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COLABORACIONES


Aspectos profesionales de la traducción en España

La traducción y la interpretación de idiomas son cada vez más necesarias debido a la interrelación creciente entre culturas y países en el plano económico, social o político. En el caso de España, dichas relaciones se han incrementado notablemente a lo largo de las últimas décadas, y sobre todo desde su integración en la Comunidad Europea, en 1986. Por lo que respecta al marco interior, la transformación de las regiones en comunidades autónomas y la institucionalización de lenguas vernáculas donde las había han propiciado también el trasvase lingüístico entre idiomas oficiales en algunas comunidades del Estado.

La Administración estatal se encuentra diversificada entre ministerios, organismos públicos y otras entidades vinculadas a los diversos ministerios. Tanto la Administración estatal como las autonómicas abarcan todas las áreas de la vida (Educación, Salud, Economía, Medio Ambiente, Justicia, Asuntos Sociales, Obras Públicas, Transportes, Defensa, Relaciones Internacionales, Industria, Comercio), por lo que la documentación que tratan los traductores es muy variada, y aunque en cada área temática predomine una materia determinada, lo cierto es que al estar las diversas instancias administrativas interrelacionadas, tanto la documentación como la terminología con que se trabaja en cualquier área abarcan todos los ámbitos mencionados. Así pues, un traductor adscrito a Transportes ha de traducir documentos relacionados directamente con su ámbito específico (navegación marítima, navegación aérea, ferrocarril, etc.), pero también otros más sesgados como proyectos de obras, materiales de construcción, convenios internacionales, contratos, actas de congresos, manuales sobre el impacto económico de determinadas medidas, o informes jurídicos sobre la quiebra de una empresa relacionada con el medio o sentencias judiciales. De igual modo, el intérprete de Juzgados ha de estar preparado para cualquier tema que se pueda presentar, desde tráfico de drogas a blanqueo de dinero, pasando por casos de delincuencia organizada, patria potestad o impagos.

Lo ideal es que los traductores estén especializados por temas, solo así se puede garantizar la calidad total de las traducciones, y evitar, por otro lado, el estrés que supone para un traductor tener que documentarse continuamente sobre materias diversas sin ninguna relación entre sí. Pero en la Administración española los traductores tienen que estar especializados... en todos los temas. Además, en algunas empresas públicas los traductores (o el traductor) tienen que saber varios idiomas, todos correctamente, por supuesto, como su propia lengua nativa. Y no solo eso, sino que también tienen que estar dispuestos a realizar interpretaciones si es necesario1. Se acude igualmente al Departamento de Traducción (o mejor dicho, al traductor, porque es raro que esta actividad cuente con área propia y se encuentre en la estructura corporativa) para asesoramiento lingüístico, en la redacción de documentos, correspondencia especializada, dudas idiomáticas o terminológicas, etc.

Por todo ello, los traductores se convierten en «gestores de recursos lingüísticos», ya que su labor no se circunscribe únicamente a traducir textos, sino que abarca una amplia gama de actividades: traducción, interpretación, terminología, documentación, revisión de textos, corrección, asesoramiento lingüístico, investigación, formación, organización de archivo, etc.

Es importante conocer bien los idiomas con los que se trabaja, por eso en los organismos Internacionales o en los estamentos de la Unión Europea se suele trabajar con dos idiomas, efectuando los traductores traducción directa por norma.

En las comunidades autónomas españolas hay instituciones propias (gobiernos, parlamentos, consejerías, boletines oficiales...) y estamentos relacionados con la Administración estatal (gobiernos civiles, delegaciones, diputaciones). Según mis referencias, en las Comunidades con doble idioma la traducción se aplica básicamente entre las lenguas oficiales correspondientes, por lo que los traductores solo manejan dos lenguas.

En la Administración del Estado paradójicamente no existen criterios comunes en la definición de esta actividad: ni en cuanto a la consideración profesional, ni en el nivel económico, ni en la cantidad de idiomas, ni en la asignación de funciones. De manera que, donde hay equipos o grupos más o menos numerosos de traductores, estos pueden estar distribuidos por idiomas o ser utilizados indistintamente cualquiera de ellos para dos o tres idiomas. Cuando hay un solo traductor en plantilla, tiene que hacer de todo: traducción, interpretación, documentación, terminología, archivo, etc. Y en varios casos todo por un sueldo medio de administrativo.

Curiosamente, también la situación de los traductores varía de unos ministerios a otros. Así, la Administración reconoció un cuerpo de traductores en el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1990, integrándolos en el Grupo A; pero no consideró al resto del colectivo que se encuentra en los demás ministerios, y que constituyen mayoría, los cuales están clasificados en los niveles más dispares: del Grupo A al D, y del Nivel 1 al 5. También se da la circunstancia de que la situación puede variar en un mismo ministerio, como ha sucedido en Justicia, donde los traductores que estaban en la Secretaría General Técnica tenían asignado el Grupo A y solo se dedicaban a traducción, en la Sección de Traducción tenían el Grupo B, en la Audiencia Nacional el Nivel 3, y en los Juzgados el Nivel 3, además de tener que traducir e interpretar. Y todos eran titulados superiores. Afortunadamente en ese Ministerio se han corregido las diferencias, pero en otros ministerios o empresas públicas los traductores siguen estando en niveles inferiores al que les corresponde.

Paradójicamente, los anuncios del sector privado solicitan para cualquier puesto de traductor licenciados en Traducción e Interpretación o estudios equivalentes, y se supone que las agencias de traducción tienden a recurrir a traductores con la debida formación y especialización. Sin embargo, aún queda una porción residual importante de intrusismo y sigue muy extendida en la sociedad y en el medio empresarial la idea de que cualquiera con conocimientos de otro idioma puede traducir cualquier cosa, lo que repercute inexorablemente en el valor económico del trabajo.

Es, pues, necesario regular, ordenar, normalizar la profesión, más aún cuando se imparten estudios superiores de traducción e interpretación en la Universidad española desde hace más de quince años. Esto es algo pendiente en España y en lo que hemos de implicarnos todos los profesionales de la traducción y las propias universidades. Otra incongruencia es que frente a la licenciatura de Traducción e Interpretación, y con cursos de postgrado en Traducción Jurídica, siga expidiéndose un título del Ministerio de Asuntos Exteriores que se consigue mediante un examen libre, el cual supone cobrar tarifas más altas que los titulados, una costumbre obsoleta que data de un tiempo en que no había estudios universitarios y que en la actualidad carece de sentido.

La falta de coordinación entre los traductores titulados ha propiciado este tipo de incongruencias, así como la ausencia de un Colegio Profesional que pueda defender los derechos de este colectivo.

Santiago Morante
Traductor. Administración del Estado
smorante@aena.es

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 En cuanto a esto, queda excluido el Ministerio de Asuntos Exteriores, que en 1990 separó la traducción de la interpretación, creándose el Cuerpo de Traductores exclusivamente para este Ministerio, ignorando al resto de los traductores de la Administración.

 

 

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