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Preguntas y respuestas

Facilitar el comercio de servicios

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) es un instrumento comercial en fase de negociación entre 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluida la Unión Europea (UE).

Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para todos los países de la UE, que es el principal exportador mundial de servicios. El sector genera en Europa decenas de millones de puestos de trabajo.

Los miembros de la OMC que negocian el ACS desean abrir el comercio de servicios que mantienen entre sí, con la esperanza de que otros miembros se incorporen a las negociaciones o se adhieran al acuerdo cuando ya esté firmado. Por esa razón, el ACS se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por todos los miembros de la OMC. De ese modo, si el ACS recibiera el respaldo de un número suficiente de miembros, podría convertirse en un acuerdo más amplio en el marco de la OMC.

Muy sencillo: porque impulsará el crecimiento y el empleo.

La UE es el principal exportador mundial de servicios y el sector genera en Europa decenas de millones de puestos de trabajo. Facilitar que las empresas europeas exporten servicios a otros países será una garantía de crecimiento y empleo para la UE. Además, al permitir que las empresas de fuera de Europa presten sus servicios en la UE, la oferta será mayor y se abaratarán los precios para los consumidores y las empresas.

El ACS pretende facilitar el comercio de servicios entre los participantes en las negociaciones, de modo que un proveedor de un país pueda prestar sus servicios en otro país (por ejemplo, un abogado australiano que asesore a un cliente en Canadá).
Los representantes de cada parte negocian los términos y condiciones que tendrán que satisfacer los proveedores de otros países para poder prestar servicios en su mercado.
Las negociaciones afectan a todos los ámbitos ya cubiertos por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).
Están incluidos todos los sectores de servicios, excepto:

  • los derechos de tráfico aéreo (es decir, las normas sobre dónde y cómo se pueden transportar pasajeros y carga entre países)
  • los servicios que solo puede prestar el Estado (como la justicia, el orden público o la defensa).
Extracto del artículo I.3 del AGCS

3. A los efectos del presente Acuerdo:
(...)
b) el término "servicios" comprende todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales;
c) un "servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales" significa todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios.

El ACS aborda los obstáculos al comercio de servicios entre los países participantes en las negociaciones. Hay dos tipos de obstáculos:

  • Uno consiste en dar a los proveedores extranjeros un trato diferente del que reciben los proveedores nacionales (es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un país solo permite la prestación de servicios de telecomunicaciones a empresas pertenecientes a sus propios ciudadanos). Estos obstáculos se denominan "limitaciones al trato nacional".
  • También se puede limitar el nivel de actividad de los proveedores extranjeros (es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un país exige una "prueba de necesidades económicas" para determinar si la presencia de proveedores extranjeros incrementaría la competencia por encima de un determinado nivel). Estos obstáculos se denominan "limitaciones al acceso a los mercados".

Todos los países participantes pueden elegir:

  • los tipos de servicios que desean abrir a la competencia de los demás países
  • el alcance de dicha apertura.

Por lo tanto, cada país asume compromisos que tienen en cuenta:

  • el modo en el que están estructurados sus mercados de servicios
  • los sectores que desea proteger de la competencia extranjera
  • su nivel de desarrollo económico.

El ACS no incluirá medidas de protección de los inversores similares al mecanismo de solución de diferencias entre los inversores y el Estado.

El ACS combate el trato discriminatorio que impide que los proveedores de un país presten sus servicios en otros países. Sin embargo, no afecta a la capacidad de los Estados para regular libremente sus mercados de servicios.
Por lo tanto, el ACS no modifica las normas que deben cumplir todos los proveedores, tanto nacionales como extranjeros, en ámbitos como:

  • la protección del medio ambiente o de la salud y la seguridad de las personas
  • las cualificaciones mínimas exigibles para poder prestar un determinado servicio
  • la protección de los derechos de los trabajadores.

En cuestiones de política comercial, la UE habla con una sola voz en nombre de sus 28 Estados miembros, a los que representa en el marco del ACS.

