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Preguntas Frecuentes

Acerca del TTIP: Generalidades, ventajas y cuestiones que preocupan

Generalidades: ¿Qué, quién, cómo?

La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) es un acuerdo comercial y de inversión que la Unión Europea (UE) está negociando con los Estados Unidos (EE. UU), nuestro principal mercado de exportación 

Los derechos de aduana, la burocracia y las restricciones a la inversión en un lado del Atlántico pueden dificultar la compraventa de bienes y servicios en el otro. La eliminación de estos obstáculos al comercio entre la UE y los EE. UU. impulsaría nuestra economía, crearía empleo y permitiría a los consumidores elegir entre una mayor variedad de productos, a un precio más bajo.

El TTIP (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión) se está negociando entre la UE (con sus veintiocho Estados miembros) y los EE. UU. Por parte de la UE, la Comisión Europea es quien se sienta a negociar

El TTIP eliminaría los aranceles, reduciría la burocracia y disminuiría las restricciones a la inversión. De este modo, resultaría más fácil para las empresas de la UE, grandes y pequeñas, exportar bienes y servicios a los EE. UU. También les resultaría más fácil invertir al otro lado del Atlántico. Por supuesto, lo mismo sucedería con las empresas estadounidenses que quisieran exportar a Europa o invertir en Europa.

Sería bueno para la economía europea y ayudaría a crear nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, en la UE, treinta millones de puestos de trabajo dependen de las exportaciones y las empresas estadounidenses emplean a tres millones y medio de personas.

Con el TTIP, las normas y leyes de la UE y de los EE. UU. serían más acordes entre sí, pero no por ello disminuirían los niveles en materia de consumo, salud o medio ambiente. Las empresas ya no tendrían que producir bienes diferentes para los mercados de la UE y los EE. UU., lo que contribuiría a reducir sus costes. Los consumidores comprarían a precios más bajos y podrían elegir entre una mayor variedad de productos, con la certeza de que estos cumplen las normas de seguridad más estrictas.

Ventajas

El TTIP impulsaría el comercio en una época de crisis económica permanente, lo que se traduciría en más oportunidades empresariales, mayor crecimiento y más empleo. La bajada de los precios, el aumento de la variedad de productos entre los que elegir y la certeza de que los productos y servicios procedentes del otro lado del Atlántico cumplen las normas de seguridad más estrictas también contribuirían a la prosperidad de los más de ochocientos millones de ciudadanos que suman entre la UE y los EE. UU

La UE es una de las economías más abiertas del mundo. El comercio abierto:

  • refuerza nuestra economía
  • crea empleo
  • como consumidores, nos ofrece más variedad de elección y más poder adquisitivo
  • ayuda a nuestras empresas a competir en el extranjero

Estamos trabajando intensamente para que los ciudadanos europeos resulten aún más beneficiados por el comercio abierto y la globalización.

Como en cualquier ámbito de la vida, el comercio abierto nos puede afectar de forma diferente a cada uno de nosotros. Estamos trabajando con los Gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo y la sociedad civil para detectar todos los posibles efectos negativos en una fase temprana del proceso, lo que nos ayudará a gestionarlos y a adoptar posibles medidas para compensarlos.

El TTIP daría al comercio un impulso muy necesario en una época de crisis económica permanente. Ayudaría a las empresas europeas a vender más productos y servicios en los EE. UU. Además, las empresas europeas podrían participar en igualdad de condiciones en las licitaciones públicas de los EE. UU. Todo ello es bueno para la economía y bueno para el empleo.

Al mismo tiempo, en Europa, con el abaratamiento de las importaciones estadounidenses, las tiendas ofrecerían una mayor variedad de productos a precios más bajos; el abaratamiento de los bienes y servicios también supondría un ahorro para las empresas. Por supuesto, todo producto estadounidense que se vendiera en la UE tendría que seguir respetando nuestros elevados niveles en materia de protección del medio ambiente, la salud y los consumidores; exactamente igual que ahora. Según un estudio independiente elaborado para la Comisión Europea, el TTIP, una vez que esté plenamente operativa, podría suponer un aumento del 0,5 % en el PIB de la UE. La mayor parte del resto de estudios sobre el TTIP hablan de ventajas para la economía de la UE.

