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A fondo

Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG)

Datos esenciales del AECG

  • Es un acuerdo económico global entre la UE y Canadá.
  • Elimina el 99% de los derechos de aduanas y muchos obstáculos más para las empresas.
  • Impulsa el comercio, refuerza las relaciones económicas y crea empleo.
  • Se prevé que incremente en 12.000 millones de euros el PIB europeo.
  • El texto acordado es público.
  • Se ha presentado para la aprobación democrática de la UE.

El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) es un tratado negociado recientemente por Canadá y la UE. Cuando entre en vigor ofrecerá a las empresas de la UE más y mejores oportunidades en Canadá y contribuirá al empleo en Europa.

El AECG aborda toda una serie de problemas con el fin de facilitar los negocios con Canadá. Eliminará los derechos de aduanas y las restricciones del acceso a los contratos públicos, abrirá el mercado de servicios, ofrecerá condiciones previsibles a los inversores y contribuirá a prevenir la reproducción ilegal de las innovaciones y los productos tradicionales de la UE.

El Acuerdo incluye todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no vaya en detrimento de la democracia, el medio ambiente o la salud y seguridad de los consumidores.

Resultados de las negociaciones

Following the political break-through of October last year, negotiators have now finished their work on the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA). In this section we present the complete outcome of the negotiations.

Tenga en cuenta que el texto del Acuerdo no es aún vinculante con arreglo a la legislación internacional y solo lo será una vez concluyan la revisión jurídica y el procedimiento de ratificación.

Better Regulation Agenda

Propuesta de Reglamento de aplicación del Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre Canadá y la UE que acompaña a las decisiones por las que se autoriza su firma y su celebración.

Hojas de ruta o evaluaciones de impacto inicial

Supresión de los derechos de aduana

Con el AECG se eliminan todos los derechos industriales, lo que representa un ahorro de aproximadamente 470 millones de euros anuales para los exportadores europeos.

Los derechos se eliminarán rápidamente, la mayoría en cuanto entre en vigor el Acuerdo. En siete años no quedará ningún derecho de aduanas entre Canadá y la UE por los productos industriales.

También se suprimirán numerosos derechos de aduana en el sector agrario y alimentario. Cerca del 92% de los productos agrícolas y alimenticios de la UE se podrán exportar a Canadá con exención de derechos.

La apertura de los mercados agrarios permite mantener precios bajos y aumentar la oferta a los consumidores. La UE, gran productora de alimentos de calidad, se beneficiará de la mejora del acceso a un mercado de renta elevada como es el de Canadá. Los resultados de las negociaciones ofrecen perspectivas especialmente interesantes para los productos agrícolas transformados, que están entre las principales exportaciones de la UE. La eliminación de casi todos los derechos canadienses por estos productos supondrá un considerable beneficio para la industria alimentaria de la UE. La de los aranceles por los vinos y licores, complementada con la de otros obstáculos comerciales, mejorará significativamente el acceso al mercado canadiense.

Para determinados productos sensibles, como la carne de vacuno y porcino o el maíz dulce por parte de la UE, o los productos lácteos por la de Canadá, el acceso preferente se limitará a unos contingentes. El mercado de las aves de corral y los huevos no se liberaliza por ninguna de las partes. Se mantiene el sistema de precios de entrada de la UE.

Gracias a la eliminación de los aranceles, la industria transformadora de la UE tendrá mejor acceso al pescado canadiense. Paralelamente se desarrolla la pesca sostenible, en concreto por lo que respecta a las medidas de seguimiento, control y vigilancia y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Acceso de las empresas de la UE a los contratos públicos canadienses

Con el Acuerdo, las empresas de la UE podrán presentarse a contratos públicos en cualquier nivel de la administración canadiense, incluida la administración provincial, responsable de gran parte del gasto público.

Un estudio conjunto UE-Canadá (2008) calculaba entre 15.000 y 19.000 millones de dólares canadienses el valor total anual de los contratos concedidos por la administración federal en Canadá. En otros niveles de la administración esta cifra se supera con creces. Por ejemplo, en 2011 la contratación municipal se calculó en 112.000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 82.000 millones de euros), equivalentes al 7% del PIB canadiense.

Las empresas europeas serán las primeras empresas extranjeras en obtener ese nivel de acceso a la contratación pública en Canadá. Ningún otro acuerdo internacional celebrado por Canadá ofrece oportunidades similares.

