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COLABORACIONES


Cambio político y cambio toponímico

Tanto la Lista de Estados y territorios como la NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas) están sujetas a modificaciones periódicas debidas a cambios políticos o administrativos. En lo que se refiere a la lista de Estados, cuando estos cambios son aceptados por la Unión Europea y la comunidad internacional en general no plantean problema alguno; en caso contrario, nos hallamos ante usos conflictivos que debemos tratar con suma delicadeza, a la luz de la posición política de nuestras instituciones (la lista incluye los territorios cuyo código ISO 3166 de dos dígitos está universalmente reconocido: así, está el Sáhara, pero no Chechenia; está Martinica, pero no las Azores).

Con esto sabemos cómo se decide qué territorio figura y cuál no, pero seguimos ignorando quién puede decidir qué nombre es el que debe darse a un territorio.

¿Quién tiene el poder de nombrar?

Según la leyenda bíblica, tan pronto Dios vio a Adán echando una siesta le encargó que fuese a dar un nombre a todos los animales del Paraíso. Adán no tuvo más remedio que levantarse y obedecer, y así nació el oficio más viejo del mundo: el de terminólogo.

En el fondo, hay que reconocer que para Adán fue fácil: la única autoridad reconocida era la suya y podía inventarse los nombres que más le apetecieran sin que ningún colega viniera a discutirle sus razones. Es verdad que eran otros tiempos.

Al correr de los siglos, los seres humanos fueron dando nombres a todo lo que veían: lagos, ríos, mares, montañas, valles… Cuando pueblos distintos entraban en contacto, unas veces los recién llegados imponían sus propias denominaciones y otras veces prevalecía el nombre más antiguo. Es así como el único rastro que nos ha llegado de muchas lenguas desaparecidas son algunos restos toponímicos que hoy tienen un gran valor para señalar hasta dónde se habían extendido determinadas poblaciones ya extintas.

¿Inventar un nombre donde ya existía otro?

Nunca sabremos con certeza en qué lugar del mundo empezaron a complicarse las cosas. De hecho, para nosotros el problema no es tal hasta el comienzo de la historia escrita, pues los paleotopónimos desaparecidos con anterioridad no pudieron dejar rastro alguno y están ya perdidos para siempre.

Quisiera que este preámbulo nos permita situarnos en una escala cronológica amplia en la que pueda observarse la permanencia de cada nombre geográfico. Sin tener que remontarnos a topónimos como el de Jericó, más de diez veces milenario, pensemos que el río Guadalquivir (wadi al-Kabir: «río Grande») se llama así desde hace mil trescientos años (posiblemente, más tiempo del que duró su denominación precedente: Betis).

Así pues, a la vez que podemos dar por sentada la validez de topónimos bien establecidos desde la antigüedad, fundada sobre un uso continuado durante muchos siglos, debemos actuar con la máxima prudencia ante topónimos que puedan parecernos muy «naturales» pero que no tengan más que unos centenares de años de antigüedad (es decir, muy poco tiempo en nuestra escala cronológica).

Cuando las Indias dejaron de serlo

Al parecer, el plan de Colón era llegar a las Indias. Al menos, eso fue lo que dijo a fin de conseguir las ayudas públicas imprescindibles para su empresa. Cuando quedó claro que las tierras a las que llegó tras cruzar el Atlántico no tenían nada que ver con el Asia, aparecieron varias propuestas toponímicas. Una era la conservadora, partidaria tenaz del mantenella y no enmendalla, que propugnaba seguir con la denominación de «las Indias» (si no había más remedio, con el añadido de «Occidentales»): consiguió cierto éxito, pues aún hoy hay quien designa a los pobladores de esas tierras con el nombre de «indios», a pesar del evidente riesgo de confusión con los auténticos indios de la India asiática. Se propuso la denominación de «Colombia», que finalmente ha subsistido como nombre de una parte del antiguo virreinato de Nueva Granada. Finalmente, el topónimo vencedor se derivaría del nombre de pila de un mercader florentino, Amerigo Vespucci: el «Nuevo Mundo» se llamaría América. Es un topónimo que acaba de cumplir cinco siglos y que hoy en día casi nadie discute.

¿Por qué razón citar aquí esos lejanos acontecimientos? Pues porque la gran expansión de los europeos en ultramar significó la derogación definitiva de las leyes no escritas de respeto hacia el topónimo anterior: los exploradores daban nombres a los territorios que «descubrían» del mismo modo que Adán daba nombre a los animales del Edén. Los que hemos alcanzado ya cierta edad nunca olvidaremos una de tantas frases que tuvimos que recitar en el colegio: «Colón llegó a una isla / llamada Guanahaní / que él bautizó San Salvador». Quedaba claro que los europeos tenían el poder de nombrar y que no les importaba nada que la isla tuviera ya un nombre anterior: se bautizaban los territorios del mismo modo que se convertía a los «indios».

