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TRIBUNA


Caracterización de la práctica profesional de la traducción en el orden jurisdiccional penal en España

Texto de la conferencia pronunciada en la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea (Bruselas y Luxemburgo) los días 3 y 4 de diciembre de 2012.

1.         Introducción

Tradicionalmente, al menos en España, la labor diaria de la Administración de Justicia y la configuración del propio proceso penal parecen haberse caracterizado por su monolingüismo y monoculturalismo. Sin embargo, España ha registrado importantes cambios políticos y sociales en las últimas décadas que han expuesto a juzgados y tribunales a una realidad multilingüe y multicultural que le ha planteado nuevos retos. En el plano político-institucional no se puede pasar por alto el hecho de que algunas comunidades autónomas del país son oficialmente bilingües, con todo lo que ello entraña en lo que al uso de las lenguas oficiales en la Administración de Justicia se refiere. No obstante, la normalización lingüística, por diversos motivos, parece estar menos asentada en este ámbito que en otros, como puede ser el educativo. En cualquier caso, no es nuestro objetivo analizar aquí la situación de las lenguas cooficiales en la Administración de Justicia y el papel que la traducción juega en su normalización. En el plano social, quizá el principal cambio al que ha tenido que hacer frente nuestro país ha sido convertirse en receptor neto de inmigración, lo que, unido a su carácter marcadamente turístico, ha transformado claramente nuestro tejido social y lingüístico. Nótese cómo, mientras en 1998 apenas un 1,59 % de la población residente en España era de origen extranjero, en 2012 el porcentaje se situó en torno a un 12,1 % (5,1 % de residentes comunitarios y 7 % de residentes extracomunitarios) (INE, 2012). A todo ello hay que sumar que en una sociedad globalizada, con un cada vez mayor flujo internacional de personas y actividades comerciales, la existencia de procedimientos judiciales transfronterizos está a la orden del día.

El objetivo del presente trabajo es caracterizar la práctica de la traducción en el orden jurisdiccional penal español a partir de la experiencia profesional del autor. No en vano, la traducción constituye una de las herramientas a través de las cuales se da respuesta a los retos que plantea una sociedad multilingüe y multicultural en la que es necesario garantizar el acceso a un proceso justo y la no indefensión de aquellas personas que no comparten la lengua en la que se instruyen las diligencias penales. Esta referencia al derecho a un juicio justo no es una mera expresión de buenas intenciones, sino que se trata de un mandato constitucional inspirado, como no puede ser de otro modo, en numerosos instrumentos internacionales de los que España es signataria (Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 —CEDH—, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 20001, etc.), y respaldado, además, por la jurisprudencia de tribunales tanto nacionales como internacionales. Por limitaciones de espacio no entraremos a analizar aquí de forma pormenorizada las bases jurídicas sobre las que se asienta la práctica de la traducción y de la interpretación en sede judicial, y emplazamos al lector a que consulte un trabajo colectivo anterior (Ortega Herráez, Giambruno y Hertog, 2013) en el que el tema que aquí nos ocupa se aborda desde una perspectiva comparada. No obstante, sí conviene mencionar, aunque sea brevemente, que esas bases jurídicas a las que se ha aludido recogen de forma expresa el que para garantizar la equidad del proceso ha de facilitarse interpretación o la asistencia de intérprete. Raras son las menciones expresas a la traducción escrita. En el ámbito concreto del Consejo de Europa, es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la que claramente, en Kamasinski/Austria (1989)2, establece que las referencias que los artículos 5 y 6 del CEDH hacen a la necesidad de facilitar interpretación oral han de entenderse también como referencias a la traducción escrita de documentación relevante en el proceso de que se trate. Igualmente importante es la mención a que la asistencia gratuita de intérprete, y de traductor, ha de hacerse extensiva a todas las fases del proceso penal y no limitarse al juicio oral, así como al hecho de que las autoridades han de ejercer un control sobre la calidad de los servicios lingüísticos que se presten, dado que su responsabilidad no concluye con el nombramiento del intérprete o del traductor.

Como se puede comprobar, la vinculación (e incluso equiparación) entre actividades profesionales aparentemente bien diferenciadas, como son la traducción y la interpretación, son continuas. De hecho, la sentencia Kamasinski/Austria (1989) incide especialmente en ese punto. Cuando, lejos de enumerar esa documentación relevante a cuya traducción un acusado tendría derecho, opta por afirmar que se trata de aquellos documentos que permitirán al acusado tener conocimiento de los cargos que se le imputan y preparar la defensa, llega a manifestar que el requisito de traducción del escrito de acusación, o incluso de la sentencia, puede ser sustituido por un resumen oral o una traducción a vista, siempre en presencia del abogado (Ortega Herráez, Giambruno y Hertog, 2013: 92). Vemos, pues, cómo las labores de traductores e intérpretes se pueden entrelazar en el ámbito judicial precisamente mediante el uso de una técnica híbrida de trasvase lingüístico, la traducción a vista, a menudo denostada en determinados círculos profesionales pero que en el ámbito judicial cobra especial protagonismo.

En el ámbito de la Unión Europea, las sucesivas Directivas aprobadas al amparo del plan de trabajo de la Comisión para reforzar los derechos procesales (Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y traducción en los procesos penales3, Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2102, relativa al derecho a la información en los procesos penales4; y Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo5) también hacen mención expresa a la prestación de servicios de traducción escrita y vinculan en términos muy similares a los de Kamasinksi/Austria (1989) las actividades de traducción e interpretación.

Por otra parte, tampoco se puede olvidar que los instrumentos que regulan la cooperación jurídica internacional, ya sean instrumentos emanados del Consejo de Europa o de la Unión Europea o tratados bilaterales suscritos entre Estados, también se ocupan del régimen lingüístico de las relaciones que se pudieran establecer entre las distintas autoridades. De hecho, son estos instrumentos jurídicos los que más atención prestan al caso concreto de la traducción escrita, como veremos más adelante.