Además de la UE, en el acuerdo también participan otros 22 países y territorios:

  • Australia
  • Canadá
  • Colombia
  • Corea
  • Costa Rica
  • Chile
  • Estados Unidos
  • Hong Kong
  • Islandia
  • Israel
  • Japón
  • Liechtenstein
  • Mauricio
  • México
  • Noruega
  • Nueva Zelanda
  • Pakistán
  • Panamá
  • Perú
  • Suiza
  • Taiwán
  • Turquía
  • Unión Europea

Actualizar y reforzar las normas internacionales

Entre otros motivos, la UE participa en las negociaciones del ACS para reforzar el sistema multilateral de comercio.

La UE es el primer exportador e importador mundial de bienes y servicios. Debido a ello, millones de puestos de trabajo europeos dependen de la actividad comercial. Por lo tanto, no cabe duda de la importancia que tiene para la UE el comercio abierto basado en normas claras y equitativas. Las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptadas por unanimidad de sus miembros, proporcionan el marco para los intercambios internacionales.

Las negociaciones entre todos los miembros de la OMC para facilitar el comercio de servicios han estado interrumpidas durante varios años. El ACS cuenta con la participación de un número limitado de miembros de la OMC, que representan cerca del 70% del comercio mundial del sector. Las negociaciones del ACS ofrecen la oportunidad de alcanzar un acuerdo al que después podrían incorporarse otros miembros de la OMC. Entre los miembros de la OMC ya existe un acuerdo multilateral sobre servicios, que se remonta a 1995. Con el tiempo, el ACS podría quedar integrado en las normas de la OMC.

No, en absoluto. El comercio no es sino uno de los ámbitos en los que la UE aboga por un planteamiento multilateral que incluya al mayor número posible de países. De hecho, la UE y otros miembros de la OMC hicieron un gran esfuerzo para llegar a un acuerdo en la Conferencia Ministerial celebrada en Bali en 2013. Los 159 países participantes convinieron mecanismos para facilitar los intercambios y estimular la economía, especialmente en los países en desarrollo.

El acuerdo de Bali supuso un impulso al sistema multilateral de comercio y a la OMC, ya que puso de manifiesto que sus miembros pueden actuar conjuntamente para obtener resultados. Este hecho podría contribuir al relanzamiento de las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC en el marco de la Ronda de Doha. Por ello, la UE desea que el programa de trabajo de la OMC posterior a la Conferencia de Bali reserve una apartado sustancial a los servicios.

Entretanto, el ACS podría suponer un impulso a la Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales, al congregar a los países que desean una mayor apertura del comercio de servicios. El ACS está abierto a todos los demás miembros de la OMC que compartan ese objetivo. Una vez que se supere un determinado número de miembros adherentes al ACS, la meta es trasladar el acuerdo al sistema de comercio multilateral.

Los países participantes en las negociaciones del ACS desean elaborar un texto que se pueda integrar posteriormente en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC. Por ello, el ACS incluye muchas de las disposiciones fundamentales de dicho acuerdo y ambos textos serán plenamente compatibles.

En la práctica, las partes podrían actualizar sus compromisos actuales en virtud del AGCS, sustituyéndolos por otros nuevos en el marco del ACS (a imagen de lo que ocurre cuando se actualiza el software de un ordenador).

Lo mismo podría hacerse con cualquier novedad o mejora normativa en materia de comercio de servicios que llegaran a acordar.

Un enfoque dual: el ACS y las negociaciones comerciales bilaterales de la UE

Las negociaciones del ACS son muy distintas de las negociaciones comerciales con países concretos y, por ello, se llevan a cabo por separado.

Con el ACS, la UE y los otros 22 participantes tratan de alcanzar un acuerdo sobre servicios al que esperan que se sumen más países.

Por esa razón, las negociaciones se centran en:

  • lograr que los participantes aumenten la apertura de sus mercados de servicios, partiendo de lo ya decidido en 1995 mediante el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC
  • mejorar y actualizar diversas normas del AGCS, como las relativas a los servicios de telecomunicaciones o a las buenas prácticas administrativas
  • crear nuevas disciplinas reguladoras sobre el comercio de servicios, por ejemplo en materia de comercio electrónico (en ámbitos como la protección de los consumidores).

En las negociaciones comerciales bilaterales con países como los EE. UU., Canadá o Japón el foco se centra más en acordar soluciones específicas para problemas concretos.

