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Preguntas frecuentes

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El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) es el nombre que se ha dado a un convenio que se va a negociar entre la Unión Europea y los Estados Unidos. El objetivo de las negociaciones será eliminar las barreras al comercio (aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la inversión, etc.) en una amplia variedad de sectores económicos, a fin de simplificar la compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EE.UU. La UE y los EE.UU. también quieren facilitar a sus empresas la inversión en la economía de la otra parte.

La idea de firmar un acuerdo entre la UE y los EE.UU. no es nueva. En realidad, gobiernos, empresas y personas del ámbito académico llevan mucho tiempo debatiendo al respecto. En los últimos años, la UE y los EE.UU. han empezado a pensar que había llegado el momento de llevar esta idea a la práctica.

Antes de tomar la decisión de iniciar las negociaciones, en 2011 la UE y los EE.UU. constituyeron un grupo de trabajo con expertos de los gobiernos para estudiar el tipo de acuerdo comercial y de inversión que podría establecerse entre las dos potencias económicas. Dicho grupo estuvo presidido conjuntamente por el Comisario de Comercio de la UE y el Representante Comercial de los EE.UU. El Grupo de Alto Nivel sobre Empleo y Crecimiento, que fue como se llamó, examinó a fondo las oportunidades que podría ofrecer y las dificultades que podría plantear un acuerdo. Llegó a la conclusión de que un acuerdo exhaustivo que abarcara todos los sectores sería sumamente positivo, ya que intensificaría el comercio y daría un necesario impulso al crecimiento económico y a la creación de empleo en ambos lados del Atlántico. Recomendó, por tanto, abrir las negociaciones.

La decisión de entablar las negociaciones se debió en gran medida a la actual crisis económica y al estancamiento de las negociaciones comerciales multilaterales en el seno de la Organización Mundial del Comercio, el llamado Programa de Doha para el Desarrollo. Por otro lado, debido a la reforma de la política agrícola común de la UE y a los elevados precios de las mercancías, ambas partes estaban dispuestas a debatir acerca de la agricultura y a negociar la apertura de sus mercados.

Un acuerdo sobre comercio e inversión entre las dos principales economías del mundo ofrece la oportunidad de impulsar el crecimiento y el empleo en ambos lados del Atlántico.

Como siempre antes de decidirse a negociar un acuerdo comercial, la UE ha realizado una evaluación de impacto de sus posibles efectos. A través de esta evaluación de impacto, no solo se ha examinado el posible impacto económico, sino también las posibles repercusiones sociales y medioambientales. Se ha observado lo que podría ocurrir aplicando distintos grados de liberalización del comercio entre la UE y los EE.UU. En todos los casos, el resultado global para la UE es positivo; pero lo que ha quedado claro es que cuanto mayor es la liberalización, mejor es el resultado global.

Uno de los estudios en los que se ha basado la evaluación de impacto de la Comisión ha sido un informe independiente encargado por la UE al CEPR (Centro de investigación de política económica), con sede en Londres. Dicho estudio, titulado «Reducing barriers to Transatlantic Trade» (reducir las barreras al comercio transatlántico), presenta las repercusiones económicas que tendría un ATCI tanto para la UE como para los EE.UU.

El estudio sugiere que la economía de la UE podría obtener unos beneficios de aproximadamente 119 000 millones de euros anuales; lo que equivale a 545 euros extraordinarios por hogar medio de la UE. Según este estudio, la economía de los EE.UU. podría obtener unas ganancias aproximadas de 95 000 millones de euros anuales, es decir, 655 euros extraordinarios por familia estadounidense. Estos beneficios costarían muy poco, ya que serían el resultado de eliminar los aranceles y deshacerse de la normativa innecesaria y de las barreras burocráticas que dificultan la compraventa a través del Atlántico. El crecimiento económico adicional que se espera se derive del ATCI beneficiará a todo el mundo. Impulsar el comercio es una buena manera de impulsar las economías, aumentando la demanda y la oferta sin tener que aumentar el gasto público o la deuda. El ATCI sería el motor más barato que se pueda imaginar.

