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En la sección «Colaboraciones» se recogen opiniones y propuestas firmadas por lectores o por miembros de la Redacción cuando intervienen a título personal. La responsabilidad de los cabos sueltos firmados y de las colaboraciones incumbe a sus autores. PUNTOYCOMA

COLABORACIONES


Soplan malos vientos para la lengua

El Reglamento n.º 1/1958 establece el régimen lingüístico de las Comunidades Europeas. El artículo 1 de dicho reglamento, que ha sido modificado varias veces como consecuencia de las diferentes ampliaciones de la actual Unión Europea, está redactado en los términos siguientes:

Artículo 1
Las lenguas oficiales y las lenguas de trabajo de las instituciones de la Unión serán el alemán, el castellano, el checo, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués y el sueco.

En 2007, con ocasión de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea, el búlgaro y el rumano se incorporarán a este grupo de lenguas oficiales, que son también, como acabamos de ver, lenguas de trabajo. De esta forma, en los tres últimos años las instituciones de la Unión habrán más que duplicado el número de lenguas (de 11 a principios de 2004 se habrá pasado a 23 en 2007) y, sin duda, en los próximos años otros países seguirán accediendo a la Unión -Turquía, Croacia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia ya tienen reconocido el estatuto de países candidatos- y seguirán incorporándose nuevas lenguas al régimen lingüístico.

Este incremento del número de lenguas ha conseguido, sobre todo, por un lado, diluir la importancia de la mayoría de las lenguas y, por otro lado -como para compensar esta dilución-, ha aumentado la grandilocuencia y la ampulosidad del discurso oficial sobre el compromiso de las instituciones europeas con la pluralidad lingüística y cultural de Europa. La estrategia marco sobre el multilingüismo e incluso, más recientemente, la creación del puesto de Comisario encargado única y exclusivamente de este tema, están ahí como claros ejemplos del discurso oficial sobre las lenguas.

Contrasta sin embargo este discurso con la situación sobre el terreno, en la que la tendencia hacia una «lengua única» (el inglés, por supuesto) o, como mucho, con dos acólitos (el francés y el alemán) parece imparable. Después de las últimas ampliaciones la evolución de esta tendencia ha sido vertiginosa, no solo desde el punto de vista cronológico sino también institucional.

Estos últimos años se ha empezado a acuñar términos y a generalizar conceptos como el de «lenguas de procedimiento», que no tienen base jurídica (el Reglamento n.º 1/1958 ni contempla ese concepto ni establece distinción alguna entre lenguas oficiales y lenguas de trabajo) pero que permiten excluir a la mayoría de las lenguas, incluido el castellano, del selecto núcleo de lenguas que recibe un trato privilegiado.

Cuando una institución comunitaria como el Tribunal de Cuentas Europeo elabora un informe sobre los gastos de traducción de las principales instituciones europeas sobre la falacia de que existen tres «lenguas de procedimiento» -lo que induce a pensar que trabajar fuera de esas lenguas en la fase de procedimiento es superfluo-, sin que nadie se inmute, o cuando altos cargos europeos contribuyen a propalar la también falsa idea de que en las instituciones de la ue existe un número reducido de lenguas de trabajo y el resto serían simplemente «lenguas oficiales», podemos decir que se ha perdido completamente el norte y que el barco está a la deriva.

Lo que está ocurriendo en las instituciones europeas no es un hecho aislado: una simple ojeada a sitios de internet de organismos de la órbita de Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales permite llegar rápidamente a la conclusión de que en todas partes cuecen habas.

En la práctica esta situación está dando lugar, no solo a la limitación de la traducción en general, sino que, combinada con el discurso economicista en boga, están amenazados servicios y actividades sin rentabilidad tangible e inmediata, tales como las actividades de terminología, lo que hace crecer cada vez más la brecha existente entre las lenguas del primer grupo y el resto de las lenguas.

En las instituciones europeas las «reestructuraciones» y «redespliegues» del personal dedicado a la traducción y los «redimensionamientos» de unidades de traducción están a la orden del día, con maneras más o menos suaves, pero no por ello con resultados menos dramáticos e irreparables desde una perspectiva lingüística.

A estas alturas sorprende el supuesto pragmatismo y erróneo espíritu constructivo con el que se hacen y se dejan hacer estos planes, y se echa de menos una reflexión sobre sus consecuencias a largo plazo. No estaría de más, por ejemplo, estudiar los posibles efectos de estas políticas en términos de adhesión de los ciudadanos españoles al proyecto europeo y reflexionar sobre la posible situación de la lengua a nivel internacional a medio y largo plazo si no se invierten estas tendencias y se corrigen estas derivas.

Aunar sus fuerzas y organizarse para lograr que la lengua española no se escore irremisiblemente hacia el ámbito de lo privado y de lo personal, sino que también se refleje en el ámbito público internacional, tal es el reto que tienen por delante los países de lengua española.

José Cuenda Guijarro
Consejo de la Unión Europea
jose.cuendaguijarro@consilium.europa.eu

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