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COLABORACIONES


El problema de las mayúsculas iniciales en los textos jurídico-administrativos

Todos los expertos en la materia coinciden en calificar el tema de las mayúsculas como uno de los más complejos en el ámbito de la ortografía. En este sentido, José Martínez de Sousa afirma: «No hay unas reglas lo suficientemente extensas y claras para su aplicación, y cuando las hay deben tenerse en cuenta también las numerosas excepciones»1. No obstante, es importante delimitar el alcance de la dificultad. Así pues, mientras que la función demarcativa de este signo (por el lugar que ocupa la palabra en el texto) no ofrece dudas, la función distintiva (nombre propio frente a nombre común) es la que engloba toda la problemática. Esto se debe fundamentalmente a la aplicación subjetiva de la mayúscula en función de lo que se entiende por nombre propio.

Pero vayamos por partes. ¿Qué es lo que dice exactamente la norma sobre la utilización de las mayúsculas iniciales en lo que afecta a los textos jurídico-administrativos? En la Ortografía de la lengua española (OLE) (1999) de la Real Academia Española (RAE) se establecen los siguientes casos:

1)      los tratamientos, especialmente si están en abreviatura («Excelentísimo», «Excmo.»)

2)      los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, etc. («Tribunal Supremo»)

3)    los nombres cuando significan entidad o colectividad como organismo determinado («Judicatura»)

4)      los nombres de las disciplinas científicas en cuanto tales («Derecho»)

5)      los títulos, cargos y nombres de dignidad («Presidente del Gobierno»).

De esta última categoría de palabras se dice que «se escribirán siempre con minúscula cuando acompañen al nombre propio de la persona o del lugar al que corresponden ([...] el ministro de Trabajo)». Sin embargo, «pueden escribirse con mayúscula cuando no aparece expreso el nombre propio de la persona o del lugar y, por el contexto, los consideramos referidos a alguien a quien pretendemos destacar».

En el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) (2005), se reproducen literalmente todos los puntos comentados anteriormente, aunque se añaden un par de cuestiones sobre el uso de mayúscula inicial para:

1)      el término que nombra de forma abreviada una determinada institución o edificio («la Unión» por «la Unión Europea»)

2)      los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre de documentos oficiales, como leyes o decretos, cuando se cita el nombre oficial completo («Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo»).

Por lo que respecta a los tratamientos, y a diferencia de lo que se establece en la OLE, en el DPD se dice expresamente que deben ir con minúscula salvo que se escriban en abreviatura.

Por su parte, el Libro de estilo interinstitucional de la Unión Europea (2009), se limita a enumerar los casos de la normativa de la OLE para el uso de las mayúsculas y a ilustrarlos con algunos ejemplos. Al final del apartado referido al tema que nos ocupa, se comenta que se trata de unas indicaciones que el corrector deberá interpretar para «velar por la coherencia y la unificación de criterios en el interior de cada publicación».

En dicho libro de estilo se contemplan los siguientes casos: nombres propios; puntos cardinales cuando tengan un valor geopolítico; zonas o regiones geográficas con una significación propia; nombres y adjetivos que integran la denominación de las instituciones y órganos de la Unión Europea, así como de las comisiones y de los grupos políticos del Parlamento Europeo; nombres y adjetivos que integran la denominación de los órganos de las administraciones públicas, así como los que integran la denominación de organizaciones internacionales, políticas, profesionales o sindicales; cargos (con mayúscula tanto en los sustantivos como en los adjetivos); instrumentos jurídicos concretos; denominaciones oficiales de ciertos comités, programas y sistemas de información, y tratamientos personales. Llama la atención lo que se afirma sobre el último caso: «tratamientos personales, cuando vayan en abreviatura, y algunos, incluso, no abreviados».

Hasta aquí llega esta breve recapitulación de lo que establece la normativa sobre las mayúsculas para las palabras más habituales en textos jurídico-administrativos. Pero ¿cuál es el uso que realmente se hace de este signo en dichos textos? Muy someramente, podríamos afirmar que, ante la falta de precisión de la norma, el abuso de la mayúscula es generalizado. No obstante, hay que reconocer que en algunos ámbitos se aprecia una mayor sensibilidad con respecto al tema, como es el caso de los documentos elaborados en español por las distintas instituciones de la Unión Europea. En cambio, en los textos notariales y judiciales de España la mayúscula se utiliza con carácter rutinario para marcar toda una serie de nombres comunes («Abogado», «Notaría», «Demandante», «Procedimiento», etc.) a los que se asigna un valor reverencial.

