incorporadas a la misma por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho administrativo.

Nótese que este primer hito de permitir la existencia de trabajadores regidos por el Derecho laboral se realiza mediante una definición legal, «Son trabajadores al servicio…», que se contrapone a la definición legal de funcionario. Así pues, existe una dicotomía en el origen de esta Ley, de suerte que se diferencian trabajadores de funcionarios en el seno de la Administración. Y es más, a la hora de realizar la clasificación del personal, el Decreto de 1964 no engloba en un concepto, como se hará posteriormente, a todos aquellos que prestan servicios para la Administración. Era la primera vez que de manera explícita se permitía la existencia de contratados laborales («trabajadores» en sentido estricto) en la Administración, aunque con ciertos condicionantes normativos.

La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, comportó una nueva vuelta de tuerca. Se confirmó por completo la posibilidad de la contratación laboral y, más concretamente y por lo que aquí interesa, el artículo 19.1 dispuso en su redacción original:

1. Las Administraciones Públicas seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral, de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria pública.

Ya no aparece el término «trabajador», sino «laboral», sin que haya una sola mención del término «trabajador». No obstante, no cabe afirmar taxativamente la expulsión del ordenamiento jurídico del concepto «trabajador» ni de su definición legal, puesto que la citada Ley de 1984 no derogó el artículo 7 de la Ley de 1964, coexistiendo entonces, en el sistema legal de empleo público, los términos «trabajador» juntamente con «laboral» o «personal laboral». Podemos considerarlos por aquel entonces como equivalentes, en contraposición a «funcionario». Tampoco se derogó la definición legal del artículo 1 de la mencionada Ley de 1964 ni se elaboró un nuevo concepto de «funcionario», definición ausente en la Ley de 1984. En definitiva, la Ley de 1984 no se refería ni incidentalmente a la palabra «trabajador», ni contenía un concepto paraguas que abarcase a todo el personal al servicio de la Administración. No obstante, al decir su artículo 19, sobre las Administraciones, que «…seleccionan su personal, ya sea funcionario, ya laboral…», pudiera parecer que el concepto genérico era «personal». Sin embargo, no podemos considerarlo así ya que el concepto de «personal» es puramente interno de la organización para la cual se presta servicio, debiendo siempre referirse a qué organización para precisar la significación del término. Lo antedicho se confirma por el diccionario de la RAE al definir «personal» en su acepción 3 como «Conjunto de las personas que trabajan en un mismo organismo, dependencia, fábrica, taller, etc.» (la negrita es nuestra) y se refuerza con el concepto genérico de personal de la acepción 5 como «Conjunto de personas, gente». El concepto «personal» no satisface en un solo término, en consecuencia, todas las características comunes del personal funcionario y laboral. Hasta entonces tampoco había una definición legal de «personal» que pudiera arrojar luz sobre el asunto.

A partir de la reforma de 1984 el personal «trabajador» o «laboral» al servicio de la Administración se empezó a incrementar, constituyendo en la actualidad una gran proporción del personal al servicio de las Administraciones Públicas en España. A ello ayudó sin duda la eliminación de la posibilidad de contratos administrativos temporales, operada por la disposición adicional 4.a de la Ley 30/1984. En los Boletines Estadísticos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se puede comprobar tal información, sin perjuicio de aquella otra que consta en los diarios oficiales de España respecto de otras Administraciones regionales5.

Así las cosas, el siguiente hito normativo lo constituye la Ley 7/2007, de 7 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que podemos considerar reciente. La finalidad de esta norma era la aproximación de los regímenes jurídicos de los distintos tipos de personal. Según esta norma, en la Administración Pública coexisten varios tipos de personal: funcionarios —de carrera o interinos—, laborales y eventuales. Todos ellos son definidos como «empleados públicos» en su artículo 11. También aparece la figura del directivo público en el artículo 13, aunque ni se le define ni se le excluye explícitamente del concepto «empleado público».

