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COLABORACIONES


La traducción en los servicios públicos

Si a usted le detuvieran en Tailandia porque han encontrado cocaína en su tubo de pasta de dientes, ¿cree que se haría justicia si le impusieran veinte años de cárcel sin explicarle en un idioma que comprendiera lo que ha ocurrido ni ofrecerle la oportunidad de dar su versión de los hechos? Seguro que no. Por eso el derecho a la interpretación y a la traducción en los procesos penales está garantizado en numerosas leyes, tanto de ámbito internacional como nacional. Cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de alcance mundial, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en el ámbito europeo, y la propia Constitución Española, en el entorno nacional. Nadie niega, por lo tanto, el derecho de los procesados a conocer de qué se les acusa y a poder defenderse en su propio idioma. El problema está en ver cómo hacer efectivo ese derecho y ahí es donde las leyes españolas se muestran absolutamente obsoletas e insuficientes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuye esa labor a «los que tengan títulos de tales [intérpretes], si los hubiere en el pueblo. En su defecto, será nombrado un maestro del correspondiente idioma, y si tampoco le hubiere, cualquier persona que lo sepa». La Ley de Enjuiciamiento Civil es todavía más vaga y afirma que «el tribunal [...] podrá habilitar como intérprete a cualquier persona conocedora de la lengua de que se trate, exigiéndosele juramento o promesa de fiel traducción».

Con tan vagos requisitos para actuar como intérprete, las quejas no dejan de sucederse. Se ha hablado mucho de una gran empresa, a la que numerosas administraciones, especialmente de Interior y Justicia, han concedido contratos millonarios para realizar esas tareas, desentendiéndose completamente de la forma en que se hace. Así CC.OO. ha denunciado que las escuchas telefónicas de alta sensibilidad para la seguridad del Estado están en manos de traductores anónimos de los que nada se sabe y a los que nada se exige, con el riesgo que ello conlleva tanto para el Estado y sus ciudadanos como para el propio traductor, que puede ser presa fácil de sobornos o amenazas. Tenemos casos notables como el de un juicio suspendido recientemente en el Juzgado de lo Penal de Teruel porque el único intérprete registrado en la ciudad era el propio acusado, un ciudadano chino acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Otros intérpretes han denunciado haber sido enviados como primer emisario en detenciones, poniendo en riesgo su vida. Otros, que tienen la suerte de contar con un puesto de trabajo seguro en la propia Administración, malviven con una clasificación y un sueldo propios del personal de mantenimiento. Y el Estado, mientras tanto, sigue lavándose las manos y aumentando el importe de las contratas (sin por ello aumentar en modo alguno la remuneración de estos intérpretes y traductores). Ante tamaño desbarajuste, uno se pregunta si no hay gestores responsables en la Administración o si es imposible encontrar a traductores profesionales y cualificados. Sobre la primera cuestión, cabe pensar que sí que los hay. En cuanto a la segunda, hay que decir que en España se licencian cada año centenares de alumnos de Traducción e Interpretación. Además, según el estudio de la Asociación de Empresas de Traducción (ACT), «El español como recurso económico», en España existen actualmente más de 9 500 operadores en el mercado. Sin olvidar, por supuesto, a los más de 7 500 intérpretes jurados, nombrados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que trabajan como traductores autónomos, pero que cuentan con la garantía de poseer una titulación, haber superado unos exámenes específicos y poder ser localizados a través del registro que mantiene el MAEC. Por otra parte, la Administración cuenta con alrededor de trescientos traductores o intérpretes en plantilla que, aunque en muchos casos están clasificados como personal sin estudios, son casi siempre licenciados en Traducción, en Filología, en Derecho o en otras disciplinas afines y tienen una larga experiencia en su labor.

¿Por qué entonces tanto desmán? A veces se tiende a pensar que todo es cuestión de dinero pero, como dice la sabiduría popular, lo barato sale caro y no puede costar lo mismo el kilo de merluza si te venden el pescado entero, con cabeza y todo, que si te venden unos lomos limpios. Así, es hora ya de que el Estado ponga en la balanza el presupuesto del que puede disponer y la calidad que necesita y obre de la forma que más le convenga, dejando de tirar el dinero en intermediarios y delincuentes convertidos en traductores, pues con las cabezas, colas y espinas que tire no podrá ni tan siquiera hacer un buen caldo. Como parte del anecdotario colectivo, en el Ministerio de Defensa había en su día traductores de primera y de segunda, diferenciándose las funciones de estos últimos en que podían usar diccionarios (sic). Ya entonces aquella especificación recordaba a las novelas de Kafka, pero está claro que hoy un traductor no es en ningún caso un librito andante, sino un profesional capaz de documentarse sobre cualquier asunto, de reunir terminología sobre el campo del que se trate, de dominar desde los registros más cultos del lenguaje jurídico hasta los más vulgares del ladronzuelo detenido por hurto en mitad de la calle o de abrirse paso entre las sutilezas de la comunicación intercultural, y todo eso ha de tener su precio, como los lomos de merluza.

Los desmanes son tantos y de tamaño calibre que unos y otros empiezan a poner el grito en el cielo. Los jueces se quejan de la imposibilidad de llevar a cabo su trabajo de ofrecer justicia a todos por igual; los profesores universitarios se deprimen por no poder ofrecer a sus alumnos más que miseria e incomprensión; los trabajadores claman por la precariedad de sus empleos, y cada uno por su lado empieza a organizarse. La asociación Jueces para la Democracia ha denunciado en la radio y ante las cámaras de televisión la indefensión de los detenidos; numerosos profesores universitarios se han unido en la Red Comunica (vid. infra, p. 31) para mantener un observatorio de la traducción en los servicios públicos; los traductores de las Administraciones Públicas luchan por su dignidad a través de los sindicatos o de asociaciones como APTIJ y hasta las asociaciones de empresas de traducción serias como la ACT o la ANETI o de profesionales autónomos como ASETRAD han enviado sus comunicados a la prensa para hacer oír su voz. ¿Estamos quizás avanzando algo?

Podemos pensar que sí y es en parte gracias a la iniciativa de la Unión Europea, que ha empezado a constatar que los derechos de sus ciudadanos pueden verse vulnerados en sus Estados Miembros si no se busca una fórmula igualitaria para todos. De ahí, el Foro de Reflexión sobre Multilingüismo y Formación de Intérpretes organizado por la Comisión Europea y la propuesta de Directiva relativa al derecho a la interpretación y a la traducción. Por fin parece que se formulan recomendaciones sensatas, las mismas que tantas veces han formulado los propios traductores sin que nadie les quisiera escuchar: elijamos a los traductores e intérpretes con un título universitario, ofrezcamos una formación específica sobre aquellos aspectos legales o prácticos que el profesional deba conocer, creemos un registro de personas sin antecedentes penales, localizables y suficientemente cualificadas y, por último, formulemos unas normas de conducta que permitan a unos y a otros conocer sus funciones, sus derechos y sus responsabilidades (confidencialidad, seguridad, etc.).

En medio de todo esto ha nacido la Red de Traductores e Intérpretes de la Administración General del Estado, un proyecto en el que pretendemos recopilar toda la información existente, aunar fuerzas y sumar todas nuestras demandas, que en el fondo confluyen en una sola: que el Estado atienda a sus obligaciones poniendo a disposición de sus ciudadanos intérpretes y traductores cualificados conforme a las exigencias de los tiempos de profesionalización y globalización actuales, para que cuando cualquier persona se encuentre en el trance de un proceso penal no tenga que conformarse con las espinas.

Red de Traductores e Intérpretes de la Administración General del Estado
libroblancotraduccion@gmail.com

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