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TRIBUNA


Texto de la conferencia pronunciada por la autora en el Departamento de Lengua Española de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea, Bruselas y Luxemburgo, los días 7 y 8 de septiembre de 2009.

Teorías y utopías: hacia nuevos vocabularios y prácticas de la traducción institucional1

Dice Richard Sennett en una obra titulada El respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad (2003: 70) que «los actos que vehiculan el respeto —los actos de reconocimiento de los otros— son exigentes y oscuros», y el aserto se antoja un buen acicate para reflexionar sobre los retos actuales de la traducción institucional, una actividad cuyo compromiso en cuanto al respeto viene impuesto en nuestros tiempos por partida doble: por un lado, por cuanto las instituciones para las cuales opera la traducción tienen contraído en nuestra época un compromiso expreso con el respeto de la diferencia y la diversidad cultural; por otro lado, por cuanto la propia traducción, como nos recuerda James Boyd White en una obra titulada Justice as Translation, «comporta la obligación de respetar al otro (la otra lengua, al otro individuo, el otro texto) a la par que exige que nos reafirmemos, y que reafirmemos nuestros códigos, en relación con este hecho; precisa, en efecto, crear un marco en el que dar cabida a lo propio y lo ajeno, a lo familiar y lo extraño» (White 1990: xviii; nuestra traducción); una convicción, dicho sea de paso, que permite a este autor postular la traducción como metáfora y paradigma de pensamiento ético-político.

Prevenidos por Sennett de la dificultad que entraña dar con tan arcanas fórmulas, y habida cuenta de la claridad y el vigor con el que el imperativo de equivalencia y total igualdad heredado pesa aún sobre todas esas prácticas que, a pesar de su heterogeneidad, por su oficialidad caen dentro del marbete de traducción institucional, no parece, pues, en absoluto gratuito recapacitar sobre si es posible conjugar en su ejercicio ambas peticiones, el reconocimiento de los otros y el logro de la identidad, y hasta qué punto, y de qué manera, cabe articular en y a través de la traducción esos exigentes y oscuros actos de respeto y reconocimiento, o siquiera la igualdad, en nuestros tiempos, los tiempos de la globalización, la hibridación y la interculturalidad, pero también los de las desigualdades entre globalizados y globalizadores, el pensamiento único, el capitalismo feroz y el neocolonialismo cultural; los tiempos de los discursos monopolísticos a pesar del monopolio del discurso de la pluralidad; los tiempos de la incomunicación, en definitiva, en la era de las comunicaciones. Con este panorama social transformado y complejo como telón de fondo, y a partir del convencimiento de que es preciso repensar nuestras definiciones y normas actuales (que, aparte de no ser eternas ni inmutables, ni siquiera agotan las que ha tenido la traducción durante la historia), so pena de que la traducción se estanque en debates obsoletos y fórmulas atrofiadas, nos proponemos, centrándonos en el ámbito particular de lo institucional, sumarnos a todo un caudal de reflexión traductológica comprometido con la teorización de nuevas éticas de la responsabilidad, a fin, en último extremo, de adecuar las actuales prácticas a los retos distintivos que plantean las sociedades contemporáneas.

A propósito de ellas dice Bhikhu Parekh en Repensar el multiculturalismo (2005: 502):

Las sociedades multiculturales plantean problemas que no tienen parangón en la historia. Deben encontrar la forma adecuada de reconciliar las legítimas demandas de unidad y diversidad y lograr la unidad política sin llegar a la uniformidad cultural. Deben ser inclusivistas sin ser asimilacionistas, cultivar entre sus ciudadanos un sentimiento común de pertenencia, respetando a la vez sus legítimas diferencias culturales y cuidar de las identidades culturales plurales sin debilitar la identidad compartida y preciosa de la ciudadanía.

Y, a pesar de que lo que se dice de «las sociedades multiculturales» podría sin la menor variación decirse también de «la traducción en las sociedades multiculturales», lo cierto es que los compromisos que recoge este autor están, cuando no reñidos con él, a años luz del discurso social que configura la traducción institucional, donde la equivalencia absoluta, la igualdad total, la objetividad o la neutralidad se mantienen aún como exigencias inapelables, como máximas a las que toda traducción institucional se pliega o debería plegarse. No en vano, este listado de expectativas que constituye el modelo hegemónico de traducción en los organismos internacionales y que es desde luego el normativo en la traducción de legislación internacional (como muestra y garantiza el artículo 33 de la Convención de Viena, que presupone la identidad entre las distintas versiones de los tratados) goza de tal fuerza que extrapola su poder y su carácter vinculante al resto de encargos de traducción en y para las instituciones.