Las exportaciones de la UE a los EE. UU. son, en su mayoría, productos de gran valor añadido, como el queso, los jamones, el vino, el aceite de oliva, los licores o el chocolate. Los elevados aranceles aduaneros de los EE. UU. (de hasta el 30 %) hacen que los estadounidenses difícilmente puedan adquirir algunos de estos productos y que su exportación resulte complicada para las empresas y los agricultores europeos.

Los EE. UU., por su parte, también tienen que pagar aranceles aduaneros en la UE por productos básicos como el maíz o los piensos para animales. Esto, a su vez, aumenta los costes para los agricultores y fabricantes de alimentos europeos.

Por medio de la ATCI, podrían reducirse estos derechos de aduana - o desaparecer por completo -.

Los procedimientos de homologación y la burocracia estadounidenses también pueden ponérselo muy difícil a los exportadores de la UE. Actualmente, muchas de las manzanas y peras que se venden en Europa están totalmente prohibidas en los EE. UU.

El TTIP no solo impulsaría el comercio y los ingresos en la UE y los EE. UU., sino también en el resto del mundo. Según un estudio independiente, el TTIP podría aumentar la producción de nuestros socios comerciales en casi 100 000 millones de euros.

El aumento del crecimiento en la UE y los EE. UU. incrementaría la demanda de exportaciones de materias primas, componentes y productos acabados procedentes de otros países

La puesta en consonancia de las normas y leyes de la UE y los EE. UU. supondría, para los exportadores de otros países, tener que cumplir tan solo un conjunto de normas en lugar de dos. De esta forma, sería más fácil para ellos exportar y mejorarían sus economías

La puesta en consonancia de las normas y leyes de la UE y los EE. UU. también podría sentar las bases para unos estándares mundiales más elevados, lo que beneficiaría a los consumidores y a las empresas por igual.

Proceso de negociación: Generalidades, transparencia y supervisión

Generalidades: ¿Quién, cómo, cuándo?

En cuestiones comerciales, la Comisión Europea es la encargada de negociar en nombre de la UE y sus veintiocho Estados miembros. Una sola voz representando a quinientos millones de personas es más eficaz que si los distintos Estados miembros de la UE trataran de negociar por separado.

Quien representa a la UE es la persona que ocupa el cargo de Comisario de Comercio. Esta se rodea de equipos de negociadores y especialistas de diferentes departamentos de la Comisión (agricultura, salud pública, pequeñas y medianas empresas, etc.). El equipo de la Comisión negocia siguiendo las directrices dictadas por los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE, que se reúnen en el Consejo. La Comisión consulta al Consejo e informa al Parlamento Europeo a lo largo de todo el proceso de negociación 

Asimismo, la Comisión celebra amplias consultas con representantes de la sociedad civil, entre ellos

  • organizaciones no gubernamentales
  • organizaciones empresariales
  • grupos del ámbito de la salud
  • grupos medioambientales
  • grupos defensores del bienestar de los animales
  • grupos religiosos
  • grupos de consumidores
  • sindicatos
  • asociaciones de comercio

El Representante de Comercio de los Estados Unidos y su equipo negocian en nombre de este país.

La Comisión Europea es la encargada de negociar en nombre de la UE y sus veintiocho Estados miembros. Para ello, sigue las directrices dictadas por los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE

Las rondas de conversaciones entre la UE y los EE. UU. tienen lugar cada pocas semanas. La Comisión Europea mantiene un estrecho contacto con los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE antes y después de cada ronda. Les consulta la posición negociadora de la UE y los informa de la evolución de la situación. Además, informa con regularidad al Parlamento Europeo. La Comisión Europea también celebra amplias consultas con partes interesadas, entre ellas:

  • organizaciones no gubernamentales
  • organizaciones empresariales
  • grupos medioambientales
  • grupos defensores del bienestar de los animales
  • grupos religiosos
  • grupos de consumidores
  • sindicatos
  • asociaciones de comercio

Una vez que los negociadores de la UE y los EE. UU. hayan alcanzado un acuerdo, publicaremos el texto en nuestra página web. Los Gobiernos de la UE, junto con el Parlamento Europeo, lo examinarán y podrán aprobarlo o rechazarlo.

