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RESEÑAS


Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe

M. Teresa Cabré, Carme Bach Y Jaume Martí (eds.)
Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe
Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2006.
ISBN: 978-84-96742-00-0

Este libro recoge las comunicaciones, ponencias y mesas redondas organizadas con ocasión de las V Actividades de Verano del IULATERM: la Escuela Internacional de Verano de Terminología y el Simposio Internacional de Terminología. Se trata de la quinta publicación de la serie Actividades, que ha venido tratando diversos aspectos de la terminología en relación con otras disciplinas y ámbitos científicos. En este caso, la cuestión central era la relación entre esta materia y el Derecho, aunque no todas las intervenciones se centraron específicamente en ella. Por ejemplo, en la obra aparece la conferencia inaugural de Luis González a la que me referiré posteriormente y que gira en torno a lo que se puede denominar «el conflicto neológico» y sus repercusiones para terminólogos, aunque especialmente, creo yo, para traductores.

La terminología es posiblemente una disciplina auxiliar de la traducción, que a su vez es disciplina auxiliar de un fenómeno más o menos difuso, cual es la comunicación. No es el lugar para tratar el tema, pero se entiende poco que, a la vista de la reforma de los planes de estudio en su adaptación al «Espacio Europeo», el Ministerio de Educación acumule en el mismo saco la traducción y las filologías, y mucho menos la traducción y las bellas artes, aunque en este caso el maridaje me resulta mucho más poético. La traducción es eminentemente comunicativa y, en el terreno comunicativo, la terminología constituye una herramienta de especial utilidad sobre todo para las organizaciones internacionales y, seguramente, los países y organismos públicos nacionales que trabajan con varias lenguas. Tengo la impresión, que no deja de ser intuitiva, de que la terminología va de la mano de la traducción y la comunicación institucional, y es ahí donde florece, porque es palmario que en las instituciones en las que la traducción es primordial, la terminología le presta un apoyo muy valioso. De hecho, Canadá, y su experimento lingüístico-conceptual en el terreno del Derecho (en realidad, dista mucho de ser un experimento, porque son ya muchos años de coexistencia de dos lenguajes jurídicos de orígenes distintos en un Derecho común), ofrecen una fuente constante de divergencias y convergencias en lo que a la traducción y la terminología jurídica se refiere.

Pese a ser intuitiva, la afirmación anterior puede sustentarse en algunas de las intervenciones que aparecen en la obra que nos ocupa. Por ejemplo, la de Rosalind Greenstein, de la Universidad de París I Panthéon-Sorbonne, en la que se engarzan consideraciones jurídicas, terminológicas y de traducción.

Greenstein, coautora de Les bases du droit anglais (ed. de 1993, Ophrys, París), obra a caballo entre el diccionario bilingüe y el repaso «panorámico» del sistema jurídico inglés y que siempre he encontrado muy práctica, analiza el ámbito de las denotaciones y connotaciones en la terminología jurídica, y su ponencia es probablemente la de más interés para traductores. Subraya la autora lo importante de aplicar lo que denomina metodología in vitro / in vivo a la hora de determinar significados y usos en términos cuyos campos de aplicación no coinciden (en este caso, entre el inglés y el francés), por más que parezcan análogos (p. 41, por ejemplo); es decir, un análisis lexicográfico y documental de los términos. En este sentido, son interesantes los estudios léxicos de denotación / connotación que la autora lleva a cabo sobre términos tan problemáticos y aparentemente inocentes como disclose (p. 31), secret (pp. 33-41) y, probablemente la «perla» de esta ponencia, el término reasonable, uno de los, a mi juicio, peor traducidos dentro del lenguaje jurídico inglés pese a su aparente inocuidad.

