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El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG o CETA, por sus siglas en inglés) es un acuerdo comercial entre la UE y Canadá. Su objetivo es impulsar el comercio y contribuir a generar crecimiento y empleo.
El AECG:

  • reducirá los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio entre la UE y Canadá
  • mantendrá los altos estándares europeos en seguridad alimentaria, derechos de los trabajadores o medio ambiente
  • respetará los valores democráticos.
Qué es el AECG
Cláusula de exención de responsabilidad

El contenido de esta página tiene carácter informativo. Los textos publicados en la web del Consejo son la única fuente oficial.


ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL (CETA)

ENTRE CANADÁ, POR UNA PARTE,

Y LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA

CANADÁ

por una parte, y

LA UNIÓN EUROPEA,

EL REINO DE BÉLGICA,

LA REPÚBLICA DE BULGARIA,

LA REPÚBLICA CHECA,

EL REINO DE DINAMARCA,

LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA,

LA REPÚBLICA DE ESTONIA,

IRLANDA,

LA REPÚBLICA HELÉNICA,

EL REINO DE ESPAÑA,

LA REPÚBLICA FRANCESA,

LA REPÚBLICA DE CROACIA,

LA REPÚBLICA ITALIANA,

LA REPÚBLICA DE CHIPRE,

LA REPÚBLICA DE LETONIA,

LA REPÚBLICA DE LITUANIA,

EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO,

HUNGRÍA,

LA REPÚBLICA DE MALTA,

EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS,

LA REPÚBLICA DE AUSTRIA,

LA REPÚBLICA DE POLONIA,

LA REPÚBLICA PORTUGUESA,

RUMANÍA,

LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA,

LA REPÚBLICA ESLOVACA,

LA REPÚBLICA DE FINLANDIA,

EL REINO DE SUECIA,

y

EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE,

por otra,

en lo sucesivo denominadas conjuntamente «las Partes»,

DECIDEN:

SEGUIR reforzando su estrecha relación económica y basarse en sus derechos y obligaciones

respectivos en virtud del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial

del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994, y de otros instrumentos multilaterales y bilaterales de cooperación;

CREAR un mercado ampliado y seguro para sus bienes y servicios mediante la reducción o la

eliminación de obstáculos al comercio y la inversión;

ESTABLECER normas claras, transparentes, previsibles y beneficiosas para ambas Partes a fin de

regular su comercio y su inversión;

Y,

REAFIRMANDO su firme adhesión a la democracia y a los derechos fundamentales establecidos

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecha en París el 10 de diciembre de 1948, y compartiendo la opinión de que la proliferación de armas de destrucción masiva entraña una grave amenaza para la seguridad internacional;

RECONOCIENDO la importancia de la seguridad internacional, la democracia, los derechos

humanos y el Estado de Derecho para el desarrollo del comercio internacional y la cooperación económica;

RECONOCIENDO que las disposiciones del presente Acuerdo mantienen el derecho de las Partes a

regular en su territorio, así como la flexibilidad de las Partes para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública y la promoción y la protección de la diversidad cultural;

AFIRMANDO sus compromisos como partes en la Convención de la Unesco sobre la protección y

promoción de la diversidad de las expresiones culturales, hecha en París el 20 de octubre de 2005, y reconociendo que los Estados tienen derecho a mantener, desarrollar y aplicar sus políticas culturales para apoyar a sus industrias culturales a que refuercen la diversidad de las expresiones culturales, y para preservar su identidad cultural, en particular mediante la utilización de medidas

reglamentarias y de ayuda financiera;

RECONOCIENDO que las disposiciones del presente Acuerdo protegen a las inversiones y a los

inversores con respecto a sus inversiones y están destinadas a estimular una actividad empresarial beneficiosa para ambas Partes sin menoscabar el derecho de estas a regular en aras del interés público en sus territorios;

REAFIRMANDO su compromiso de fomentar el desarrollo sostenible y el desarrollo del comercio

internacional, de tal manera que se contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental;

ANIMANDO a las empresas que operan en su territorio o están sujetas a su jurisdicción a que

respeten las orientaciones y los principios reconocidos internacionalmente sobre conducta empresarial responsable, en particular las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y a que lleven a cabo las mejores prácticas en cuanto a comportamiento responsable de las empresas;

APLICANDO el presente Acuerdo de forma que sea coherente con el control de la aplicación de

sus respectivas legislaciones laborales y medioambientales y mejore sus niveles de protección laboral y medioambiental, sobre la base de sus compromisos internacionales en materia laboral y medioambiental;

RECONOCIENDO la estrecha relación entre la innovación y el comercio, así como la importancia

de la innovación para el futuro crecimiento económico, y afirmando su compromiso por promover la expansión de la cooperación en el ámbito de la innovación, así como en los ámbitos conexos de la investigación y el desarrollo y la ciencia y la tecnología, y por fomentar la participación de las

entidades pertinentes de los sectores público y privado;

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:


CAPÍTULO UNO - DEFINICIONES GENERALES Y DISPOSICIONES INICIALES

En este capítulo se explican los términos utilizados en el Acuerdo para que los interlocutores canadienses y europeos tengan una comprensión común de los términos que en él se utilizan.


SECCIÓN A - Definiciones generales

Definiciones de aplicación general

A los efectos del presente Acuerdo y salvo que se especifique lo contrario, se entenderá por:

resolución administrativa de aplicación general: toda disposición o interpretación administrativa

que se aplique a todas las personas y situaciones de hecho que generalmente entran dentro de su ámbito de aplicación y que establezca una norma de conducta, pero quedan excluidas:

a) las decisiones o resoluciones dictadas en un procedimiento administrativo o cuasijudicial que

se apliquen a una persona, un bien o un servicio particulares de la otra Parte en un caso concreto; y

b) las resoluciones que se pronuncien respecto a un acto o una práctica particulares;

Acuerdo sobre la Agricultura: el Acuerdo sobre la Agricultura, que se recoge en el anexo 1A del

Acuerdo de la OMC;

mercancía agrícola: todo producto enumerado en el anexo 1 del Acuerdo sobre la Agricultura;

Acuerdo Antidumping: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

puntos de contacto del CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global): los puntos de contacto

creados con arreglo al artículo 26.5 (Puntos de contacto del CETA);

Comité Mixto del CETA: el Comité Mixto del CETA creado con arreglo al artículo 26.1 (Comité

Mixto del CETA);

CCP: la Clasificación Central de Productos, según la definición de la Oficina de Estadística de las

Naciones Unidas, Informes estadísticos, Serie M, N.º 77, CCP prov, 1991;

industrias culturales: las personas que se ocupan de:

a) la publicación, la distribución o la venta de libros, revistas o periódicos en versión impresa o

en un formato legible por máquina, salvo en caso de que la impresión o la composición tipográfica sea la única actividad;

b) la producción, la distribución, la venta o la exhibición de películas o grabaciones de vídeo;

c) la producción, la distribución, la venta o la exhibición de grabaciones musicales de audio o de

vídeo;

d) la publicación, la distribución o la venta de música impresa o legible de forma mecánica; o

e) los servicios de radiocomunicación en los que las transmisiones están destinadas a ser

recibidas directamente por el público en general, así como todas las empresas de difusión por radio, televisión y cable y todos los servicios de programación por satélite y de redes de difusión;

derecho de aduana: todo derecho o gravamen de cualquier tipo aplicado a la importación de una

mercancía o en relación con dicha importación, incluyendo cualquier forma de sobretasa o recargo aplicados en relación con tal importación, pero quedan excluidos:

a) los gravámenes equivalentes a un impuesto interno establecidos de conformidad con el

artículo 2.3 (Trato nacional);

b) las medidas aplicadas conforme a lo dispuesto en los anexos VI o XIX del GATT de 1994, el

Acuerdo Antidumping, el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC), el Acuerdo sobre Salvaguardias, o el artículo 22 del Entendimiento sobre solución de diferencias (ESD); y

c) las tasas u otros gravámenes aplicados de conformidad con el artículo VIII del GATT

de 1994;

Acuerdo sobre Valoración en Aduana: el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que se recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

días: días naturales, incluidos los fines de semana y festivos;

ESD: el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de

diferencias, que se recoge en el anexo 2 del Acuerdo de la OMC;

empresa: una entidad constituida u organizada con arreglo al Derecho aplicable, con fines

lucrativos o no, que sea propiedad o esté bajo control de intereses públicos o privados, como una sociedad de capital, sociedad de gestión (trust), sociedad personal (partnership), empresa conjunta, empresa individual o asociación de otro tipo;

vigente: con efecto en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo;

AGCS: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, que se recoge en el anexo 1B del

Acuerdo de la OMC;

GATT de 1994: el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (1994), que se recoge

en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

mercancías de una Parte: los productos internos, tal como se entienden en el GATT de 1994, o las

mercancías que puedan decidir las Partes, lo que incluye las mercancías originarias de dicha Parte;

Sistema Armonizado (SA): el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías,

incluidas sus reglas generales de interpretación, las notas de sección, las notas de capítulo y las notas de subpartida;

partida: un número de cuatro dígitos o los primeros cuatro dígitos de un número utilizado en la

nomenclatura del SA;

medida: una ley, un reglamento, una norma, un procedimiento, una decisión, una acción

administrativa, un requisito, prácticas o cualquier otro tipo de medida adoptada por una Parte;

nacional: una persona física que sea un ciudadano, tal como se define en el artículo 1.2, o que

resida de forma permanente en una Parte;

originario: que cumple las normas de origen que se establecen en el Protocolo sobre normas de

origen y procedimientos en materia de origen;

Partes: por un lado, la Unión Europea o sus Estados miembros, o la Unión Europea y sus Estados

miembros, en sus respectivos ámbitos de competencia derivados del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, «Parte UE»), y, por otro lado, Canadá;

persona: una persona física o una empresa;

persona de una Parte: un nacional o una empresa de una Parte;

tratamiento arancelario preferencial: la aplicación del tipo de derecho en virtud del presente

Acuerdo a una mercancía originaria de conformidad con la lista de eliminación arancelaria;

Acuerdo sobre Salvaguardias: el Acuerdo sobre Salvaguardias, que se recoge en el anexo 1A del

Acuerdo de la OMC;

medida sanitaria o fitosanitaria: toda medida contemplada en el anexo A, apartado 1, del Acuerdo

MSF;

Acuerdo SMC: el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, que se recoge en el

anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

prestador de servicios: toda persona que preste o trate de prestar un servicio;

Acuerdo MSF: el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que se

recoge en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC;

empresa estatal: una empresa que sea propiedad de una Parte o esté controlada por ella;

subpartida: un número de seis dígitos o los primeros seis dígitos de un número utilizado en la

nomenclatura del SA;

clasificación arancelaria: la clasificación de un producto o un material en un capítulo, partida o

subpartida del SA;

lista de eliminación arancelaria: anexo 2-A (Eliminación arancelaria);

Acuerdo OTC: el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que se recoge en el anexo 1A

del Acuerdo de la OMC;

territorio: el territorio en que se aplica el presente Acuerdo, según lo dispuesto en el artículo 1.3;

tercer país: un país o territorio que está fuera del ámbito geográfico de aplicación del presente

Acuerdo;

Acuerdo sobre los ADPIC: el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual

relacionados con el comercio, que se recoge en el anexo 1C del Acuerdo de la OMC;

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados, hecha en Viena el 23 de mayo de 1969;

OMC: la Organización Mundial del Comercio; y

Acuerdo de la OMC: el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial

del Comercio, hecho el 15 de abril de 1994.

Definiciones específicas para cada Parte

A los efectos del presente Acuerdo y salvo que se especifique lo contrario, se entenderá por:

ciudadano:

a) en el caso de Canadá, toda persona física que sea ciudadana de Canadá en virtud de la

legislación canadiense;

b) en el caso de la Parte UE, toda persona física que tenga la nacionalidad de un Estado

miembro; y

administración central:

a) en el caso de Canadá, el Gobierno de Canadá; y

b) en el caso de la Parte UE, la Unión Europea o los gobiernos nacionales de sus Estados

miembros.