Las negociaciones comenzaron en julio de 2013, con rondas de conversaciones que tenían lugar cada pocas semanas. Tanto la UE como los EE. UU. quieren evitar años de negociaciones, pero lo más importante es llegar a un resultado satisfactorio.

Transparencia: Difusión de la información sobre las conversaciones

El mandato lo constituyen las directrices que los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE dictaron a la Comisión Europea para que negociara el TTIP  

Los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE dieron a la Comisión Europea un mandato para que negociara el TTIP. Este mandato lo constituyen varias directrices destinadas a la Comisión. Solo los Gobiernos de la UE pueden decidir si publican o no sus directrices. La Comisión Europea ha pedido en repetidas ocasiones que se hiciera público el mandato. En octubre de 2014, los Gobiernos de la UE acordaron publicar el mandato, lo que la Comisión agradeció, por considerarlo un gesto necesario para la transparencia

La Comisión Europea está negociando en nombre de la UE. Aprovechamos nuestros contactos semanales con los Gobiernos de los Estados miembros de la UE, así como las reuniones periódicas con el Parlamento Europeo, para consultarles, en particular, las posiciones de negociación de la UE y las propuestas específicas para el texto del acuerdo e informarlos de todo ello.

Al término de las negociaciones, los Gobiernos de los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo serán quienes aprueben o rechacen el acuerdo.

A lo largo de todo el proceso, hemos puesto más empeño en difundir la información sobre el TTIP y en contar con la participación de todas las partes interesadas que en ninguna otra negociación comercial de las que han tenido lugar en los sesenta años de historia de la UE.

Entre nuestras iniciativas, cabe citar:

  • la creación de un sitio web y una cuenta de Twitter dedicados a el TTIP
  • la publicación de los documentos de posición de la UE, en los que se habla de lo que esperamos alcanzar en las conversaciones
  • la celebración de reuniones periódicas con cientos de personas que representan a ONG de toda Europa, grupos de consumidores, sindicatos y organizaciones empresariales
  • la creación de un Grupo Consultivo sobre el TTIP de expertos que trabajan directamente con el negociador principal (los expertos representan a los sindicatos, los consumidores, los grupos medioambientales y las empresas)
  • la puesta a disposición de todos los miembros del Parlamento Europeo de más documentos

Más documentos

A lo largo de todo el proceso de negociación, funcionarios de los Estados miembros de la UE pueden dar su opinión sobre todas las posiciones de negociación de la UE y sobre propuestas específicas para el texto del acuerdo. Compartimos estas posiciones y propuestas también con el Parlamento Europeo

También compartimos con funcionarios de la UE y con miembros del Parlamento Europeo los textos de negociación, que incluyen propuestas tanto de la UE como de los EE. UU. En consonancia con nuestros constantes esfuerzos por seguir aumentando la transparencia, también hemos publicado los textos de negociación de la UE en nuestro sitio web.

La Comisión tiene la intención de seguir con el TTIP la misma práctica que ya siguió con el acuerdo comercial alcanzado recientemente entre la UE y Canadá (CETA). La Comisión publicó el texto del acuerdo antes de que los abogados de la UE y del Gobierno canadiense lo hubieran verificado y antes de que se hubiese traducido a las veinticuatro lenguas oficiales de la UE

Una vez que los abogados hayan verificado el texto publicado, la Comisión lo enviará al Consejo y al Parlamento Europeo para su ratificación. Los ciudadanos ya pueden ver exactamente lo que se ha negociado.

Democracia: Supervisión de las conversaciones

En cuestiones comerciales, la Comisión Europea es la encargada de negociar en nombre de la UE y sus veintiocho Estados miembros. El equipo de negociadores del TTIP por parte de la Comisión sigue las directrices dictadas por los Gobiernos de los Estados miembros de la UE. 

Durante las conversaciones sobre el TTIP, el equipo de la Comisión mantiene plenamente informados de la evolución de la situación a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE y a los miembros del Parlamento Europeo. Una vez que los negociadores de la UE y de los EE. UU. hayan alcanzado un acuerdo, los Gobiernos de la UE, junto con el Parlamento Europeo, examinarán el texto y podrán aprobarlo o rechazarlo. 