A pesar de su grado de aceptación, no obstante, bien pudiera ser que estuviéramos ante valores más quiméricos que realizables. En este sentido, y aun dejando de lado la denuncia apuntada en el plano ontológico en relación con el ámbito institucional en sí por autores como Hermans (2001), Garre (1999) o Gémar (2002) acerca de la imposibilidad de ansiar, cuanto más conseguir, la igualdad en la traducción, una actividad por naturaleza transformadora, el marbete aparentemente compacto, sin fisuras, diamantino, de la traducción institucional encubre hoy una inmensa variedad de circunstancias y prácticas que resquebrajan la bondad y la aplicabilidad directa de ese modelo unitario: la Routledge Encyclopaedia of Translation Studies integra en esta categoría la traducción realizada en organismos internacionales y supranacionales, en gobiernos nacionales, instituciones, servicios públicos (especialmente en los ámbitos institucionalizados de la justicia y la salud) y las traducciones para ONG, no sin advertir que hay autores incluso que defienden, no ya que la traducción es en sí misma una institución (una práctica institucionalizada que se debe a un pacto social tácito), sino que toda traducción es institucional a fin de cuentas (Kang apud Baker y Saldanha 2009: 141). En cualquier caso, en virtud de la abigarrada realidad discursiva y textual que acogen instituciones tan distintas como las citadas, y dado también que la diversidad es la característica fundamental de esas comunidades que se dicen multiculturales, de esos escenarios transnacionales, híbridos, asimétricos, donde trabaja actualmente el traductor institucional, marcados por la diferencia y la disparidad de parámetros, conocimientos, cuotas de poder y mentalidades, parece necesario revisar los términos de la traducción institucional y recapacitar sobre su fundamentación e implicaciones, por dos motivos y en dos acepciones: en primer lugar, porque si desea seguir manteniendo su compromiso de servicio a la sociedad (cambiante), compromiso que hace y que exige que sus prácticas sean, por naturaleza, también evolutivas y adaptables, en un panorama social como el actual, tan transformado, la traducción institucional necesita también hoy replantear sus términos y condiciones; en segundo lugar, porque, como recuerda Hermans (2007), necesitamos ampliar nuestras categorías, enriquecer y diversificar el vocabulario traductológico heredado e intentar contrarrestar su posible reduccionismo y sus limitaciones.

Y esto último es vital porque, como enseñan pensadores como Foucault o Niklas Luhmann, los términos con los que hablamos de nuestra actividad y nuestras prácticas no solo las describen, sino que las institucionalizan de un determinado modo, las orientan y las rigen; generan expectativas que pasan a convertirse en rasero de evaluación, en el veredicto de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es legítimo o fraudulento; crean, pues, y también, por inversión, niegan potencialidades. De hecho, en situaciones difíciles y complicadas como las que deben encarar hoy en día los traductores institucionales, el discurso al uso, más que una guía y ayuda para la resolución de problemas, bien podría ser imposibilitante. A modo de ejemplo, baste recapacitar sobre el tradicional valor de fidelidad y exactitud que en muchas ocasiones los códigos de conducta suscriben y exigen. En situaciones marcadas por las asimetrías de todo tipo o por los conflictos que, al introducir la multiplicidad de puntos de vista en la escena, hacen de cualquier fidelidad un valor discutible, lejos de ser pauta para la acción responsable dicho imperativo bien puede conducir a la inacción, a la parálisis, atragantar y agarrotar a quien la observa o desea observarla como aquella espada que pendía de un hilo sobre la cabeza de Damocles.

De ahí la importancia de incidir en el discurso, desconstruirlo y mostrar sus contradicciones como paso previo a la búsqueda de nuevas fundamentaciones; de ahí la necesidad de ampliarlo, de acuñar o estandarizar neologismos que capten, expliquen e iluminen nuestra práctica traductora, de poner nombres a fenómenos hasta ahora innombrados, de institucionalizar denominaciones para soluciones concretas, comportamientos traductores distintos, refinados, éticas actualizadas que traten de adecuar la (reflexión sobre la) traducción, en nuestro caso la traducción institucional, al compás de los tiempos. Así, por ejemplo, ante la exigencia presuntamente categórica, incuestionable, de que la traducción debe ser fiel, el traductor institucional puede preguntarse, como también anima a hacer Roberto Mayoral (1999) respecto de la traducción jurídica, otro campo dado a las grandes pero oscuras palabras, «¿fiel a qué?»: ¿a las palabras o al mensaje?; ¿a la intencionalidad del autor o al marco de referencia en que se inscriben?; ¿a los intereses de la comunicación o a la norma de traducción vigente?; ¿al papel que de él se espera o al que en conciencia y por el contexto debe desempeñar realmente? A renglón seguido, a fin de actuar responsablemente, tal vez haga bien en blandir —en sustitución de esa fidelidad que se demuestra precaria entre tantas otras encontradas y en conflicto— armas y enseñas más certeras o recomendables: por ejemplo, y según los casos, la noción de función (como sugiere la teoría del skopós), la de la lista de prioridades (como recomienda la teoría de la relevancia) o, por ascender en capacidad metafórica y con grados distintos de margen de maniobra, la figura del traductor como (re)creador o la del difícil equilibrismo de ese funambulista al que nadie quita los ojos de encima, pero más por suspicacia que por admiración, como a la espera del resbalón previsible: por decirlo con Umberto Eco (2008: 25) y Daniel Simeoni (1998:19) respectivamente, la traducción (institucional) como negociación y como campo social heterónomo, actividad sometida a las reglas de otros.