Ámbito geográfico de aplicación

Salvo que se especifique otra cosa, el presente Acuerdo se aplicará:

a) en el caso de Canadá, en:

i) la superficie terrestre, el espacio aéreo, las aguas interiores y el mar territorial de

Canadá;

ii) la zona económica exclusiva de Canadá, determinada por su Derecho interno y

conforme con la parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 («CNUDM»); y

iii) la plataforma continental de Canadá, determinada por su Derecho interno y conforme

con la parte VI de la CNUDM;

b) en el caso de la Unión Europea, en los territorios en los que sean aplicables el Tratado de la

Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en las condiciones establecidas en dichos Tratados. En cuanto a las disposiciones referentes al tratamiento arancelario de las mercancías, el presente Acuerdo también se aplicará en las zonas del territorio aduanero de la Unión Europea no abarcadas por la primera frase de la presente letra.


SECCIÓN B - Disposiciones iniciales

Establecimiento de una zona de libre comercio

Las Partes establecen una zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT

de 1994 y el artículo V del AGCS.

Relación con el Acuerdo de la OMC y otros acuerdos

Las Partes afirman sus derechos y obligaciones recíprocos en virtud del Acuerdo de la OMC y de

otros acuerdos en los que son parte.

Referencia a otros acuerdos

Cuando el presente Acuerdo haga referencia a otros acuerdos o instrumentos jurídicos, en su

totalidad o en parte, o los incorpore mediante referencia, en tales referencias se incluirán:

a) los anexos, protocolos, notas a pie de página, notas interpretativas y notas explicativas

relacionados; y

b) los acuerdos sustitutivos en los que las Partes sean parte o las modificaciones que sean

vinculantes para las Partes, salvo en caso de que la referencia afirme derechos vigentes.

Referencia a la legislación

Cuando el presente Acuerdo haga referencia a legislación, ya sea de forma general o mediante

referencia a un estatuto, reglamento o directiva concretos, la referencia se entenderá hecha a la legislación en su versión modificada, a menos que se indique otra cosa.

Alcance de las obligaciones

1. Cada Parte será plenamente responsable de la observancia de todas las disposiciones del

presente Acuerdo.

2. Cada Parte velará por que se adopten todas las medidas necesarias para dar efecto a las

disposiciones del presente Acuerdo, incluida su observancia en todos los niveles de la administración.

Derechos y obligaciones correspondientes al agua

1. Las Partes reconocen que el agua en su estado natural, incluida el agua de lagos, ríos,

embalses, acuíferos y cuencas hidrográficas, no es una mercancía ni un producto. Por tanto, solo se aplicarán a dicha agua los capítulos Veintidós (Comercio y desarrollo sostenible) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente).

2. Cada Parte tiene derecho a proteger y preservar sus recursos hídricos naturales. Ninguna

disposición del presente Acuerdo obligará a una Parte a permitir el uso comercial de agua para cualquier fin, lo que incluye su retirada, extracción o desvío para su exportación a granel.

3. Si una Parte permite la utilización comercial de un manantial concreto, deberá hacerlo de

forma coherente con el presente Acuerdo.

Personas que ejercen la autoridad gubernamental delegada

A menos que se especifique lo contrario en el presente Acuerdo, cada Parte velará por que una

persona a la que una Parte, a cualquier nivel de gobierno, haya delegado facultades reglamentarias, administrativas o gubernamentales, actúe de acuerdo con las obligaciones de dicha Parte, tal y como se establecen en el presente Acuerdo, en el ejercicio de dichas facultades.


CAPÍTULO DOS - TRATO NACIONAL Y ACCESO DE LAS MERCANCÍAS AL MERCADO

Este capítulo describe la forma en que el Acuerdo reducirá o eliminará derechos de aduana, impuestos u otras tasas de importación de mercancías entre la UE y Canadá. El AECG eliminará la mayoría de ellos cuando entre en vigor, y otros los irá eliminando de forma más gradual. Tanto la UE como Canadá se comprometen a dar a las mercancías que importen de la otra Parte un trato no menos favorable que el concedido a los sus propios productos.

El capítulo señala también una serie de restricciones y controles que impondrá o mantendrá el AECG para proteger los derechos de ambas Partes como miembros de la OMC o garantizar el origen de las mercancías que importen.

Objetivo

Las Partes liberalizarán progresivamente el comercio de mercancías, conforme a lo dispuesto en el

presente Acuerdo, durante un período transitorio que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará al comercio de mercancías de una Parte, tal como se define en el

capítulo 1 (Definiciones generales y disposiciones iniciales), salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo.

Trato nacional

1. Cada Parte concederá trato nacional a las mercancías de la otra Parte de conformidad con el

artículo III del GATT de 1994. A tal fin, el artículo III del GATT de 1994 se incorpora e integra en el presente Acuerdo.

2. El apartado 1 significa, respecto a una administración de Canadá distinta de la federal, o

respecto a una administración nacional o regional de un Estado miembro de la Unión Europea, un trato no menos favorable que el concedido por dicha administración a las mercancías similares, directamente competidoras o intercambiables de Canadá o del Estado miembro, respectivamente.

3. El presente artículo no se aplicará a ninguna medida, incluida la continuación, la pronta

renovación o la modificación de una medida, respecto a los impuestos especiales de Canadá sobre el alcohol absoluto, tal como figura en la partida arancelaria 2207.10.90 de la Lista de concesiones de Canadá (Lista V), adjunta al Protocolo de Marrakech del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 («el Protocolo de Marrakech»), utilizado en la fabricación conforme a lo dispuesto en la Excise Act (Ley sobre impuestos internos), de 2001, S.C. 2002, c. 22.

Reducción y eliminación de derechos de aduana sobre las importaciones

1. Cada una de las Partes reducirá o eliminará sus derechos de aduana sobre las mercancías

originarias de la otra Parte de conformidad con las listas de eliminación arancelaria que figuran en el anexo 2-A. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «originario» algo originario de cualquiera de las Partes con arreglo a las normas de origen que se establecen en el Protocolo relativo a las normas de origen y los procedimientos en materia de origen.

2. Para cada mercancía, el tipo básico de derechos de aduana al que deben aplicarse reducciones

sucesivas conforme al apartado 1 será el especificado en el anexo 2-A.

3. Para las mercancías que sean objeto de las preferencias arancelarias que figuran en la lista de

eliminación arancelaria del anexo 2-A, cada Parte aplicará a las mercancías originarias de la otra Parte el menor de los derechos de aduana que resulte de una comparación entre el tipo calculado con arreglo a la lista de dicha Parte y el tipo de nación más favorecida («NMF») que se le aplica.

4. A petición de una de las Partes, estas podrán consultarse para estudiar si aceleran o amplían el

alcance de la eliminación de los derechos de aduana aplicables a las importaciones entre las Partes. Toda decisión del Comité Mixto del CETA sobre la aceleración o la eliminación de un derecho de aduana aplicable a una mercancía sustituirá cualquier tipo de derecho o categoría de escalonamiento que se haya determinado con arreglo a las listas de las Partes que figuran en el anexo 2-A respecto a dicha mercancía, una vez que haya sido aprobada por cada Parte conforme a sus procedimientos legales aplicables.

Restricción aplicable a los programas de devolución, aplazamiento y suspensión de derechos

1. Sin perjuicio de los apartados 2 y 3, una Parte no podrá devolver, diferir o suspender un

derecho de aduana pagado o por pagar respecto a una mercancía no originaria importada en su territorio, a condición expresa de que la mercancía o un sustituto idéntico, equivalente o similar se utilice como material en la producción de otra mercancía que se exporte posteriormente al territorio de la otra Parte con arreglo al tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo.

2. El apartado 1 no se aplicará al sistema de reducción, suspensión o exoneración de aranceles

de una Parte, ya sea permanente o temporal, en caso de que la reducción, suspensión o exoneración no esté expresamente condicionada a la exportación de una mercancía.

3. El apartado 1 no se aplicará hasta tres años después de la fecha de entrada en vigor del

presente Acuerdo.

Derechos, impuestos u otras tasas y gravámenes sobre las exportaciones

Ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ningún derecho, impuesto u otras tasas o

gravámenes en relación con la exportación de una mercancía a la otra Parte, ni ningún impuesto, tasa o gravamen interno sobre una mercancía exportada a la otra Parte que sean superiores a los que se impondrían sobre tal mercancía si estuviera destinada a la venta en el mercado interior.

Statu quo

1. Tras la entrada en vigor del presente Acuerdo, una Parte no podrá aumentar un derecho de

aduana vigente en la fecha de entrada en vigor, ni adoptar un nuevo derecho de aduana, sobre una mercancía originaria de las Partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una Parte podrá:

a) modificar un arancel al margen del presente Acuerdo sobre una mercancía para la que no se

haya solicitado ninguna preferencia arancelaria en virtud del presente Acuerdo;

b) aumentar un derecho de aduana hasta el nivel establecido en su lista del anexo 2-A después de

una reducción unilateral; o

c) mantener o aumentar un derecho de aduana autorizado por el presente Acuerdo o por

cualquier acuerdo en virtud del Acuerdo de la OMC.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, solo Canadá podrá aplicar una salvaguardia

especial de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Solo podrá aplicarse una salvaguardia especial respecto a las mercancías clasificadas en las partidas que tengan la indicación «SGE» (salvaguardia especial) en la lista de Canadá que figura en el anexo 2-A. La utilización de esta salvaguardia especial se limita a las importaciones que no están sujetas a una preferencia arancelaria y, en el caso de las importaciones realizadas en el marco de un contingente arancelario, a las importaciones por encima del compromiso de acceso.

Suspensión temporal del tratamiento arancelario preferencial

1. Una Parte podrá suspender temporalmente, con arreglo a los apartados 2 a 5, el tratamiento

arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo con respecto a un bien exportado o producido por una persona de la otra Parte, si la Parte:

a) como consecuencia de una investigación basada en información objetiva, convincente y

verificable, constata que la persona de la otra Parte ha infringido sistemáticamente la legislación aduanera para lograr un tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo; o

b) constata que la otra Parte se niega, de forma sistemática e injustificable, a cooperar en la

investigación sobre incumplimientos de la legislación aduanera con arreglo al artículo 6.13.4 (Cooperación) y la Parte que solicita la cooperación, basándose en información objetiva, convincente y verificable, tiene motivos fundados para concluir que la persona de la otra Parte ha infringido sistemáticamente la legislación aduanera para lograr un tratamiento arancelario

preferencial en virtud del presente Acuerdo.

2. La Parte que haya constatado lo mencionado en el apartado 1 deberá:

a) notificarlo a la autoridad aduanera de la otra Parte y facilitarle la información y los elementos

de prueba en los que se basa su constatación;

b) participar en consultas con las autoridades de la otra Parte, a fin de llegar a una solución

aceptable para ambas Partes que dé respuesta a las preocupaciones constatadas; y

c) notificar por escrito a dicha persona de la otra Parte, incluyendo la información que constituye

la base de la constatación.

3. Si, después de treinta días, las autoridades no han llegado a una solución aceptable para ambas

Partes, la Parte que haya constatado los hechos deberá someter la cuestión al Comité Mixto de Cooperación Aduanera.

4. En caso de que, después de sesenta días, el Comité Mixto de Cooperación Aduanera no haya

resuelto la cuestión, la Parte que haya constatado los hechos podrá suspender temporalmente el tratamiento arancelario preferencial en virtud del presente Acuerdo con respecto a dicha mercancía de dicha persona de la otra Parte. La suspensión temporal no se aplica a una mercancía que ya esté en tránsito entre las Partes en la fecha en que la suspensión temporal surta efecto.