En lo que a las normas reguladoras del proceso judicial en España se refiere, apenas si encontramos vagas menciones a la forma de habilitar al intérprete o traductor. Aunque este tema ya ha sido ampliamente analizado y referido por distintos autores y trabajos anteriores (Miguélez, 1999; Arróniz, 2000; Arróniz et al., 2004; Ortega Herráez, 2010, por citar solo algunos de los más representativos), creemos importante resaltar aquí brevemente el hecho de que nuestras leyes procesales, tanto civiles como penales, permiten, en la práctica, que cualquier persona ejerza labores de traducción o interpretación en sede judicial. Esto puede ser comprensible, hasta cierto punto, en el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que data de 1882 y está pendiente de una profunda reforma cuyos trabajos se encuentran en marcha. De ahí la peculiar regulación que hace de este tema. Para las declaraciones testificales en el marco del Procedimiento Sumario (seguido por delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años) se dispone lo siguiente:

El intérprete será elegido entre los que tengan títulos de tales, si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa. […] (art. 441).

Por otro lado, para el Procedimiento Abreviado, por el que se instruyen el grueso de las causas penales en España, se exime a la autoridad judicial de exigir a traductores o intérpretes requisito alguno de cualificación profesional o académica:

Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial (art. 762.8).

Lo que ya no parece tan lógico es que la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada en 2000, siga sin regular adecuadamente la actividad traductora, obvie la existencia de traductores jurados habilitados oficialmente por las propias administraciones y permita que, para los documentos redactados en lengua no oficial,

la traducción podrá ser hecha privadamente y, en tal caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de los cinco días siguientes desde el traslado, manifestando que no la tiene por fiel y exacta y expresando las razones de la discrepancia, se ordenará, respecto de la parte que exista discrepancia, la traducción oficial del documento, a costa de quien lo hubiese presentado (art. 144).

Tras este breve repaso sobre la normativa reguladora de la traducción en sede judicial, abordaremos a continuación las distintas cuestiones que caracterizan esta actividad.

2.         ¿Para quién se traduce?

Como ya se ha comentado antes, la mediación interlingüística en el proceso penal tiene como objetivo principal garantizar el derecho a un juicio justo. Así, es de suponer que la traducción escrita se realizará, en ocasiones, en beneficio de los acusados para salvaguardar el derecho que estos tienen a ser informados de las acusaciones formuladas en su contra y garantizar su plena participación en el proceso. De hecho, en su informe correspondiente al proyecto Status Quaestionis, Hertog y Van Gutch (2008) afirman que en muchos países de la UE la legislación procesal prevé, de alguna forma, el que documentos de especial relevancia procesal, como podrían ser escritos de acusación, sentencias y otras resoluciones mediante las cuales se limita la libertad de las personas, sean objeto de traducción escrita en beneficio de la persona a la que afectan. En el caso concreto de España, según la información recabada en el citado proyecto, all relevant procedural documents are translated and submitted to the suspect (Ibid.: 245). Sin embargo, nos permitimos poner en duda esta afirmación relativa a España, que quizá se deba a lo reducido de la muestra analizada en el estudio aludido. De hecho, nuestra propia experiencia profesional, así como la de otros colegas de profesión consultados, muestran una realidad bien distinta. No es habitual que esos documentos relevantes sean objeto de traducción escrita para su entrega al acusado, salvo que este se encuentre en el extranjero. Lo que sí suele ser habitual es que se haga partícipe al interesado del contenido de estos documentos mediante traducción resumida o traducción a vista en el momento de su notificación, técnicas a las que ya se ha aludido.

Lo que sí es frecuente, no obstante, es que estos documentos sean objeto de traducción escrita en beneficio de un destinatario distinto: la propia autoridad judicial. Se trataría, en primer lugar, de aquellos supuestos en los que la traducción tiene por objeto facilitar el acceso de los operadores jurídicos a información en otro idioma que puede resultar crucial para la toma de decisiones o para articular sus propias estrategias procesales. En segundo lugar, cabría citar la práctica de la traducción de esos documentos en el marco de expedientes de cooperación jurídica internacional (comisiones rogatorias, extradiciones, órdenes europeas de detención y entrega), así como a efectos de la notificación y emplazamiento de personas que no residen en nuestro país.

Es evidente que cuestiones como las aquí analizadas vendrán parcialmente determinadas por el procedimiento judicial en el que se enmarque la necesidad de traducción y, consecuentemente, por la instancia judicial en el que el mismo se siga. Y todo ello, a su vez, condicionará aspectos tales como el idioma hacia o desde el que se traduce e incluso quién realiza la traducción, cuestiones que analizaremos en los siguientes apartados.

3.         ¿En qué instancias y procedimientos se traduce?

En lo que se refiere a las instancias judiciales en las que la traducción escrita es más recurrente conviene establecer una clara diferencia entre aquellas cuyas competencias giran en torno a la fase de instrucción de los procesos penales y las que se limitan al enjuiciamiento de los delitos. Así, es de suponer que será entre las primeras (Juzgados de Instrucción, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados Centrales de Instrucción o incluso la propia Fiscalía) donde mayores necesidades de traducción escrita se den por el mero hecho de que es en estas instancias donde se investiga la comisión de un delito y se prepara el juicio oral. Por su parte, en las instancias responsables del enjuiciamiento de los delitos (Juzgados de lo Penal y Secciones Penales de las Audiencias Provinciales y Audiencia Nacional, principalmente), las necesidades de traducción serán, por norma general, las que se deriven de la propia vista oral (traducción de un documento que se incorpora a la causa en dicha fase o que no estuviera previamente traducido, por ejemplo).

Mención aparte merecen instancias como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). Así, las necesidades de traducción del Tribunal Supremo vienen dadas por su carácter de máxima autoridad judicial de nuestro ordenamiento y órgano responsable de la unificación de doctrina y la casación. Así, son objeto de traducción sentencias de otros países para información de los magistrados, práctica que parece va en aumento porque las asociaciones europeas de magistrados abogan por la unificación de doctrina entre los distintos países. Por su parte, los TSJ tienen competencias reducidas en materia penal y civil, mientras que sí cuentan con competencias amplias en el orden social y contencioso-administrativo. No obstante, entre las competencias en materia penal destacan la instrucción y enjuiciamiento por delitos cometidos por aforados autonómicos, lo que en diferentes momentos ha situado a algunos de estos tribunales en una posición destacada en lo que a la traducción se refiere en el marco de procedimientos seguidos por corrupción, como puede ser, por ejemplo, el mediático caso Gürtel, cuya instrucción ha ido pasando de la Audiencia Nacional al TSJ de Madrid para acabar recalando en la primera. Además, los TSJ, como máxima instancia judicial en el ámbito de una comunidad autónoma, pueden tener encomendada o centralizada la prestación de servicios de traducción e interpretación de todos o una parte importante de los órganos judiciales de su jurisdicción.