Si bien muchas pueden ser las ayudas y las teorías para esa labor neológica, teórico-utópica, con la que aportar elementos de juicio que ayuden en la búsqueda de soluciones sopesadas, sofisticadas, tal vez a primera vista no evidentes, como las que requieren los también difíciles bretes a los que se enfrenta la traducción institucional actualmente, en estas páginas acudiremos a las conceptualizaciones que sobre la traducción manejan muchas otras disciplinas. En efecto, tal vez porque en nuestra era transnacional, post-babélica, de los migrantes, los viajeros y los desplazados, la traducción es una necesidad continua, la condición vital por excelencia de las identidades nómadas y diaspóricas de nuestros días, en numerosos ámbitos del saber se aprecia hoy un marcado giro traductológico, un inusitado interés por la traducción. Y es que esta no solo muestra un prisma explicativo recomendable —dice Mary Snell-Hornby (2006: 169) que en el mundo actual, más necesitado que nunca del diálogo internacional e intercultural, la traducción ofrece una atalaya singularmente privilegiada—, sino que además, en la medida en que es también, como sugiere Michael Cronin (2006: 10), una forma de pensar, ser y actuar en el mundo, en diversos ámbitos disciplinares se antoja y presenta como una respuesta interesante para resolver los actuales problemas, como una posible clave para la convivencia y el avance de las sociedades. Curiosamente, y de ahí nuestro interés por rescatarlas, las definiciones de traducción que manejan estas propuestas reconocen para los traductores un papel, una importancia y unos márgenes de actuación notablemente mayores de los que se (le) conceden y atribuyen en el ámbito institucional. En él, a pesar de ser tan abundante y necesaria, la traducción permanece como una realidad olvidada, infrarrepresentada e infravalorada: en términos asociativos, sigue vigente la figura del fiel copista de otros tiempos (Mayoral: 2002); la metáfora del procesador de textos que sugiere Stecconi (2002: 5), más actualizada y en línea con las circunstancias de nuestra era, en la que la traducción, si no necesariamente mecánica, sí es una actividad muy mecanizada; y la descripción de inspiración colonial que ofrece Snell-Hornby (2006: 172) del transcodificador sin autoridad ninguna que proporciona material en bruto para su posterior procesamiento por parte del verdadero especialista. Comoquiera que fuera de nuestro ámbito se nos encomian más capacidades y bazas que las necesarias para el trueque maquinal de palabras, y se nos detecta no solo inmersos sino con papel protagónico en debates de más calado y profundidad que los que se perciben en la superficie del mar de las palabras, conviene traerlos a colación.

El ámbito de la antropología es uno de los que han experimentado el giro traductológico mencionado, fundamentalmente a raíz del debate conocido como Writing Culture que vapuleó durante la década de los ochenta las bases de la disciplina. Haciéndose cargo de los postulados de la crisis de la representación, la antropología aceptó la imposibilidad de describir otras culturas de manera neutral, imparcial y desinteresada, y cuestionó el papel del observador externo independiente que pudiera retransmitir los modos ajenos de manera objetiva y exacta. En efecto, la descripción siempre está mediada por el lenguaje, y el lenguaje siempre porta un marco de referencia, unas coordenadas culturales concretas. Con estas premisas, y a fin de combatir el universalismo y etnocentrismo que arrastra la representación de lo Otro que no cuestiona los sesgos de los vocablos y la mirada de quien la acomete, son muchos los antropólogos que abogan por la traducción como disposición necesaria para emprender la labor etnográfica: para «provocar la irritación de nuestros pensamientos» y «entreabrir una palabra para hacer salir el o los pensamientos que cobija», como sugiere Marc Augé (1998: 14), o para «tomar conciencia, siempre tardía, de los límites, las significaciones sedimentadas, las tendencias a pulir las diversidades», como apunta James Clifford (1999: 56). Como se comprueba, pues, la traducción no es el medio por el que crear equivalencias, sino precisamente la herramienta con la que detectar las zonas de inequivalencia, un instrumento fundamental para el reconocimiento y el pluralismo cultural. De hecho, se postula como una técnica básica en la que Geertz denomina «descripción densa», la (re)presentación de los fenómenos culturales con toda su riqueza e implicaciones, de manera explicativa, comparativa y contextualizada.