A pesar de poder considerar estas tres leyes como las más importantes de los últimos sesenta años en el empleo público español, no está de más apuntar que en España existe una grandísima dispersión normativa en esta materia, puesto que conviven una plétora de normas (leyes, reglamentos, órdenes, instrucciones, e incluso resoluciones con vocación normativa), tanto a nivel estatal como regional/autonómico, que pueden contener su propio vocablo de «empleado», «trabajador» o «personal». No obstante, la sistemática de la arquitectura actual de la legislación sobre empleo público nos lleva a afirmar que el pilar sobre el que todo descansa no es otro que el referido Estatuto Básico del Empleado Público, al ser esta una «norma básica» según el art. 149.1.18 de la Constitución, de modo que lo considerado «básico» en este instrumento (lo cual hace el propio Estatuto en su articulado) debe ser observado en todo caso por el resto de las normas. Corolario de lo anterior, resulta que el concepto que aglutina al personal laboral y funcionario en las Administraciones Públicas, incluso al eventual, es «empleado».

No es objeto del presente análisis el personal directivo y el eventual, de una gran complejidad en relación con el asunto que nos ocupa. Baste apuntar, como mínimo, que en materia de seguridad social y de seguridad y salud, las directivas europeas debieran aplicárseles por igual, lo que implicaría reconsiderar la traducción que pudiera hacerse de worker o employee. Por tanto, el mantenimiento de la traducción worker por «trabajador» hace muy difícil encajar a este tipo de personal dentro del ámbito de protección de las directivas sin retorcer ad absurdum el significado de la palabra «trabajador». Porque recordemos que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, son igualmente personal al servicio de la Administración. Peor encaje tendrían ya los miembros de corporaciones locales (alcaldes y concejales), que, si bien tienen algunas notas características de los trabajadores, como la seguridad social (artículo 97), no son empleados públicos.

3. Los términos «funcionario» y «trabajador»: definición jurídica y definición según la RAE

Para dotar de coherencia al análisis histórico-jurídico del término, también debemos referirnos someramente a las definiciones legales de «trabajador» contenidas en los dos Estatutos de los Trabajadores que ha tenido España en democracia. El artículo 1.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.o 64, de 14.3.1980), disponía:

La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

La mencionada Ley se encuentra por completo derogada. Por su parte, el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.o 75, de 29.3.1995), nos proporciona actualmente una definición idéntica. Por tanto, han de concurrir una serie de notas, definidas en dicho artículo, para que la normativa laboral proteja a dichos trabajadores, estos sean considerados como tales y, por extensión, les sea aplicable la legislación de política social de la Unión, con las reservas adecuadas en atención, por ejemplo, al trabajo de los autónomos. Igualmente, se ve que el artículo 1.3.a) excluye del ámbito de aplicación a los funcionarios públicos.

Por su parte, el Estatuto Básico del Empleado Público define a sus tipos de personal del siguiente modo. Según el art. 9:

Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.

Los funcionarios interinos desempeñan temporalmente las tareas propias de los funcionarios de carrera cuando se den determinadas circunstancias (art. 10). Por último (art. 11):

Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

En este punto ya podemos afirmar que las definiciones legales contraponen de suyo al personal funcionario y laboral, una distinción que ya se avanza que es extraña a la legislación europea de política social. Lo que caracteriza al funcionario es su relación de servicio basada en un acto unilateral de la Administración sometido a la condición de aceptación del destinatario (el funcionario), mientras que el trabajador «laboral» se rige por un contrato de trabajo bilateral con su empleador.

Conviene matizar que los tribunales y el resto de los operadores jurídicos utilizan las definiciones indicadas cuando analizan los casos sometidos a su consideración. Por ello, no sería ajustado pretender aplicar las definiciones que el diccionario de la RAE ofrece (hemos escogido las más aproximadas):

  • Funcionario. Persona que desempeña un empleo público (acepción 2).

  • Trabajador. Jornalero, obrero (acepción 3).

  • Empleado. Persona que desempeña un destino o empleo (acepción 1).