5. La Parte que aplique la suspensión temporal prevista en el apartado 1 la aplicará solo durante

un período acorde con la incidencia en los intereses financieros de dicha Parte como consecuencia de los hechos constatados de conformidad con el apartado 1, y que tendrá una duración máxima de noventa días. Si la Parte tiene motivos razonables basados en información objetiva, convincente y verificable de que las condiciones que dieron lugar a la suspensión inicial no han variado una vez transcurrido el período de noventa días, dicha Parte podrá prorrogar la suspensión por otro período inferior o igual a noventa días. La suspensión inicial y cualquier prórroga de la suspensión estarán sujetas a consultas periódicas en el seno del Comité Mixto de Cooperación Aduanera.

Tasas y demás gravámenes

1. De conformidad con el artículo VIII del GATT de 1994, ninguna Parte podrá adoptar o

mantener una tasa o gravamen sobre o en relación con la importación o la exportación de una mercancía de una Parte que no sea proporcional al coste de los servicios prestados, o que represente una protección indirecta para las mercancías internas o un impuesto a las importaciones o las exportaciones con fines fiscales.

2. Para mayor seguridad, el apartado 1 no impedirá a las Partes imponer un derecho de aduana o

un gravamen contemplados en las letras a) a c) de la definición de derecho de aduana que figura en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación general).

Mercancías reintroducidas después de una reparación o modificación

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por reparación o modificación toda operación de

transformación efectuada a las mercancías para remediar defectos de funcionamiento o daños materiales que impliquen el retorno de las mercancías a su función original o para garantizar que son conformes con los requisitos técnicos establecidos para su uso, sin lo cual la mercancía ya no podría ser utilizarse en condiciones normales para los fines a los que se destina. La reparación o modificación de las mercancías incluye la restauración y el mantenimiento, pero no incluye las operaciones o procesos que:

a) destruyan las características esenciales de una mercancía o creen una mercancía nueva o

diferente desde el punto de vista comercial;

b) transformen un producto no acabado en un producto acabado; o

c) se utilicen para modificar sustancialmente la función de una mercancía.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la nota a pie de página 1, ninguna Parte aplicará un derecho

de aduana a un producto, independientemente de su origen, que se reintroduzca en su territorio después de que dicha mercancía se haya exportado temporalmente desde su territorio al territorio de la otra Parte para su reparación o modificación, independientemente de si esta reparación o modificación podría llevarse a cabo en el territorio de la Parte desde la que se había exportado la mercancía para su reparación o modificación.12

3. El apartado 2 no se aplicará a una mercancía importada en depósito aduanero, en zonas

francas, o en situación similar, que se exporte posteriormente para su reparación y no se reimporte en depósito aduanero, en zonas francas, o en situación similar.

vuelvan a introducirse en el territorio de Canadá procedentes del territorio de la Unión Europea y estén registradas con arreglo a la Canada Shipping Act, de 2001 (Ley canadiense sobre transporte marítimo), Canadá podrá aplicar al valor de reparación o modificación de tales mercancías el tipo de derecho de aduana para estas mercancías de conformidad con su lista del anexo 2-A (Eliminación arancelaria): 8901.10.10, 8901.10.90, 8901.30.00, 8901.90.10, 8901.90.91, 8901.90.99, 8904.00.00, 8905.20.19,

8905.20.20, 8905.90.19, 8905.90.90, 8906.90.19, 8906.90.91 y 8906.90.99.

4. Ninguna Parte aplicará un derecho de aduana a una mercancía, independientemente de cuál

sea su origen, que haya sido importada temporalmente desde el territorio de la otra Parte para su reparación o modificación.3

Restricciones a la importación y a la exportación

1. A no ser que en el presente Acuerdo se disponga otra cosa, ninguna de las Partes podrá

adoptar o mantener ninguna prohibición o restricción sobre la importación de cualquier mercancía de la otra Parte o sobre la exportación o la venta para la exportación de cualquier mercancía destinada al territorio de la otra Parte si no es de conformidad con lo dispuesto en el artículo XI del GATT de 1994. A tal fin, el artículo XI del GATT de 1994 se incorpora e integra en el presente Acuerdo.

2. Si una Parte adopta o mantiene una prohibición o restricción a la importación de una

mercancía procedente de un tercer país, o la exportación de una mercancía a un tercer país, dicha Parte podrá:

a) limitar o prohibir la importación de una mercancía de dicho tercer país desde el territorio de la

otra Parte; o

b) limitar o prohibir la exportación de una mercancía de dicho tercer país a través del territorio

de la otra Parte.

3. Si una Parte adopta o mantiene una prohibición o restricción sobre la importación de una

mercancía procedente de un tercer país, las Partes, previa petición de la otra Parte, entablarán conversaciones para evitar que se produzcan interferencias indebidas con los arreglos sobre fijación de precios, comercialización o distorsiones de dichos arreglos.

4. El presente artículo no se aplicará a una medida, lo que incluye su continuación, su pronta

renovación o su modificación, respecto de lo siguiente:

a) la exportación de troncos de todas las especies. Si una Parte deja de exigir permisos de

exportación para los troncos destinados a un tercer país, dicha Parte dejará definitivamente de exigir permisos para los troncos destinados a la otra Parte;

b) la exportación, durante un período de tres años a partir de la entrada en vigor del presente

Acuerdo, de pescado no transformado, en virtud de la legislación aplicable en Terranova y Labrador;

c) los impuestos especiales canadienses sobre el alcohol absoluto, enumerado en la

partida 2207.10.90 de la lista de concesiones de Canadá adjunta al Protocolo de Marrakech (Lista V), que se utilice para la fabricación con arreglo a las disposiciones de la Excise Act de 2001, S. C., 2002, c. 22; y

d) la importación en Canadá de vehículos usados que no cumplan los requisitos en materia de

seguridad y medio ambiente.

Otras disposiciones relativas al comercio de mercancías

Cada Parte procurará garantizar que una mercancía de la otra Parte que haya sido importado y

legalmente vendido u ofrecido a la venta en cualquier lugar en el territorio de la Parte importadora también pueda venderse u ofrecerse a la venta en el territorio de la Parte importadora.

Comité de Comercio de Mercancías

1. Entre las funciones del Comité de Comercio de Mercancías, creado de conformidad con el

artículo 26.2.1.a) (Comités especializados) se encuentran:

a) promover el comercio de mercancías entre las Partes, incluso a través de consultas sobre la

aceleración de la eliminación arancelaria con arreglo al presente Acuerdo y sobre otras cuestiones, según proceda;

b) recomendar al Comité Mixto del CETA una modificación o una adición a cualquier

disposición del presente Acuerdo relacionada con el Sistema Armonizado; y

c) abordar de forma rápida las cuestiones relacionadas con la circulación de mercancías a través

de los puertos de entrada de las Partes.

2. El Comité de Comercio de Mercancías podrá presentar al Comité Mixto del CETA proyectos

de decisiones sobre la aceleración o la eliminación de un derecho de aduana sobre una mercancía.

3. El Comité de Agricultura, creado de conformidad con el artículo 26.2.1.a) (Comités

especializados):

a) se reunirá en un plazo de noventa días a partir de la solicitud de una de las Partes;

b) proporcionará un foro para que las Partes debatan sobre cuestiones relacionadas con las

mercancías agrícolas contempladas en el presente Acuerdo; y

c) remitirá al Comité de Comercio de Mercancías cualquier cuestión que no se haya resuelto con

arreglo a la letra b).

4. Las Partes toman nota de que la cooperación y el intercambio de información sobre cuestiones

agrícolas en el marco del diálogo anual sobre agricultura entre Canadá y la Unión Europea, como se establece en el canje de notas de 14 de julio de 2008. Si procede, el diálogo sobre agricultura puede utilizarse a efectos del apartado 3.


CAPÍTULO TRES - SOLUCIONES COMERCIALES

En este capítulo, la UE y Canadá reiteran sus derechos y compromisos de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Según esas normas, un miembro de la Organización Mundial del Comercio puede contrarrestar los efectos negativos de las prácticas comerciales desleales en su industria nacional, por ejemplo si otro miembro inunda su mercado con mercancías a un coste inferior al coste de producción o subvenciona la producción de dichas mercancías.
El capítulo también comprende:

  • normas de transparencia relacionadas con:
    • investigaciones sobre posibles casos de prácticas comerciales desleales
    • medidas adoptadas para contrarrestarlas 
  • mecanismos de consulta y de intercambio de información para evitar que ocurran.

SECCIÓN A - Medidas antidumping y compensatorias

Disposiciones generales sobre medidas antidumping y compensatorias

1. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo VI del GATT de 1994,

el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC.

2. El Protocolo sobre normas de origen y procedimientos en materia de origen no se aplicará a

las medidas antidumping y compensatorias.

Transparencia

1. Cada Parte aplicará medidas antidumping y compensatorias de conformidad con los requisitos

pertinentes de la OMC y con arreglo a un proceso justo y transparente.

2. Inmediatamente después de que se impongan medidas provisionales y, en todo caso, antes de

llegar a una determinación definitiva, cada Parte garantizará que se comuniquen plena y significativamente todos los hechos esenciales considerados que constituyen la base para la decisión sobre si deben aplicarse medidas definitivas. Ello se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.5 del Acuerdo antidumping y el Artículo 12.4 del Acuerdo SMC.

3. Siempre que ello no retrase innecesariamente la realización de la investigación, se concederá

a cada una de las partes interesadas en una investigación antidumping o sobre derechos compensatorios4 una oportunidad plena para defender sus intereses.

Consideración de interés público y derecho inferior

1. Las autoridades de cada Parte deberán tomar en consideración la información facilitada con

arreglo al Derecho de la Parte sobre si la imposición de un derecho antidumping o compensatorio iría en contra del interés público.

2. Tras el examen de la información contemplada en el apartado 1, las autoridades de la Parte

podrán considerar si el importe del derecho antidumping o compensatorio que debe imponerse equivaldrá a la totalidad del margen de dumping o al importe de la subvención o un importe inferior, de conformidad con el Derecho de la Parte.


SECCIÓN B - Medidas generales de salvaguardia

Disposiciones generales sobre medidas generales de salvaguardia

1. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones sobre medidas generales de salvaguardia

con arreglo al artículo XIX del GATT de 1994 y al Acuerdo sobre Salvaguardias.

2. El Protocolo sobre normas de origen y procedimientos en materia de origen no se aplicará a

las medidas generales de salvaguardia.

Transparencia

1. A petición de la Parte exportadora, la Parte que inicie una investigación de salvaguardia o

pretenda adoptar medidas generales de salvaguardia, provisionales o definitivas, facilitará de forma inmediata:

a) la información a la que se hace referencia en el artículo 12.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias,

en el formato prescrito por el Comité sobre Salvaguardias de la OMC;

b) la versión pública de la denuncia presentada por la industria interna, cuando proceda; y

c) un informe público en el que se presenten los resultados y las conclusiones motivadas sobre

todos los elementos pertinentes de hecho y de Derecho considerados en la investigación de salvaguardia. El informe público incluirá un análisis que atribuya el perjuicio a los factores que lo causan y expondrá el método utilizado para definir las medidas generales de salvaguardia.

2. Cuando se facilite información con arreglo al presente artículo, la Parte importadora ofrecerá

la celebración de consultas con la Parte exportadora, a fin de reexaminar la información facilitada.

Imposición de medidas definitivas

1. Al adoptar medidas generales de salvaguardia, las Partes se esforzarán por imponerlas de la

forma que menos afecte al comercio bilateral.

2. La Parte importadora deberá ofrecer la celebración de consultas con la Parte exportadora para

reexaminar la cuestión a que se refiere el apartado 1. La Parte importadora no podrá adoptar medidas hasta que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en que se ofreció la celebración de consultas.


SECCIÓN C - Disposiciones generales

Exclusión de la solución de diferencias

El presente capítulo no está sujeto al capítulo Veintinueve (Solución de diferencias).


CAPÍTULO CUATRO - OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO

En este capítulo, la UE y Canadá se comprometen a trabajar más estrechamente sobre reglamentaciones técnicas de ensayo y certificación de productos. El objetivo es permitir a los reguladores:

  • intercambiar experiencias e información
  • definir los ámbitos en los que podrían cooperar más estrechamente.