Por lejana que parezca, esta visión de la traducción no es irrelevante para la traducción institucional, entre otras cosas porque permite reflexionar sobre los sesgos, la inscripción cultural y las raíces discursivas, políticas e ideológicas de unos enunciados que a menudo se tienen por universales, aparentemente surgidos de algún lugar extraterritorial, sin procedencia ni filiaciones, como parece presuponerse de los discursos emanados de las instituciones supranacionales. En este sentido, el debate antropológico, al recordarnos que no hay lenguaje que no esté emplazado, que todo enunciado está vinculado a discursos o narrativas más amplias que remiten a puntos de vista e intereses particulares, nos ayuda a ver la genealogía de esos conceptos y textos presuntamente objetivos, diáfanos o globales a los que se enfrentan los traductores institucionales. Es más, si tras eso que llamamos globalización hay globalizados y globalizadores, nos permiten también preguntarnos qué implicaciones arrastran esa fidelidad y literalismo, supuestamente neutrales, que parecen de uso obligado en las instituciones. En situaciones asimétricas como las actuales, ¿no estaremos haciendo de la traducción una instancia privilegiada para los sutiles procesos de lo que Ramón Garrido Nombela, con Collins y Glover, denomina manufacture of consent (2004: 353)? ¿Es que no hay más fórmulas de equivalencia que la literalidad, la importación, la cesión a la interferencia, ni ha de cumplir la traducción más obligaciones que la reproducción de los términos originales? ¿Acaso no tiene la traducción responsabilidades sociales, para con todas las sociedades que concurren?

Por otra parte, y también en línea con lo denunciado respecto de la práctica antropológica clásica, en el caso del ámbito institucional resulta especialmente curioso y contradictorio que, a pesar de los ideales que han asumido como parte de su agenda política las instituciones, que hoy pregonan con sonoros lemas su compromiso con la diversidad cultural, la búsqueda de la unidad en la diversidad, el fomento no solo del multilingüismo, sino también del multiculturalismo y del diálogo intercultural, la traducción en ellas a menudo se vea obligada a actuar, en cumplimiento del modelo imperante, como apisonadora de esas diferencias que su ejercicio tan extraordinariamente descubre. Así, a título meramente ilustrativo, no deja de ser paradójico que por defecto se espere que la traducción, una actividad en el fondo intercultural por cuanto nace del Otro, y que hoy en día opera en situaciones marcadamente multilingües y multiculturales, por ejemplo en comisarías, juzgados y hospitales donde la diferencia es la norma y los riesgos de malentendido frecuentes, deba actuar como instancia de reproducción monolingüe y monocultural, como mecanismo asimilista y proteccionista, aduana lingüística, terminológica o ideológica, menos al servicio de la comunicación y del entendimiento que al de la corrección del sistema. De la misma manera, no deja de ser paradójico que, en agendas de construcción cultural o nacional en las que la traducción institucional suele estar llamada a arrimar el hombro, sin ir más lejos en esos casos que se acogen a los que Koskinen (2000: 51) denomina «equivalencias existenciales» por ser más importante el hecho de que la traducción exista que la forma que toma o cómo se hace, la especificidad del otro y del mensaje esté supeditada a la reafirmación de lo propio. Por apuntar un último ejemplo, no deja de ser paradójico que en el contexto supranacional, tan diverso, se ansíe y practique la uniformidad, a ser posible en forma de repertorios de equivalencias directamente procesables, como si la ubicuidad de los términos fuese garantía del universalismo y como si la uniformidad, partiendo como parte de desigualdades, en verdad fuese fruto de la conciliación y de equidistancias, y en ningún caso la imposición o el acatamiento tácito de los términos del más fuerte.