A veces, los nombres «nuevos» son bastante antiguos

En el Pacífico sudoccidental había dos grandes islas que se llamaban Waipunamu e Ikaamaui; en conjunto, con la pequeña Rakiura, formaban el archipiélago de Aotearoa. Así es como fueron denominadas por los primeros seres humanos que llegaron a ellas: gentes de lengua polinesia, dedicadas a la agricultura y a la pesca. Varios siglos después, el neerlandés Abel Tasman desembarcó en Ikaamaui y, como ya era costumbre entre los descubridores europeos, «bautizó» aquel archipiélago dándole el nombre de Nueva Zelanda. Es el topónimo que todos los europeos conocemos: tiene trescientos sesenta años de antigüedad.

Nueva Zelanda constituye un Estado independiente desde 1931. En la actualidad, sus ciudadanos de origen polinesio reivindican el uso de la denominación ancestral y Aotearoa empieza a aparecer en documentos oficiales. Y que nadie se llame a engaño: ya hemos visto que no es ningún «nombre nuevo».

En estos casos surge a menudo el típico reflejo conservador: «es que aquí siempre se ha dicho Nueva Zelanda». Claro: «aquí» no se sabía absolutamente nada de la existencia de Aotearoa hasta que Tasman regresó de su viaje e informó de que había «descubierto» Nieuw Zeeland. Afortunadamente, hoy en día sabemos más cosas.

En las antípodas de este archipiélago hay un caso parecido: un pueblo de cazadores árticos que se llamaban a sí mismos kalaallit llegó a una tierra que llamó con su nombre (tierra de los kalaallit: Kalaallit Nunaat) y que los europeos conocemos por la denominación que el vikingo Eirikr inn rauði («Erik el Rojo») le dio tres mil años después: Groenlandia. Dicho territorio goza de un amplio autogobierno y está promoviendo sus topónimos tradicionales: el nombre oficial de su capital ya es el autóctono (Nuuk, en kalaallisut) y no el colonial (Godthåb, en danés).

¿Tienen derecho los pueblos a denominarse como les dé la gana?

Cuando la colonia británica del golfo de Guinea denominada Costa de Oro alcanzó la independencia decidió adoptar el nombre de un imperio africano de la Alta Edad Media: Ghana. En la colonia francesa del Sudán ocurrió algo parecido y hoy lo conocemos como Malí. Años antes, el colonizador inglés Cecil Rhodes había impuesto su nombre a dos territorios que en la actualidad todo el mundo denomina Zambia y Zimbabue. Hoy en día nadie utiliza nombres como Dahomey, Basutolandia, Alto Volta o Río Muni, salvo en estudios históricos relativos a la época colonial. Si alguien hubiera seguido recurriendo al anacronismo «Costa de Oro» a partir del 6 de marzo de 1957 solo habría demostrado no estar al corriente de los grandes cambios que empezaban a producirse en el mundo.

La medida política de rescatar de la historia medieval africana los nombres de Ghana o Malí marca el inicio de la voluntad de los pueblos de autodenominarse. Y la autodenominación da derecho a cambiar de nombre, pero también a no hacerlo: el litoral guineano fue bautizado por los navegantes portugueses con nombres muy propios de una óptica mercantil: la Costa del Marfil, la Costa del Oro, la Costa de los Esclavos, etc. La primera sigue llamándose así: su derecho a la autodenominación ha consistido en conservar el nombre colonial.

Y esto no solo ocurre en desiertos remotos o en montañas lejanas: varios municipios franceses cambiaron su ortografía el 14 de agosto pasado (por ejemplo, Billac y Hostias se denominan hoy Bilhac y Hostiaz).

¿Estamos obligados a aceptar esos cambios?

En las instituciones de la Unión Europea trabajamos para un servicio público, y esa es una labor que está sujeta a determinadas servidumbres (véase «Traducir (o no) los topónimos», puntoycoma nº 100, pp. 57 ss., esp. p. 60). Una empresa privada puede optar entre las diversas opciones toponímicas existentes, e incluso inventarse otras nuevas, sin tener que preocuparse lo más mínimo por ninguna consecuencia ajena a las leyes del mercado (aunque deberá soportar las quejas de alguna representación diplomática, como le ocurrió al diario Le Soir (día 14.3.2007, p. 21), que, advertido por la embajada de Irán, tuvo que disculparse ante sus lectores por haber llamado «arabo-persique» al golfo Pérsico, o a Le Monde diplomatique, que tuvo que publicar en enero de 2008 una nota de protesta de la embajada de Turquía ante un mapa en el que había aparecido un «Kurdistan turc»). Sin embargo, una organización política debe tener en cuenta, además de las directrices académicas, los actos jurídicos y administrativos. Para el traductor de un servicio público, la facultad de nombrar corresponde finalmente al poder reconocido.