Canadá creará también una web única de contratación electrónica que combinará la información sobre todas las licitaciones para garantizar que las empresas de la UE puedan aprovechar las nuevas oportunidades.

Incremento de la cooperación normativa

Dentro del AECG, la UE y Canadá han acordado crear un Foro de Cooperación en materia de Regulación.  Será un mecanismo voluntario de cooperación que permitirá a los reguladores intercambiarse experiencias e información e identificar ámbitos en los que cooperar.  No servirá para modificar los reglamentos existentes ni elaborar legislación nueva.  Tampoco tendrá capacidad de decisión.  Se limitará a ofrecer asistencia y sugerencias a los reguladores y legisladores y  no restringirá de ningún modo la capacidad de decisión de los reguladores de los Estados miembros ni de la UE.

Además, el capítulo de obstáculos técnicos al comercio contiene cláusulas para mejorar la transparencia y favorecer los contactos entre la UE y Canadá con vistas a la regulación de los aspectos técnicos.  La UE y Canadá han acordado asimismo estrechar las relaciones entre sus organismos de normalización.  Ambas partes han acordado aceptar los certificados de evaluación de la conformidad expedidos por los organismos evaluadores de la otra parte en diversos sectores como la electricidad, el material electrónico y de radio, los juguetes, la maquinaria y los instrumentos de medida.  Esto significa que un organismo de evaluación de la conformidad de la UE puede ensayar productos europeos destinados al mercado canadiense de acuerdo con las normas canadienses y viceversa.  Así se evitará la duplicación de las pruebas y se podrán reducir significativamente los costes de las empresas y los consumidores.  Esto favorecerá especialmente a las pequeñas empresas, para quienes resulta prohibitivo pagar dos veces por la misma prueba

Protección de las innovaciones y los productos agrícolas de origen geográfico específico europeos

El Acuerdo creará condiciones más equitativas entre Canadá y la UE en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el sector farmacéutico de la UE se verá beneficiado por los cambios del sistema canadiense de patentes. Además, las innovaciones, obras de arte y marcas europeas estarán mejor protegidas contra la reproducción ilegal.

Las normas del Acuerdo beneficiarán también a los agricultores y las pequeñas empresas alimentarias de la UE. Se reconoce la índole especial de numerosos productos agrícolas europeos de origen geográfico específico y se les garantiza protección en el mercado canadiense. El uso de indicaciones geográficas como Grana Padano, Roquefort, Elia Kalamatas o Aceto balsamico di Modena estará reservado en Canadá a los productos importados de las correspondientes regiones europeas. Se contempla también la posibilidad de añadir en el futuro otras denominaciones de productos a la lista. Además, algunos productos con indicaciones geográficas destacadas de la UE, como el Prosciutto di Parma o el Prosciutto di San Daniele, podrán venderse finalmente en Canadá con su denominación después de más de veinte años de no poder hacerlo.

Racionalización del comercio de servicios

Se calcula que aproximadamente la mitad del incremento global del PIB de la UE que generará el AECG procederá de la liberalización del comercio de servicios.  El Acuerdo ofrecerá nuevas oportunidades a las empresas europeas al abrir el mercado canadiense a sectores fundamentales como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía y el transporte marítimo. En general, una vez el Acuerdo sea plenamente operativo, las ganancias de producción para la UE pueden ascender a 5.800 millones de euros anuales.

El Acuerdo facilitará asimismo el desplazamiento temporal de ejecutivos de empresas y proveedores de servicios entre la UE y Canadá, lo que redundará en beneficio de las empresas que operan en el ámbito internacional.  Algunos profesionales tendrán más fácil la prestación temporal de servicios como la asesoría en diversos sectores, por ejemplo contabilidad, arquitectura o ingeniería, simplificándose así el cumplimiento de los compromisos del servicio y el seguimiento postventa.

El AECG ofrece el marco para un futuro reconocimiento mutuo de cualificaciones en profesiones reguladas. Actualmente, la ausencia de requisitos coherentes para los profesionales sigue siendo un escollo, especialmente para la prestación de servicios transfronterizos. Con el Acuerdo, las organizaciones profesionales o las administraciones pertinentes de Canadá y la UE podrán colaborar más en los detalles técnicos del reconocimiento de títulos.