Ante esta situación, parece oportuno y necesario desarrollar la norma de uso de las mayúsculas; pero no en el sentido de elaborar un compendio de ejemplos (puesto que la casuística es infinita), sino de ofrecer algún tipo de explicación lógica y sistemática que sirva como guía. Este es en gran medida el proyecto que asume José Martínez de Sousa en su reciente publicación Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas (2007).

Ya se ha dicho que el escollo del problema se encuentra en la aplicación de la mayúscula con función distintiva, es decir, cuando se trata de un nombre propio. A este respecto, José Martínez de Sousa comenta que las definiciones de nombre común y nombre propio de la RAE nuevamente son poco aclaratorias. Más precisas parecen las de Álex Grijelmo en La gramática descomplicada (2006): «los nombres propios designan una persona o un objeto concretos, individualizados de entre los demás» frente a los nombres comunes que designan una cosa o persona «como parte […] de un conjunto de cosas o personas de características comunes».

Resulta interesante, además, la clasificación de las mayúsculas con función distintiva que José Martínez de Sousa realiza en su libro. Según esa clasificación, los tipos de mayúsculas que afectan directamente a los textos jurídico-administrativos son los siguientes:

1)      Mayúscula diacrítica: para palabras con una acepción como nombre común y otra como nombre propio («Gobierno»). Aquí especifica el autor que no todos los nombres referidos a colectivos se escriben con mayúscula («judicatura»).

2)      Mayúscula de proximidad: para palabras cuyo contenido semántico está muy cercano a la realidad social o geográfica del escribiente («Departamento»).

3)      Mayúscula reverencial: la que emplean sobre todo los subordinados cuando se dirigen a sus superiores («Director»).

4)      Mayúscula de dignidad: para referirse a figuras como el «Papa», el «Rey», el «Presidente», en determinados textos oficiales o protocolarios. El autor del libro considera que no está justificada en cualquier otro tipo de texto.

En definitiva, la mayúscula es un signo que, en su función distintiva, nos sirve para identificar personas u objetos individualizados. Así pues, objeto individualizado, por ejemplo, es una organización (asociación, empresa, institución, delegación, departamento, etc.) que tiene un nombre que la distingue de cualquier otra («el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas»). Habremos de decidir si mantiene su individualidad cuando se la nombra de forma abreviada («el Tribunal»), como afirma el DPD, o si solo se admite la mayúscula cuando se utiliza el nombre completo y oficial de la misma o cuando debe aplicarse una mayúscula diacrítica.

En el caso de los instrumentos jurídicos parece más claro: decimos «Ley para la Ordenación General del Sistema Educativo» pero «la ley de educación», es decir, solo con mayúsculas cuando se trata del nombre oficial completo que la individualiza. No obstante, debemos plantearnos igualmente si en un texto en el que ya se ha mencionado el nombre completo de una ley, posteriormente haya que aplicar mayúscula para referirse a ella como «la Ley». Personalmente considero que se trata de un recurso para distinguir el significado específico del significado genérico de la palabra ley. Este es un uso muy extendido en los textos jurídico-administrativos que sirve fundamentalmente para facilitar su comprensión, ya que el signo gráfico de la mayúscula en una oración como «La Ley establece los siguientes supuestos…» nos indica que dicha palabra se refiere a una ley concreta y no a la legislación en general. Si bien el artículo determinado y la coherencia del propio texto pueden ser elementos suficientes para marcar tal distinción, la dificultad que entraña la materia jurídica hace recomendable el uso de este signo.

Por lo que respecta a los cargos, en la OLE queda claro que se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre propio de la persona o del lugar («el ministro de Trabajo»). Cuando aparecen solos, la norma vuelve a dejar la puerta abierta a ambas posibilidades. Aquí podríamos apelar nuevamente a una función diacrítica para el uso individualizado («el Juez»).

Para los tratamientos la norma más clara es la del DPD, es decir, minúscula para la palabra completa y mayúscula para la abreviatura.

Queda pendiente pues, por parte de quien ostenta la autoridad para ello, una explicación exhaustiva, lógica y sistemática del uso de las mayúsculas. Además, sería deseable que en dicha explicación no se utilizaran expresiones como «especialmente», «pueden» o «algunos, incluso» (que se han marcado en negrita en este artículo), puesto que una norma o normaliza o no es tal norma.

Eivor Jordà Mathiasen
Centro Universitario Estema (Valencia)
eivor@ono.com

 

 

 

 

 

 

1 José Martínez de Sousa (2007), Diccionario de uso de las mayúsculas y minúsculas, Gijón. Trea, p. 11.

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