Por tres razones:

  • Eficiencia: aunque la UE ha celebrado acuerdos de libre comercio con la mayoría de los participantes, sería beneficioso actualizar los apartados de dichos acuerdos correspondientes a los servicios. Además, hay otros países participantes con los que no tenemos ningún acuerdo en materia de servicios y que representan cerca del 20% de nuestras exportaciones en ese sector (130.000 millones de euros). La participación en el ACS nos permite resolver ambas cuestiones al mismo tiempo.
  • Crecimiento y empleo: a medida que aumente el número de miembros de la OMC que opten por participar en las negociaciones del ACS, también se incrementará la importancia económica del acuerdo definitivo. Las consecuencias para el crecimiento y el empleo en la UE serán positivas, ya que somos el principal exportador mundial del sector y nuestras empresas podrán vender más servicios a otros países.
  • Claridad: el acuerdo establecerá nuevas normas en ámbitos como los procedimientos de concesión de licencias o el acceso a las redes de telecomunicaciones. Dichas normas serán aplicables a todos los países del ACS y ofrecerán nuevas oportunidades de exportación para las empresas de la UE.

Proteger los servicios públicos

Ninguno.

No hay ningún acuerdo de libre comercio suscrito por la UE que obligue a los gobiernos a privatizar o liberalizar los servicios públicos a escala nacional o local. Lo mismo puede decirse del ACS o de cualquier otro acuerdo comercial que esté negociando la UE en la actualidad.

Los países que firman acuerdos de libre comercio conservan la potestad de mantener monopolios públicos y regular los servicios públicos del modo que estimen oportuno.

Cada parte en las negociaciones del ACS es libre de determinar los servicios y actividades que desea abrir a los proveedores extranjeros. Estas decisiones reciben el nombre de "compromisos".

La UE siempre excluye de sus compromisos:

  • la sanidad y los servicios sociales públicos
  • la enseñanza pública
  • los servicios de captación, depuración, distribución y gestión del agua
  • el cine, la televisión y los demás servicios audiovisuales.

Estos servicios, que la UE excluye de todos sus acuerdos comerciales, también quedan fuera del ACS. Por consiguiente, la UE puede impedir su prestación por parte de empresas extracomunitarias.

Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de todos los servicios de salud que reciban financiación pública o apoyo estatal de cualquier tipo y que, por lo tanto, no se consideren objeto de financiación privada.
La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a los servicios de enseñanza financiados con fondos públicos.
La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de servicios de captación, depuración y distribución de agua para usos domésticos, industriales, comerciales u otros, incluidos el suministro de agua potable y la gestión del agua.
La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de servicios audiovisuales.
Todos los países participantes en las negociaciones han excluido del ACS los "servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales", cuya prestación compete en exclusiva a las administraciones públicas en condiciones no comerciales (justicia, policía y defensa).

Sin embargo, la UE ha ido incluso más allá en este campo, conservando su capacidad para mantener monopolios de prestación de servicios públicos. Así queda reflejado en:

  • todos sus acuerdos de libre comercio con países o grupos de países
  • el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio
  • los servicios de captación, depuración, distribución y gestión del agua
  • el cine, la televisión y los demás servicios audiovisuales.
Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

Texto:
Los servicios considerados públicos a nivel nacional o local pueden ser objeto de monopolios públicos o de derechos exclusivos otorgados a empresas privadas.
Nota:
Pueden considerarse públicos los siguientes servicios:

  • servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología
  • servicios de I+D en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades
  • servicios de ensayos y análisis técnicos
  • servicios relacionados con el medio ambiente
  • servicios de salud
  • servicios de transporte
  • servicios auxiliares relacionados con todos los modos de transporte.

Con frecuencia, las empresas privadas obtienen derechos exclusivos respecto de tales servicios (por ejemplo mediante concesiones otorgadas por las administraciones públicas, que implican el cumplimiento de determinadas obligaciones).
Dado que los servicios públicos también existen a menudo a nivel local, no resulta práctico establecer listas detalladas y exhaustivas por sectores.

Esto quiere decir que la UE y sus Estados miembros retienen la capacidad de mantener monopolios públicos y derechos exclusivos para la prestación de servicios públicos a todos los niveles, incluido el local.

No.

En las negociaciones del ACS la UE ha garantizado que los Estados miembros puedan adoptar cualquier medida que estimen oportuna en materia de gestión, captación, depuración o distribución de agua. El ACS no afectará a ese derecho en modo alguno.