Pero si hay una instancia judicial donde la traducción cobra especial relevancia, esa es, sin lugar a dudas, la Audiencia Nacional. No en vano, en virtud de las competencias que tiene legalmente atribuidas, desempeña un papel crucial en lo que a la cooperación jurídica internacional se refiere. Así, además de sus competencias en el enjuiciamiento de causas seguidas por delitos cometidos en el territorio de más de una Audiencia, tiene competencias exclusivas en lo relativo a los delitos cometidos fuera de España pero cuyo enjuiciamiento corresponde a nuestro país, a los procedimientos penales iniciados en el extranjero, a la ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros o sobre el cumplimiento de penas de prisión impuestas por tribunales extranjeros, así como en lo concerniente a los procedimientos de extradición pasiva y euroórdenes.

De forma paralela a la instancia judicial, la ubicación geográfica de la misma también reviste relativa importancia en lo que a las necesidades lingüísticas se refiere. Así, es de esperar que haya una mayor necesidad de traducción en órganos judiciales situados en zonas fronterizas como pudieran ser Badajoz o Melilla, en zonas donde existen importantes flujos turísticos además de una importante presencia de población extranjera residente, como Málaga, Alicante, Canarias o Baleares, o incluso en zonas que combinan todo lo anterior con su importante peso económico-empresarial, como pueden ser Madrid o Barcelona.

En lo tocante a los procedimientos en los que pueden ser necesarias labores de traducción, nos encontraríamos ante procedimientos de cualquier tipo en los que exista algún componente foráneo. Así, podemos encontrar procedimientos que se siguen por delitos de naturaleza transfronteriza o iniciados como resultado de las investigaciones conjuntas entre autoridades de distintos países, o incluso procedimientos eminentemente «nacionales» en los que alguna de las personas involucradas es extranjera, lo que puede implicar la incorporación a los autos de documentación en lengua no oficial. Asimismo, como ya se ha apuntado, en una sociedad tan globalizada como la actual, la cooperación jurídica internacional es cada vez más necesaria; de ahí la existencia de expedientes de auxilio tan variados como pueden ser las comisiones rogatorias, las extradiciones, las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de exequatur para el reconocimiento de sentencias dictadas por tribunales extranjeros o los que se tramitan por la sustracción internacional de menores o para la notificación de resoluciones judiciales en otros países, entre otros.

4.         ¿En qué lenguas y en qué dirección se traduce?

En cuanto a las lenguas de trabajo conviene destacar que es muy complejo establecer una clasificación precisa sobre las más demandadas, ya que no nos consta la existencia de estadísticas nacionales al respecto. Estos datos están dispersos entre las distintas administraciones con competencias en materia de Justicia e incluso, dentro de una misma administración, entre diferentes gerencias territoriales y delegaciones provinciales. Incluso en aquellos casos en los que sí existen datos, estos no se presentan de forma homogénea, pudiéndose hablar de número de encargos de traducción en valores absolutos, de número de páginas o de número de palabras traducidas. Conviene destacar que en los últimos años se ha recurrido a la subcontratación de servicios de traducción judicial y que los pliegos de condiciones que regulan estos contratos suelen incluir estimaciones sobre la demanda de traducción para determinados idiomas. No obstante, nuevamente, el hecho de que esos contratos sean convocados por administraciones variadas, para órganos judiciales concretos, por periodos de tiempo diferente, etc., impide que se pueda hacer una recopilación fiable y actualizada de los datos existentes. Además, en múltiples casos, la propia Administración de Justicia, como veremos más adelante, cuenta con traductores en plantilla cuyo volumen de trabajo no queda reflejado en las estimaciones de los pliegos aludidos. Es más, en ocasiones, estos servicios propios ni tan siquiera hacen un seguimiento estadístico pormenorizado de las peticiones de traducción que les son cursadas.

Sobre la base de la experiencia del autor y de las investigaciones realizadas en el pasado (Ortega Herráez, 2010), sí puede concluirse que parecen existir diferencias, en lo que a la demanda de lenguas se refiere, entre encargos de traducción y encargos de interpretación. Quizá el caso más claro lo constituya el árabe, que, junto con sus variantes dialectales, constituye la lengua más demandada en lo que a interpretación se refiere. Sin embargo, apenas si parece tener una incidencia notable en el caso de la traducción escrita. Esto pudiera deberse al hecho de que hasta fechas recientes no existían muchos convenios de cooperación jurídica internacional con países arabófonos y los que existían permitían el uso del francés y/o el inglés como lengua de comunicación, por lo que es posible que las autoridades hayan preferido tradicionalmente el uso de estas lenguas en detrimento del árabe.

Mención aparte merecería todo lo relativo a la transcripción-traducción de interceptaciones de las comunicaciones, en las que el árabe sí se situaría entre las lenguas más demandadas, si bien se trata de una labor más habitual en el ámbito policial que en el judicial, donde lo que sí puede ser frecuente es la aseveración de transcripciones-traducciones realizadas previamente en el marco de diligencias policiales.

Pero lo que, sin lugar a dudas, caracteriza la práctica de la traducción en sede judicial es la dirección hacia la que se traduce. El debate entre la práctica profesional de la traducción directa frente a la traducción inversa es complejo. No en vano, lo que para un traductor es una traducción directa para otro puede ser inversa y al revés. Además, en este debate no se puede pasar por alto lo que la legislación vigente dispone sobre la lengua del procedimiento. Así, según el artículo 231.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el castellano, como lengua oficial del Estado, será la que se utilice en las actuaciones judiciales. Además, también podrán utilizarse las lenguas oficiales de las comunidades autónomas dentro de sus respectivos territorios, ya sea de forma oral o escrita (LOPJ, arts. 231.2 y 231.3). En el caso de documentos presentados en las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, tendrán plena validez sin necesidad de traducción, si bien esta se dispondrá de oficio cuando dichos documentos hayan de surtir efecto fuera de la jurisdicción de los órganos judiciales de la comunidad autónoma de la que emanan (LOJP, art. 231.4).

