Ubicación en el portal

Contenido de esta web

Preguntas frecuentes

El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) es un tratado internacional entre la Unión Europea y Canadá.

Las negociaciones han finalizado pero, para entrar en vigor, el Acuerdo debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE.

El AECG es el primer acuerdo comercial entre la UE y una de las principales economías mundiales,  además de ser el acuerdo comercial bilateral más amplio negociado hasta la fecha.  Aborda un amplio abanico de temas de ámbito federal y provincial canadiense que afectan a las exportaciones europeas de bienes y servicios a Canadá,  facilita las inversiones y crea un entorno empresarial más previsible.

Una vez entre en vigor, será mucho más fácil para los exportadores y los inversores de la UE hacer negocios,  vender productos y prestar servicios en Canadá, y todo ello contribuirá a mantener el empleo en Europa.

La UE quiere estrechar las relaciones económicas con un socio afín como Canadá,  que es asimismo un extenso mercado, un importante destino para las inversiones europeas y un país rico en recursos naturales que Europa necesita.  Ofrece energía y materias primas y es una fuente significativa de conocimientos técnicos.
El AECG será positivo para nuestras economías y contribuirá a crear empleo en tiempos de incertidumbre económica,  convergiendo así con el objetivo de la estrategia Europa 2020 de impulsar el crecimiento aumentando la competitividad de la economía de la UE en mercados abiertos y justos en todo el mundo.
Canadá es uno de los países no europeos más desarrollados con los que la UE ha negociado un acuerdo comercial de esta magnitud.  El Acuerdo crea grandes oportunidades en todos los sectores de la economía.  Se prevé que el comercio de bienes y servicios entre Canadá y la UE se incremente casi un 25% y que,  en general, el PIB de la UE aumente unos 12.000 millones de euros al año.

Canadá ocupa el duodécimo lugar entre los socios comerciales de la UE.  La UE, por su parte, es el segundo socio comercial de Canadá, después de Estados Unidos, y representa el 10% de su comercio exterior.  El comercio de bienes entre la UE y Canadá asciende a unos 60.000 millones de euros al año.  La UE exporta a Canadá principalmente maquinaria, equipos de transporte y productos químicos.  Los servicios comerciales (esencialmente transportes, viajes, seguros y servicios de comunicación) superan los 26.000 millones de euros (datos de 2012).

Las inversiones son otro elemento fundamental de las relaciones.  La UE es el segundo inversor extranjero en Canadá, y Canadá el cuarto en la UE.  En 2012, las inversiones europeas en Canadá alcanzaron un valor de casi 260.000 millones de euros, y las inversiones extranjeras directas canadienses en la UE superaron los 142.000 millones de euros.  Las empresas canadienses establecidas en Europa crean muchos puestos de trabajo, comparten su experiencia y exportan de Europa a mercados extranjeros.  El valor de su producción en la UE supera con mucho al de la totalidad del comercio entre la UE y Canadá.  Por ello el AECG ofrecerá mejores condiciones no solo para el comercio sino también para la inversión.

El AECG:

  • Eliminará casi todos los derechos de importación, lo que supondrá para los exportadores europeos un ahorro de cerca de 500 millones de euros al año.
  • Permitirá a las empresas de la UE presentarse a licitaciones en Canadá.
  • Permitirá a las empresas de la UE acceder a los mercados de servicios y de inversión de Canadá.
  • Facilitará los desplazamientos temporales de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá.
  • Permitirá a los arquitectos, ingenieros y contables europeos prestar servicios en Canadá.
  • Contribuirá a acabar con las reproducciones ilegales de las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y alimentos tradicionales europeos en Canadá.
  • Incrementará la cooperación entre los organismos de normalización canadienses y europeos.

En detalle:

El AECG eliminará casi todos los derechos de importación, lo que representa un ahorro de aproximadamente 500 millones de euros anuales para los exportadores europeos,  y contribuirá a eliminar algunos de los obstáculos burocráticos al comercio.

Las empresas de la UE podrán presentarse a licitaciones de contratos públicos en todos los niveles de la administración de Canadá, incluido el provincial, que gestiona una gran parte del gasto público canadiense.  Las empresas europeas serán las primeras en obtener ese nivel de acceso a la contratación pública en Canadá.  Ningún otro acuerdo internacional celebrado por Canadá ofrece oportunidades similares. El AECG es una buena noticia para las empresas europeas y el empleo en Europa.