Si bien los aranceles entre la UE y los EE.UU. ya son bajos de por sí (una media del 4 %), el tamaño combinado de las economías de la UE y de los EE.UU. y el volumen del comercio entre ambos hace que eliminarlos resulte beneficioso para el empleo y el crecimiento. Un aspecto que permitiría que estas negociaciones lograran auténticos ahorros para las empresas, crearan empleo y aportaran más valor añadido a los consumidores es la eliminación de la normativa y la legislación innecesarias; los llamados obstáculos no arancelarios, que son el resultado de las diferencias en materia de normativa y legislación. Su eliminación puede resultar complicada, ya que, si bien tanto la UE como los EE.UU. disponen de sistemas muy desarrollados para garantizar la seguridad y la protección de los consumidores, a menudo adoptan enfoques diferentes para alcanzar el mismo objetivo. El tener que cumplir dos normativas diferentes puede suponer una pérdida de tiempo y dinero.

El coste derivado de la burocracia innecesaria puede añadir al precio de las mercancías el equivalente a unos aranceles de entre el 10 y el 20 %, un gasto extra que tiene que soportar el consumidor. De hecho, en un estudio independiente realizado por el CEPR (Centro de investigación de política económica), con sede en Londres, titulado «Reducing barriers to Transatlantic Trade» (reducir las barreras al comercio transatlántico) se calcula que hasta el 80 % de los beneficios económicos derivados del ATCI procedería de recortar los gastos que conllevan la burocracia y la legislación, así como de liberar el comercio de servicios y la contratación pública. Ejemplos prácticos de ello serían los siguientes:

  • Tanto la UE como los EE.UU. disponen de estrictas normas de seguridad de vehículos. Gracias al ATCI, cada parte podría reconocer las normas de la otra parte, de manera que los vehículos que se consideran seguros para la venta a un lado del Atlántico pudieran venderse al otro lado sin necesidad de someterse a nuevos ensayos o de adaptarse para cumplir nuevas especificaciones.
  • La apertura en los EE.UU. de la contratación pública a las empresas de construcción europeas podría permitir que estas compitieran en grandes proyectos de construcción o de transporte público en ese país.

Las empresas, los trabajadores y los ciudadanos europeos obtendrían grandes beneficios de un mercado estadounidense más abierto. La UE cuenta con numerosas empresas muy competitivas que fabrican productos y prestan servicios de calidad superior, entre ellas muchos líderes mundiales y primeras marcas. En agricultura, por ejemplo, la normativa fitosanitaria de los EE.UU. prohíbe las manzanas europeas y la legislación en materia de seguridad alimentaria considera ilegal la importación de muchos quesos europeos. Deshacerse de los aranceles y otras barreras al comercio permitirá a los productores europeos vender más a los norteamericanos, lo que es bueno para las empresas y para el empleo. Si se eliminan las barreras de la UE a los productos y la inversión estadounidenses, los ciudadanos europeos dispondrán de más variedad y soportarán precios más bajos. Lo que está claro es que, si se abren los mercados al comercio y la inversión, ambas partes saldrán ganando. Será una situación provechosa para todos.

Incluso en la situación actual, en la que la zona del euro se está recuperando de una crisis económica, el comercio con Europa ofrece enormes posibilidades a nuestros socios de los EE.UU. La UE es la mayor economía mundial: sus quinientos millones de ciudadanos disponen de unos ingresos per cápita medios de 25 000 euros.

Esto también significa que la UE es el mayor mercado mundial. Se trata del principal importador de bienes manufacturados y servicios, dispone del mayor stock de inversión en el extranjero y es el principal receptor mundial de inversiones de empresas extranjeras.

La UE es el mayor inversor en los EE.UU. (en 2011), el segundo destino de las exportaciones de bienes estadounidenses (en 2012) y el mayor mercado para las exportaciones estadounidenses de servicios (en 2010).