Esta cooperación es voluntaria y  no puede en modo alguno obligar a la UE o a Canadá a rebajar sus exigencias.

Ámbito de aplicación y definiciones

1. El presente capítulo se aplicará a la elaboración, la adopción y la aplicación de reglamentos

técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad que puedan afectar al comercio de mercancías entre las Partes.

2. El presente capítulo no se aplicará a:

a) las especificaciones de compra elaboradas por un organismo gubernamental para los

requisitos de producción o consumo de organismos gubernamentales; o

b) una medida sanitaria o fitosanitaria, tal como se definen en el anexo A del Acuerdo MSF.

3. Excepto cuando el presente Acuerdo, incluidas las disposiciones del Acuerdo OTC con

arreglo al artículo 4.2, defina o dé un significado a un término, los términos generales relativos a la normalización y los procedimientos de evaluación de la conformidad tendrán generalmente el significado que les dan la definición adoptada dentro del sistema de las Naciones Unidas y los organismos internacionales de normalización, teniendo en cuenta su contexto así como el objeto y la finalidad del presente capítulo.

4. Las referencias del presente capítulo a los reglamentos técnicos, las normas y los

procedimientos de evaluación de la conformidad incluyen las modificaciones de los mismos, así

como las adiciones a las normas o los productos a los que se aplican, excepto las modificaciones y adiciones de poca importancia.

5. El artículo 1.8.2 (Alcance de las obligaciones) no se aplicará a los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 del

Acuerdo OTC, tal como se incorpora en el presente Acuerdo.

Incorporación del Acuerdo OTC

1. Se incorporan e integran en el presente Acuerdo las siguientes disposiciones del Acuerdo

OTC:

a) el artículo 2 (Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del

gobierno central);

b) el artículo 3 (Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones

públicas locales y por instituciones no gubernamentales);

c) el artículo 4 (Elaboración, adopción y aplicación de normas);

d) el artículo 5 (Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las instituciones

del gobierno central);

e) el artículo 6 (Reconocimiento de la evaluación de la conformidad por las instituciones del

gobierno central), sin limitar los derechos o las obligaciones de las Partes en virtud del Protocolo sobre la aceptación mutua de los resultados de evaluación de la conformidad, así como del Protocolo sobre el reconocimiento mutuo del programa de cumplimiento y control de la aplicación de las buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos;

f) el artículo 7 (Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las instituciones

públicas locales);

g) el artículo 8 (Procedimientos de evaluación de la conformidad aplicados por las instituciones

no gubernamentales);

h) el artículo 9 (Sistemas internacionales y regionales);

i) el anexo 1 (Términos y su definición a los efectos del presente Acuerdo); y

j) el anexo 3 (Código de buena conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas).

2. En el presente Acuerdo, el término «Miembros», que figura en las disposiciones incorporadas,

tiene el mismo significado que en el Acuerdo OTC.

3. Respecto a los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 del Acuerdo OTC, podrá invocarse el

capítulo Veintinueve (Solución de diferencias) en caso de que una Parte considere que la otra Parte no ha logrado resultados satisfactorios con arreglo a estos artículos y que sus intereses comerciales se ven afectados de forma significativa. A este respecto, dichos resultados tendrán que ser equivalentes a los previstos si el organismo de que se trate fuese una Parte.

Cooperación

Las Partes reforzarán su cooperación en el ámbito de los reglamentos técnicos, las normas, la

metrología, los procedimientos de evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado o las actividades de seguimiento y de control de la aplicación, a fin de facilitar el comercio entre las Partes, tal y como se establece en el capítulo Veintiuno (Cooperación en materia de reglamentación). Entre otras cosas, se podrá promover y fomentar la cooperación entre las respectivas organizaciones públicas o privadas de las Partes responsables de la metrología, la normalización, los ensayos, la certificación y la acreditación, la vigilancia del mercado o las actividades de seguimiento y observancia; y, en particular, animar a sus organismos de acreditación y de evaluación de la conformidad a que participen en arreglos de cooperación que promuevan la aceptación de los resultados de evaluación de la conformidad.

Reglamentos técnicos

1. Las Partes se comprometen a cooperar, en la medida de lo posible, para garantizar que sus

reglamentos técnicos sean compatibles entre sí. A tal fin, si una de las Partes manifiesta su interés por elaborar un reglamento técnico que sea equivalente o similar en cuanto a su alcance a uno que esté vigente o que esté siendo elaborado por la otra Parte, esta le facilitará, previa petición y en la medida de lo posible, la información, los estudios y los datos pertinentes en los que se ha basado para elaborar su reglamento técnico, tanto si ya ha sido adoptado como si está en fase de elaboración. Las Partes reconocen que puede ser necesario aclarar el alcance de una petición específica y ponerse de acuerdo sobre la misma, y que puede omitirse determinada información confidencial.

2. Una Parte que haya elaborado un reglamento técnico que considere equivalente a un

reglamento técnico de la otra Parte y que tenga un objetivo y una definición del producto que sean compatibles podrá solicitar que la otra Parte reconozca que el reglamento técnico es equivalente. La Parte formulará la solicitud por escrito y expondrá las razones detalladas por las que el reglamento técnico debe considerarse equivalente, incluidas las razones respecto a la definición del producto.

La Parte que no esté de acuerdo en que el reglamento técnico es equivalente facilitará a la otra

Parte, previa solicitud, las razones de su decisión.

Evaluación de la conformidad

Las Partes observarán el Protocolo sobre la aceptación mutua de los resultados de evaluación de la

conformidad, así como el Protocolo sobre el reconocimiento mutuo del programa de cumplimiento y control de la aplicación de las buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos.

Transparencia

1. Cada Parte velará por que los procedimientos de transparencia respecto a la elaboración de

reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad permitan a las personas interesadas de las Partes participar en una etapa suficientemente temprana, en la que aún puedan introducirse modificaciones y tenerse en cuenta las observaciones, salvo en caso de que surjan o amenacen con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional. En caso de que un proceso de consulta sobre la elaboración de reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad esté abierto al público, cada Parte permitirá que personas de la otra Parte participen en condiciones no menos favorables que las concedidas a sus propias personas.

2. Las Partes promoverán una cooperación más estrecha entre los organismos de normalización

situados en sus respectivos territorios a fin de facilitar, entre otras cosas, el intercambio de información sobre sus actividades respectivas, así como la armonización de normas basadas en el interés mutuo y la reciprocidad, con arreglo a modalidades que deberán acordarse con los

organismos de normalización correspondientes.

3. Cada Parte procurará establecer un período mínimo de sesenta días desde que transmita al

Registro Central de Notificaciones de la OMC los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad propuestos, para que la otra Parte formule observaciones por escrito, salvo en caso de que surjan o amenacen con surgir problemas urgentes de seguridad, salud, protección del medio ambiente o seguridad nacional. Las Partes estudiarán con predisposición favorable toda solicitud razonable de ampliar el plazo para formular observaciones.

4. Si una Parte recibe observaciones de la otra Parte sobre el reglamento técnico o el

procedimiento de evaluación que ha propuesto, deberá responderlas por escrito antes de que el reglamento técnico o el procedimiento de evaluación de la conformidad sean adoptados.

5. Como muy tarde en la fecha en la que se publique el reglamento técnico o el procedimiento de

evaluación de la conformidad adoptado, cada Parte publicará o pondrá a disposición del público de otra forma, en versión impresa o electrónica, sus respuestas o un resumen de sus respuestas a las observaciones significativas que haya recibido.

6. Cada Parte, previa solicitud de otra Parte, informará acerca de los objetivos, la base jurídica y

la justificación de cualquier reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad que la Parte haya adoptado o proponga que sea adoptado.

7. Las Partes estudiarán con predisposición favorable las solicitudes razonables de la otra Parte

—que se reciban antes de que finalice el plazo para formular observaciones tras la notificación de un reglamento técnico propuesto— de fijar o prorrogar el plazo entre la adopción del reglamento técnico y la fecha en que es aplicable, salvo si el retraso dificulta el cumplimiento de los objetivos

legítimos perseguidos.

8. Cada Parte velará por que los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la

conformidad que ha adoptado estén a disposición del público en sitios web oficiales.

9. En caso de que una Parte retenga en un puerto de entrada una mercancía importada

procedente del territorio de la otra Parte porque la mercancía incumple un reglamento técnico, dicha Parte notificará al importador, sin dilación indebida, los motivos por los que ha retenido la mercancía.

Gestión del capítulo

1. Las Partes cooperarán en las cuestiones que se contemplan en el presente capítulo. Las Partes

acuerdan que el Comité de Comercio de Mercancías, creado de conformidad con el artículo 26.2.1.a):

a) gestionará la aplicación del presente capítulo;

b) abordará de forma rápida cualquier cuestión que plantee una Parte en relación con el

desarrollo, la adopción o la aplicación de normas, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad;

c) previa petición de una de las Partes, facilitará el debate sobre cuestiones de evaluación del

riesgo o el peligro que plantee la otra Parte;

d) fomentará la cooperación entre los organismos de normalización y los organismos de

evaluación de la conformidad de las Partes;

e) intercambiará información sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos de

evaluación de la conformidad, incluidos los de terceras partes u organismos internacionales en los que haya un interés mutuo para ello;

f) revisará el presente capítulo a la luz de los acontecimientos ante el Comité de Obstáculos

Técnicos al Comercio, de la OMC, o en el marco del Acuerdo OTC y, si procede, formulará recomendaciones de modificación del presente capítulo para que sean tenidas en cuenta por el Comité Mixto del CETA;

g) adoptará otras medidas que las Partes consideren que las ayudarán a aplicar el presente

capítulo y el Acuerdo OTC, y a facilitar el comercio entre las Partes; e

h) informará al Comité Mixto del CETA sobre la aplicación del presente capítulo, según

proceda.

2. Si las Partes no son capaces de resolver una cuestión contemplada en el presente capítulo a

través del Comité de Comercio de Mercancías, previa solicitud de una Parte el Comité Mixto del CETA podrá crear un grupo de trabajo técnico ad hoc para encontrar soluciones que faciliten el comercio. Si una Parte no acepta la solicitud de la otra Parte de crear un grupo de trabajo técnico deberá, si se le solicita, explicar el porqué de su decisión. Las Partes dirigirán el grupo de trabajo técnico.

3. Cuando una Parte haya solicitado información, la otra Parte facilitará la información con

arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, ya sea en papel o por vía electrónica, en un plazo de tiempo razonable. Las Partes procurarán responder a cada solicitud de información en un plazo de sesenta días.


CAPÍTULO CINCO - MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

Este capítulo aborda la seguridad alimentaria y la salud animal y vegetal. Desde 1998, está vigente un Acuerdo veterinario entre la UE y Canadá que se aplica a los animales y a los productos de origen animal. Con el AECG, las disposiciones de este capítulo sustituyen al Acuerdo veterinario, pero prosigue la labor realizada en el marco de ese Acuerdo.

También se garantiza que las medidas adoptadas por cualquiera de las Partes para garantizar la seguridad alimentaria y la salud animal y vegetal no creen obstáculos injustificados al comercio, sino, antes al contrario, que lo faciliten.

Definiciones

1. A efectos del presente capítulo, se aplicarán las definiciones siguientes:

a) las definiciones que figuran en el anexo A del Acuerdo MSF;

b) las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Comisión del Codex Alimentarius (el

«Codex»);

c) las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Organización Mundial de Sanidad

Animal (la «OIE»);

d) las definiciones adoptadas bajo los auspicios de la Convención Internacional de Protección

Fitosanitaria (la «CIPF»);

e) por «zona protegida respecto a un determinado organismo nocivo regulado», se entenderá un

área geográfica de la Unión Europea definida oficialmente en la que ese organismo no está establecido a pesar de las condiciones favorables para que se establezca y de su presencia en otras partes de la Unión Europea; y

f) por «autoridad competente de una Parte», se entenderá toda autoridad que figure en el

anexo 5-A.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, prevalecerán las definiciones en el marco del

Acuerdo MSF en caso de que exista una incoherencia entre las definiciones adoptadas bajo los auspicios del Codex, la OIE o la CIPF y las definiciones en el marco del Acuerdo MSF.

