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COLABORACIONES


La reforma del lenguaje jurídico en España

A punto de acabar el año 2009, a propuesta del ministro de Justicia Francisco Caamaño, se aprobó un acuerdo para crear una comisión de modernización del lenguaje jurídico con la hercúlea tarea de sentar las bases «para que el carácter técnico y específico del lenguaje jurídico no esté reñido con su transmisión de forma clara y accesible al ciudadano». La loable iniciativa se integra en el Plan de Transparencia Judicial, aprobado por el Gobierno en 2005 para alcanzar el objetivo de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.

Esta comisión, adscrita a la Secretaría de Estado de Justicia y presidida por su titular, Juan Carlos Campo, con Víctor García de la Concha, director de la Real Academia Española, en la vicepresidencia, dispone del plazo de un año para presentar sus recomendaciones en un informe sobre la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho. El Ministerio espera que el informe permita identificar, entre otras cuestiones, los problemas lingüísticos básicos que las comunicaciones escritas, las vistas y las comparecencias ocasionan tanto a ciudadanos como a profesionales del Derecho.

El vocabulario jurídico, como el de cualquier disciplina técnica, puede ser muy abstruso. Pero no es la terminología específica —que evidentemente no va a dejar de utilizarse después del informe— la que dificulta la comprensión de muchos textos jurídicos, sino su deficiente redacción. Especialmente para los traductores, es la prosa confusa y farragosa la que suele plantear problemas y no tanto los tecnicismos. El objetivo de cualquier texto jurídico se supone que es lograr una precisión contundente, despejar cualquier ambigüedad y evitar las interpretaciones divergentes, cosa imposible en el lenguaje humano. Pero una mala redacción es la peor enemiga de la claridad.

En efecto, los razonamientos jurídicos son por naturaleza largos, minuciosos y repetitivos. Si a eso se añade una prosa descuidada y machacona, que concatena frases subordinadas ad nauseam, sin un respiro para el lector, trufadas de gerundios abusivos, errores de puntuación, sintácticos, gramaticales y hasta ortográficos, arcaísmos heredados y formulismos desfasados, el engendro está servido. En ocasiones, leyendo el fallo, no hay manera de saber si se ha ganado o perdido. Puede que el ego jurídico no sea totalmente inocente. No todos los autores parecen estar al corriente de que un texto incomprensible no les va a hacer parecer más sabios, sino que, por el contrario, denota más bien su incapacidad para explicarse.

El problema de la mala calidad redaccional rebasa por supuesto el ámbito estrictamente judicial y jurídico y afecta a todos los ámbitos administrativos. No podrá atajarse solamente con las muy necesarias recomendaciones que se propongan a raíz de este informe. La triste realidad es que solo un porcentaje ínfimo de la población española es capaz de redactar correctamente, de modo que habría que empezar por reformar en profundidad el sistema educativo, devolviendo la prioridad al uso correcto del lenguaje, tanto escrito como oral, que actualmente se considera una cuestión de detalle para maniáticos y empollones.

Y es que la prosa jurídica puede ser espeluznante. Veamos algunos ejemplos tomados, créanme, bastante al azar:

Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. X, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

En tres líneas, el más alto tribunal español acumula una falta de ortografía, un hipérbaton atroz que sacude todo el párrafo y un uso inapropiado del gerundio. Quizá después del informe, esta fórmula pueda quedar así:

Como Secretario certifico que la anterior sentencia ha sido leída y publicada en audiencia pública de la Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrada el día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. X.

La calidad redaccional parece ser directamente proporcional a la altura del órgano jurisdiccional. Así, en una sentencia de un juzgado de primera instancia de la Comunidad Valenciana, se puede leer este párrafo, de espasmódica puntuación:

Ahora bien, en el Sistema de propiedad horizontal es obligación de los propietarios, y esencial, ya que de su adecuado cumplimiento depende el funcionamiento ¿Y por qué no? La existencia de dicho registro de la propiedad, la de contribuir al sostenimiento de los gastos comunes.

O este otro sin pies ni cabeza:

Lo cierto es que la ubicación de la parcela se encuentra dentro de la Comunidad, concretamente está dentro de la tercera fase de la Urbanización, coincidiendo en las dos inmatriculaciones la misma descripción, con la excepción de que de la que trae causa los demandados no figura la mención expresa de sometimiento a los Estatutos de X, lo que no evita que la parcela esté dentro del perímetro de la Urbanización, pertenezca a la misma y beneficiándose de los servicios comunitarios, cuya liquidación se reclama y no entrando esta Juzgadora a realizar valoración alguna respecto a la «irregularidad» que se produjo al cancelarse con posterioridad la finca número Y, que corresponde a la parcela de los demandados número Z, manteniéndola con la misma descripción pero sin sujeción a los estatutos.

Socorro. Por otra parte, expresiones como «otrosí», «en otrosí» u «otrosí digo que» son arcanas para los no iniciados; otras, como «suplicar una sentencia» denotan una mentalidad de antiguo régimen. Ubicuo resulta el abuso y mal uso del gerundio, como en esta otra perla:

[…] las partes realizaron las alegaciones que estimaron oportunas, ratificándose en sus peticiones iniciales, quedando las actuaciones para sentencia […] resultando procedente en virtud del principio de la carga de la prueba recogido en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la desestimación íntegra de la demanda.

Y así podríamos seguir hasta completar una verdadera antología del disparate.

Esperamos que las conclusiones del informe surtan los efectos deseados. Urge. 

Mónica García Soriano
Comisión Europea
monica.garcia-soriano@ec.europa.eu

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