En cualquier caso, y en consonancia con lo advertido por los antropólogos, en la traducción institucional también hay razones para pensar que el decreto de correspondencias interlingüísticas no supone la igualdad de contenidos ni de interpretaciones. Así lo sugiere, por ejemplo, en un estudio en el que analiza la aplicación de la legislación internacional en materia de derechos humanos en distintos puntos del planeta Mariane Garre (1999: 155-171), quien constata que en los distintos continentes términos como «libertad de prensa», «derechos de los niños», «paternidad responsable» o «juicio justo», a pesar de gozar de equivalencias sancionadas, responden a definiciones muy dispares. A pesar de su apariencia universal, los derechos protegidos por la legislación sobre derechos humanos, son, pues, contestados: las diferentes mentalidades no coinciden a la hora de determinar su contenido. De ahí que, por decirlo con Koskinen (2000), pueda pensarse que la equivalencia entendida en estos términos no es sino una «ilusión institucional» en la que la similitud no pasa de lo superficial. Por eso hay también quien aboga, sin ir más lejos la propia Garre, por formas de traducir que, en lugar de obviarlas o meramente posponerlas, descubran y saquen partido de las diferencias. De hecho, a partir del concepto antropológico de Geertz, autores como Appiah y Hermans (2007) abogan por prácticas de traducción «densas», explicativas, mediadoras, que a través de glosas intra- o extratextuales fomenten el conocimiento y el diálogo interculturales. Este concepto, dicho sea de paso, no está lejos de la petición que formula Luis González cuando, a partir de la constatación de que «[e]l español nace, en forma de glosas, con la traducción» (2005: 280), invierte los términos para solicitar de los traductores, concretamente en el campo de la neología, que colaboren con sus aportaciones en la preservación y desarrollo del idioma, que hagan de la traducción un foro de debate y conviertan la reflexión traductora en conocimiento útil para la sociedad. La traducción (institucional) puede hacer más que decretar igualdades ilusorias; puede también alertar sobre las diferencias y explicar incluso por qué, a pesar de estas, en cierto contexto pueden darse por equivalentes determinados elementos de otro modo dispares.

Como en la antropología, en la sociología se presencia un «giro traductológico» similar. Las sociedades, las culturas, pasan a verse como procesos de semiosis continuos, negociación de códigos disímiles, significados siempre en transformación que avanzan gracias a continuos actos de traducción, metáfora del encuentro cultural (Bachmann-Medick 2006: 33) o de la representación del otro en distintas instancias o productos culturales (museos, obras cinematográficas, musicales, artísticas, etc.). Ciertamente, si por lo general la traducción suele asociarse con propósitos y fines idílicos, la traducción así entendida no tiene por qué resolverse con finales felices. Como dice Cronin en una advertencia breve pero elocuente, la traducción no es benigna per se (2003: 142). En función de cómo se realice, puede ser nexo de unión, instrumento de comunicación y ocasión para el conocimiento, pero también puede ser imposición, fuente de malentendidos, causa de exclusión, incomunicación y desigualdades.

Ahora bien, para los sociólogos el concepto de traducción no solo sirve de advertencia. También en este ámbito encuentra, en otra de sus acepciones, fundamentación para postularse como disposición ideal para obrar la construcción de nuestras sociedades: diversos autores propugnan las zonas de traducción, los espacios de frontera, como lugares de encuentro desde los que cabe afirmar(se) sin incurrir en la negación ni en la aniquilación simbólica de otras identidades. El traductor, como ser fronterizo, tiene la tarea de «entender, no censurar; interpretar, no legislar; abandonar el soliloquio en beneficio del diálogo» (Bauman 2002: 87) y el potencial de «tejer lazos de unión, disipar malentendidos, hacer entrar en razón a unos, moderar a otros, allanar, reconciliar [...]. Su vocación es ser enlaces, puentes, mediadores entre las diversas comunidades y las diversas culturas» (Maalouf 2001: 12-13).

En el campo de la traducción institucional tienen predicamento y correspondencia todas estas reflexiones. De la misma manera que las sociedades avanzan a través de la traducción, según Koskinen (2008: 3) las instituciones no solo traducen, sino que, al traducir, se traducen: se constituyen, reproducen y perpetúan textualmente. Con ello, además, constituyen, reproducen y perpetúan imágenes preexistentes de las diversas colectividades implicadas, o bien las impugnan y subvierten. Insertas en esta tarea de formación de identidades, su labor nunca es inocente. De hecho, la neutralidad que se presupone y reclama de la traducción institucional se convierte, por esta misma razón, en una misión imposible: para bien y para mal, la traducción institucional toma partido, se pronuncia a favor o en contra de cierta visión de los pueblos y colectivos, y apuesta desde lo lingüístico por determinado orden social y de valores. Cierto, por lo general la traducción institucional se asocia con propósitos loables, como preservación de la igualdad simbólica, como concesión al otro o como ayuda a la difusión del mensaje. Con todo, lo cierto es que, tanto a través de la elección de los términos como en virtud de la estrategia traductora que decida emplearse, también corre el riesgo de alimentar los malentendidos y la sospecha de ser instancia y motivo de interpretaciones prejuiciadas y de rechazo, de favorecer la alienación e incluso las exclusiones: como parece sugerir el caso que aporta Moustaui Srhrir (2007), el de la traducción de una Guía de salud materno-infantil publicada por la Comunidad de Madrid, una versión impecable en árabe estándar (Al-Fusha) destinada a su divulgación entre una población formada en el 95 % por marroquíes con grado de alfabetización escaso, la traducción institucional tal vez deba ampliar y reorientar los tradicionales debates sobre la equivalencia e incluir parámetros de evaluación distintos de los habituales (exactitud, corrección, precisión terminológica, etc.).