Como se ve, no hay coincidencia entre estas definiciones y las definiciones legales que las normas básicas de Derecho del trabajo y Derecho de la función pública ofrecen. En sede administrativa y judicial se halla perfectamente consolidada la definición legal de trabajador como la que tiene que usarse.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene establecidos conceptualmente los términos de trabajador y de empleo en la Administración Pública6 hasta el punto de que, en caso de que la cláusula de excepción que figura en el artículo 45, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no contenga ninguna distinción en relación con los empleos en la Administración Pública,

carece de interés determinar si un trabajador presta sus servicios como obrero, empleado o funcionario, así como si su relación laboral está regulada por el Derecho público o privado. Tales calificaciones jurídicas, en efecto, varían según las legislaciones nacionales y, por consiguiente, no pueden aportar un criterio de interpretación adecuado a las exigencias del Derecho de la Unión7.

En términos similares, la sentencia de 3 de mayo de 2012, asunto C-337/10, expresaba lo siguiente:

Procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el concepto de «trabajador», en el sentido del artículo 45 TFUE, posee un alcance autónomo y no debe interpretarse de forma restrictiva. Debe considerarse «trabajador» cualquier persona que ejerza actividades reales y efectivas, con exclusión de aquellas actividades realizadas a tan pequeña escala que tengan un carácter meramente marginal y accesorio. Según esta jurisprudencia, la característica de la relación laboral radica en la circunstancia de que una persona realice, durante un cierto tiempo, en favor de otra y bajo la dirección de esta, determinadas prestaciones a cambio de las cuales perciba una retribución8.

Así las cosas, son numerosas las sentencias en que el TJUE ha aplicado las directivas de política social a los funcionarios españoles (entre las más conocidas respecto a España: sentencia de 22 de diciembre de 2010, asuntos acumulados C-444/09 y C-456/09, y sentencia de 8 de septiembre de 2011, asunto C-177/10).

Por todo ello, concluimos que al TJUE le interesa dejar claro que las directivas de política social se aplican a todos los empleados, lo que conllevaría una reconsideración tanto de las redacciones iniciales de la legislación sobre política social como de sus traducciones. En palabras del Tribunal, «trabajador» es cualquier empleado o funcionario no obstante la inversión de los términos que en realidad contiene el Estatuto Básico del Empleado Público. Consecuencia de lo anterior es que tampoco tiene trascendencia el tipo de trabajo que se realiza y la distinción de tareas entre funcionarios y trabajadores «laborales», cuestión interna de los Estados, no exenta de polémica y objeto de opiniones diversas en España9.

De acuerdo con lo expuesto, entendemos que las resoluciones judiciales son motivos poderosos para iniciar trámites de modificaciones en textos legales, tal como también apunta la Guía metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo (página 9).

Igualmente, hay que considerar otra técnica en la redacción de normas, aparte del uso de definiciones, que puede esclarecernos el ámbito de una norma y su traducción: la remisión. Por lo que respecta a los funcionarios españoles, por ejemplo, gran parte de ellos se encuadra dentro del Régimen General de la Seguridad Social, el mismo que el común de trabajadores. Pues bien, la ley de referencia, que no es otra que el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y su normativa de desarrollo, se refiere casi siempre a trabajadores (aunque incluye expresamente en su ámbito de aplicación a los funcionarios), sin que ello sea óbice para la inclusión en un régimen de seguridad social propio de «trabajadores» a «funcionarios», como ha sucedido por ejemplo con los funcionarios locales con el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local, o más recientemente con la integración en el Régimen General de los funcionarios de nuevo ingreso en la Administración General del Estado que dispone el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Como veremos, las directivas de política social, pese a tener algunas de ellas definiciones, no definen en ningún caso «trabajador» o «empleado» de manera general ni se remiten a otros textos legales de la Unión Europea para delimitar el concepto.