Por otro lado, los instrumentos sobre los que se articula la cooperación jurídica internacional también regulan el idioma en que habrán de remitirse los expedientes. La práctica habitual podría resumirse de la siguiente forma: el Estado que solicita cooperación es el que debe correr con los gastos de traducción. Sin embargo, no todo es tan fácil y nos encontramos con cierta variedad de situaciones. Veamos algunos ejemplos prácticos a continuación.

En el caso de la cooperación jurídica internacional en el ámbito del Consejo de Europa, es el propio Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal de 1959 el que, en su artículo 16, establece que las solicitudes y documentos que las acompañen habrán de estar redactados en alguna de las dos lenguas oficiales de la organización, es decir, inglés o francés, sin necesidad de que se acompañen de traducción. No obstante, los signatarios pueden expresar alguna reserva y exigir que las solicitudes y documentos adjuntos que se les remitan vayan acompañados de traducción a su propia lengua o a las lenguas oficiales del Consejo. En tal caso, el resto de signatarios pueden aplicar el principio de reciprocidad con el signatario que expresó la reserva. En nuestro caso, España expresó reservas a ese artículo 16 y exige que todas las solicitudes que se le remitan vengan acompañadas de traducción al castellano. Así, en aplicación del principio de reciprocidad, las solicitudes que España cursa a otros Estados como parte del citado Convenio Europeo habrán de ir acompañadas de las respectivas traducciones a las lenguas propias de esos países. Esto tiene claras consecuencias en lo que a la organización de los servicios de traducción se refiere. Así, en el caso de comisiones rogatorias activas, es decir, las formuladas por España a las autoridades extranjeras, las traducciones serán del español a la lengua extranjera, lo que para un número importante de traductores que ejercen en España constituirá una traducción inversa. Por el contrario, en el caso de comisiones rogatorias pasivas, es decir, las que se reciben del extranjero, no habrá necesidad de traducción al castellano pues, a priori, toda la documentación debería recibirse ya traducida. Así las cosas, la traducción desde la lengua extranjera hacia el castellano, al amparo de lo dispuesto en el Convenio Europeo de 1959, quedaría limitada, en el caso de España, a la traducción de la respuesta que las autoridades extranjeras den a las comisiones rogatorias activas.

Para complicar aún más las cosas, lo dispuesto en el citado Convenio no impide que dos Estados parte del mismo suscriban, además, un tratado bilateral que opte por otra forma de proceder. Tal es el caso de España y Portugal los cuales, mediante Convenio bilateral de 19 de noviembre de 1997 sobre ejecución de comisiones rogatorias o solicitudes de asistencia judicial internacional en materia penal, eliminan la necesidad de adjuntar traducciones de las solicitudes y documentos que se remitan. El origen de tal decisión quizá esté en la creencia de que las autoridades judiciales españolas van a entender el portugués y las portuguesas el castellano. Nada más lejos de la realidad. Prueba de ello es el importante volumen de traducciones del portugués al castellano que registran los colegas que trabajan con estas lenguas, según nos han confirmado algunos de ellos.

En el ámbito de la Unión Europea los distintos instrumentos que regulan la cooperación en materia penal entre los Estados miembros adoptan el mismo tipo de soluciones en lo que al régimen lingüístico se refiere. Así, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea6 tiene por objeto complementar el Convenio de 1959, y no introduce cambios respecto de la lengua de comunicación entre Estados requirentes y requeridos. De hecho, la única mención expresa que hace a cuestiones de traducción y a las lenguas en las que se tramitarán las solicitudes se refiere a la comunicación directa entre las autoridades judiciales de un país y los destinatarios de documentos procesales que se hallen en otro Estado miembro (art. 5.1 y 5.3):

Cuando existan razones para pensar que el destinatario no comprende la lengua en que esté redactado el documento, deberá traducirse este, o al menos sus pasajes más importantes, a la lengua, o a una de las lenguas, del Estado miembro en cuyo territorio se halle el destinatario. Si la autoridad que remite el documento procesal sabe que el destinatario solo comprende otra lengua, deberá traducirse el documento, o al menos sus pasajes más importantes, a esa otra lengua.

En otros instrumentos comunitarios, como el que regula la orden europea de detención y entrega (Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, 2002/584/JAI7), también vemos cómo la propia orden

deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de ejecución. Todo Estado miembro podrá, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco o en una fecha posterior, manifestar en una declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción en una o varias de las lenguas oficiales de las instituciones de las Comunidades Europeas (art. 8.2).

Fuera del ámbito europeo la dinámica es muy similar. A título meramente ilustrativo comentaremos muy brevemente el caso de Marruecos8. Así, según lo dispuesto en los tratados bilaterales entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, las peticiones y documentación adjunta habrán de estar redactadas en la lengua del país requerido o en francés, o traducidas a estas lenguas. Así las cosas, España tendría la posibilidad de remitir la documentación bien en árabe, bien en francés. Puestos en contacto con colegas traductores de ambos idiomas y dada la aparente baja incidencia del árabe como lengua de traducción escrita en los juzgados y tribunales españoles, se ha podido constatar que en la práctica profesional diaria las autoridades judiciales españolas parecen preferir el uso del francés en sus comunicaciones con el reino alauí.

5.         ¿Qué se traduce?

En lo relativo a las tipologías textuales más habituales en la práctica traductora en sede judicial, resulta complejo establecer una clasificación precisa y bien delimitada. La traducción judicial forma parte de lo que algunos autores han denominado traducción oficial o institucional y, como tal, no podemos sino coincidir plenamente con la afirmación de Mayoral (2003: 27) según la cual any type of text can be the object of official translation, since any activity or information may be the subject matter or one of the elements of a claim, a suit, a report, a contract, or any other legal act. Esta afirmación es fiel reflejo de la variada realidad a la que ha de enfrentarse el traductor judicial. Así, a efectos meramente ilustrativos, cabría establecer dos grandes grupos de textos que pueden ser objeto de traducción judicial9.

De un lado estarían aquellos documentos de naturaleza eminentemente jurídico-procesal, es decir, aquellos textos cuyos autores son los propios operadores jurídicos e incluso el legislador. Ejemplos de estos tipos de textos serían: autos de diverso tipo (de prisión provisional, de libertad provisional, etc.), sentencias (en procedimientos variados: penales, de familia acogidos a justicia gratuita o de oficio en procedimientos de sustracción internacional de menores, etc.), escritos de acusación y defensa, demandas y escritos de modificación de medidas (divorcios, custodia de hijos, asignación de alimentos, etc.), actas de declaración testifical, actas de entrada y registro, órdenes europeas de detención y entrega, comisiones rogatorias, solicitudes de extradición, legislación tanto nacional como extranjera (códigos penales extranjeros, legislación de familia en vigor en otros países), etc.