Eso significa que en general debemos aceptar la decisión política por la que un territorio determinado decide adoptar un nombre distinto a aquel por el que era conocido hasta la fecha. Pero hay excepciones, como las de los problemas suscitados por Estados que se han negado a que se traduzca su nombre oficial: en tales casos, el derecho a la autodenominación está limitado por el derecho a la traducción: del mismo modo que lo que en inglés se llama England en español es Inglaterra, lo que en francés se llama Côte d’Ivoire en español es Costa de Marfil.

Algunas veces traducimos, otras no

Si alguien habla de la victoria del jefe indio «Tashunca Uitco» en Little Bighorn, poca gente sabrá que se está hablando del célebre Caballo Loco. En cambio, nadie dirá que el general que dirigió la segunda guerra del Golfo se llamaba «Cabeza Negra». En el primer caso, la tradición es traducir el nombre; en el segundo tal cosa es inconcebible y todo el mundo habla del general Schwarzkopf. Alguien dirá que el motivo es que la lengua lakota nos es más lejana (aunque sin haber estudiado alemán también sería difícil saber el significado del nombre del militar estadounidense).

Pero en toponimia ocurre exactamente lo contrario: traducimos lo que nos resulta más próximo. En la lista de NUTS, donde en francés pone Sud-Ouest o Centre-Est y en italiano Nord-Ovest, la versión española escribe «Sudoeste», «Centro-Este» y «Noroeste», respectivamente, aun cuando ningún hispanohablante pudiera confundirse con el término original. En cambio, ningún traductor en su sano juicio escribirá «La Ciudad del León» en lugar de Singapur, «La Isla Resplandeciente» en lugar de Sri Lanka o «Muchas Islas» en lugar de Polinesia.

Cuando la República Democrática de Timor Oriental proclamó su independencia, hubo presiones para que en todas las lenguas se respetara el nombre oficial portugués (Timor-Leste). En español se decidió seguir utilizando la forma tradicional: Timor Oriental. Curiosamente, pocos cayeron en la cuenta de que la palabra timur, en indonesio, también significa «este». Una traducción completa tendría que haber sido «Este Oriental», pero para el hispanohablante medio «Timor» es un topónimo y «Leste», un punto cardinal.

Cómo se traduce esto en la práctica

En Kalaallit y Nunavut, los inuit constituyen la gran mayoría de la población, por lo que no hay nada más lógico que respetar su topónimo. En Nueva Zelanda, por el contrario, la población autóctona es solo una minoría, pero la mayoría anglosajona no le discute su evidente prelación (en el fondo, la base jurídica misma de la colonización europea reposa en el Tratado de Waitangi, firmado en 1840 por los jefes maoríes y los representantes de la reina Victoria). Un caso muy distinto es el de Sudáfrica, donde los colonos neerlandeses siempre han sostenido que llegaron allí antes que los bantúes, contra quienes han sostenido innumerables guerras por el dominio de la tierra: por eso, la denominación de la capital administrativa de Sudáfrica depende de la correlación de fuerzas en el ámbito municipal. El 7 de marzo de 2005 se decidió cambiar el nombre; los que se oponían empezaron a alegar que eso implicaría enormes costes e intentaron forzar un recurso administrativo; en las elecciones municipales, un descenso de los votos del antiguo alcalde provocó que el cambio quedase congelado. Dado que Pretoria está incluida en la aglomeración de Tshwane, nada impide recurrir de momento a la solución salomónica: Pretoria (Tshwane).

Observemos ahora un caso de rabiosa actualidad: cuando se lean estas líneas ya se conocerá el final de esta historia, pero en el momento de escribirlas faltan cuarenta y ocho horas para que, según todas las previsiones, el Parlamento de Kosovo declare unilateralmente la independencia de su país. ¿Cuál será el cambio que ello implicará para nuestra Lista de Estados y territorios? Hay tres posibilidades:

1.    La Unión Europea reconoce de forma mayoritaria al nuevo Estado. En ese caso, Kosovo entraría de pleno derecho en la lista (exactamente como lo hizo Montenegro en su momento).

2.    No existe una postura claramente mayoritaria. En tal caso, Kosovo figuraría en la lista en cursiva y en un cuerpo menor, con una nota a pie de página que explicaría que existe un proceso en curso con miras a la resolución del conflicto (sería un caso análogo al del Sáhara Occidental).

3.  Ningún Estado miembro reconoce la independencia de Kosovo. Así, dicho país seguiría sin figurar en la lista (como ya ocurre con tantos otros territorios que carecen de reconocimiento internacional: Chipre del Norte, Chechenia, Somalilandia, el Tíbet, Abjazia, Cachemira, etc.).

Así pues, nada podrá sorprendernos si actuamos con respeto a la labor ya realizada por los distintos grupos de trabajo del Grupo Interinstitucional de Toponimia, pues todas las posibilidades pueden preverse si los casos análogos se tratan siempre del mismo modo.

 Miquel Vidal
Comisión Europea
Miguel.Vidal-Millan@ec.europa.eu

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