Fomento y protección de las inversiones

El AECG es el primer acuerdo comercial de la UE que beneficia tan ampliamente a las empresas europeas que invierten en otro país. Esto se ha podido conseguir gracias a la competencia en el ámbito de la inversión que el Tratado de Lisboa otorga a la UE.

El Acuerdo elimina y reduce los obstáculos para que los inversores puedan introducirse en el mercado canadiense. Además, garantiza un trato igualitario y equitativo en Canadá a los inversores europeos. Para mejorar el clima de inversión y ofrecer más certidumbre a todos los inversores, Canadá y la UE se han comprometido a respetar unos principios esenciales, como la no discriminación entre inversores nacionales y extranjeros, y a no imponer ninguna nueva restricción a la participación accionaria extranjera.

Ambas partes cuentan con sistemas jurídicos firmes y, efectivamente, los inversores pueden recurrir a la justicia nacional por cualquier problema que se les plantee. Pero no siempre se puede garantizar a los inversores extranjeros una protección adecuada frente a la discriminación. Una administración puede expropiar a un inversor extranjero sin una indemnización adecuada. Los inversores pueden encontrar también restricciones a la hora de llevar su caso a un tribunal nacional. Tradicionalmente, las normas que regulan el arbitraje internacional y que permiten a los inversores abordar estos problemas están incluidas en los tratados bilaterales de inversión celebrados por los Estados miembros de la UE. El AECG se basa en las prácticas y tradiciones de estos y, sobre todo, la UE ha introducido unas garantías adicionales sólidas para que las disposiciones de protección de las inversiones mantengan completamente el derecho de los gobiernos a regular, aplicar los objetivos de las políticas e impedir los abusos.

Garantía de cooperación futura

El AECG crea un marco para resolver cualquier desacuerdo que pueda surgir en el futuro entre la UE y Canadá sobre su interpretación y aplicación. Se aplica a la mayoría de sus ámbitos y está pensado como último recurso en caso de que las partes no lleguen a encontrar una solución por otros medios. Funciona mediante un conjunto establecido de procedimientos y plazos. En caso de que las partes no lleguen a ponerse de acuerdo a través de consultas formales, pueden pedir la creación de un grupo especial de expertos jurídicos independientes. 

Como alternativa al mecanismo oficial de solución de diferencias, la UE y Canadá cuentan con otras normas que permiten la mediación para afrontar las medidas que perjudiquen al comercio y la inversión entre ambos. El recurso a dichas normas tiene carácter voluntario.

Protección de la democracia, los consumidores y el medio ambiente

El AECG contiene todas las garantías necesarias para que el beneficio económico no se obtenga a costa de la democracia, la salud y seguridad de los consumidores, los derechos sociales y laborales o el medio ambiente.

  • El AECG sustituirá a los ocho acuerdos de inversión bilaterales actuales entre los Estados miembros de la UE y Canadá. A este respecto, ofrece a la UE la oportunidad de introducir nuevas garantías para prevenir cualquier abuso de las normas de protección de las inversiones y procedimientos de resolución de litigios entre inversores y Estados. La Comisión se ha tomado muy en serio la preocupación expresada sobre la inversión. La mejora del sistema de arbitraje entre inversores y Estados se basa en normas más claras que incluyen un código de conducta, el control estatal de los árbitros y la transparencia total de los procedimientos. Con el Acuerdo, los inversores no podrán recusar la acción reguladora del Estado, cuyo derecho a regular en interés público no se verá afectado.
  • El Acuerdo no afectará a las normas alimentarias ni de medio ambiente de la UE. Los productos canadienses, sin ninguna excepción, solo podrán importarse y venderse en la UE si respetan plenamente la normativa europea, con lo cual se mantienen las restricciones que aplica la UE a los OMG o la carne de vacuno con hormonas de crecimiento. Tampoco restringe el establecimiento de normas en el futuro.  Tanto la UE como Canadá mantienen el derecho a legislar libremente en ámbitos de interés público como el medio ambiente, la salud y la seguridad. 
  • Canadá y la UE reiteran también su compromiso firme con los principios y objetivos del desarrollo sostenible. El capítulo de comercio y desarrollo sostenibles crea mecanismos eficaces para que los representantes de la sociedad civil de la UE y Canadá participen en su aplicación y seguimiento, e incluye un mecanismo de arbitraje con consultas a las administraciones y a un grupo específico.