La UE negocia muy bien los acuerdos de libre comercio. Por ejemplo, los complejos y exhaustivos Acuerdos de Libre Comercio firmados con Corea del Sur y con Singapur se finalizaron relativamente deprisa, en solo cuatro años. La UE está trabajando duro para abrir mercados a través de la negociación con otros países, como la India, Japón, Vietnam y Malasia. Al ser una de las economías más abiertas del mundo, sigue comprometida con el libre comercio.

En política comercial, la Comisión Europea negocia en nombre de la UE y sus veintisiete Estados miembros: una sola voz representando a quinientos millones de personas es más eficaz que los distintos Estados miembros de la UE tratando de negociar por separado. El ATCI no es una excepción, por lo que la Comisión, con el Comisario de Comercio de la UE, Karel De Gucht, al mando, representa a la UE en la mesa de negociaciones. La Comisión negocia a partir de unas directrices acordadas por el Consejo, en el que están representados los Gobiernos de todos los Estados miembros de la UE. El Departamento de Comercio de la Comisión está al mando. Trabaja en estrecha colaboración con otros departamentos de la Comisión, en particular con los que se ocupan de los ámbitos en los que se centran principalmente las negociaciones. La lista de negociadores principales de la UE es de acceso público.

Por los Estados Unidos, el Representante Comercial del país es el principal negociador

A lo largo de las negociaciones, la Comisión Europea mantiene informados de la evolución a los Estados miembros de la UE, en el Consejo, y al Parlamento Europeo. Al final, una vez que los negociadores hayan alcanzado un acuerdo, el Consejo, junto con el Parlamento Europeo, examinará y aprobará o rechazará el acuerdo final. Por parte de los EE. UU., será el Congreso quien lo haga.

La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en julio y las rondas subsiguientes se celebran a intervalos de pocas semanas.

Tanto la UE como los EE.UU. quieren evitar que las conversaciones se alarguen excesivamente. En general, se considera que en un par de años podría alcanzarse un acuerdo, pero, por supuesto, lo más importante es que el resultado sea satisfactorio.

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel constituido por la UE y los EE.UU. para estudiar los posibles efectos de un acuerdo de comercio e inversión ha emitido un informe en el que formula una serie de recomendaciones.

Estas recomendaciones ofrecen a los negociadores una buena base para empezar.

Las negociaciones del ATCI abordarán numerosos aspectos de la economía, entre otros la manufactura, los servicios y la agricultura. La eliminación de las barreras al comercio impulsará el crecimiento económico y contribuirá a la creación de empleo y a la bajada de los precios. Un estudio independiente realizado por el Centre for Economic Policy Research (CEPR, centro de investigación de política económica), con sede en Londres, sugiere que la economía de la UE podría obtener unos beneficios de aproximadamente 119 000 millones de euros anuales, lo que equivale a 545 euros por hogar medio de la UE, y los EE. UU., de unos 95 000 millones de euros anuales.

Se espera que aumenten las exportaciones en todos los sectores de la economía, lo cual es bueno para el empleo. Probablemente en algunos sectores las exportaciones aumentarán más que en otros. Por ejemplo, se calcula que las exportaciones de vehículos de motor de la UE a los EE.UU. aumentarán en aproximadamente un 149 %. Esto es en parte reflejo de la importancia del comercio bidireccional de piezas y componentes y de la mayor integración que se espera tenga lugar entre las dos industrias trasatlánticas.

No solo se espera que aumenten los intercambios comerciales entre la UE y los EE.UU., sino que, como consecuencia de la mayor demanda de materias primas, componentes y otros insumos, también se espera que aumenten las exportaciones de la UE a otros países. Se calcula que las exportaciones al resto del mundo de productos metálicos aumentarán alrededor de un 12 %, las de alimentos transformados, en torno a un 9 %, las de sustancias químicas, un 9 %, las de otros productos manufacturados, un 6 % y las de otros equipos de transporte, en torno a un 6 %. El ATCI será un acuerdo comercial adecuado para el siglo xxi; el aumento de la actividad no solo beneficiará a las multinacionales, sino también a las pequeñas y medianas empresas, tanto si exportan directamente como si suministran a empresas de mayor tamaño.