Entre las particularidades que presentan estos textos se puede destacar el que algunos de ellos presentan una macroestructura y tenor similares, lo que facilitaría, de entrada, la labor del traductor habida cuenta de la posibilidad de recurrir a textos paralelos, de utilizar herramientas de traducción asistida y memorias de traducción, así como el recurso a herramientas que, aunque no diseñadas para la traducción, sí pueden resultar de utilidad para el traductor como, por ejemplo, las disponibles a través de la Red Judicial Europea (Herramientas de Asistencia Judicial Mutua: Atlas, Asistente Compendium, fichas belgas o el asistente para la creación de euroórdenes)10.

En estos textos encontramos igualmente problemas traductológicos que han sido ampliamente analizados en la literatura especializada sobre traducción jurídica, como pueden ser las asimetrías institucionales y procesales o las diferencias entre los tipos delictivos de ordenamientos jurídicos distintos, aspectos todos ellos de crucial importancia y que requieren del traductor una especial atención. Además, otro de los rasgos que pueden destacarse en los textos de este primer grupo es la compleja o deficiente redacción que pueden presentar algunos de ellos, lo que sin duda puede complicar la tarea del traductor. A esto hay que añadir el hecho de que, en ocasiones, los propios expedientes de cooperación jurídica internacional llegan al traductor incompletos o con deficiencias en cuanto al cumplimiento de lo que establece la normativa que regula el auxilio judicial. Aunque es cierto que gracias a las herramientas antes aludidas y a la existencia de guías disponibles electrónicamente, como puede ser el Prontuario de Auxilio Judicial Internacional (civil y penal), se ha experimentado cierta mejoría en la forma en que se tramitan estos expedientes, sigue siendo habitual que el traductor se convierta en una suerte de asesor en la materia, dados los conocimientos aplicados que ha ido atesorando durante la fase de documentación previa a la realización de traducciones, por ejemplo. Así, es frecuente que el traductor judicial se percate de la inclusión o no de determinados documentos en una comisión rogatoria, del respeto o no de determinadas convenciones, o que incluso reciba peticiones de ayuda sobre cómo tramitarlas por parte de funcionarios que no cuentan con experiencia previa. Todo ello sitúa al traductor en un terreno algo resbaladizo que, en cierto modo, excede las funciones que se esperan de él y, por lo tanto, habrá de extremar las cautelas sobre el tipo de información que está en disposición de facilitar.

El segundo grupo de documentos sería el compuesto por todos aquellos textos que, sin ser de naturaleza jurídica, se incorporan a los autos de un proceso o forman parte de los adjuntos de un expediente de cooperación jurídica internacional. El principal rasgo de estos documentos es, por lo tanto, la amplia variedad de disciplinas y temáticas que abordan. Estamos hablando de documentos de toda índole, como puede ser documentación económica y mercantil, informes forenses de todo tipo, etc. A título meramente ilustrativo podemos enumerar los documentos que acompañaban a una petición de extradición remitida por España a Canadá en un procedimiento seguido por un homicidio: reseñas fotográficas, resumen de los hechos, diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver, acta de inspección ocular, informe de autopsia, informe médico-forense, informe lofotoscópico y de huellas, declaración testifical del inspector jefe responsable del laboratorio donde se practicaron diversas pruebas, informe sobre un análisis químico-toxicológico, informe de balística, declaración de un perito del Instituto Nacional de Toxicología, diligencias de reconocimiento de la ropa que envolvía el cadáver por parte de la arrendadora de la vivienda, informe de toxicología, análisis forenses de la policía sobre ADN, acta de entrada, registro e inspección ocular, diligencias de reconocimiento fotográfico de la vivienda donde se encontró el cadáver, declaraciones varias ante la policía, escritura notarial de implantación de una sociedad extranjera en España, poder notarial, escrituras de constitución de una empresa, certificación del Banco de España, correspondencia bancaria, correspondencia con una aerolínea, contrato de alquiler de vehículo y certificación de aerolínea. Conviene resaltar que este variado encargo de traducción de español a inglés supuso la traducción de un total de 140 000 palabras. Además, parte de las dificultades de este tipo de encargos sumamente diversos y en los que existen textos altamente especializados y técnicos es el hecho de que quizá el traductor se enfrente a ellos con menos frecuencia que a los de otras tipologías, con todo lo que la novedad puede entrañar en términos de necesidades y dificultades de documentación y de traducción.

6.         ¿Cómo se traduce?

Es difícil analizar el proceso de traducción que se sigue en el ámbito judicial, fundamentalmente por las diferentes formas de prestar este tipo de servicios y la propia organización de los mismos, como podrá comprobarse en la siguiente sección. Por ello, nos limitaremos a abordar, brevemente, algunas cuestiones observadas en la práctica profesional de aquellos traductores que trabajan en plantilla.

Cabría decir que el traductor judicial es, hasta cierto punto, un artesano de la traducción, en la medida en que su trabajo no suele formar parte de la cadena coordinada de actividades a través de la que, habitualmente, se aborda la traducción de un texto en otros organismos o en el mercado privado: gestión del proyecto, gestión documental, traducción, revisión, etc. En primer lugar, ese carácter artesanal o, por qué no decirlo, obsoleto viene dado por el hecho de que en la Administración de Justicia sigue primando el papel sobre la documentación electrónica. Evidentemente, esto dificulta, aunque no impediría, el recurso a herramientas de traducción asistida, memorias de traducción, etc. De hecho, no nos consta que ninguno de los traductores que trabaja en plantilla cuente en su puesto de trabajo con alguna licencia oficial de alguna de las principales aplicaciones informáticas de este tipo disponibles en el mercado. Ni tan siquiera la transmisión de documentación se suele hacer electrónicamente, sino en papel. Es más, los medios de documentación a disposición del traductor son limitados y hasta fechas muy recientes su acceso a Internet estaba bastante restringido, por mucho que nos cueste creerlo.