Es más, los países que abrieran la prestación de servicios relacionados con el agua a empresas extranjeras seguirían conservando la potestad de establecer los niveles de calidad, seguridad y precio, o de adoptar otro tipo de medidas. Las disposiciones legales y reglamentarias que adoptasen se aplicarían por igual a los proveedores nacionales y extranjeros.
Lo mismo ocurre en todos los demás acuerdos comerciales de la UE.

Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de servicios de captación, depuración y distribución de agua para usos domésticos, industriales, comerciales u otros, incluidos el suministro de agua potable y la gestión del agua.

El ACS se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) suscrito por los miembros de la OMC. Hay que tener en cuenta que ningún país firmante del AGCS ha asumido el compromiso de permitir la distribución de agua en su territorio por parte de empresas extranjeras.

En la UE existe un mercado único que permite que las empresas de un Estado miembro presten servicios de aguas en otro Estado miembro. Sin embargo, esa posibilidad no depende en modo alguno del ACS ni del AGCS.

En las negociaciones del ACS la UE ha mantenido una postura clara sobre la enseñanza pública: no abrirá la prestación de esos servicios a las empresas de fuera de Europa.
Lo mismo ocurre en todos los demás acuerdos comerciales de la UE.

Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a  los servicios de enseñanza financiados con fondos públicos.

La posición en cuanto a la enseñanza privada varía en función del Estado miembro.
Como ocurre en todas las negociaciones comerciales de la UE, dentro del ACS cada Estado miembro tiene libertad para:

  • decidir si permite que las empresas de fuera de la UE presten servicios de enseñanza en su territorio
  • establecer las condiciones que deben cumplir dichas empresas.

En cualquier caso, los Estados miembros conservan la potestad de establecer sus políticas y programas en materia educativa.

Ninguno de los acuerdos de libre comercio de la UE obliga a los Estados miembros a privatizar sus servicios de salud. El ACS no será una excepción.

Por supuesto, si un país de la UE decide efectuar una privatización total o parcial de sus servicios sanitarios, es libre de hacerlo.

En las negociaciones del ACS, la UE ha manifestado que no permitirá que las empresas de fuera de la UE presten servicios sanitarios o sociales financiados con fondos públicos.

Lo mismo ocurre en todos los demás acuerdos comerciales de la UE.

Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de todos los servicios de salud que reciban financiación pública o apoyo estatal de cualquier tipo y que, por lo tanto, no se consideren objeto de financiación privada.

Ahora bien, cualquier Estado miembro puede permitir que las empresas de fuera de Europa presten asistencia sanitaria privada. En caso de hacerlo, es libre de regular esos servicios, por ejemplo mediante la definición de las normas de seguridad y calidad que deben cumplir los proveedores.

No.

Una cláusula de este tipo en un acuerdo comercial implica que un país no puede reintroducir un obstáculo al comercio ya eliminado de forma unilateral en un ámbito en el que haya asumido un compromiso.
La "cláusula de trinquete" del ACS:

  • se aplica exclusivamente a los compromisos sobre el "trato nacional" (es decir, sobre la igualdad de trato a proveedores nacionales y extranjeros)
  • no afecta a los compromisos de "acceso a los mercados" (para determinar el nivel de actividad de los proveedores, por ejemplo si existe un monopolio o no). 

Cada país puede elegir qué tipos de servicios pueden prestar los proveedores extranjeros y en qué condiciones.  Los países que deciden no asumir un compromiso de acceso a los mercados, conservan su capacidad para cerrar el sector a la competencia en el futuro, por ejemplo mediante la imposición de un monopolio.

  • La UE ha decidido no asumir compromisos sobre el trato nacional ni el acceso a los mercados en los siguientes ámbitos:
  • sanidad y servicios sociales financiados con fondos públicos
  • enseñanza financiada con fondos públicos
  • servicios de captación, depuración, distribución y gestión del agua
  • cine, televisión y demás servicios audiovisuales. 

No hay riesgo de que la "cláusula de trinquete" se aplique a estos servicios porque la UE ha decidido excluirlos de sus obligaciones con arreglo al ACS,  conservando su libertad para permitir o no que las empresas extranjeras los presten en su territorio. 