Gracias al Acuerdo, las empresas de la UE podrán acceder a los servicios y mercados de inversión de Canadá,   además de prestar servicios postales, de telecomunicaciones y de transporte marítimo.  También se facilitarán a las empresas de servicios financieros de la UE las operaciones en Canadá.
El AECG facilitará asimismo los desplazamientos temporales del personal ejecutivo de empresas y los proveedores de servicios entre la UE y Canadá, lo que supone una gran ventaja para las empresas que operan a ambos lados del Atlántico.  Los arquitectos, ingenieros y contables europeos podrán ofrecer directamente sus servicios a los clientes canadienses.

Las innovaciones, obras de arte, marcas comerciales y productos tradicionales europeos gozarán en Canadá de una protección similar a la que tienen en la UE.  De esta forma se previene su reproducción ilegal,  lo que redunda en beneficio del sector farmacéutico, los agricultores y los productores alimentarios europeos.  Con ello se beneficia también a las pequeñas y medianas empresas europeas.

El AECG no implica que la normativa canadiense se reconozca automáticamente en Europa o viceversa.  No obstante, mejorará la transparencia e incrementará la cooperación entre los organismos de normalización de ambas partes.  Tanto Canadá como la UE reconocerán los resultados de algunos de los controles oficiales de la otra parte para garantizar que los productos cumplan las normas.  Así se reducirán los costes administrativos que supone tener que comprobar dos veces el cumplimiento de las normas técnicas y las empresas de la UE podrán competir más fácilmente con las estadounidenses en el mercado canadiense.

En la sección sobre los resultados del Acuerdo encontrará más información sobre las mejoras introducidas.

La agricultura es importante tanto para Canadá como para la UE.  La producción de alimentos nos afecta a todos, no solo a los agricultores.  El AECG demuestra que podemos alcanzar un acuerdo comercial sin que nadie tenga que sacrificar sus intereses.  La apertura de los mercados permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores.  La UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la posibilidad de vender más en un mercado de renta elevada.  El Acuerdo ofrecerá una protección especial a la gran variedad de productos de la UE vinculados a un lugar concreto, como el jamón de la Selva Negra, el jamón de Parma o el queso de Roquefort.

No. El AECG no afectará a las normas de seguridad alimentaria ni de medio ambiente de la UE.  Como hasta ahora, los productos canadienses solo podrán importarse y venderse en la UE si cumplen plenamente la normativa.  El Acuerdo no afecta a las restricciones que aplica la UE a los OMG o la carne de vacuno con hormonas de crecimiento. 

El AECG tampoco restringe, ni en la UE ni en Canadá, la adopción de disposiciones legislativas en ámbitos de interés público como el medio ambiente, la salud y la seguridad.

El AECG es la base del futuro diálogo entre Canadá y la UE sobre elaboración de políticas.  Ambas partes intercambiarán información sobre buenas prácticas,  sin que ello afecte a la posibilidad de elaborar normas que respondan a las necesidades y prioridades de los ciudadanos europeos.

Dentro del AECG, la UE y Canadá han acordado crear un Foro de Cooperación en materia de Regulación. Será un mecanismo voluntario de cooperación que permitirá a los reguladores intercambiarse experiencias e información e identificar ámbitos en los que cooperar. No servirá para modificar los reglamentos existentes ni elaborar legislación nueva. Tampoco tendrá capacidad de decisión. Se limitará a ofrecer asistencia y sugerencias a los reguladores y legisladores y no restringirá de ningún modo la capacidad de decisión de los reguladores de los Estados miembros ni de la UE

Además, el capítulo de obstáculos técnicos al comercio contiene cláusulas para mejorar la transparencia y favorecer los contactos entre la UE y Canadá con vistas a la regulación de los aspectos técnicos. La UE y Canadá han acordado asimismo estrechar las relaciones entre sus organismos de normalización. Ambas partes han acordado aceptar los certificados de evaluación de la conformidad expedidos por los organismos evaluadores de la otra parte en diversos sectores como la electricidad, el material electrónico y de radio, los juguetes, la maquinaria y los instrumentos de medida. Esto significa que un organismo de evaluación de la conformidad de la UE puede ensayar productos europeos destinados al mercado canadiense de acuerdo con las normas canadienses y viceversa. Así se evitará la duplicación de las pruebas y se podrán reducir significativamente los costes de las empresas y los consumidores. Esto favorecerá especialmente a las pequeñas empresas, para quienes resulta prohibitivo pagar dos veces por la misma prueba

No. Al igual que todos los acuerdos comerciales de la UE, el AECG no afecta a los servicios públicos. Así: 

  • Los Estados miembros de la UE podrán mantener monopolios públicos en un determinado servicio si así lo desean. 
  • El AECG no obligará a las administraciones a privatizar o liberalizar los servicios públicos como el suministro de agua, la sanidad o la educación. 
  • Los Estados miembros de la UE mantendrán la capacidad de decidir qué servicios son universales y públicos y de subvencionarlos si lo desean.