El crecimiento económico y la mayor productividad derivados del acuerdo beneficiarán a los trabajadores de la UE y de los EE.UU., tanto en lo que se refiere a los salarios globales, como a la existencia de nuevas oportunidades de empleo, no solo para los trabajadores muy cualificados, sino también para los poco cualificados por igual.

Las negociaciones en sí probablemente duren un par de años. A partir de ahí, el acuerdo tendrá que ser aprobado, por parte de la UE, por el Parlamento Europeo y por todos los Estados miembros y, por parte de los EE.UU., por el Congreso de ese país. Nos gustaría que, en el momento en que el acuerdo se apruebe y se convierta en legislación, quedaran eliminados el máximo posible de aranceles y otras barreras al comercio. Cuanto antes ocurra, antes podremos empezar a recoger los frutos. No obstante, algunos cambios podrían escalonarse en el tiempo.

En general, en la UE, todo el mundo debería beneficiarse de este Acuerdo, que reportará unos 545 euros por hogar medio. Este beneficio se conseguirá mediante el abaratamiento de los bienes y servicios. Los precios caerán como consecuencia de la eliminación de los aranceles a la importación de mercancías estadounidenses, así como de la derogación de la normativa innecesaria que impone costes a la compraventa entre la UE y los EE.UU. Los beneficios también vendrán de la aceptación por parte de la UE y los EE.UU. de las normas técnicas de la otra parte en numerosos ámbitos, de manera que, en lugar de tener que fabricar bienes con arreglo a dos conjuntos de especificaciones diferentes, los fabricantes podrán cumplir únicamente uno de ellos tanto para la UE como para los EE.UU. Esta reducción de los trámites burocráticos hará que disminuyan los costes y, en consecuencia, los precios.

No. Los niveles de protección existentes no se negociarán con tal de alcanzar un acuerdo. El elevado nivel de protección del que disfrutamos en Europa es innegociable. Sin embargo, no debemos olvidar que los EE. UU. también se toman muy en serio la protección de sus ciudadanos. Tanto la UE como los EE. UU. están comprometidos con un nivel elevado de protección de los ciudadanos, solo que con planteamientos diferentes. La UE se basa a veces más en la regulación, mientras que los EE. UU. lo hacen en la litigación. Aunque ambos enfoques pueden ser eficaces, ninguno de ellos es perfecto y existe un margen para el aprendizaje mutuo.
No se trata de que las normas pierdan progresivamente eficacia. Hacer que nuestras reglamentaciones sean compatibles no significa buscar el mínimo común denominador, sino más bien detectar las divergencias innecesarias. No habrá ningún tipo de compromiso acerca de la seguridad, la protección de los consumidores o el medio ambiente. Sin embargo, estaremos dispuestos a examinar de manera pragmática si podemos hacer las cosas mejor y de manera más coordinada. Obviamente, cada parte conservará el derecho a regular las cuestiones medioambientales, de seguridad y salud al nivel que considere adecuado.

Las negociaciones del ATCI incluirán la agricultura. La apertura de los mercados agrícolas tendrá carácter bidireccional, con beneficios tanto para la UE como para los EE.UU.

Los EE.UU. están interesados en aumentar las ventas de sus productos agrícolas, como el trigo y la soja. Las exportaciones de la UE a los EE.UU. son, en su mayoría, productos alimenticios con mayor valor añadido, como bebidas alcohólicas, vino, cerveza o alimentos transformados (queso, jamón, chocolate, etc.). Europa está muy interesada en poder vender a los EE.UU. una mayor cantidad de los productos de calidad superior que produce. En este momento, algunos alimentos europeos, como las manzanas y algunos quesos, están prohibidos en el mercado de los EE.UU., otros tienen que pagar elevados aranceles: la carne, el 30 %; las bebidas, entre el 22 y el 23 %; y los productos lácteos, hasta el 139 %. La eliminación de estas barreras y de otras ayudará a impulsar las exportaciones de la UE a los EE.UU. 