4. Análisis de la traducción de directivas de política social

Para este apartado se ha usado un método empírico consistente en contar el número de ocasiones en que aparecen las palabras worker y employee en inglés y «trabajador» y «empleado» en español. Dicho método ya es usado en estudios relacionados con las ciencias jurídicas10 y ciencias de la Administración11. Se han obviado los conceptos que, conteniendo cualquiera de las palabras, no responden a aquello que estamos tratando de delimitar, tales como «organización de trabajadores», «comité de trabajadores» o similares. Las directivas seleccionadas son seis, se encuentran en vigor y con el plazo de transposición superado; asimismo, su elección se ha basado en la aplicación, importancia y conocimiento que hay en España de ellas, de acuerdo con un criterio de experiencia del autor. La redacción corresponde a la última versión disponible en el Diario Oficial de la Unión Europea (preferentemente, versión consolidada). Se ha tenido en cuenta tan solo el articulado, pese a que los considerandos y preámbulos ofrecen también una valiosa guía interpretativa. El orden es cronológico inverso. Se incluyen análisis sobre si efectúan definiciones legales, definen «trabajador» o «empleado» y también hay unas observaciones sobre lo analizado cuando ha sido necesario por no cuadrar con exactitud las traducciones:

Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (DO L 68 de 18.3.2010)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

18

0

19

0

¿Realiza definiciones legales? NO

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado»? NO

Observaciones: Se ha traducido una vez working parents por «trabajadores con hijos».

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (DO L 204 de 26.7.2006)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

18

0

16

0

¿Realiza definiciones legales? SÍ

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado»? NO

Observaciones: En el art. 6 aparece dos veces menos worker que «trabajador» al haber una remisión indirecta o elipsis.

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299 de 18.11.2003)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

75

0

75

0

¿Realiza definiciones legales? SÍ

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado? NO

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

1

3

4

0

¿Realiza definiciones legales? SÍ

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado»? NO

Observaciones: Se incluye a los funcionarios en el capítulo II sobre regímenes específicos de Seguridad Social (art. 7.2).

Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175 de 10.7.1999)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

18

0

18

0

¿Realiza definiciones legales? SÍ

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado»? NO

Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO L 14 de 20.1.1998)

 

worker

employee

trabajador

empleado

N.o de veces

18

1

19

0

¿Realiza definiciones legales? SÍ

¿Define «trabajador» o «empleado»? NO

¿Remite a otra norma de Derecho de la Unión Europea que permita definir «trabajador» o «empleado»? NO

Observaciones: Se traduce The term 'part-time worker' refers to an employee whose normal hours of work... por «A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por "trabajador a tiempo parcial" a un trabajador asalariado cuya jornada normal de trabajo...».

 

5. Conclusiones y propuestas

No resulta fácil la traducción del concepto worker o employee, sobre todo a medida que en España se van produciendo cada vez con mayor asiduidad reformas en el empleo público y el Derecho laboral, ámbitos cuyos contornos cambian como las dunas del desierto.

Como se observa en el análisis de los cuadros, las traducciones de employee por «trabajador» desaparecen con el paso del tiempo, pues solo se dan en dos de las seis directivas, y en ninguna más allá de la Directiva escogida del año 2000.

No existe ninguna directiva de política social que defina para toda la política social de la Unión qué es un trabajador o empleado, y tampoco figura en los textos de Derecho primario, a pesar de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tan solo lo hace la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo (DO L 398 de 11.12.2008), pero habrá que acoger con reservas la definición al no circunscribirla a la totalidad de las directivas o de la política social y ser el ámbito de seguridad y salud muy particular, ya que se encuentra aceptado unánimemente que las normas, tanto estatales como europeas, de seguridad y salud y de prevención de riesgos se aplican a todas las actividades, trabajadores y funcionarios (como reza el artículo 2 de la Directiva).

Tampoco resultaría fácil subvertir el orden y jerarquía que establece el TJUE: los trabajadores pueden ser empleados contratados o funcionarios, mientras que en España son los empleados quienes pueden ser a su vez trabajadores o funcionarios.

No está de más recordar que, pese a la clara opinión del Tribunal respecto a qué es un trabajador, la jurisprudencia es cambiante y podría en algún momento modificar lo que entiende por trabajador, dejando al legislador europeo en mal lugar por no haberlo previsto.