Por consiguiente, no se puede afirmar que la "cláusula de trinquete" del ACS constituya un mecanismo oculto para la privatización de servicios públicos como los de suministro de agua.

Exclusión de determinados servicios

Con arreglo al ACS, las partes pueden optar por no aplicar esta cláusula a determinados servicios incluidos en las negociaciones. 

Por lo tanto, la UE puede excluirlos de cualquier decisión que tenga por objeto reservar el mismo trato a los proveedores de servicios extranjeros.  Las exclusiones pueden aplicarse a la UE en su conjunto o a uno o varios países miembros.

De este modo, la UE podría revocar cualquier decisión adoptada para suprimir un obstáculo que discrimine a las empresas extranjeras en los sectores excluidos de esta cláusula.

No.

La "cláusula de trinquete" del ACS no afectará a la capacidad de las partes para regular de forma no discriminatoria.

Por ejemplo, los países seguirán siendo libres de adoptar legislación para establecer normas sociales o de salario mínimo, seguridad, calidad y medio ambiente, siempre que se apliquen por igual a los proveedores nacionales y extranjeros y no limiten el número de empresas autorizadas a prestar servicios. 

Por consiguiente, no se puede afirmar que la "cláusula de trinquete" limite la capacidad de los países para regular los servicios públicos.

Proteger la cultura europea y los derechos de los trabajadores

Como ya ha hecho en otras negociaciones comerciales, Europa no abrirá su mercado de servicios culturales y audiovisuales a proveedores de fuera de la UE.

Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

La UE se reserva el derecho a adoptar o mantener cualquier medida relativa a la prestación de servicios audiovisuales.

Algunos Estados miembros ya han accedido a abrir determinados servicios culturales a la competencia extranjera:

  • en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)
  • a través de los acuerdos de libre comercio celebrados por la UE con determinados países o grupos de países.

Se trata de los siguientes servicios:

  • agencias de noticias
  • teatro
  • bandas
  • circos.

Los gobiernos de estos países han tomado esa decisión porque consideran que beneficiará a sus economías.

No. Los acuerdos sobre el comercio de servicios no afectan a las leyes sobre las que se sustentan los derechos de los trabajadores, como el derecho de afiliación a un sindicato o al salario mínimo.
Cada país de la UE establece normas para las personas procedentes del exterior que desean prestar servicios en su territorio. En ellas se especifica:

  • si tienen derecho a pensiones públicas, prestaciones por desempleo y otras prestaciones de seguridad social
  • el periodo máximo de estancia
  • si tienen derecho al salario mínimo (en caso de que exista)
  • su capacidad de negociación salarial colectiva, por ejemplo a través de un sindicato.

Los Estados miembros establecen algunas de estas normas de forma independiente, mientras que otras las acuerdan conjuntamente a nivel de la UE.
En las negociaciones del ACS la UE ha manifestado que condicionará la firma del acuerdo definitivo a la aceptación inequívoca de que:

  • seguirán siendo de aplicación todas las leyes y reglamentos de la UE y sus Estados miembros que regulan la entrada, estancia y actividad laboral de los ciudadanos de terceros países en su territorio
  • no se permitirá la entrada temporal de trabajadores de terceros países cuando ello pueda afectar a un litigio entre empresarios y trabajadores dentro de la UE.
Extracto de la oferta inicial de la UE en el marco del ACS (noviembre de 2013)

Seguirán siendo de aplicación todos los demás requisitos en materia de entrada, estancia, actividad laboral y régimen de seguridad social contemplados en las leyes y reglamentos de la UE y sus Estados miembros, incluidas las normativas sobre duración de la estancia, salarios mínimos y negociación salarial colectiva.

Los compromisos no se aplicarán a los casos en los que el objetivo o la consecuencia de la presencia temporal sea interferir o influir en un litigio o negociación en materia laboral o de gestión.

Por lo tanto, si la UE alcanzara un acuerdo en el marco del ACS para permitir la prestación temporal de servicios por parte de ciudadanos de terceros países, ello no afectaría a las legislaciones nacionales o europea en materia de condiciones laborales o sociales.

La UE también puso esta condición en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).

Proteger los datos de las personas

No.

El ACS contendrá las mismas garantías de protección de la intimidad que las actualmente vigentes en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El ACS no contiene disposición alguna que impida a un país aplicar su propia legislación en materia de confidencialidad y protección de datos.