El AECG es un acuerdo de referencia y, sin duda, la experiencia de sus negociaciones inspirará a los negociadores europeos del acuerdo con Estados Unidos.  Nuestra meta en ambas conversaciones es similar: llegar a un acuerdo global que ayude a nuestras empresas a prosperar en el mercado transatlántico y, de este modo, generar crecimiento y crear empleo.

No obstante, el AECG y el ATCI constituyen dos negociaciones independientes con dos socios diferentes.  Cada una se lleva adelante en función de sus propias características y condiciones.  Con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no tenemos las mismas relaciones económicas que con Canadá.  La dimensión y la dinámica del mercado son distintas.  El AECG demuestra que se puede llegar a un acuerdo importante de libre comercio entre países avanzados, pero no prejuzga el resultado de las negociaciones entre la UE y Estados Unidos.

No, en absoluto.  Cuando se iniciaron las negociaciones con Canadá, en 2009, la Comisión Europea insistió en disponer del máximo de información posible para poder definir sus posiciones de negociación: 

  • Encargó una evaluación del impacto en la sostenibilidad.
  • Animó a todas las partes interesadas a presentar observaciones sobre todas las cuestiones que afectasen a la sociedad civil y a los distintos sectores económicos de la UE.

Durante los cinco años de negociaciones, la Comisión mantuvo varias reuniones de diálogo con la sociedad civil para los interesados.

Paralelamente, hemos colaborado muy estrechamente con los Estados miembros y los diputados al Parlamento Europeo, manteniéndoles completamente informados de los avances de las negociaciones.

El texto del AECG está disponible en internet y  se debatirá en el Parlamento Europeo, elegido democráticamente, y en el Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Estados miembros.  El AECG no surtirá efecto hasta que ambas instituciones hayan aprobado el texto.

Las negociaciones del AECG han durado cinco años y han finalizado en agosto de 2014.  Actualmente los juristas de la Comisión están revisando el texto.  En cuanto se haya traducido a todas las lenguas oficiales de la UE se debatirá en el Consejo de la UE y en el Parlamento Europeo.  En aras de la total transparencia hacia los ciudadanos de la UE, el texto se hizo público en la fase inicial del debate.  Si el Consejo y el Parlamento Europeo lo aprueban en en 2016, podría aplicarse a partir de principios de 2017,  pero también tienen que aprobar el texto las instancias jurídicas canadienses.

El sistema de resolución de litigios de inversión se destina a proteger a los inversores extranjeros de un trato discriminatorio o injusto por parte de las administraciones.

Aunque un país cuente con un sistema jurídico sólido, eso no siempre significa que su legislación proteja a los inversores extranjeros de discriminaciones por parte de la administración.  A pesar de que Canadá y la UE son economías desarrolladas, las empresas pueden encontrar problemas que afecten a sus inversiones y que los tribunales nacionales no puedan resolver eficazmente. El AECG no formará parte de la legislación canadiense y, por lo tanto, no puede utilizarse como base jurídica en los tribunales canadienses.  La legislación canadiense, por ejemplo, no protege siempre a los extranjeros de la discriminación. Por eso, es posible que en algunos casos los inversores tengan que invocar el Derecho internacional.  Es la opinión de los Estados miembros de la UE, que otorgaron a la Comisión Europea el mandato de negociar la protección de la inversión en el AECG.

En teoría, todos los inversores y las empresas deben recibir un trato equitativo y justo por parte de las administraciones y los tribunales nacionales de cada país.  Los acuerdos internacionales de comercio e inversión -y la posibilidad de utilizar la resolución de litigios internacionales para hacer que se cumplan- contribuyen a garantizar dicho trato.

La mayoría de los problemas que encuentran los inversores extranjeros en los países con sistemas jurídicos desarrollados son de carácter administrativo y  están relacionados con el trato que las administraciones dan a los inversores en el contexto de licencias, permisos o promesas de funcionarios del gobierno.

El Estado de acogida puede tomar o aplicar una decisión de manera injusta o discriminatoria para los productores extranjeros.  Por ejemplo, puede permitir que una empresa nacional fabrique un determinado producto y, al mismo tiempo, prohibir la fabricación del mismo producto en una planta propiedad de una empresa extranjera.