A todo esto cabría añadir la tan habitual soledad del traductor, común a muchos profesionales que trabajan en otros ámbitos, pero que, en el caso que nos ocupa, no se limitaría a la realización de la traducción propiamente dicha, sino a la integridad del proceso antes aludido. En el ámbito judicial, será el propio traductor el que tenga que asumir todas las funciones y tomar todas las decisiones que suelen entrar en juego en un proceso de traducción que aspire a la calidad (documentación, terminología, traducción, revisión, maquetación, gestión del propio proyecto, relación con el cliente, etc.). En el mejor de los casos, quizá pueda contar con la ayuda desinteresada de algún colega de despacho o servicio (si los tiene) para revisar su trabajo final, consultar alguna duda, etc.

Vista esta situación, así como las propias características de algunos de los encargos que recibe y que hemos visto en el apartado anterior (redacción compleja o deficiente del original, superespecialización, expedientes con deficiencias en su cumplimentación, etc.), no es de extrañar que el traductor se vea obligado a adoptar decisiones cruciales de cara a garantizar la calidad del producto final. ¿Qué hacer ante un original confuso, mal estructurado o que parece no cumplir los requisitos que de él esperan las autoridades del país al que va dirigido? ¿Qué margen de maniobra tiene el traductor? Es evidente, tal y como señalaba el magistrado de enlace del Reino Unido en España en un curso de formación continua para traductores del Ministerio de Justicia en 2012, que los textos originales y sus traducciones han de ser crystal-clear; si no se entiende lo que se pide o no se ajusta a las normas, simplemente, las autoridades extranjeras (en este caso las británicas) no lo tramitarán. En la misma línea se manifestó el magistrado de enlace de Francia en ese mismo foro quien, según palabras recogidas por una colega asistente al curso, afirmó que «En España nos complicamos más de lo necesario y esas explicaciones larguísimas de los jueces españoles en las comisiones rogatorias para justificar por qué piden algo, en Francia no sirven para nada. Allí, lo ha mandado el juez y basta». Por ello, la responsabilidad no es solo del traductor; los operadores jurídicos también tienen su parte de responsabilidad para lograr que el texto traducido realmente cumpla el objetivo que persigue. Es evidente, pues, que la cooperación entre traductores y operadores jurídicos es necesaria. Como ya se ha dicho, en ocasiones el traductor judicial ha de facilitar, ya sea motu proprio o a requerimiento de otros, información práctica sobre determinados aspectos de la cooperación jurídica internacional, entre los que pueden entrar consideraciones sobre la redacción del original de cara a facilitar su posterior traducción.

La calidad de la traducción en las relaciones judiciales entre países es fundamental, y un ejemplo claro lo encontramos en el caso de las euroórdenes. Un instrumento comunitario llamado a simplificar los trámites de extradición dentro de la Unión Europea ha podido ver parcialmente minada su eficacia, entre otras cuestiones, porque las autoridades judiciales nacionales siguen tramitando estas órdenes en sus propios idiomas, sin recurrir a las plantillas prediseñadas disponibles en la lengua oficial del país al que se dirigen, y experimentan problemas en su cumplimentación, limitándose, en ocasiones, a copiar y pegar extensas explicaciones que figuran en el auto de procesamiento en lugar de resumir los hechos que se imputan a la persona sobre la que pesa dicha orden. Y a todo esto se unen aparentes problemas en lo que a la calidad de las traducciones se refiere, según han puesto de manifiesto las propias autoridades de la UE:

Few Member States accept an EAW in a language other than their official language. This extends to requests for supplementary information […]. Throughout the evaluation exercise constant calls have been made for a more practical approach to this matter. The scarcity of translation capacity in some Member States, associated costs, difficulties in translation into some of the less common languages in short periods of time or the bad quality of translation are recurrent arguments in this regard (Consejo de la Unión Europea, 2009).

El resultado es que un buen número de las peticiones cursadas son rechazadas. Si bien no todos estos rechazos responderán a una mala calidad de la traducción, el mero hecho de que se alerte sobre este punto pone de manifiesto la necesidad de extremar las cautelas.

7.         ¿Quién traduce?

Como hemos podido ver, la labor del traductor judicial no parece ser tarea fácil. De ahí la necesidad de preguntarse quiénes son esos traductores que trabajan para juzgados y tribunales. Por razones de espacio no podemos presentar un estudio detallado de las características de los traductores y de las distintas formas de provisión de servicios de traducción judicial en España11. No obstante, sí conviene resaltar el hecho de que en la actualidad las labores de traducción en el orden jurisdiccional penal español son realizadas, fundamentalmente, de dos formas.

De un lado, tanto el Ministerio de Justicia como las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia cuentan con unos cien puestos de traductor-intérprete en plantilla adscritos a instancias judiciales concretas, a los que se accede bien mediante concurso-oposición, bien mediante selección directa por parte de los servicios de empleo en el caso de interinidades. Esta es, sin duda, una característica que apenas encontramos en otros países europeos, pero sí en los tribunales estatales y federales de EE. UU. En España estos traductores forman parte del personal laboral, es decir, son empleados públicos pero no funcionarios, y se encuadran en categorías profesionales diferentes según la titulación académica que se les exija para ocupar ese puesto. La tendencia general, que es la que sigue el propio Ministerio de Justicia, ha sido la de exigir como titulación de acceso el Título de Bachillerato o equivalente, si bien algunas comunidades autónomas han reclasificado a sus traductores judiciales y los han encuadrado entre los titulados universitarios superiores o entre los diplomados universitarios. Evidentemente el encuadramiento en un grupo u otro no solo determinará la titulación y nivel de formación mínimo exigido para los que desean optar a estos puestos, con las repercusiones que ello puede entrañar en cuanto a la calidad del servicio que se presta, sino que también afectará a cuestiones tan importantes como la carrera profesional o la retribución.

Estos traductores, al contrario de lo que puede ocurrir en las plantillas de traductores de organismos internacionales, no forman parte de un servicio unificado, centralizado o coordinado. Cada traductor dependerá en exclusiva del órgano judicial al que esté adscrito, lo que, evidentemente, no facilita el que pueda especializarse o dedicarse a una tarea concreta (traducción directa, traducción inversa, revisión, gestión de proyectos, terminología, etc.), sino que le obligará a realizar todas aquellas tareas, no ya solo de traducción, sino también de interpretación, que se le requieran. Además, esta estricta adscripción a instancias judiciales no contribuye a la maximización de los recursos humanos disponibles.