Extracto del artículo XIV del AGCS

"A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en que prevalezcan condiciones similares, o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir que un Miembro adopte o aplique medidas: (...)
c) necesarias para lograr la observancia de legislación o reglamentaciones que no sean incompatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, incluso las relativas a: (...)
ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la difusión de datos personales y la protección del carácter confidencial de los registros y de las cuentas personales".

Por lo que respecta a la transferencia de datos financieros, seguirán siendo de aplicación todas las legislaciones nacionales y de la UE en materia de protección de la intimidad. El ACS no introducirá cambio alguno.

En las negociaciones del ACS se están debatiendo las posibles normas para la transferencia de datos, inspiradas en disposiciones similares de acuerdos de libre comercio de la UE, como el celebrado con Corea del Sur.

Extracto de Acuerdo de libre comercio UE-Corea (artículo 7.43)

"Cada Parte, reafirmando su compromiso de proteger los derechos fundamentales y la libertad de las personas, adoptará las salvaguardias adecuadas para la protección de la privacidad, en especial por lo que se refiere a la transferencia de datos personales".

No.

Nada de lo propuesto en el ACS afectará a la capacidad de un país para regular los servicios financieros, a condición de que se dé el mismo trato a las empresas nacionales y extranjeras. Cualquier país podrá imponer restricciones al comercio para mantener la estabilidad de su sistema financiero o proteger a sus consumidores e inversores.

Hemos incorporado a las negociaciones del ACS:

  • los principios comunes aplicables a la regulación de los servicios financieros
  • las modalidades de apertura mutua de los mercados
  • otras medidas para garantizar el mismo trato a las empresas nacionales y extranjeras.

Nuestra base de negociación son los dos acuerdos vigentes firmados en 1997 por la UE y otros miembros de la OMC:

No. El Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) ha pasado a mejor vida y la UE no tiene la menor intención de resucitarlo.

El ACTA, cuyo objetivo era poner fin al comercio de productos falsificados, fue rechazado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea respeta plenamente esa posición.

Por lo tanto, no nos proponemos utilizar el ACS para elaborar nuevas normas contra la falsificación de productos. No habrá un "ACTA camuflado", ni en el ACS ni en ninguna otra parte.

Garantizar la transparencia

No. Las negociaciones comerciales no son públicas, pero tampoco son secretas.

La Comisión facilita información periódica sobre la evolución de las conversaciones y copias de todos los documentos de negociación:

  • al Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los gobiernos de los 28 países de la UE
  • al Parlamento Europeo.

Además, se reúne frecuentemente con representantes de la sociedad civil.

Cuando la Comisión Europea negocia cuestiones de política comercial, lo hace en nombre de la UE y sus Estados miembros. Los 28 Estados miembros tienen más fuerza hablando con una sola voz que negociando por separado.

El ACS no es una excepción. La Comisión negocia a partir de unas orientaciones o "directrices de negociación" que recibe del Consejo de la UE, donde están representados todos los gobiernos de la UE.

Cada Gobierno tiene que rendir cuentas ante su propio Parlamento nacional. La Comisión Europea mantiene informados sobre la evolución de las negociaciones tanto a los Estados miembros como a los diputados al Parlamento Europeo. En el transcurso de las negociaciones, los Estados miembros pueden proporcionar orientaciones a la Comisión y el Consejo de la UE puede optar por darle nuevas instrucciones.

Cuando los negociadores hayan llegado a un acuerdo, el texto se someterá al examen de los Estados miembros de la UE, reunidos en el Consejo, y el Parlamento Europeo. La decisión definitiva de aprobar o rechazar el acuerdo está en sus manos.

El mandato son las directrices que los Gobiernos de los 28 países de la UE dieron a la Comisión Europea para que negociara el ACS.

Los Gobiernos de los 28 países de la UE dieron a la Comisión Europea el mandato de negociar el ACS.  El mandato son una serie de directrices a la Comisión.  Solo los gobiernos de la UE pueden decidir si publican o no sus directrices.

La Comisión Europea ha abogó por hacer público el mandato.  En marzo de 2015, los Gobiernos de la UE acordaron hacer público el mandato, medida que la Comisión saludó como un necesario impulso a la transparencia.