Las autoridades pueden denegar a un inversor extranjero el derecho de recurso, lo que supone vulnerar un derecho fundamental.  Si se impide a los inversores acudir a los tribunales locales o si estos no pueden tramitar una denuncia de manera eficaz, los inversores no tienen a quién acudir para resolver sus problemas.

En esas situaciones, el sistema de resolución de litigios de inversión en el AECG ofrecerá a los inversores la posibilidad de recurso legal.

Incluir medidas de protección de los inversores no impide a los Estados aprobar leyes ni les obliga a derogarlas.

En las últimas décadas, los Estados miembros de la UE han celebrado unos 1.400 acuerdos de este tipo con muchos países del mundo, y ello no les ha impedido adoptar nuevas leyes.  Lo mismo se aplica a Canadá y los Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994.  A lo sumo, una decisión de un tribunal de resolución de litigios puede dar lugar, por ejemplo,  a que se indemnice a un inversor, que haya visto confiscados sus bienes.

El AECG refleja todos los elementos importantes del nuevo enfoque de la UE en materia de inversiones.

El nuevo sistema de protección de las inversiones en el AECG:

  • rompe con el actual sistema de arbitraje ad hoc al crear un tribunal de resolución de litigios permanente e institucionalizado con miembros nombrados por la UE y Canadá
  • establece un sistema de recurso comparable al existente en los ordenamientos jurídicos nacionales
  • incluye un código de conducta para los miembros del tribunal
  • garantiza el control gubernamental de los miembros del tribunal
  • garantiza la total transparencia de los procedimientos
  • prohíbe las denuncias infundadas.

Las empresas no podrán denunciar a las administraciones solo porque sus beneficios se vean afectados.  Solo se permitirá presentar denuncias en un número limitado de casos bien definidos de infracción del AECG y discriminación a los inversores por su nacionalidad. Las empresas deberán demostrar que se han infringido específicamente disposiciones del Acuerdo y los miembros del tribunal no tendrán ningún margen para interpretarlo libremente.
Concretamente:

  • El AECG creará un sistema sólido e independiente de resolución de litigios de inversión:
    • Un tribunal permanente, designado por las partes del acuerdo conocerá los casos de incumplimiento de las normas de protección de las inversiones en el AECG.
    • Los casos serán sometidos a divisiones del tribunal, compuestas por tres miembros seleccionados de forma aleatoria (uno de la UE, otro de Canadá y otro, que será el presidente, procedente de un tercer país).
    • Cuando entre en vigor del Acuerdo, se creará un tribunal de apelación competente para conocer y revisar las decisiones decisiones del tribunal.
  • El AECG establecerá normas sobre los miembros del tribunal:
    • Un código de conducta vinculante garantizará la independencia e imparcialidad de los miembros del tribunal. 
    • Disposiciones operativas que prohíban el denominado "doble mandato" (cuando un miembro del tribunal también trabaja en paralelo como asesor y expertos en otros litigios de inversión) durante todo el ejercicio de su función.
    • Exclusión de los miembros del tribunal que no cumplan el código de conducta.
  • El AECG garantizará la total transparencia de los procedimientos:
    • Todos los documentos presentados por las partes y las decisiones del Tribunal serán de acceso público en un sitio web. 
    • Todas las audiencias serán públicas.
    • Las partes interesadas (ONG, sindicatos, etc.) podrán presentar alegaciones.
  • El AECG excluirá las denuncias infundadas:
    • Las denuncias infundadas se desestimarán rápidamente y el inversor deberá pagar las costas procesales, incluidas las del Estado impugnado. 
    • El tribunal podrá tomar decisiones rápidas y desestimar las denuncias cuando sea evidente que el denunciante no tiene motivos sólidos, bien porque claramente no es un inversor admisible a efectos del AECG, bien porque la medida denunciada es ajena a las disposiciones de protección de las inversiones del AECG.

Estas normas ofrecen a los inversores la seguridad jurídica que necesitan y evitan un uso abusivo del sistema.

Las disposiciones del AECG sobre protección de las inversiones y litigios de inversión sustituirán a los ocho acuerdos bilaterales de inversión actuales entre los Estados miembros de la UE y Canadá.  Habrá un solo conjunto de normas, lo que simplificará la situación para inversores y Estados.  Permitirá también introducir garantías adicionales contra el riesgo de abuso del sistema para impugnar leyes legítimas aprobadas en aras del interés público.

Más información sobre la resolución de litigios de inversión y el AECG