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COLABORACIONES


Conclusiones de la Jornada de presentación del proyecto de Libro Blanco de la traducción e interpretación institucional1

De las intervenciones y el debate mantenido en el curso de esta Jornada cabe extraer las siguientes conclusiones:

1. Situación de los traductores e intérpretes en la Administración

a)   La situación de los traductores e intérpretes de la Administración General del Estado (AGE) es sumamente variada, lo que refleja asimismo la variedad de condiciones administrativas en las que se encuentran quienes practican estas actividades. La heterogeneidad es absoluta. Para empezar, está siendo sumamente complejo (por no decir por el momento imposible) elaborar un censo de traductores e intérpretes dentro de la Administración. La mención «traductor» o «intérprete» está desapareciendo de las clasificaciones laborales, con muy pocas excepciones. Sería muy importante recuperar de forma generalizada la categoría de traductor/intérprete en la AGE.

b)   En consonancia, apenas existen en toda la AGE servicios de traducción/interpretación como tales, si exceptuamos, entre otros, a la Oficina de Interpretación de Lenguas (OIL) y a los traductores del Banco de España (aunque es dudosa su inclusión en la AGE). En el Ministerio de Justicia y en las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferidas también existe algún servicio de traducción/interpretación. Los traductores e intérpretes trabajan en servicios variopintos, agrupados con personas que desempeñan labores bien diferentes y bajo la dirección de personas que nada conocen del mundo de la traducción/interpretación. Sería muy deseable que se crearan servicios de traducción/interpretación en los diferentes órganos o ministerios.

c)   Las condiciones de trabajo de los traductores e intérpretes son a veces deplorables; en muchos casos carecen, por ejemplo, de acceso a internet, una herramienta indispensable para los traductores en la actualidad, por no mencionar su remuneración. Sin embargo, hay otros departamentos en los que los traductores e intérpretes trabajan en condiciones más que aceptables. Es urgente una reforma completa de esta situación y que las condiciones de estos servicios (por ejemplo, la OIL) se extiendan a todos los traductores e intérpretes que realizan trabajos análogos.

d)   Así, la Administración, que apenas conoce con qué traductores cuenta, lógicamente rara vez reconoce su labor. Con escasas excepciones, por lo general son personal laboral del grupo 3 (es decir, solo se exige para su ingreso el Bachillerato Superior), y por regla general no gozan de la condición de funcionarios del grupo A1 o contratados del grupo 1 (con las notables excepciones de la OIL y algunos traductores/intérpretes de otras oficinas, pero en número muy reducido).

e)   Los traductores e intérpretes desempeñan labores diversas, muchas veces extremadamente técnicas y difícilmente compatibles con un trabajo de calidad, traduciendo a y de lenguas extranjeras, ignorándose, por consiguiente, el principio, extendido en las organizaciones internacionales, de que los traductores e intérpretes solo deben traducir a su lengua materna. Además, no es infrecuente que deban realizar labores para las que no fueron contratados en su día.

f)    Las posibilidades de formación específica y continuada para los traductores e intérpretes en la Administración son muy escasas, por no decir nulas.

2. El proyecto de Libro Blanco de la traducción e interpretación institucional

El Libro Blanco no es más que un primer paso en el proyecto a más largo plazo de dignificar la labor de los traductores e intérpretes en la Administración.

Este Libro Blanco debería contener:

a)   Una descripción de la situación, basada en un cuestionario que debería ser más ampliamente difundido que el enviado con motivo de la jornada de presentación del proyecto de Libro Blanco.

b)   Una descripción de la legislación internacional y nacional sobre la labor de los traductores e intérpretes.

c)   Un posible código deontológico de la labor de los traductores e intérpretes en la Administración, aun cuando la heterogeneidad antes mencionada puede dificultar el establecimiento de principios generales.

d)   Un catálogo de reformas a medio y largo plazo, entre ellas las siguientes:

·   Creación de servicios de traductores e intérpretes en el seno de la Administración, con la denominación de tales y que atiendan a las necesidades de sus usuarios y sus integrantes. Sus integrantes deben trabajar en condiciones mínimamente profesionales (medios informáticos incluidos, sin olvidar la formación) y encuadrarse en los escalones superiores del empleo público (grupo A1 o grupo 1 para los contratados laborales). El ejemplo sería el Cuerpo de Traductores e intérpretes adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La incorporación de traductores e intérpretes a estos servicios o cuerpos debe regirse siempre por los principios de excelencia, competencia y profesionalidad.

En la medida de lo posible debe evitarse la subcontratación generalizada de servicios de traducción e interpretación. Deben existir procedimientos transparentes para recurrir a traductores e intérpretes independientes para prestar los servicios que no pueda asumir la Administración (por ejemplo, creación de registros de profesionales con claros criterios de cualificación y competencia).

·   La elaboración de un código deontológico para la profesión.

·   La modificación de las menciones a traductores e intérpretes en los textos judiciales y procesales básicos (Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica del Poder Judicial), que resultan a todas luces deficientes cuando no inaceptables.

·   La posible elaboración de un texto normativo general, de rango por determinar, referente a la traducción/interpretación institucional.

Se trata de un proyecto en marcha en el que pueden colaborar todos los grupos interesados. Habrá que articular un mecanismo para que esta colaboración resulte ordenada y eficaz.

Red de traductores e intérpretes
 de la Administración General del Estado
libroblancotraduccion@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 
1

Celebrada en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid el 9 de abril de 2010.

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