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

a) proteger la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, facilitando al mismo

tiempo el comercio;

b) garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias («MSF») de las Partes no creen

obstáculos injustificados al comercio; y

c) promover la aplicación del Acuerdo MSF.

Ámbito de aplicación

El presente capítulo es aplicable a las medidas MSF de una Parte que puedan afectar, directa o

indirectamente, al comercio entre las Partes.

Derechos y obligaciones

Las Partes afirman sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo MSF.

Adaptación a las condiciones regionales

1. Respecto a los animales, los productos de origen animal y los subproductos animales:

a) las Partes reconocen el concepto de zonificación y han decidido aplicarlo a las enfermedades

enumeradas en el anexo 5-B;

b) si las Partes toman una decisión sobre los principios y las directrices para reconocer

condiciones regionales, los incluirán en el anexo 5-C;

c) a efectos de la letra a), la Parte importadora basará su medida sanitaria aplicable a la Parte

exportadora cuyo territorio esté afectado por una enfermedad enumerada en el anexo 5-B en la decisión de zonificación tomada por la Parte exportadora, a condición de que la Parte importadora considere que la decisión de zonificación de la Parte exportadora es conforme con los principios y las directrices que las Partes han expuesto en el anexo 5-C y se basa en normas internacionales, directrices y recomendaciones pertinentes. La Parte importadora podrá aplicar cualquier medida adicional para lograr su nivel apropiado de protección sanitaria;

d) si una Parte considera que tiene una calificación sanitaria especial con respecto a una

enfermedad no enumerada en el anexo 5-B, podrá solicitar el reconocimiento de esa situación. La Parte importadora podrá solicitar garantías adicionales para la importación de animales vivos, productos de origen animal y subproductos animales merecedores de la calificación sanitaria acordada reconocida por la Parte importadora, incluidas las condiciones especiales indicadas en el anexo 5-E; y

e) las Partes reconocen el concepto de compartimentación y están de acuerdo en cooperar al

respecto.

2. Respecto a un vegetal o un producto vegetal:

a) al establecer o mantener su medida fitosanitaria, la Parte importadora tendrá en cuenta, entre

otras cosas, la situación relativa a las plagas de una zona, como, por ejemplo, zona libre de plagas, sitio de producción libre de plagas, o zona de escasa prevalencia de plagas, así como cualquier zona protegida que la Parte exportadora haya establecido; y

b) si las Partes toman una decisión sobre los principios y las directrices para reconocer

condiciones regionales, los incluirán en el anexo 5-C.

Equivalencia

1. La Parte importadora aceptará que la medida MSF de la Parte exportadora es equivalente si la

Parte exportadora demuestra objetivamente a la Parte importadora que su medida cumple el nivel apropiado de protección sanitaria y fitosanitaria de la Parte importadora.

2. En el anexo 5-D se exponen los principios y las directrices para determinar, reconocer y

mantener la equivalencia.

3. En el anexo 5-E se indica lo siguiente:

a) la zona para la que la Parte importadora reconoce que una medida MSF de la Parte

exportadora es equivalente a la suya propia; y

b) la zona para la que la Parte importadora reconoce que el cumplimiento de la condición

especial especificada, combinado con la medida MSF de la Parte exportadora, alcanza el nivel adecuado de protección sanitaria y fitosanitaria de la Parte importadora.

4. A efectos del presente capítulo, el artículo 1.7 (Referencia a la legislación) es aplicable a

reserva de lo dispuesto en el presente artículo, el anexo 5-D y las notas generales del anexo 5-E.

Condiciones comerciales

1. La Parte importadora pondrá a disposición sus requisitos generales de importación en materia

de MSF para todas las mercancías. En caso de que las Partes designen conjuntamente una mercancía como prioritaria, la Parte importadora podrá establecer requisitos específicos en materia de MSF para dicha mercancía, a menos que las Partes decidan otra cosa. Al determinar qué mercancías son prioritarias, las Partes cooperarán para garantizar una gestión eficiente de los recursos de que disponen. Los requisitos específicos de importación deben aplicarse a todo el territorio de la Parte exportadora.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, la Parte importadora emprenderá, sin dilación

indebida, el proceso necesario para establecer requisitos específicos de importación en materia de MSF para la mercancía que se designe como prioritaria. Una vez se hayan establecido estos requisitos específicos de importación, la Parte importadora tomará, sin dilación indebida, las medidas necesarias para permitir el comercio sobre la base de estos requisitos de importación.

3. A fin de establecer los requisitos específicos de importación en materia de MSF, la Parte

exportadora, previa solicitud de la Parte importadora:

a) facilitará toda la información pertinente que pida la Parte importadora; y

b) dará un acceso razonable a la Parte importadora para que pueda inspeccionar, someter a

ensayo, auditar y llevar a cabo otros procedimientos pertinentes.

4. En caso de que la Parte importadora mantenga una lista de establecimientos o instalaciones

autorizados para la importación de una mercancía, dará su autorización a cualquier establecimiento

o instalación que esté en el territorio de la Parte exportadora sin inspección previa de dicho establecimiento o dicha instalación si:

a) la Parte exportadora ha solicitado dicha autorización para el establecimiento o la instalación,

acompañada de las garantías adecuadas; y

b) se cumplen las condiciones y los procedimientos expuestos en el anexo 5-F.

5. Además de lo dispuesto en el apartado 4, la Parte importadora pondrá a disposición del

público sus listas de establecimientos o instalaciones autorizados.

6. Las Partes aceptarán normalmente las remesas de una mercancía regulada sin despacho previo

de la mercancía remesa por remesa, a menos que las Partes decidan otra cosa.

7. La Parte importadora podrá pedir que la autoridad competente de la Parte exportadora

demuestre objetivamente, de forma satisfactoria para la Parte importadora, que se cumplen o pueden cumplirse los requisitos de importación.

8. Las Partes deben seguir el procedimiento expuesto en el anexo 5-G sobre los requisitos

específicos de importación en materia fitosanitaria.

Auditoría y comprobación

1. Para mantener la confianza en la aplicación del presente capítulo, las Partes podrán efectuar

una auditoría o una verificación, o ambas cosas, de la totalidad o de una parte del programa de control de las autoridades competentes de la otra Parte. Cada Parte deberá pagar sus propias costas

relacionadas con la auditoría o verificación.

2. Si las Partes toman una decisión sobre los principios y las directrices para realizar una

auditoría o una verificación, los incluirán en el anexo 5-H. Si una Parte lleva a cabo una auditoría o una verificación, también lo hará con arreglo a todos los principios y directrices del anexo 5-H.

Certificación de la exportación

1. Cuando se requiera un certificado sanitario oficial para la importación de una remesa de

animales vivos o productos de origen animal y si la Parte importadora ha aceptado la MSF de la Parte exportadora como equivalente a la suya respecto a dichos animales o productos de origen animal, las Partes, a menos que decidan otra cosa, utilizarán el modelo de certificado sanitario prescrito en el anexo 5-I para dicho certificado. Las Partes también podrán utilizar un modelo de certificado para otros productos si así lo deciden.

2. En el anexo 5-I se establecen principios y directrices para la certificación de las

exportaciones, entre los que se encuentran la certificación electrónica, la retirada o la sustitución de los certificados, los regímenes lingüísticos y los modelos de certificados.

Control de las importaciones y tasas

1. En el anexo 5-J se establecen principios y directrices para el control de las importaciones y las

tasas, así como la frecuencia de los controles de importación.

2. En caso de que de los controles de las importaciones se desprenda un incumplimiento de los

requisitos de importación pertinentes, la medida adoptada por la Parte importadora deberá basarse en la evaluación del riesgo correspondiente y no será más restrictiva con el comercio de lo necesario para lograr un nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria de la Parte.

3. Siempre que sea posible, la Parte importadora notificará al importador de una remesa que

incumpla los requisitos, o a su representante, el motivo del incumplimiento y le dará la oportunidad de reconsiderar la decisión. La Parte importadora tendrá en cuenta toda la información pertinente que se presente para ayudar en la reconsideración.

4. Las Partes podrá cobrar tasas para cubrir los costes efectuados para realizar los controles

fronterizos, las cuales no deben ser superiores a los costes recuperados.

Notificación e intercambio de información

1. Cada Parte notificará a la otra Parte, sin dilación indebida:

a) cualquier cambio significativo de la calificación respecto a una plaga o una enfermedad, como

la aparición y la evolución de una enfermedad enumerada en el anexo 5-B;

b) cualquier constatación de importancia epidemiológica respecto a enfermedades animales que

no figure en el anexo 5-B, o que sea una nueva enfermedad; y

c) cualquier cuestión de seguridad alimentaria importante relacionada con un producto que sea

objeto de comercio entre las Partes.

2. Las Partes procurarán intercambiar información sobre otras cuestiones pertinentes, entre ellas:

a) una modificación de una medida MSF de una Parte;

b) cualquier cambio significativo de la estructura o la organización de la autoridad competente

de una Parte;

c) previa solicitud, los resultados de un control oficial de una Parte y un informe sobre los

resultados del control llevado a cabo;

d) los resultados de cualquier control de las importaciones previsto en el artículo 5.10 en caso de

que una remesa sea rechazada o no cumpla los requisitos; y

e) previa solicitud, cualquier análisis de riesgos o dictamen científico que haya presentado una

de las Partes y que sea pertinente para el presente capítulo.

3. A menos que el Comité Mixto de Gestión decida otra cosa, una vez que la información

mencionada en el apartado 1 o 2 se haya puesto a disposición, mediante notificación al Registro Central de Notificaciones de la OMC o al organismo internacional de normalización pertinente y con arreglo a sus normas al respecto, se cumplen los requisitos de los apartados 1 y 2 que sean aplicables a dicha información.

Consultas técnicas

Si una Parte tiene una preocupación importante relacionada con la seguridad alimentaria, la

fitosanidad, la salud animal, o con una medida MSF que la otra Parte haya propuesto o aplicado, dicha Parte podrá solicitar la celebración de consultas técnicas con la otra Parte. La Parte a la que se haya dirigido la solicitud deberá responder a la misma sin retrasos indebidos. Cada Parte procurará aportar toda la información necesaria para evitar perturbaciones del comercio y, en su caso, llegar a una solución mutuamente aceptable.

Medidas sanitarias y fitosanitarias de emergencia

1. Cada Parte notificará a la otra Parte cualquier medida MSF de emergencia en un plazo de

veinticuatro horas a partir de su decisión de aplicar la medida. Si una Parte solicita consultas técnicas para abordar la medida MSF de emergencia, las consultas técnicas deberán celebrarse en un plazo de diez días a partir de la notificación de la medida MSF de emergencia. Las Partes tomarán en consideración toda la información facilitada durante las consultas técnicas.

2. Al adoptar su decisión respecto a una remesa que, en el momento de adoptar la medida MSF

de emergencia, esté siendo transportada entre las Partes, la Parte importadora deberá tener en cuenta la información que la Parte exportadora le haya facilitado a tiempo.

Comité Mixto de Gestión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

1. El Comité Mixto de Gestión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (el «Comité Mixto de

Gestión»), creado con arreglo al artículo 26.2.1.d), contará con representantes reguladores y comerciales de cada Parte que serán responsables de las medidas MSF.