Escuchamos a representantes de todas las partes interesadas que figuran a continuación, y nos reunimos con ellos:

  • asociaciones empresariales
  • sindicatos
  • organizaciones no gubernamentales
  • grupos de consumidores
  • asociaciones de comercio

Asimismo, celebramos reuniones periódicas conjuntas con todas estas partes interesadas, así como reuniones únicamente con representantes de la sociedad civil y de organizaciones sin ánimo de lucro

Para que nos ayuden en nuestro trabajo, hemos creado un Grupo Consultivo sobre el TTIP, formado por dieciséis especialistas independientes, representantes de los ámbitos siguientes:

  • empresas
  • industrias de servicios
  • agricultura
  • sindicatos
  • consumidores
  • salud
  • medio ambiente

Es evidente que las barreras comerciales afectan a las empresas, en particular a las exportadoras, por lo que necesitamos saber con qué problemas se encuentran si queremos negociar un acuerdo que impulse las exportaciones de la UE, estimule el crecimiento económico y cree puestos de trabajo. Más de treinta millones de puestos de trabajo en la UE dependen de las exportaciones. Pero también hemos de tener en cuenta las preocupaciones y las posibles repercusiones de las negociaciones comerciales en todos los ciudadanos de la UE, independientemente de que sean empresarios o trabajadores, agricultores, estudiantes, pensionistas, etc.

Una vez que los negociadores de la UE y de los EE. UU. hayan alcanzado un acuerdo, los Gobiernos de la UE, junto con el Parlamento Europeo, examinarán el texto y podrán aprobarlo o rechazarlo 

Todos los Gobiernos de la UE son elegidos de forma democrática. Los miembros del Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo, cada cinco años, en elecciones que se celebran en toda la UE.

El Derecho de la UE establece que los acuerdos comerciales como el TTIP solo se pueden firmar si cuentan con el apoyo tanto de los Gobiernos de los veintiocho Estados miembros de la UE como de una mayoría de los miembros del Parlamento Europeo, lo que significa que los acuerdos comerciales de la UE están sujetos a una doble garantía democrática.

Esencia de las negociaciones

¿Qué se está negociando en el TTIP?

Las negociaciones abarcan tres ámbitos principales:

Queremos:

  • eliminar prácticamente todos los derechos de aduana de los bienes manufacturados y los productos agrícolas
  • facilitar a las empresas que prestan servicios que puedan hacerlo tanto en la UE como en los EE. UU.
  • crear condiciones de igualdad para las empresas a ambos lados del Atlántico a la hora de presentar ofertas para licitaciones públicas (de este modo, las autoridades públicas tendrían más ofertas entre las que elegir y mejoraría la rentabilidad para los contribuyentes)

Si bien la legislación de la UE y de los EE. UU. a menudo es muy similar, a veces alcanza sus objetivos de diferentes maneras.

Queremos:

  • ayudar a que los legisladores de la UE y de los EE. UU. colaboren más estrechamente al adoptar nueva legislación.
  • reconocer la legislación de la otra parte cuando aporte una protección equivalente

Más sobre el aspecto legislativo del TTIP

Queremos:

  • acceso libre y no discriminatorio a los recursos naturales
  • acceso a la infraestructura
  • acceso a las energías renovables
  • protección de los trabajadores y del medio ambiente
  • que la sociedad civil tenga un papel directo a la hora de garantizar que ambas partes apliquen el acuerdo adecuadamente
  • velar por que las pequeñas y medianas empresas en particular se beneficien del acuerdo

¿Cuáles son algunas de las cuestiones que preocupan?

Normas sobre salud, derechos de los consumidores y medio ambiente

No.

El TTIP no invalidará, derogará ni modificará la legislación de la UE. Los veintiocho Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo tendrían que aprobar cualquier modificación del Derecho o la legislación de la UE para liberalizar el comercio..

El Derecho de la UE contiene normas estrictas que protegen, entre otras cosas:

  • la vida y la salud humanas
  • la salud y el bienestar de los animales
  • el medio ambiente
  • a los consumidores

En la UE, legisladores independientes asesoran a los Gobiernos sobre cuán estrictas han de ser esas normas, basándose en la investigación científica más reciente. El TTIP salvaguardará estas normas, así como el derecho de los Gobiernos a establecer en un futuro el grado de rigidez que consideren oportuno.