No, no lo estará. La legislación básica, como es la relativa a los OMG o la que tiene por objeto proteger la vida y la salud humanas, la sanidad y el bienestar de los animales o los intereses medioambientales y de los consumidores, no formará parte de las negociaciones.

En el marco de la legislación de la UE, los OMG que han sido autorizados para ser utilizados como alimentos, piensos o semillas para el cultivo ya pueden comercializarse en la UE. Las solicitudes de autorización son evaluadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (la EFSA) y luego enviadas a los Estados miembros de la UE para que den su opinión. Hasta el momento, se han autorizado cincuenta y dos OMG. Ni la evaluación de la seguridad que realiza la EFSA antes de que cualquier OMG se introduzca en el mercado ni el procedimiento de gestión del riesgo se verán afectados por las negociaciones.

La UE y los EE.UU. ya intercambian información sobre políticas, legislación y cuestiones técnicas en relación con los OMG. Este tipo de cooperación ayuda a minimizar el efecto que tienen nuestros respectivos sistemas de autorización de los OMG en el comercio. Creemos que el ATCI es una oportunidad para respaldar esta cooperación.

No, esto no ocurrirá. Las negociaciones no pondrán en peligro la salud de los consumidores europeos para conseguir ventajas comerciales. La estricta legislación de la UE, como es la relativa a las hormonas o la que tiene por objeto proteger la vida y la salud humanas, la sanidad y el bienestar de los animales o los intereses medioambientales y de los consumidores, no formará parte de las negociaciones.

No, esto no ocurrirá.

En primer lugar, nuestros cines y canales de televisión ya difunden numerosas películas estadounidenses; Europa no está cerrada al cine estadounidense.

En segundo lugar, la dinámica industria cinematográfica europea no va a quedar sepultada bajo un aluvión de nuevas películas y series norteamericanas. La UE cuenta con legislación que protege la diversidad cultural europea, como la que constituye la riqueza que se deriva de la gran variedad de idiomas que se hablan en el continente. La UE y los Estados miembros cuentan con legislación para proteger y promover la diversidad cultural, por ejemplo en materia de producción cinematográfica y programación televisiva (el llamado sector audiovisual). La UE no pondrá en peligro este derecho ni la capacidad de proteger el patrimonio cultural de Europa.

En las directrices de negociación, los Estados miembros dejaron claro a la Comisión que el sector audiovisual no entra en las negociaciones relativas a los servicios y el derecho de establecimiento.

No. El ATCI no prevalecerá de manera automática sobre las disposiciones legales o reglamentarias de la UE, ni las derogará ni modificará. Cualquier cambio en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de la UE para liberalizar el comercio tendrá que ser aprobado por los Estados miembros de la UE, en el Consejo, y por el Parlamento Europeo.

Un acuerdo comercial entre la UE y los EE.UU. tendrá efectos colaterales en la economía mundial. Por ejemplo, el aumento de los intercambios comerciales entre los dos gigantes económicos aumentará la demanda de materias primas, componentes y otros insumos fabricados por otros países. Se espera que esto añada 100 000 millones de euros adicionales a la economía mundial, además del comercio extraordinario entre la UE y los EE.UU. Cuanto más amplio sea el acuerdo alcanzado entre la UE y los EE.UU., mayores serán los beneficios para el resto del mundo.

La armonización de las normas técnicas de la UE y los EE.UU. podría proporcionar la base para las normas mundiales: el tamaño del mercado transatlántico es tan grande que, si contara con un único conjunto de normas, los demás países también tendrían interés en adoptarlas. De este modo, a la hora de fabricar bienes, solo tendrían que cumplir un conjunto de especificaciones, lo que simplificaría y abarataría el comercio mundial.