A título meramente ilustrativo podríamos citar el caso de Madrid, donde coexisten, por así decirlo, dos administraciones de Justicia: la nacional (al ser sede del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional) y la autonómica (resto de instancias judiciales de la región). Mientras la Comunidad de Madrid encuadra a sus traductores entre los titulados superiores, el Ministerio de Justicia encuadra precisamente a los traductores de las dos instancias judiciales más altas del país entre los bachilleres. Además, prácticamente cada instancia judicial cuenta con su propio equipo de traductores que atenderá en exclusiva sus propias necesidades de trabajo. Así, encontramos servicios internos de traducción en el Tribunal Supremo (un traductor), la Audiencia Nacional (catorce traductores), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ocho traductores), la Audiencia Provincial de Madrid (cuatro traductores), los Juzgados de Instrucción de Madrid capital (seis traductores) y los Juzgados de lo Penal de Madrid capital (un traductor). Ni tan siquiera los equipos de traductores de la Comunidad de Madrid trabajan de forma coordinada, bajo la dependencia jerárquica de un responsable de servicios lingüísticos que realice un reparto equilibrado de los encargos de trabajo entre toda la plantilla y que gestione también los encargos que la plantilla no puede asumir. Evidentemente, esta inadecuada organización interna da lugar a ineficiencias que han contribuido, en última instancia, al desarrollo y auge de la subcontratación de servicios a empresas privadas mediante licitación.

La subcontratación se ha convertido en los últimos años en la principal forma de provisión de servicios de traducción e interpretación en el ámbito judicial en España. Este sistema no ha sido ajeno a la polémica y sigue siendo objeto de numerosas quejas y críticas por parte de jueces, asociaciones profesionales de traductores e intérpretes, formadores de traductores, etc. Los problemas más visibles y de los que normalmente se ha hecho eco la prensa conciernen a la prestación de servicios de interpretación, dado el carácter público de las vistas orales (de Luna, 2009). No estamos en disposición de saber si esos mismos problemas que se aprecian en la interpretación son también aplicables a la traducción de documentos escritos. Conviene destacar que parte del problema radica en el hecho de que las especificaciones técnicas que rigen las adjudicaciones de estos contratos no suelen exigir que los traductores e intérpretes que las adjudicatarias asignen a la prestación efectiva de los servicios cuenten con algún tipo de cualificación o certificación profesional concreta. Incluso en los casos en los que sí lo hacen no parece que las administraciones lleven a cabo los controles de calidad necesarios para garantizar que, efectivamente, lo que disponen los pliegos se cumple (de la Peña, 2011).

8.         Retos futuros y conclusiones

Como hemos visto, la práctica de la traducción en sede judicial en España presenta múltiples diferencias respecto del ejercicio profesional en otros ámbitos, como pudiera ser el de los organismos internacionales. Estas diferencias se asientan fundamentalmente en la distinta consideración profesional que del traductor parece tenerse en una administración nacional muy concreta, la Administración de Justicia. En lo que a responsabilidad, grado de dificultad y especialización de los trabajos realizados se refiere, podríamos afirmar que el traductor judicial se mueve dentro de unos parámetros similares a los de profesionales de otros organismos. Lo que realmente es diferente es el marco organizativo (o la falta del mismo) en el que ha de desarrollar su trabajo, así como la necesidad de que asuma múltiples tareas que en otras instancias realizan profesionales diferentes (traducción e interpretación, directa e inversa), además de las deficiencias en el sistema de acceso a la profesión. Esto llama poderosamente la atención porque en otras administraciones nacionales, como pudiera ser la Presidencia del Gobierno o el Ministerio de Asuntos Exteriores, sí parece existir ese reconocimiento profesional y sí se adopta una organización en lo que a los servicios lingüísticos se refiere similar a la que puede existir en organismos internacionales (RITAP, 2011).

Es evidente, pues, que el principal reto al que habrá de hacer frente la profesión en los próximos años es el de lograr ese reconocimiento profesional que propicie cambios a todos los niveles. En este proceso cobra especial importancia la legislación comunitaria que se ha ido aprobando en los últimos años en lo relativo a los derechos procesales. Así, la Directiva 2010/64/UE establece la necesidad de que los Estados miembros potencien la creación de «registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados» (art. 5.2), como forma de garantizar la calidad de la intermediación lingüística en los procesos penales. A su vez, la Directiva 2012/29/UE crea una nueva dimensión al otorgar el derecho a traducción e interpretación a las víctimas de delitos, algo que hasta la fecha no estaba expresamente reconocido.

Cabe destacar, además, que este nuevo marco normativo, que habrá de ser transpuesto a las legislaciones internas, se ocupa de forma expresa de la traducción escrita, algo que ya hemos visto no era habitual, y le otorga un mayor papel dentro del proceso penal. Así, según la Directiva 2010/64/UE, los acusados tendrán derecho a recibir traducciones de los documentos esenciales necesarios para entender las acusaciones que pesan sobre ellos y poder preparar su defensa con su abogado, en línea con lo que en su día ya apuntó la jurisprudencia del TEDH, como hemos visto. Es cierto que la Directiva no establece un listado cerrado de documentos esenciales, pero sí dispone que tendrá tal consideración cualquier documento mediante el cual se establezcan límites a la libertad de una persona, los escritos de acusación y las sentencias (art. 3.2). Ahora bien, este avance legislativo lleva aparejado otro reto para el traductor, en la medida en que se establecen limitaciones en el derecho a traducción, quizá en aras de favorecer la inmediatez procesal o con una finalidad económica:

Art. 3.4. No será preciso traducir pasajes de documentos esenciales que no resulten pertinentes para que el sospechoso o acusado tenga conocimiento de los cargos que se le imputan […].

Art. 3.7. Como excepción a las normas generales establecidas en los apartados 1, 2, 3 y 6, podrá facilitarse, en lugar de una traducción escrita, una traducción o un resumen oral de los documentos esenciales a que se refiere el presente artículo, siempre y cuando dicha traducción oral o resumen oral no afecte a la equidad del proceso.

La Directiva 2012/29/UE también consagra el derecho a entender y ser entendido de las víctimas, les otorga el derecho a recibir traducción escrita gratuita de la «información esencial para que ejerzan sus derechos en el proceso penal» (art. 7.3), y establece el mismo tipo de limitaciones que hemos visto antes.