En este sentido, desde la visión de la traducción (institucional) como mecanismo constructor de identidades, cabe también advertir que, en muchas ocasiones, la literalidad reclamada y practicada en el ámbito institucional, más que garantía de la transmisión del mensaje, es una peligrosa arma que alimenta los recelos interculturales. De hecho, el trasvase automático de los patrones textuales y retóricos disímiles y desconocidos de culturas que se perciben lejanas puede generar lecturas harto desfavorables. Así, Herrero (1995), por ejemplo, acredita la suspicacia que despiertan los niveles de redundancia y repetición típicos en los arabófonos cuando se conservan en la traducción en los tribunales españoles; en el mismo par de lenguas, Alkhalifa (2000) advierte, ilustrándolo con el significativo ejemplo de los certificados de soltería, sobre la incredulidad que pueden suscitar, de no explicarse, las asimetrías en la construcción y contenidos de ciertos tipos textuales. No obstante, aun cuando el intercambio se produzca entre culturas que se tienen por próximas, también acecha el peligro de incomprensión, malentendido o choque: Koskinen (2000: 86) achaca parcialmente el euroescepticismo finlandés a políticas de traducción literalistas y alienantes; a partir de la traducción al inglés de una campaña de comunicación institucional emprendida por una compañía francesa con motivo de la liberalización del mercado eléctrico, que recogió críticas por exhibir el que se interpretó como un ostentoso talante galo, en realidad efecto del literalismo, Wagner (2002: 39) comprueba cómo la traducción, aun sin quererlo, se ve condicionada por los estereotipos existentes, y, aún más, puede alimentar inconscientemente esas ideas preconcebidas sobre el otro y, por ende, el rechazo.

Por estas razones, al igual que en la sociología se aboga por la frontera como localización ideal para el diálogo intercultural, hoy en día en nuestra disciplina, hasta en ámbitos aún muy rígidos y formalizados como pueden ser la traducción institucional o la traducción jurídica, también se aboga por prácticas que tejan conexiones, que respondan a la definición de mediación intercultural, que como estrategia global y en la propia factura de los textos se comprometan con la conciliación de universos secantes. El traductor emerge así como pontifex, como hacedor de puentes, preocupado no solo por la igualdad, por mantener el mensaje original, sino también por las diferencias, por descubrir los vacíos de la cultura de llegada, por respetar los límites de la aceptabilidad, por cuidar cómo se recibe dicho mensaje. Las propuestas oscilan desde la reivindicación de nuevos trujamanes que medien y expliquen, especialmente en lugares conflictivos donde las culturas coexisten pero separadas por el desconocimiento (López 2000: 31-2), hasta las llamadas a incidir en el plano expresivo y de la retórica (Alcaraz / Hughes 2002: 153), más obviados de lo que tal vez sería aconsejable en un paradigma que por su veneración de la precisión referencial descuida lo que el lenguaje tiene de rutina, memoria, afecto, identidad y sentimiento de pertenencia; pasando por traducciones que crean territorios inclusivos, al optar por lenguajes programados para eludir la ofensa (por ejemplo en la política de comunicación y traducción de ONUSIDA) o para integrar en la denuncia (como en la política que, según explica Turrau, pone en marcha Amnistía Internacional); y traducciones que, en lugar de traducir en la igualdad, adaptan y localizan el mensaje institucional, como esas traducciones 2.0, cercanas al ciudadano, que reclama Koskinen (2009) o las que, desde convicciones similares a la que lleva a Strandvik a recordar que «hoy en día para la mayoría de los fines no existe un Público Europeo» (2002: 460), dan a luz textos institucionales orientados, «localizados». Se trata, en definitiva, de propuestas que cabría concebir alineadas con esa necesidad fundamental que detectaba Ricoeur (2004) en la traducción (extensiva a la institucional) de crear para el otro un clima de «hospitalidad lingüística».

Claro que tal vez bastaría hablar de «hospitalidad» a secas de hacer caso a la visión actual de la traducción en la teoría política y en el campo de la resolución de conflictos, otras disciplinas en las que el giro traductológico ha hecho mella, generando una espectacular revalorización de la cotización de la actividad traductora. No hace falta decirlo, la visión de la traducción en este terreno ha sido tradicionalmente muy negativa, como fuente habitual de hostilidad(es) y discordia: baste citar la atribución de la responsabilidad del lanzamiento de la primera bomba atómica a una mala traducción. Sin embargo, ahora en este campo la traducción emerge como herramienta de resolución de conflictos, no solo por cuanto una serie de acontecimientos trágicos como el 11-S han puesto de manifiesto la urgente necesidad de traductores y expertos lingüísticos al menos en los organismos que se encargan de su prevención, en los servicios de inteligencia (Apter 2005: 12, entre otros autores, se hace eco de la alarmante escasez de personal formado en lenguas «exóticas» para efectuar misiones de infiltración y vigilancia que detectó la CIA y que saltó a las noticias internacionales), sino también porque la figura del traductor ha resurgido en este campo asimilada a figuras conciliadoras tan necesarias en nuestros días como pueden ser los «facilitadores», los «mediadores» o los «expertos en lingüística aplicada a la paz», profesionales hoy en día indispensables para mantener el frágil equilibrio político del planeta.