2. Entre las funciones del Comité Mixto de Gestión se encuentran:

a) supervisar la aplicación del presente capítulo, estudiar todos los asuntos relativos al mismo y

examinar todas las cuestiones que puedan surgir en relación con su aplicación;

b) facilitar orientaciones para la identificación, la priorización, la gestión y la resolución de

problemas;

c) tratar cualquier solicitud de una Parte para modificar un control de las importaciones;

d) como mínimo una vez al año, revisar los anexos del presente capítulo, teniendo en cuenta, en

particular, los progresos realizados a partir de las consultas previstas en el presente Acuerdo. Tras dicha revisión, el Comité Mixto de Gestión podrá decidir la modificación de los anexos del presente capítulo. Las Partes podrán aprobar la decisión del Comité Mixto de Gestión, con arreglo a sus procedimientos respectivos necesarios para que la modificación entre en vigor. La decisión entrará en vigor en la fecha acordada por las Partes;

e) supervisar la aplicación de las decisiones contempladas en la letra d), así como el

funcionamiento de las medidas contempladas en dicha letra d);

f) servir regularmente de foro para el intercambio de información relacionada con el sistema

reglamentario de cada Parte, incluida la base científica y de evaluación de riesgos respecto a una medida MSF; y

g) elaborar y conservar un documento en el que se detalle la situación del debate entre las Partes

sobre su trabajo acerca del reconocimiento de la equivalencia de medidas MSF específicas.

3. Entre otras cosas, el Comité Mixto de Gestión podrá:

a) determinar qué posibilidades hay de que se asuma un mayor compromiso bilateral, que

incluya la mejora de las relaciones, como un posible intercambio de funcionarios;

b) debatir, en una fase temprana, una modificación o una propuesta de modificación de una MSF

que se esté estudiando;

c) facilitar un mayor entendimiento entre las Partes sobre la aplicación del Acuerdo MSF y

promover la cooperación entre las Partes sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias que se estén debatiendo en foros multilaterales, como el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC y los organismos internacionales de normalización, según proceda; o

d) determinar y debatir, en una fase temprana, iniciativas que tengan un componente sanitario y

fitosanitario y que podrían beneficiarse de la cooperación.

4. El Comité Mixto de Gestión podrá crear grupos de trabajo que cuenten con representantes

expertos de las Partes, a fin de abordar cuestiones sanitarias y fitosanitarias específicas.

5. Cualquier Parte podrá someter una cuestión sanitaria o fitosanitaria al Comité Mixto de

Gestión. El Comité Mixto de Gestión debe examinar la cuestión con la mayor rapidez posible.

6. Si el Comité Mixto de Gestión no puede resolver una cuestión rápidamente, deberá, previa

solicitud de una Parte, informar sin demora al Comité Mixto del CETA.

7. A menos que las Partes decidan otra cosa, el Comité Mixto de Gestión se reunirá y establecerá

su programa de trabajo en un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y sus normas de procedimiento en un plazo máximo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

8. Tras su reunión inicial, el Comité Mixto de Gestión se reunirá cuando corresponda, por lo

general con una periodicidad anual. El Comité Mixto de Gestión podrá reunirse por videoconferencia o teleconferencia, y también podrá tratar asuntos fuera de sesión por correspondencia.

9. El Comité Mixto de Gestión informará cada año sobre sus actividades y su programa de

trabajo al Comité Mixto del CETA.

10. Una vez que haya entrado en vigor el presente Acuerdo, cada Parte designará y notificará por

escrito a la otra Parte un punto de contacto a fin de coordinar el orden del día del Comité Mixto de Gestión y facilitar la comunicación sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias.


CAPÍTULO SEIS - ADUANAS Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Este capítulo tiene por objeto racionalizar los procedimientos aduaneros y hacerlos más eficaces. Se garantiza:

  • transparencia (por ejemplo, haciendo públicos los requisitos aduaneros y facilitando información online)
  • procedimientos racionalizados y basados en el riesgo (por ejemplo, la gestión de riesgos y el tratamiento anteriores a la llegada del envío, en lugar de efectuar un examen a la entrada)
  • seguridad y previsibilidad (por ejemplo, un procedimiento de recurso eficaz y transparente o resoluciones anticipadas fiables sobre clasificación arancelaria).
Objetivos y principios

1. Las Partes reconocen la importancia de los asuntos aduaneros y de facilitación del comercio

en el contexto evolutivo del comercio mundial.

2. En la medida de lo posible, las Partes cooperarán e intercambiarán información, incluso sobre

mejores prácticas, para promover la aplicación y el cumplimiento de las medidas de facilitación del comercio del presente Acuerdo.

3. Las medidas de facilitación del comercio no deberán afectar a los mecanismos para proteger a

una persona mediante el control de la aplicación y el cumplimiento efectivos del Derecho de las Partes.

4. La importación, la exportación y los requisitos y procedimientos de tránsito no serán más

gravosos desde el punto de vista administrativo, ni más restrictivos con el comercio de lo necesario para lograr objetivos legítimos.

5. Los instrumentos vigentes en materia aduanera y de comercio internacional constituirán la

base para la importación, la exportación y los requisitos y procedimientos de tránsito, salvo si tales instrumentos y normas fueran un medio inapropiado o ineficaz para el cumplimiento de los objetivos legítimos perseguidos.

Transparencia

1. Cada Parte publicará o pondrá a disposición de otro modo, incluso por medios electrónicos, su

legislación, reglamentos y resoluciones judiciales y administrativas de las políticas relativas a los requisitos aplicables a la importación o exportación de mercancías.

2. Cada Parte procurará hacer públicos, también en internet, los reglamentos propuestos y las

políticas administrativas referentes a cuestiones aduaneras, así como facilitar a las personas interesadas la oportunidad de formular observaciones antes de su adopción.

3. Cada Parte designará o mantendrá uno o más puntos de contacto para responder a las

preguntas de las personas interesadas en relación con asuntos aduaneros y pondrá a disposición en internet información relativa a los procedimientos para plantear tales preguntas.

Despacho de las mercancías

1. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos aduaneros simplificados para un despacho

eficiente de las mercancías, a fin de facilitar el comercio entre las Partes y reducir los costes para los importadores y los exportadores.

2. Cada Parte velará por que dichos procedimientos simplificados:

a) permitan el despacho de mercancías en un período que no sea superior al requerido para

garantizar el cumplimiento de su Derecho;

b) permitan que las mercancías y, en la medida de lo posible, las mercancías controladas o

reguladas, se despachen en el primer punto de llegada;

c) permitan un rápido despacho de las mercancías que deban despacharse con urgencia;

d) permitan que un importador o su agente retiren las mercancías desde el control aduanero antes

de la determinación definitiva y el pago de los derechos de aduana, los impuestos y las tasas. Antes del despacho de las mercancías, una Parte podrá exigir a un importador que proporcione una garantía suficiente en forma de fianza, depósito u otro instrumento apropiado; y

e) establezcan, con arreglo a su Derecho, unos requisitos de documentación simplificados para la

entrada de las mercancías de escaso valor que determine cada Parte.

3. En sus procedimientos simplificados, cada Parte podrá exigir que se presente una información

más amplia mediante contabilidad y verificaciones después de la entrada, según proceda.

4. Cada Parte permitirá el despacho rápido de mercancías y, en la medida de lo posible y cuando

proceda, deberá:

a) establecer la presentación y el tratamiento de la información de forma anticipada antes de la

llegada física de las mercancías para permitir su despacho en el momento de su llegada, en caso de que no se haya detectado riesgo o no deban realizarse controles aleatorios; y

b) establecer que determinadas mercancías se despachen con un mínimo de documentación.

5. En la medida de lo posible, cada Parte se asegurará de que sus autoridades y agencias

encargadas de los controles fronterizos y de otros controles de importación y exportación cooperen y se coordinen para facilitar el comercio, entre otras cosas haciendo que coincidan los requisitos sobre datos y documentación de las exportaciones y estableciendo un único lugar para realizar una única verificación documental y física de los envíos.

6. Cada Parte velará por que, en la medida de lo posible, sus requisitos de importación y

exportación de mercancías estén coordinados para facilitar el comercio, independientemente de si estos requisitos son administrados por un organismo o por la administración de aduanas en nombre de dicho organismo.

Valoración en aduana

1. El Acuerdo sobre Valoración en Aduana regula el valor en aduana aplicable al comercio

recíproco entre las Partes.

2. Las Partes cooperarán con objeto de alcanzar un enfoque común sobre cuestiones relativas al

valor en aduana.

Clasificación de mercancías

La clasificación de las mercancías objeto de comercio entre las Partes en virtud del presente

Acuerdo se expone en la nomenclatura arancelaria respectiva de cada Parte, de conformidad con el Sistema Armonizado.

Tasas y gravámenes

Cada Parte publicará o pondrá a disposición de otro modo información sobre las tasas y los

gravámenes que haya impuesto una administración aduanera de dicha Parte, incluso por medios electrónicos. Tal información incluirá las tasas y los gravámenes aplicables, el motivo concreto de la tasa o el gravamen, la autoridad responsable y cuándo y cómo ha de efectuarse el pago. Ninguna Parte impondrá nuevas tasas o gravámenes, ni los modificará hasta que publique o facilite de otro modo dicha información.

Gestión de riesgos

1. Cada Parte basará su examen, su despacho y sus procedimientos de verificación después de la

entrada en los principios de evaluación de los riesgos, en lugar de exigir que cada envío entregado para su entrada se examine de manera global para comprobar que cumple los requisitos de importación.

2. Cada Parte adoptará y aplicará sus requisitos y procedimientos de importación, exportación y

tránsito de mercancías sobre la base de principios de gestión de riesgos y centrará las medidas de cumplimiento en transacciones que merezcan atención.

3. Los apartados 1 y 2 no impiden que una Parte lleve a cabo un control de calidad y revisiones

de cumplimiento que puedan exigir un examen más a fondo.

Automatización

1. Cada Parte utilizará tecnologías de la información que aceleren sus procedimientos de

despacho de mercancías para facilitar el comercio, incluido el comercio entre las Partes.

2. Cada Parte:

a) se esforzará por poner a disposición por vía electrónica los formularios aduaneros que sean

necesarios para la importación o la exportación de mercancías;

b) permitirá, con arreglo a su Derecho, que dichos formularios aduaneros se presenten en

formato electrónico; y

c) si es posible, a través de su administración aduanera, establecerá el intercambio electrónico de

información con su comunidad empresarial.

3. Cada Parte procurará:

a) desarrollar o mantener sistemas de ventanilla única plenamente interconectados para facilitar

una presentación única y electrónica de la información exigida por la legislación aduanera y no aduanera para la circulación transfronteriza de las mercancías; y

b) desarrollar un conjunto de elementos y procesos de datos de conformidad con el modelo de

datos de la Organización Mundial de Aduanas («OMA») y las recomendaciones y directrices de la OMA relacionadas.

4. Las Partes procurarán cooperar en el desarrollo de sistemas electrónicos interoperables,

teniendo en cuenta, entre otras cosas, el trabajo que lleva a cabo la OMA, a fin de facilitar el comercio entre las Partes.

Resoluciones anticipadas

1. Cada Parte emitirá, previa solicitud por escrito, resoluciones anticipadas sobre clasificación

arancelaria con arreglo a su Derecho.

2. A reserva de los requisitos de confidencialidad, cada Parte publicará, por ejemplo en internet,

información sobre resoluciones anticipadas acerca de la clasificación arancelaria que sea pertinente para comprender y aplicar reglas de clasificación arancelaria.

3. Para facilitar el comercio, las Partes incluirán en su diálogo bilateral actualizaciones

periódicas sobre los cambios producidos en sus Derechos respectivos, así como sobre las medidas de aplicación con respecto a las cuestiones mencionadas en los apartados 1 y 2.

Reconsideración y recurso

1. Cada Parte velará por que una acción administrativa o una decisión oficial adoptada respecto

a la importación de mercancías pueda ser revisada rápidamente por tribunales judiciales, arbitrales o administrativos, o mediante procedimientos administrativos.

2. El tribunal o funcionario que actúe con arreglo a tales procedimientos administrativos deberá

ser independiente del funcionario o de la instancia que haya adoptado la decisión y tendrá la competencia necesaria para mantener, modificar o revocar la decisión conforme a lo dispuesto en el Derecho de la Parte.

3. Antes de pedir a una persona que recurra a un nivel judicial más formal o judicial, cada Parte

establecerá un nivel administrativo de apelación o revisión que sea independiente del funcionario o de la instancia responsable de la acción o decisión inicial.