La duda es saber quién se responsabilizará, en la práctica, de decidir si un pasaje de un documento esencial es o no pertinente. Es evidente que dejar esa tarea en manos del traductor supondría otorgarle unas funciones que incrementarían sustancialmente su ya de por sí elevado nivel de responsabilidad profesional. De la misma forma, también habría que establecer mecanismos que hagan realmente viable la adecuada realización de esas traducciones a vista o resúmenes orales. Para ello, la cooperación entre operadores jurídicos y traductores es crucial. Pero para llegar a este punto es crucial que las autoridades nacionales tomen conciencia sobre lo que está en juego cuando los servicios de traducción y de interpretación que se facilitan no reúnen un mínimo de calidad o cuando el acceso a la profesión no está mínimamente regulado. Así, pues, sería crucial que se establecieran sólidos canales de comunicación entre las distintas partes involucradas: traductores e intérpretes (a través de sus asociaciones profesionales), formadores de traductores e intérpretes (fundamentalmente a través de sus órganos de representación colectiva en el ámbito universitario), responsables de sistemas de certificación profesional, así como las propias autoridades judiciales (Consejo General del Poder Judicial) y administrativas (Ministerio de Justicia y comunidades autónomas). Solo así se logrará esa pretendida equidad procesal en los procedimientos penales multilingüísticos y multiculturales.

9.         Referencias bibliográficas

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—: «La traducción y la interpretación en la Administración de Justicia», en Kelly, D. A. (ed.), La traducción y la interpretación en España hoy: perspectivas profesionales, Comares, Granada, 2000, pp. 157-170.

—: Aldea Sánchez, P., Ortega Herráez, J. M., y Plaza Blázquez, S.: «Situación actual de la práctica de la traducción y de la interpretación en la Administración de Justicia», en Cruces Colado, S. y Luna-Alonso, A. (eds.), La traducción en el ámbito institucional, Universidade de Vigo, Vigo, 2004, pp. 85-126.

Borja Albi, A., Gil Sayas, M., Juste, N., y Martínez Carrasco, R.: «Gestión electrónica del conocimiento para la traducción en entornos judiciales: el proyecto JUD-GENTT», en Valero, C. et al. (eds.), Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos en un Mundo INTERconNETado - TIPS en INTERNET / Public Service Interpreting and Translation in a Wild Wired World-PSIT in WWW-, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, 2011, pp. 31-40.

Consejo de la Unión Europea, Informe final sobre la cuarta ronda de evaluaciones mutuas - Aplicación práctica de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros, 28 de mayo de 2009 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/09/st08/st08302-re04.es09.pdf
/pdf/es/09/st08/st08302-re04.es09.pdf).

de la Peña Palomo, J.J.: «La contratación administrativa de los servicios de traducción e interpretación desde la perspectiva del gestor público», en RITAP (eds.), Libro Blanco de la traducción y la interpretación institucional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2011, 2.a edición, pp. 131-136.

de Luna, P.: Informe: Incumplimiento por parte de Seprotec, 2009. Disponible en línea en: http://www.elgasconjurado.com/2010/02/15/informe-de-la-magistrada-pilar-de-luna-jimenez-de-parga/ [consulta: 20.10.2012].

Delgado Morán, T.: «El traductor oficial de la administración de Justicia. Documentos de su competencia», en Ortega Arjonilla, E., y San Ginés Aguilar, P. (eds.), Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español), Comares, Granada, 1997, pp. 245-274.

—: «La comisión rogatoria: dos casos prácticos de traducción jurídico-judicial», en Feria García, M. C. (ed.), Traducir para la Justicia, Comares, Granada, 1999, pp. 177-220.

  e Infantes, I.: «Comisión rogatoria: un abanico de posibilidades», en Álvarez Lugris, A., y Fernández Ocampo, A. (eds.), Anovar-Anosar: Estudios sobre traducción e interpretación, vol. II. Universidade de Vigo, Vigo, 1999.

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Miguélez, C.: «Current Issues in Court Interpreting: Spain, a Case Study», Proteus, 8, 2. Disponible en línea en: http://www.najit.org/membersonly/library/
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[consulta: 18.10.2012].

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—, Giambruno, C. y Hertog, E.: «Translating for Domestic Courts in Multicultural Regions: Issues and New Developments in Europe and the United States of America», en Borja Albi, A. y Prieto Ramos, F. (eds.), Legal Translation in Context: Professional Issues and Prospects, Peter Lang, Berna, 2013, pp. 89-122.

RITAP: Libro blanco de la traducción y la interpretación institucional, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid, 2011, 2.a edición.

Juan Miguel Ortega Herráez
Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad de Alicante
Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (APTIJ)
juanmiguel.ortega@ua.es

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diario Oficial de la Unión Europea C 364 de 18.12.2000, p. 1.
2 Sentencia Kamasinski/Austria de 19 de diciembre de 1989, serie A, n.o 168.
3 Diario Oficial de la Unión Europea L 280 de 26.10.2010, p. 1.
4 Diario Oficial de la Unión Europea L 142 de 1.6.2012, p. 1.
5 Diario Oficial de la Unión Europea L 315 de 14.11.2012, p. 57.
6  Diario Oficial de la Unión Europea C 197 de 12.7.2000, p. 1.
7 Diario Oficial de la Unión Europea L 190 de 18.7.2002, p. 1.
8 En nuestro trabajo comparado sobre la práctica de la traducción judicial en Europa y Estados Unidos (Ortega Herráez, Giambruno y Hertog, 2013) se recogen ejemplos de convenios con otros países extracomunitarios.
9 En Delgado (1997), Delgado (1999), Delgado e Infantes (1999), Arróniz (1999) y Arróniz et al. (2004) se puede acceder a traducciones comentadas habituales en el ámbito judicial.
10 Especialmente interesante para el traductor resulta el proyecto JUD-GENTT, que dirige la Dra. Anabel Borja Albi (Borja Albi et al., 2011).
11 En Ortega Herráez (2010), más concretamente en sus capítulos 3 (pp. 63-95) y 4 (pp. 96-150), se presenta un análisis pormenorizado sobre el acceso a la profesión de traductor-intérprete judicial en España, así como sobre las distintas formas de provisión de servicios.

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