Efectivamente, para quienes parten de la certidumbre de que el conflicto permea la arena política y la vida diaria en virtud de la falta de intercomprensión de los lenguajes que utilizamos, a la que se suma como agravante el desconocimiento o el desdén de tal circunstancia, la traducción se antoja una clave fundamental para el entendimiento y el acuerdo, ya concebida genéricamente como negociación entre formas de entender la realidad distintas, ya como técnica negociadora concreta en la labor interlingüística: así, Matos define entre las obligaciones del applied peace linguist la de acometer the translation of judgmental vocabulary and phraseology into nonjudgmental, peace-promoting equivalents (2006: 165). De hecho, dice por ejemplo LeBaron que los buenos facilitadores están siempre alerta para descubrir esos momentos en los que se necesita la traducción y la explicación como herramienta para convertir enunciados con componente metafórico culturalmente equívocos en ocasiones para fomentar el conocimiento mutuo, para facilitar el aprendizaje intercultural (2002: 198). Claro está, como en los casos anteriores que hemos citado, la traducción así entendida supera con mucho su definición más mecanicista, y trata entre otras cosas de eludir los peligros de la «violencia política inherente a la traducción como transcodificación» que detecta la célebre teórica poscolonial Gayatri Spivak (2007: 267).

La visión que nos presta la teoría política y el ámbito de la resolución de conflictos de la traducción como negociación es sumamente iluminadora para entender las prácticas en el ámbito institucional, donde las versiones sancionadas como equivalentes responden a intensas políticas de pactos y compromisos en los que la ambigüedad y la polisemia son instrumentos clave, al margen de lo que regule la legislación para la interpretación de instrumentos multilingües y como ejemplifica de manera paradigmática la citadísima resolución 242 de las Naciones Unidas, que, inserta en el conflicto palestino-israelí, dio por equivalentes la indefinición de la versión inglesa, donde se hablaba de Withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent conflict, y la concreción de la versión francesa, Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit. Fiel reflejo de las condiciones en las que se entabla la negociación en el mundo de hoy, la traducción (institucional) deja entrever diferenciales de poder. Así, a veces sirve de barómetro de evidentes relaciones de hegemonía y subordinación; otras, es el locus donde las culturas miden sus fuerzas, una ocasión para tratar de subvertir las jerarquías impuestas: como revela de manera extraordinaria la traducción de Dominion of Canada por Puissance du Canada en la que inicialmente se denominó Acte de l’Amérique du Nord britannique y después se institucionalizó como la Loi constitutionnelle de 1867, la traducción es a veces todo un órdago, y siempre un acto político en toda regla.

De todos modos, la definición de traducción (institucional) como negociación no solo permite entenderla y entender su complejidad con más medios que el veredicto maniqueo, siempre injusto y reduccionista, de lo bueno y lo malo. Como premisa de partida, además de lupa para la valoración retrospectiva, es asimismo antorcha iluminadora, guía para ejercitarla. Saber que la traducción (institucional) es negociación ayuda a hurtarse a servidumbres unilaterales ciegas, desaconseja prestar lealtad a amos que la reclaman a costa de muchas más traiciones encubiertas. La traducción (institucional) es negociación en términos semejantes a como la entiende Umberto Eco, como la posibilidad de decir únicamente y obligatoriamente casi lo mismo (2008: 119), porque en el cambio de lenguas y de lectores meta concurren formas de ver y nombrar la realidad distintas que hay que concertar, puntos de vista diferentes que han de poderse expresar en y a través de las traducciones; una pluralidad que por ejemplo logra la magnífica correspondencia recogida en IATE entre language preservation y «defensa de la lengua», conceptos semejantes pero no iguales, equivalentes a pesar de y en la diferencia. Traducir es siempre pactar entre vocablos, discursos, culturas, valores, expectativas, ideologías y retóricas diferentes, pero quizás hoy más que nunca, pues en los contextos en los que opera la traducción institucional, dichas variables presentan tal heterogeneidad, tales desfases y abismos que las modalidades de traducción literales y minimalistas que hemos heredado del pasado tal vez solo ayuden a la estrepitosa caída en lo insondable.