4. Cada Parte concederá, a una persona que haya recibido una resolución anticipada en virtud del

artículo 6.9, sustancialmente el mismo derecho de revisión y de apelación de las decisiones de resoluciones anticipadas emitidas por su administración aduanera que haya establecido para los importadores en su territorio.

Sanciones

Cada Parte se asegurará de que su legislación aduanera establezca que las sanciones impuestas por

infracciones cometidas sean proporcionadas y no discriminatorias, y que la aplicación de tales sanciones no dé lugar a retrasos injustificados.

Confidencialidad

1. Cada Parte, con arreglo a su Derecho, tratará como estrictamente confidencial toda la

información que obtenga con arreglo al presente capítulo que sea confidencial por naturaleza o que se haya facilitado con ese carácter, y protegerá dicha información de cualquier divulgación que pudiera perjudicar la posición competitiva de la persona que facilita la información.

2. Si el Derecho de la Parte que recibe u obtiene la información a que se refiere el apartado 1

exige que dicha Parte divulgue la información, esta deberá notificarlo a la Parte o la persona que facilitó dicha información.

3. Cada Parte se asegurará de que la información confidencial obtenida con arreglo al presente

capítulo no se utilice para fines distintos de la administración y la observancia de las cuestiones aduaneras, salvo con permiso de la Parte o la persona que facilitó dicha información confidencial.

4. Cualquier Parte podrá permitir que la información obtenida con arreglo al presente capítulo se

utilice en procedimientos administrativos, judiciales o cuasijudiciales emprendidos por incumplimiento de leyes en materia aduanera por las que se aplique el presente capítulo. Cualquier Parte informará a la Parte o la persona que facilitó la información antes de dicha utilización.

Cooperación

1. Las Partes seguirán cooperando en foros internacionales, como la OMA, para alcanzar

objetivos reconocidos mutuamente, entre ellos los expuestos en el Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global.

2. Las Partes revisarán periódicamente las iniciativas internacionales pertinentes sobre

facilitación del comercio, incluido el Compendio de Recomendaciones sobre Facilitación del Comercio elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, para determinar los ámbitos en los que una nueva acción conjunta facilitaría el comercio entre las Partes y promovería objetivos

multilaterales compartidos.

3. Las Partes cooperarán de conformidad con el Acuerdo entre Canadá y la Comunidad Europea

sobre Cooperación Administrativa y Asistencia Mutua en el Ámbito Aduanero, hecho en Ottawa el 4 de diciembre de 1997 (el «Acuerdo de Cooperación Aduanera entre Canadá y la UE»).

4. Las Partes se prestarán asistencia mutua en materia aduanera con arreglo al Acuerdo de

Cooperación Aduanera entre Canadá y la UE, incluidos los asuntos que estén relacionados con una presunta infracción de la legislación aduanera de una Parte, tal como se define en dicho Acuerdo, y con la aplicación del presente Acuerdo.

Comité Mixto de Cooperación Aduanera

1. El Comité Mixto de Cooperación Aduanera, al que se concede la potestad de actuar bajo los

auspicios del Comité Mixto del CETA como un comité especializado con arreglo al

artículo 26.2.1.c) (Comités especializados), garantizará el funcionamiento apropiado del presente capítulo y del Protocolo relativo a las normas de origen y los procedimientos en materia de origen, así como al artículo 20.43 (Alcance de las medidas en frontera) y al artículo 2.8 (Suspensión temporal del tratamiento arancelario preferencial). El Comité Mixto de Cooperación Aduanera examinará las cuestiones que se deriven de su aplicación, de conformidad con los objetivos del

presente Acuerdo.

2. Respecto a las cuestiones que abarca el presente Acuerdo, el Comité Mixto de Cooperación

Aduanera constará de representantes de las autoridades en materia aduanera o comercial o de otras autoridades que cada Parte considere adecuadas.

3. Cada Parte se asegurará de que sus representantes en el Comité Mixto de Cooperación

Aduanera posean conocimientos especializados que se correspondan con los puntos del orden del día. El Comité Mixto de Cooperación Aduanera podrá reunirse con una configuración específica de conocimientos especializados para tratar sobre normas de origen o sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos en materia de origen, ya sea como Comité Mixto de Cooperación Aduanera

- Normas de Origen o como Comité Mixto de Cooperación Aduanera - Procedimientos en materia

de Origen.

4. El Comité Mixto de Cooperación Aduanera podrá formular resoluciones, recomendaciones o

dictámenes, y presentar al Comité Mixto del CETA los proyectos de decisiones que considere necesarios para alcanzar los objetivos comunes y el buen funcionamiento de los mecanismos establecidos en el presente capítulo y en el Protocolo relativo a las normas de origen y los procedimientos en materia de origen, así como en el artículo 20.43 (Alcance de las medidas en frontera) y el artículo 2.8 (Suspensión temporal del tratamiento arancelario preferencial).


CAPÍTULO SIETE - SUBVENCIONES

Este capítulo aumenta la transparencia en torno a las subvenciones estatales a empresas. Canadá y la UE tienen que notificarse mutuamente si conceden ayudas a la producción de bienes y deben facilitar información adicional sobre cualquier subvención que ofrezcan a las empresas que presten servicios, si la otra Parte pide dicha información.

Además, establece un mecanismo que permite a la UE y Canadá consultarse sobre las subvenciones que pueden afectar negativamente al comercio entre ellos y, en ese caso, encontrar soluciones. La UE y Canadá también acuerdan no subvencionar las exportaciones de productos agrícolas entre uno y otro mercado.

Definición de subvención

1. A efectos del presente Acuerdo, una subvención es una medida relacionada con el comercio

de mercancías que cumple las condiciones fijadas en el artículo 1.1 del Acuerdo SMC.

2. Una subvención estará sujeta a lo dispuesto en el presente capítulo si es específica a tenor del

artículo 2 del Acuerdo SMC.

Transparencia

1. Cada dos años, cada Parte notificará a la otra Parte, con respecto a cualquier subvención que

se conceda o mantenga en su territorio, los datos que se indican a continuación:

a) la base jurídica de la subvención;

b) la forma de la subvención; y

c) el importe de la subvención o el importe presupuestado para la subvención.

2. Se considera que las notificaciones facilitadas a la OMC con arreglo al artículo 25.1 del

Acuerdo SMC cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1.

3. A petición de la otra Parte, una Parte facilitará información y responderá preguntas, sin

dilación, sobre casos particulares de ayudas públicas relacionadas con el comercio de los servicios prestados en su territorio.

Consultas sobre subvenciones y ayudas públicas

en sectores distintos de la agricultura y la pesca

1. Si una Parte considera que una subvención, o un caso concreto de ayuda pública relacionada

con el comercio de servicios, concedida por la otra Parte afecta o puede afectar negativamente a sus intereses, podrá expresar su preocupación a la otra Parte y solicitar la realización de consultas al respecto. La Parte requerida considerará detallada y favorablemente tal solicitud.

2. Durante las consultas, cualquier Parte podrá solicitar información adicional sobre un caso

concreto de subvención o ayuda pública relacionadas con el comercio de servicios prestados por la otra Parte, incluido su objetivo político, su importe y cualquier medida adoptada para limitar el posible efecto distorsionador sobre el comercio.

3. Sobre la base de las consultas, la Parte requerida procurará eliminar o minimizar los efectos

negativos que pueda tener la subvención, o el caso concreto de ayuda pública relacionada con el comercio de servicios, para los intereses de la Parte requirente.

4. El presente artículo no se aplicará a las subvenciones relacionadas con mercancías agrícolas y

productos de la pesca, y se entiende sin perjuicio de los artículos 7.4 y 7.5.

Consultas sobre subvenciones a mercancías agrícolas

y productos de la pesca

1. Las Partes comparten el objetivo de trabajar de forma conjunta para llegar a un acuerdo a fin

de:

a) seguir mejorando las disciplinas multilaterales y las normas sobre comercio agrícola en la

OMC; y

b) ayudar resolver de forma global y multilateral las subvenciones a la pesca.

2. Si una Parte considera que una subvención, o la prestación de ayuda pública concedida por la

otra Parte afecta o puede afectar negativamente a sus intereses con respecto a mercancías agrícolas o productos de la pesca, podrá expresar su preocupación a la otra Parte y solicitar la realización de consultas al respecto.

3. La Parte requerida considerará detallada y favorablemente tal solicitud y pondrá todo su

empeño en eliminar o minimizar los efectos negativos que puedan tener la subvención, o la ayuda pública, sobre los intereses de la Parte requirente con respecto a mercancías agrícolas y productos de la pesca.

Subvenciones a las exportaciones agrícolas

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por:

a) subvención a la exportación: una subvención a la exportación tal como se define en el

artículo 1, letra e), del Acuerdo sobre la Agricultura; y

b) eliminación total de un arancel, en caso de que haya contingentes: la eliminación del arancel

tanto dentro del contingente como por encima del contingente.

2. Ninguna Parte podrá adoptar o mantener una subvención a la exportación efectuada sobre una

mercancía agrícola que se exporte, o se incorpore en un producto que se exporte, al territorio de la otra Parte una vez que la otra Parte haya eliminado totalmente el arancel, inmediatamente o después del período transitorio, sobre dicha mercancía agrícola de conformidad con el

anexo 2-A (Eliminación arancelaria), incluidas sus listas arancelarias.

Confidencialidad

No se exigirá que, al facilitar información con arreglo al presente capítulo, las Partes revelen

información confidencial.

Exclusión de las subvenciones y ayudas públicas

a servicios audiovisuales e industrias culturales

Ninguna disposición del presente Acuerdo se aplicará a las subvenciones o la ayuda pública

relacionadas con los servicios audiovisuales, en el caso de la Unión Europea, o con las industrias culturales, en el caso de Canadá.

Relación con el Acuerdo de la OMC

Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo VI del GATT de 1994, el

Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre la Agricultura.

Solución de diferencias

Los artículos 7.3 y 7.4 del presente capítulo no estarán sujetos a las disposiciones sobre solución de

diferencias del presente Acuerdo.


CAPÍTULO OCHO - INVERSIONES

En este capítulo se establecen medidas para abrir las inversiones entre la UE y Canadá, proteger a los inversores y garantizar que los gobiernos los traten de forma equitativa.
Este capítulo:

  • elimina barreras a la inversión extranjera, como las limitaciones del capital extranjero o los requisitos de funcionamiento
  • permite a los inversores de la UE transferir su capital de Canadá a la UE, y viceversa
  • establece normas de inversión transparentes, estables y previsibles
  • garantiza que la administración trate a los inversores extranjeros de manera equitativa
  • establece un nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones (STI) para que los inversores puedan resolver las diferencias con los gobiernos en materia de inversiones de manera rápida e imparcial. Para más información sobre el STI, pulse aquí.

También confirma el derecho a regular en todos los niveles de la administración.