Aunque no dedica demasiado espacio a la problemática de un concepto que califica de étranger desde la perspectiva del Derecho francés (o quizá mejor, del «Derecho en francés»), como podría serlo asimismo desde el lenguaje jurídico español, Greenstein no deja pasar la oportunidad de citar diez ejemplos de un mismo texto legal en los que el empleo de reasonable en inglés se traduce en francés de diez formas que evitan la traducción directa por raisonnable, lo que da idea de la panoplia de recursos de nuestros colegas traductores canadienses, que por otra parte parecen obsesionados por evitar el uso siquiera en una ocasión del adjetivo de marras.

Llevo algún tiempo analizando precisamente el empleo del criterio de razonabilidad en español, que de momento es muy escaso, si hacemos abstracción del Derecho comunitario, en el cual surge con más frecuencia, quizá por el origen de los textos. En general, lo razonable no ha sido un criterio al que el legislador haya acudido de forma frecuente en la legislación española, prefiriéndose por el contrario el empleo del criterio de racionalidad. Pero es dudoso que se puedan equiparar lo razonable y lo racional, aunque la raíz de ambos sea la «razón». Mientras que en el primero entra en juego un criterio de oportunidad, muchas veces política, el segundo representa un mecanismo de raciocinio puro. Sin embargo, se utilizan en ámbitos muy análogos (el criterio in vivo de Greenstein): por ejemplo, en Derecho penal español se procesa a alguien si existen «indicios racionales de criminalidad», mientras que en Derecho penal inglés el jurado está obligado a absolver al reo a menos que su culpabilidad se estime evidente beyond any reasonable doubt. ¿Es razonable o racional esta duda?

La aversión de los autores de la versión francesa de la Ley de protección de datos personales de Canadá de 1985 a emplear el concepto reasonable (actitud que sin duda muestra un esfuerzo denodado por apartarse del poderoso influjo de la lengua inglesa) da precisamente pie a reflexionar sobre la actitud de los traductores ante los términos ajenos a su lengua, polémica que probablemente no pueda zanjarse en modo alguno, aunque las actitudes estén cambiando, como sugiere Luis González en la conferencia inaugural (pp. 267-280). Aunque no termino de compartir el concepto «asambleario» de la traducción y, sobre todo, de la revisión que se trasluce de su intervención, es evidente que ya pocos aceptan la idea jerárquica de la revisión (aunque hay traductores que acusan un sentido «patrimonial» respecto a sus textos que les hace inflamarse como teas ante cualquier intervención de un revisor sobre ellos). Internet ha cambiado el modo de traducir y los datos se acumulan en la red en espera de su clasificación y expurgo (que es lo que los traductores bisoños no saben hacer). Encontrar un uso concreto en la red de un término, por mucha frecuencia que podamos aducir (es muy peligroso afirmar que hay «5 000 entradas en Google» de una expresión, porque, para empezar, las repeticiones son muy numerosas), no equivale a otra cosa que a afirmar que existe, aunque ese dato no nos informa por sí solo de quién y cómo lo usa; luego, de forma colectiva (sin duda) y razonada, hay que analizar si debería usarse en ciertos contextos.

En definitiva, el debate terminológico, y traductor, pues este es inherente a aquel, es siempre estimulante, pero, a fin de cuentas, exige que alguien dé por validado uno o varios usos para los contextos concretos: las cuestiones no pueden dejarse abiertas de manera indefinida.

Es muy evidente que el idioma evoluciona y que, como en todo, no siempre evoluciona como todos querríamos, entre otras razones porque no todos querríamos que evolucionase igual. Tomaremos el ejemplo del término «privacidad» a modo de ilustración, por su filiación neológica, y porque sigue existiendo una corriente solvente de opinión que no hace uso del término (o no lo hacía). Recurro al DRAE, aunque en el ámbito de la terminología jurídica no me parezca la fuente más autorizada:

Intimidad.
2. Zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.

Privacidad.

1. Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión.