No. El objetivo del ACTA (Acuerdo Comercial de Lucha Contra la Falsificación) era acabar con el comercio de productos falsificados. Ni que decir tiene que se respetará plenamente la posición del Parlamento Europeo, que votó contra dicho Acuerdo. No habrá ningún «ACTA camuflado».

El ATCI será un acuerdo mucho más amplio, que abarcará numerosos sectores económicos. Las cuestiones sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial, como las disposiciones relativas a los derechos de autor y las marcas registradas, solo serán un elemento más de dicho Acuerdo. La UE y los EE.UU. ya disponen de normas eficaces para proteger sus sistemas de derechos de propiedad intelectual e industrial, aunque a veces el planteamiento para lograrlo difiera. No tenemos la intención de armonizar las legislaciones de la UE y los EE.UU. en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial. Al permitirnos tratar un número limitado de cuestiones importantes en materia de derechos de propiedad intelectual e industrial, que son de interés tanto para la UE como para los EE.UU., el ATCI podría simplificar el comercio entre ambas partes sin debilitar la legislación al respecto.

La Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo creen que un mecanismo de resolución de litigios entre los inversores y el Estado es una herramienta importante para proteger a los inversores de la UE en el extranjero.

El que un país cuente con un sistema jurídico sólido no siempre garantiza que los inversores extranjeros vayan a estar protegidos adecuadamente. Un Gobierno podría expropiar a un inversor (por ejemplo, por medio de la nacionalización) o adoptar leyes que hagan que su inversión pierda todo su valor; por ejemplo, la prohibición repentina de un producto fabricado en una fábrica propiedad del inversor extranjero sin abonarle ningún tipo de indemnización, mientras que no se prohíben los productos fabricados por empresas nacionales. Si se impide a los inversores acudir a los tribunales locales o si estos no pueden tramitar una denuncia de manera eficaz, los inversores no tendrán ningún sitio al que acudir para reclamar una indemnización. En estas circunstancias, una disposición relativa a un mecanismo de resolución de litigios entre los inversores y el Estado en un acuerdo de inversión proporciona seguridad a los inversores, ya que les garantiza un foro al que acudir cuando quieran reclamar una indemnización.

Si bien la UE y los EE.UU. son economías desarrolladas, los inversores pueden encontrarse con problemas que afecten a sus inversiones y que los sistemas jurídicos nacionales no siempre puedan abordar con eficacia. Por este motivo, creemos que incluir en el ATCI disposiciones para proteger a los inversores aporta un claro valor añadido. Además, el ATCI, al reunir a las dos principales economías del mundo, establecerá bases para el futuro.

El hecho de incluir medidas para proteger a los inversores no impide a los Gobiernos adoptar leyes ni les obliga a derogarlas. Como mucho, puede contribuir a que se paguen indemnizaciones. Los Estados miembros de la UE llevan años regulando, pese a que ya cuentan con unos mil cuatrocientos acuerdos de este tipo firmados. Ocho Estados miembros han firmado acuerdos de inversión con los EE. UU., lo que no les ha impedido ajustarse a la totalidad del acervo de la UE en sus negociaciones de adhesión a la UE. En cualquier caso, la UE está trabajando para aportar aún mayor claridad y velar por que la actividad reguladora genuina no se vea afectada.

La Comisión Europea reconoce que el sistema puede mejorar, por lo que ha participado de manera muy activa en el desarrollo de nuevas normas de las Naciones Unidas, en aras de la transparencia del mecanismo de resolución de litigios entre los inversores y el Estado. La UE, en acuerdos bilaterales que está negociando, está tratando de mejorar la legislación; por ejemplo, sobre el control gubernamental de los árbitros en un código de conducta para árbitros, etc.