La traducción institucional es también negociación por cuanto, aunque por efecto del olvido a menudo se tienda a pensar que emerge como por arte de magia de alguna tierra de nadie, es una actividad social que se desarrolla en contextos asimismo sociales, por individuos concretos, que, como sujetos particulares, negocian y ajustan en su ejercicio lealtades e identidades diversas. En este sentido, aunque los traductores institucionales tradicionalmente se han conceptualizado como peones anónimos al servicio de la institución, sin más responsabilidad, adhesiones ni atribuciones que las que por contrato asumen, ni más credos que honrar que los de la casa para poder ser considerados neutrales, lo cierto es que, como no podía ser de otra manera, y como estudia Koskinen (2008: 116) en el caso de la UE, su identidad y afectos son múltiples y contrapuestos. De hecho, por extrapolar la reflexión de Sandra Hale (2005) sobre los intérpretes, no sería descabellado hablar de la crisis de identidad de los traductores institucionales, un tema interesantísimo que requeriría más investigación por lo iluminador que puede resultar el reconocimiento de los factores en juego y en conflicto a la hora de tomar, en el día a día, decisiones traductoras responsables.

Por otra parte, la traducción institucional es también una actividad social en el sentido de que está socialmente regulada y es socialmente transformable. En ella, el traductor de turno, como representante del gremio, negocia y pacta con otros agentes sociales las posibilidades y límites de la traducción misma. Evidentemente, los traductores han de acatar en esa negociación pactos previos, obligaciones y deberes contraídos previamente, pero también tienen la posibilidad de actualizar las cláusulas de ese contrato social tácito que regula lo que es una versión aceptable y, es más, en virtud de un contrato social más amplio, la obligación moral para con el mundo en el que trabajan y viven, tienen la responsabilidad de acudir a la mesa de negociación con voluntad crítica y sentido de la justicia. Y, desde este punto de vista, también la traducción institucional es negociación y pacto, pues, como todos los pactos, es históricamente revisable. Así queda de manifiesto, de hecho, si volvemos los ojos a las historia, en la que, antes de que se instalara en la conciencia moderna esa que Foucault llamaba la obsesión por la semejanza, la traducción institucional se ejercía con una definición y propósitos mucho más amplios de lo que hoy es moneda corriente, sin ir más lejos y de manera paradigmática durante la época alfonsí en nuestra Escuela de Traductores de Toledo. Con todo, lo mismo también puede adivinarse si, en lugar de idolatrar hasta la reificación normas que bien podrían ser más restringidas y locales que lo que hace pensar su uso en organismos internacionales, miramos a otros contextos distintos del ámbito de vigencia de los modelos dominantes, por ejemplo esas «otras» teorías y prácticas de la traducción que el eurocentrismo de la disciplina ha dejado de lado (Hermans 2006: 9) o las soluciones sofisticadas que día a día se ponen a prueba en modelos culturales e institucionales emergentes. Por citar solo un caso, las avanzadas respuestas traductoras que, lejos del literalismo, están articulándose e institucionalizándose en sociedades con realidades institucionales complejas, como puede ser Canadá en el ámbito legislativo o Australia en el ámbito de los servicios públicos, desde luego sirven de acicate y guía para la búsqueda siempre perentoria e insaciable de nuevas soluciones y reflexiones.

Perentoria e insaciable. A fin de cuentas, si es que quiere hacer justicia a su papel de servicio público, la traducción institucional debe remodelarse constantemente, debe estar dispuesta a reinventarse para no traicionar su función y su nombre. Ciertamente, las vertiginosas transformaciones que en las últimas décadas han experimentado las sociedades actuales, que a menudo ponen al traductor contra las cuerdas, desprovisto de recuerdos de experiencias previas y de avales teóricos y conceptuales actualizados, hacen de ello una necesidad urgente. En cualquier caso, siempre es preciso reflexionar sobre la traducción, articular conceptos y metáforas que no solo permitan responder a los retos del momento de una forma responsable y éticamente solvente, sino que, además, en último extremo ayuden a sentar, en el plano epistemológico y en la práctica, las bases del porvenir. No en vano, la definición de traducción (institucional) no se conjuga en pasado, sino en futuro imperfecto, el tiempo verbal donde teoría y utopía de vez en cuando convergen y, aunque solo sea unos cuantos pasos, caminan, juntas, de la mano.

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M. Rosario Martín Ruano
Universidad de Salamanca
mrmr@usal.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El presente artículo se inscribe en el marco de los proyectos de investigación titulados «Inmigración y políticas de traducción: nuevos retos de la mediación intercultural en el siglo XXI», desarrollado por el Grupo de Excelencia de la Junta de Castilla y León GR277, y «La traducción institucional en la era de la globalización y la inmigración» (SA108A08).

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