No. La carne de vacuno tratada con hormonas está prohibida en la UE. Esto no cambiará con el TTIP

La estricta legislación de la UE destinada a proteger la vida y la salud humanas, la salud y el bienestar de los animales o el medio ambiente y a los consumidores no se modificará como consecuencia del TTIP.

No.  

La UE dispone de un sistema riguroso para decidir si se permite a las empresas vender un determinado OMG en su territorio, que es totalmente independiente de las negociaciones comerciales.

La legislación de base de la UE sobre los OMG, que incluye la evaluación de la seguridad por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el procedimiento de gestión del riesgo, no es negociable. No cambiará como consecuencia del TTIP.

Los científicos de la EFSA evalúan todas las solicitudes de comercialización de productos OMG en la UE. A continuación, los Gobiernos de la UE examinan sus conclusiones antes de decidir si aprueban la solicitud en cuestión. Hasta la fecha, se han autorizado cincuenta y ocho OMG.

Los legisladores de la UE y de los EE. UU. ya han intercambiado información sobre los OMG: sobre políticas, legislación y cuestiones técnicas. El TTIP podría ayudarlos a hacerlo de manera más eficaz. Ello contribuiría a limitar el efecto en el comercio de nuestros diferentes sistemas de autorización de los OMG. 

La UE es el mayor importador y exportador mundial de productos agrarios y alimentarios. La industria alimentaria es el sector manufacturero más grande de la UE en términos de volumen de negocio.

Las exportaciones estadounidenses de mercancías agrícolas a la UE son fundamentales como pienso para animales e ingredientes para la industria alimentaria.

Somos conscientes de que la competencia de los productos estadounidenses como resultado de la plena liberalización del comercio entre la UE y los EE. UU. podría afectar negativamente a algunos productos agrícolas de la UE.

En estos casos, en lugar de la plena liberalización, negociaríamos contingentes de importación, como hemos hecho en otros acuerdos de libre comercio de la UE.

Por supuesto, las exportaciones estadounidenses a la UE seguirán teniendo que cumplir los requisitos básicos de la UE, como la prohibición de la carne de vacuno procedente de animales tratados con hormonas de crecimiento

Servicios públicos

No.

Ni el TTIP ni ningún otro acuerdo comercial de la UE obligan a los países a liberalizar, desregular ni privatizar los servicios públicos a nivel nacional ni local. Esto incluye:

  • la salud pública
  • la educación pública
  • el transporte público
  • la recogida, depuración, distribución y gestión del agua

La UE, en sus acuerdos comerciales, siempre destaca su compromiso con la protección de los servicios públicos en todas las instancias de gobierno, incluso a nivel local. Cualquier decisión de liberalizar, desregular o privatizar estos servicios es competencia exclusiva de los Gobiernos nacionales y las autoridades locales. Los acuerdos comerciales no cambiarán en nada esta situación; el TTIP tampoco la cambiará.

El TTIP tampoco exigirá a los Gobiernos de la UE ni a los servicios de salud pública que subcontraten nada a empresas privadas. Algunos países de la UE han optado por permitir que empresas de países no pertenecientes a la UE impartan enseñanza privada y presten servicios sanitarios; otros no. Cada Gobierno nacional tiene la potestad de elegir.

Si un Gobierno de la UE decide volver a nacionalizar un servicio que él mismo u otro Gobierno anterior había privatizado o subcontratado a una empresa privada, es libre de hacerlo, aunque, por supuesto, tendría que respetar tanto su propia legislación nacional como el Derecho de la UE; por ejemplo, tendría que pagar una indemnización por expropiación. Sin embargo, el TTIP no permitirá a las empresas estadounidenses que demanden a los Gobiernos por lucro cesante.