No, en absoluto. El hecho de que la UE y los EE. UU. hayan decidido iniciar una negociación bilateral no significa que ya no estén comprometidos con un planteamiento multilateral que incluya a la mayor cantidad posible de países. De hecho, trabajamos con ahínco para lograr que en la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Bali ciento cincuenta y nueve países acordaran una serie de medidas que aportarán enormes beneficios a la economía mundial, especialmente a los países en vías de desarrollo. Es importante señalar que el acuerdo de Bali constituye un impulso a la OMC y al sistema multilateral y que ayudará a poner otra vez en movimiento las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC –la denominada Ronda de Doha–. Asimismo, el ATCI podría animar a otros a reactivar las negociaciones en el seno de la OMC. Por otro lado, si la UE y los EE. UU. pueden armonizar muchos de sus actos legislativos y normativos, estos podrían servir de base para crear normas internacionales, con todos los ahorros y las ventajas económicas que ello supondría.

Para que las negociaciones comerciales funcionen y tengan éxito, es necesario un cierto grado de confidencialidad, de lo contrario sería como enseñar a otro jugador las cartas que uno tiene.

No obstante, a lo largo de las negociaciones, la Comisión Europea seguirá contando con las asociaciones comerciales, las organizaciones de consumidores, la industria y otros representantes de la sociedad civil.

La Comisión Europea mantendrá informados de la evolución a los Estados miembros, en el Consejo, y al Parlamento Europeo. Al término de las negociaciones, estas dos instituciones (el Consejo, compuesto por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, y el Parlamento Europeo, elegido directamente) serán las que aprueben o rechacen el Acuerdo.

Según la evaluación de impacto realizada por la Comisión Europea, el impacto global para el medio ambiente de un ATCI con los EE. UU. probablemente sea escaso. Aunque el grado de liberalización sea elevado, se prevé un aumento muy limitado de las emisiones globales de CO2. Además, se sugiere que cualquier otro posible efecto colateral negativo del ATCI - como el aumento de los residuos, la reducción de la biodiversidad o la mayor utilización de los recursos naturales - se vería ampliamente compensado por los beneficios del incremento del comercio de bienes y servicios medioambientales.

Ahora que se han iniciado las negociaciones, la Comisión Europea pondrá en marcha una evaluación de impacto sobre la sostenibilidad del comercio, en la que se prestará especial atención al posible impacto medioambiental y social del ATCI. La llevará a cabo un contratista independiente e incluirá un proceso de consulta representativo entre las partes interesadas y la sociedad civil tanto de la UE como de los EE.UU.  El proceso ofrecerá auténticas oportunidades de consulta, recopilación de información y difusión de resultados.

No. Hace ya tiempo que la UE y los EE. UU. reconocieron que regulan la privacidad de los datos de maneras diferentes. Sin embargo, las negociaciones del ATCI no son el marco adecuado para abordar estas diferencias. Ya hemos desarrollado vías adecuadas para el manejo de los flujos transatlánticos de datos: por ejemplo, el Acuerdo de Puerto Seguro. Además, se están manteniendo conversaciones con los EE. UU. sobre el acceso a los datos por parte de las autoridades garantes del cumplimiento de la legislación. La finalidad es conseguir un acuerdo general sobre protección de datos que afiance nuestros esfuerzos conjuntos para combatir el terrorismo y los delitos graves. El ATCI no afectará a estas conversaciones.

No, la armonización no está en el programa. Tanto la UE como los EE. UU. tienen numerosas normas y reglamentaciones. Cuando son divergentes pueden imponer costes adicionales a los fabricantes, por ejemplo obligándoles a tener líneas de producción separadas. En última instancia, esos costes se repercuten al consumidor.

Con el ATCI no se pretende convencer a la otra parte de que cambie su sistema, sino encontrar la manera de que nuestros sistemas funcionen con menos complicaciones. Los vehículos, los productos sanitarios y los productos farmacéuticos constituyen tres ámbitos en los que hay un particular margen de convergencia reguladora.