Diversas soluciones podrían implementarse, cada una de ellas con un grado de dificultad diferente en función del nivel de decisión:

1.    Definir en una directiva qué se entiende por trabajador e indicar que el concepto de trabajador cuya definición se introduce se aplica con carácter general siempre que el resto de instrumentos normativos no contengan una definición autónoma de «trabajador».

2.    Definir en cada directiva de política social qué se entiende por trabajador cuando se trate de ellos.

3.    Traducir worker por la expresión «trabajador o empleado», también respecto de employee.

4.    Traducir employee por «empleado» y worker por «trabajador», como términos de mayor equivalencia desde el punto de vista puramente lingüístico.

Las soluciones 1 y 2 son de difícil implementación porque corresponden al legislador, aunque harían coincidir al 100 % el ámbito de aplicación de la directiva con la realidad española sin necesidad de acudir a lo dispuesto por el TJUE, mientras que la 3 plantea dudas en cuanto a la innovación que se introduciría en la traducción al comprometer la redacción dada por el legislador. La solución 4 es más literal, pero obvia las importantes connotaciones jurídicas.

En todo caso, en lo que a seguridad jurídica atañe (para los traductores y para cualquier ciudadano europeo en general), sería la tarea legislativa dada como solución 1 la idónea. No se nos escapa tampoco que la labor de los tribunales difiere en las tradiciones anglosajona y continental, por lo que las matizaciones del concepto worker que hace el TJUE pueden ser pertinentes y considerarse que no necesitan acomodo legislativo desde esa óptica. No obstante, la existencia de numerosos Estados de tradición continental en la Unión como mínimo debería hacer reconsiderar dicha afirmación.

CRISTIAN ARMADÀS I SABATÉ
CEMICAL, Diputación de Barcelona
c.armadas20@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Jordà Mathiasen, Eivor: «Problemes d’equivalència en traducció jurídica: la denominació de les parts en el procés judicial en anglès i català», Revista de Llengua i Dret, n.o 55, 2011, pp. 35-55.

2

Disponible en www.seap.minhap.gob.es/es/areas/modernizacion-
procedimientos/impacto_normativo.html
.

3

Morón Sánchez, Miguel: Derecho de la función pública, Tecnos, Madrid, 2011.

4

Ferret Jacas, Joaquim: «Cuerpos generales, cuerpos especiales en el momento presente. Una vieja polémica», Revista catalana de dret públic, n.o 45, 2012, pp. 63-75.

5

Disponible en www.seap.minhap.gob.es/es/publicaciones/centro_de_
publicaciones_de_la_sgt/Periodicas.html
.

6

Ordóñez Solís, David: «Incidència de la normativa i jurisprudència comunitària i de la protecció de dades en les relacions laborals de les administracions públiques». Seminari d'actualització de funció pública local, Federación de Municipios de Cataluña, 2013, pp. 165-187.

7

Sentencia de 12 de febrero de 1974, asunto 152/73.

8

Véanse, en particular, las sentencias de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum, 66/85, Rec. 1986, p. 2121, apartados 16 y 17; de 23 de marzo de 2004, Collins, C-138/02, Rec. 2004, p. I-2703, apartado 26, y de 7 de septiembre de 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, p. I-7573, apartado 15.

9

Cantero Martínez, Josefa: «Criterios para la clasificación del empleado público: ¿funcionario o laboral?», Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas, n.o 5, 2013, pp. 82-99.

10

Falguera Baró, Miquel: «La normativa de la OIT y su translación en el ordenamiento interno por la sala de lo social del Tribunal Supremo. Algunas reflexiones de futuro tras la última reforma laboral», 2012. Artículo publicado en el sitio de la Associació Catalana de Iuslaboralistes, www.iuslabor.org.

11

Mayoral Díaz-Asensio, Juan Antonio: «La politización de la aplicación judicial del Derecho Europeo: un estudio del Tribunal Supremo Español», Revista de Estudios Políticos, n.o 161, 2013, pp. 117-141.

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