Derechos de los inversores

La inversión es un elemento fundamental para la economía de la UE. Genera crecimiento y empleo y es un motor clave para el comercio.  Incluir la inversión en la ATCI podría significar:

  • ofrecer nuevas oportunidades de inversión y hacer que tanto la UE como los EE. UU. sean más atractivos para la inversión;
  • crear unas condiciones de igualdad para las inversiones de la UE en los EE. UU. (actualmente, las empresas procedentes de países de la UE que han firmado acuerdos bilaterales de inversión con los EE. UU. gozan de mayor protección que las que proceden de países de la UE que no han firmado tales acuerdos)
  • establecer normas básicas sobre la protección de las inversiones; esto es importante para la creación de un entorno empresarial que propicie el crecimiento y el empleo sostenibles;
  • reformar el actual sistema de protección de las inversiones para hacerlo más equilibrado y transparente y para preservar el derecho de los Gobiernos a regular en aras del interés público.

Desde la década de los cincuenta, los Estados miembros de la UE han firmado unos mil cuatrocientos acuerdos bilaterales de comercio e inversión con terceros países.  Estos acuerdos contienen medidas para proteger las inversiones y para resolver las diferencias entre empresas privadas y Gobiernos: el llamado sistema de solución de diferencias entre inversores y Estados.

En las Naciones Unidas, la UE ha presionado con éxito para la adopción del primer sistema de normas mundiales destinado a hacer de la solución de diferencias entre inversores y Estados un mecanismo más transparente. La Comisión, por su parte, quiere introducir en la ATCI un nuevo sistema de protección de las inversiones que supone una auténtica mejora con respecto a las prácticas actuales y que podría servir de modelo a otros acuerdos.

La ATCI establecería un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) para:

  • asegurarse de que los Gobiernos respetan algunas garantías básicas, a saber:
    • no discriminan a los inversores de otras Partes, sino que
    • los tratan en consonancia con una serie de principios básicos de equidad (por ejemplo, no se apropian de sus activos sin pagarles una compensación adecuada);
  • posibilitan que los Gobiernos y los inversores resuelvan las posibles diferencias que surjan entre ellos de manera justa e imparcial.

La creación del STI implicaría, entre otras cosas:

  • la aclaración y limitación de los derechos de los inversores 
  • la designación de jueces independientes obligados a cumplir un estricto código de conducta
  • una clara garantía del derecho de los Gobiernos a legislar en aras del interés público
  • plena transparencia, al permitir que la documentación y las audiencias de los asuntos estén a disposición del público.

En una palabra, sí, los Gobiernos podrán legislar, y no, las empresas no podrán interponer demandas contra los Gobiernos simplemente porque no les gustan sus nuevas leyes. 
Los Gobiernos seguirán teniendo plena libertad para legislar en aras del interés público. Simplemente tendrán que respetar cuatro garantías básicas:

  • no discriminar a los inversores de otras Partes por motivos de nacionalidad,
  • no apropiarse de sus activos (expropiación), por ejemplo mediante una nacionalización, sin que medie el pago de una compensación adecuada,
  • permitir que los inversores extranjeros transfieran fondos relacionados con sus inversiones desde y hacia su país de origen,
  • proteger a los inversores extranjeros contra otras formas de trato injustas, como:
    • la denegación de justicia, es decir, negar a un inversor la posibilidad de interponer una demanda legítima ante los tribunales del país en el que invierte,
    • la discriminación específica de un inversor por motivos de género, raza o creencias religiosas.

Los inversores solo podrán presentar una demanda ante el STI si alegan el incumplimiento de una o varias de estas garantías claramente establecidas.

Además, en la propuesta de la Comisión:

  • se establece claramente que el derecho de los Gobiernos a legislar en aras del interés público queda plenamente preservado,
  • se aclara que las disposiciones en materia de protección de las inversiones no pueden interpretarse como un compromiso de los Gobiernos a no modificar su legislación en el futuro, incluso aunque ello pueda afectar negativamente a las expectativa del inversor en relación con los beneficios,
  • se impide que los inversores presenten demandas alegando únicamente lucro cesante como consecuencia de la legislación gubernamental.

El STI trabajará con total transparencia. Toda la documentación relacionada con un asunto se colgará en línea, y todas las audiencias estarán abiertas al público. Además, se dará la palabra a todas las partes interesadas en un litigio.