Es preciso tratar de averiguar de forma fehaciente si el vocablo se ha introducido en nuestra legislación, cosa que me parece que no ha ocurrido. Sin duda, ha adquirido carta de naturaleza en el lenguaje general y lo encontraremos en la prensa. Pero la distinción que hace el DRAE es cuando menos discutible. ¿Afecta la intimidad solo a las «familias» (concepto bastante difícil de definir hoy día si no es de forma muy lata)? ¿No tiene el individuo derecho a la intimidad? Lo tiene, entre otras cosas porque lo reconoce la Constitución, y además se lo reconoce la Ley Orgánica de 1999 de protección de datos de carácter personal, cuyo artículo 1 reza lo siguiente:

La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

También habría que determinar si la jurisprudencia reconoce un «derecho a la privacidad». ¿Era necesario el neologismo? ¿Abarca un campo semántico distinto del de «intimidad»? ¿Para qué se creó? Seguramente para traducir privacy.

Hay terrenos en los cuales la viveza del léxico se manifiesta de forma más palpable; el financiero resulta particularmente escurridizo, con innumerables neologismos, muchos de ellos metafóricos, que terminan desapareciendo o arraigando en el idioma conforme a modas y circunstancias diversas. Recuerdo a la magnífica traductora Araceli García Ríos preocupada con la traducción de netting y la necesidad de resolverla con un giro explicativo referente a las «posiciones netas». Recuerdo también haber sugerido la posibilidad de resolver la cuestión con un «netear», reconozco que algo pedestre, pero que tal vez habría agilizado la comunicación y transmitido el mensaje si se hubiera asentado en el léxico especializado.

Volviendo a la obra, hay otras ponencias de mucho interés, aunque a mi modo de ver dejan con ganas de que los autores hubieran profundizado más en las propuestas iniciales. Me interesaba mucho a priori la de la profesora M.ª Teresa Castiñeira titulada «Precisión del lenguaje y principio de legalidad», porque la intersección entre el lenguaje jurídico ―y su indeterminación― y la traducción es sin duda un terreno fructífero de investigación y práctica. Aparte de un descuido formal pero que debería subsanarse para futuras ediciones (en la introducción parece deducirse que la «prohibición de venta ambulante» es de carácter penal, cuando sin duda la autora sabe que es administrativa), estimo que habría que analizar de forma más extensa la cuestión de la redacción legal y la vaguedad del lenguaje jurídico, que son aspectos centrales que producen más de un quebradero de cabeza a los traductores (por no hablar de los ciudadanos)1

En la mesa redonda recogida al final del volumen, dedicada al tema «lenguaje jurídico y traducción», se tocan aspectos relativos a la enseñanza de la traducción, en este caso especializada, que seguramente son de menor interés para los lectores primarios de puntoycoma (traductores de las instituciones) que para los que nos dedicamos a la enseñanza de la materia. Me sorprende un poco la insistencia en una falsa dicotomía que a mi juicio está plenamente superada, la supuestamente existente entre «la posición de los juristas», para los cuales los textos jurídicos solo los pueden traducir los «doctos en leyes», y los «traductores» que defienden su capacidad para hacer lo propio con la calidad suficiente (intervención de Natividad Gallardo, p. 190, que contiene, por otro lado, afirmaciones muy sensatas). No me parece realista hablar de «oposición» de bandos genéricos: no creo que haya «juristas» que mantienen posturas monolíticas, como tampoco creo que lo hagan los traductores. ¿Qué tipo de traductores? ¿Los más experimentados, los noveles? Finalmente, la seguridad que se manifiesta sobre la capacidad de las universidades con los actuales planes de estudio de formar «traductores especializados» (p. 236) me suscita ciertas reservas sobre las que no creo pertinente extenderme en este momento.

En definitiva, se trata de una obra muy interesante y digna de consulta, aunque más para el mundo académico que para el de la traducción profesional.

 

Ramón Garrido Nombela
Universidad Pontificia Comillas
rgarrido@chs.upcomillas.es

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De todos modos, estimo que la expresión «prohibida la venta ambulante» es lo suficientemente explícita teniendo en cuenta que las normas se interpretan en función de la realidad social, entre otros criterios del Código Civil.

 

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