No. La intención de las disposiciones del STI no es que se eviten los órganos jurisdiccionales internos. Por el contrario, dichas disposiciones pretenden garantizar que los inversores extranjeros no se queden tirados en las raras situaciones en las que tales tribunales no puedan resolver un asunto.

La UE y los EE. UU. cuentan con sistemas judiciales robustos y órganos jurisdiccionales internos que funcionan de manera eficaz. En la gran mayoría de los problemas con los que se encuentran los inversores extranjeros (como dificultades para obtener permisos o cuestiones contractuales), los órganos jurisdiccionales internos deberían poder examinar el asunto y tomar decisiones al respecto de manera imparcial y eficaz. 

Sin embargo, ningún sistema judicial es infalible. Puede ocurrir que se impida a los inversores extranjeros que acudan a los órganos jurisdiccionales internos, o que dichos órganos no puedan tramitar una demanda como es debido si, por ejemplo, el asunto se ha politizado.

Además, normalmente los inversores no pueden acogerse a las normas en materia de inversión de acuerdos de comercio internacional como la ATCI ante órganos jurisdiccionales internos.

Estas situaciones podrían dejar al inversor extranjero sin tener a dónde acudir para dirimir sus problemas relacionados con el trato dado a su inversión. Incluso podrían disuadirle de seguir invirtiendo en el país en cuestión.

Una red de seguridad (con condiciones estrictas)

El Sistema de Tribunales de Inversiones de la ATCI proporcionaría una red de seguridad a los inversores en estas situaciones en las que los órganos jurisdiccionales internos no pueden aportar una solución adecuada.

No obstante, si un inversor llevara un asunto ante el Tribunal de Inversiones, primero tendría que retirar cualquier demanda presentada ante un órgano jurisdiccional interno, y aportar prueba de ello al Tribunal de Inversiones.

Asimismo, una vez que el inversor haya llevado un asunto ante el Tribunal de Inversiones, ya no podrá presentarlo ante ningún órgano jurisdiccional interno.  

De este modo:

  • se evita que los inversores denuncien simultáneamente ante los órganos jurisdiccionales internos y ante el Tribunal de Inversiones,
  • se anima a los inversores a resolver los litigios en órganos jurisdiccionales internos y a recurrir al STI de la ATCI solo en última instancia, cuando dichos órganos no hayan respetado las garantías básicas de los inversores que figuran en la ATCI.

Por otro lado, el STI de la ATCI también respetaría a los órganos jurisdiccionales internos de otra forma. Su trabajo se limitaría de manera estricta a las disposiciones de la ATCI relacionadas con la inversión, de conformidad con el Derecho internacional. No resolvería sobre asuntos de Derecho nacional o de Derecho de la Unión.

Por otro lado, en caso de que se planteara una cuestión jurídica sobre una ley nacional, el STI tendría que respetar la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales internos de esa ley. Por tanto, el STI no interferiría en modo alguno en el trabajo de los órganos jurisdiccionales internos.

Propiedad industrial e intelectual

No. 

El ACTA (acuerdo comercial de lucha contra la falsificación) tenía por objeto detener el comercio de productos falsificados entre la UE y una docena de países. En algunos de estos países, la aplicación de las normas relativas a la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual era diferente a la de la UE. El Parlamento Europeo votó en contra del ACTA. La Comisión Europea respeta plenamente la decisión del Parlamento y no tiene intención alguna de tratar de introducir el ACTA en el TTIP.

La UE y los EE. UU. coinciden en la importancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual para estimular la innovación y el crecimiento, así como para la creación de puestos de trabajo. También coinciden en que la infracción de los derechos de autor y otras infracciones de los derechos de propiedad industrial e intelectual son perjudiciales para la economía.  

Tanto la UE como los EE. UU. disponen de leyes precisas y eficaces para proteger la propiedad industrial e intelectual, aunque a veces el planteamiento para lograrlo difiera. 

El TTIP no armonizará las legislaciones de la UE y los EE. UU. en este ámbito, pero podría permitirnos tratar de resolver algunos problemas específicos en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual. También podría ayudarnos a mejorar la colaboración en ámbitos de interés común. Por ejemplo, los músicos no perciben derechos de autor cuando su música se emite por la radio en los EE. UU., a diferencia de lo que ocurre en la UE.