SECCIÓN A - Definiciones y ámbito de aplicación

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales: las actividades que no se

llevan a cabo ni sobre una base comercial ni en competencia con uno o más operadores económicos;

servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves: las actividades que se realizan en una

aeronave o en parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio, sin incluir lo que se denomina el mantenimiento de línea;

servicios de explotación aeroportuaria: la explotación o gestión, a comisión o por contrato, de

infraestructuras aeroportuarias, lo que incluye terminales, pistas, pistas de rodaje y plataformas, aparcamientos y sistemas de transporte dentro del aeropuerto. Para mayor seguridad, los servicios de explotación aeroportuaria no incluyen la propiedad de aeropuertos o de terrenos de aeropuertos ni la inversión en ellos, ni ninguna de las funciones desempeñadas por un Consejo de Administración. Los servicios de explotación aeroportuaria no incluyen los servicios de navegación aérea;

embargo: la confiscación de una propiedad de una Parte en una diferencia a fin de garantizar o

asegurar el cumplimiento de una adjudicación;

servicios de sistemas de reserva informatizados: la prestación de servicios prestados mediante

sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes;

información confidencial o protegida:

a) información comercial confidencial; o

b) información que está protegida contra la divulgación al público;

i) en el caso de la información del demandado, con arreglo al Derecho del demandado;

ii) en el caso de información de otro tipo, con arreglo al Derecho o las normas que el

tribunal determine que son aplicables para la revelación de tal información;

inversión cubierta: con respecto a una de las Partes, una inversión:

a) en su territorio;

b) realizada de conformidad con el Derecho aplicable en el momento en que se efectúa la

inversión;

c) que sea propiedad directa o indirecta de un inversor de la otra Parte o que esté controlada por

él; y

d) ya existente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, o realizada o adquirida

posteriormente;

parte en la diferencia: o bien el inversor que inicia un procedimiento con arreglo a la sección F, o

bien el demandado. A efectos de la sección F y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.14, el concepto de inversor no incluye a una Parte;

partes en la diferencia: tanto el inversor como el demandado;

auto preventivo: la orden de prohibir o restringir una acción;

empresa: una empresa tal como se define en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación general) y

una sucursal o una oficina de representación de una empresa;

servicios de asistencia en tierra: la prestación de un servicio, a comisión o por contrato, de:

asistencia administrativa en tierra y supervisión, lo que incluye el control de carga y las comunicaciones; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; asistencia de carga y correo; asistencia de operaciones en pista y servicios a las aeronaves; asistencia de combustible y lubricante; mantenimiento de línea de aeronaves, operaciones de vuelo y administración de tripulaciones; transporte de superficie; servicios de restauración (catering). Entre los servicios de asistencia en tierra no se incluyen los servicios de seguridad ni la explotación o la gestión de infraestructuras aeroportuarias centralizadas, como sistemas de asistencia de equipajes, instalaciones de deshielo, sistemas de distribución de combustible o sistemas de transporte dentro

del aeropuerto;

CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones;

Reglamento del mecanismo complementario del CIADI: el Reglamento del Mecanismo

Complementario para la Administración de Procedimientos por el Secretariado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones;

Convenio del CIADI: el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre

Estados y Nacionales de otros Estados, hecho en Washington el 18 de marzo de 1965;

derechos de propiedad intelectual: los derechos de autor y derechos afines, los derechos sobre

marcas comerciales, los derechos de las indicaciones geográficas, los derechos sobre dibujos y modelos industriales, los derechos de patentes, los derechos sobre los planos de los circuitos integrados, los derechos relativos a la protección de la información no divulgada y los derechos sobre las obtenciones vegetales; y, si lo prevé el Derecho de una de las Partes, los derechos de modelo de utilidad. El Comité Mixto del CETA podrá añadir, mediante decisión, otras categorías de propiedad intelectual a esta definición;

inversión: cualquier tipo de activo que sea propiedad de un inversor o esté bajo el control, directa o

indirectamente, de este, que tenga las características de una inversión, lo que incluye una duración determinada y otras características, como el compromiso de capital o de otros recursos, la expectativa de ganancia o beneficio, o la asunción de riesgos. Una inversión puede revestir, entre otras, las formas siguientes:

a) una empresa;

b) acciones, títulos o cualquier otra forma de participación en el capital de una empresa;

c) bonos, obligaciones y otros instrumentos de deuda de una empresa;

d) un préstamo a una empresa;

e) cualquier otro tipo de interés en una empresa;

f) un interés derivado de:

i) una concesión otorgada con arreglo al Derecho de una Parte o en virtud de un contrato,

incluidas las que tengan por finalidad la búsqueda, el cultivo, la extracción o la explotación de recursos naturales,

ii) un contrato llave en mano, de construcción, de producción o de reparto de ingresos; u

iii) otros contratos similares;

g) derechos de propiedad intelectual;

h) otros derechos sobre bienes muebles, materiales o inmateriales, o sobre bienes inmuebles y

derechos afines;

i) derechos dinerarios o a aportaciones monetarias o derechos a prestaciones contractuales.

Para mayor seguridad, cabe señalar que los derechos dinerarios no incluyen:

a) los derechos dinerarios que se derivan únicamente de contratos comerciales de venta de

bienes o servicios por una persona física o una empresa en el territorio de una Parte a una persona física o empresa en el territorio de la otra Parte;

b) la financiación interna de tales contratos; o

c) una orden, sentencia o laudo arbitral cualesquiera que estén relacionados con las letras a) o b).

Las ganancias que se inviertan serán tratadas como inversiones. Ninguna modificación de la forma

en que se inviertan o reinviertan los activos afectará a su clasificación como inversiones.

inversor: una Parte, una persona física o una empresa de una Parte, distintos de una sucursal o una

oficina de representación, que pretenda realizar, esté realizando o haya realizado una inversión en el territorio de la otra Parte;

A efectos de la presente definición, por empresa de una Parte se entiende:

a) una empresa que esté constituida u organizada con arreglo a las leyes de dicha Parte y

desarrolle una actividad empresarial importante en el territorio de dicha Parte; o

b) una empresa que esté constituida u organizada con arreglo a las leyes de dicha Parte y sea

propiedad o esté bajo control, directa o indirectamente, de una persona física de dicha Parte o de una empresa mencionada en la letra a);

empresa establecida localmente: una persona jurídica que esté constituida u organizada con arreglo

a las leyes del demandado y que sea propiedad o esté bajo control, directa o indirectamente, de un inversor de la otra Parte;

por persona física se entenderá:

a) en el caso de Canadá, una persona física que sea ciudadana o residente permanente de

Canadá; y

b) en el caso de la Parte UE, una persona física que tenga la nacionalidad de uno de los Estados

miembros de la Unión Europea con arreglo a sus leyes respectivas y, en el caso de Letonia, también una persona física con residencia permanente en la República de Letonia que no sea ciudadana de la República de Letonia o de cualquier otro Estado pero tenga derecho, en virtud de las disposiciones legales y reglamentarias de la República de Letonia, a recibir un pasaporte para personas que no tienen el estatuto de ciudadano.

Se considerará que una persona física que sea ciudadana de Canadá y tenga la nacionalidad de uno

de los Estados miembros de la Unión Europea es exclusivamente una persona física de la Parte en la que tenga su nacionalidad dominante y efectiva.

Se considerará que una persona física que tenga la nacionalidad de uno de los Estados miembros de

la Unión Europea o sea ciudadana de Canadá y también sea un residente permanente de la otra Parte es exclusivamente una persona física de la Parte en la que tenga su nacionalidad o ciudadanía, según proceda;

Convención de Nueva York: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la

Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de junio de 1958;

Parte al margen de la diferencia: Canadá, en caso de que el demandado sea la Unión Europea o

uno de sus Estados miembros, o la Unión Europea, en caso de que el demandado sea Canadá;

demandado: Canadá o, en el caso de la Unión Europea, bien el Estado miembro de la Unión

Europea o bien la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.21;

ganancias: todos los importes generados por una inversión o reinversión, incluidos los beneficios,

cánones e intereses u otras tasas o pagos en especie;

venta y comercialización de servicios de transporte aéreo: las oportunidades del transportista

aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus servicios de transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de mercado, la publicidad y la distribución, pero sin incluir la fijación de precios de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables;

financiación de terceros: toda la financiación facilitada por una persona física o jurídica que no sea

parte en la diferencia pero llegue a un acuerdo con una parte en la diferencia para financiar una parte o la totalidad de los costes del procedimiento, ya sea mediante una donación o mediante una subvención, o a cambio de una retribución que dependa del resultado de la diferencia;

tribunal: el tribunal establecido con arreglo al artículo 8.27;

Reglamento de arbitraje de la CNUDMI: el Reglamento de arbitraje de la Comisión de las

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; y

Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI: el Reglamento de la CNUDMI sobre la

Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y Estados en el Marco de un Tratado.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas que una Parte adopte o mantenga en su

territorio5 respecto a:

a) un inversor de la otra Parte;

b) una inversión cubierta; y

c) con respecto al artículo 8.5, cualquier inversión en su territorio.

a) de Canadá, tal como se indica en el artículo 1.3.a) (Ámbito geográfico de aplicación); y

b) en las que se aplican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal como se indica en el artículo 1.3.b) (Ámbito geográfico de aplicación).

2. Con respecto al establecimiento o la adquisición de una inversión cubierta6, las secciones B

y C no son aplicables a una medida relacionada con:

a) servicios de transporte aéreo o servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos, así como

otros servicios prestados por medios de transporte aéreo7, excepto:

i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves;

ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;

iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI);

iv) los servicios de asistencia en tierra;

v) los servicios de explotación aeroportuaria; o

b) actividades realizadas en el ejercicio de facultades gubernamentales.

3. En el caso de la Parte UE, las secciones B y C no son aplicables a una medida con respecto a

los servicios audiovisuales. En el caso de Canadá, las secciones B y C no son aplicables a una medida con respecto a las industrias culturales.

la inversión cubierta una vez que esta haya sido establecida o adquirida.

4. Las reclamaciones podrán ser presentadas por un inversor con arreglo al presente capítulo

únicamente con arreglo al artículo 8.18 y de conformidad con los procedimientos establecidos en la sección F. Las reclamaciones con respecto a alguna de las obligaciones expuestas en la sección B quedan excluidas del ámbito de aplicación de la sección F. Las reclamaciones con arreglo a la sección C con respecto al establecimiento o la adquisición de una inversión cubierta quedan excluidas del ámbito de aplicación de la sección F. La sección D es aplicable únicamente a una inversión cubierta y a los inversores con respecto a su inversión cubierta.

5. El presente capítulo no afectará a los derechos y las obligaciones de las Partes en virtud del

Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2009 y en Ottawa el 18 de diciembre de 2009.

Relación con otros capítulos

1. El presente capítulo no es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte por lo

que se refiere a las medidas que se apliquen a los inversores o a sus inversiones cubiertas por el capítulo trece (Servicios financieros).

2. La exigencia de una Parte de que un prestador de servicios de la otra Parte deposite una fianza

u otra forma de garantía financiera como condición para prestar un servicio en su territorio no implica por sí mismo que el presente capítulo sea aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por la Parte en relación con la prestación de dicho servicio transfronterizo. El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por la Parte en relación con la fianza o garantía financiera que se haya depositado, en la medida en que tal fianza o garantía financiera sea una inversión cubierta.


SECCIÓN B - Establecimiento de las inversiones

Acceso a los mercados

1. Ninguna Parte podrá adoptar o mantener, respecto al acceso a los mercados mediante el

establecimiento de un inversor de la otra Parte, en todo su territorio o en un territorio con un nivel de administración nacional, provincial, territorial, regional o local, una medida que:

a) imponga limitaciones sobre:

i) el número de empresas que pueden ejercer una actividad económica concreta, ya sea en

forma de contingentes numéricos, monopolios, proveedores exclusivos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

ii) el valor total de las transacciones o los activos en forma de contingentes numéricos, o la

exigencia de una prueba de necesidades económicas;

iii) el número total de operaciones o la cuantía total de la producción, expresadas en

unidades numéricas determinadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas8;

iv) la participación del capital extranjero, expresada como límite porcentual máximo a la

tenencia de acciones por extranjeros, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas; o

v) el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector o

que una empresa pueda emplear y que sean necesarias para la realización de una actividad económica y estén directamente relacionadas con ella, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

b) restrinja o exija determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las cuales

una empresa pueda realizar una actividad económica.

2. Para mayor seguridad, las medidas siguientes serán coherentes con el apartado 1:

a) una medida relativa a la reglamentación sobre zonificación y planificación que afecte a la

ordenación del territorio, u otra medida análoga;

b) una medida que exija que se separe la propiedad de las infraestructuras de la propiedad de los

bienes o los servicios prestados a través de dichas infraestructuras, a fin de garantizar una competencia leal, por ejemplo en los ámbitos de la energía, el transporte y las telecomunicaciones;

c) una medida que limite la concentración de la propiedad para garantizar una competencia leal;

d) una medida destinada a garantizar la conservación y la protección de los recursos naturales y

el medio ambiente, que incluya una limitación de la disponibilidad, la cantidad y el alcance de las concesiones otorgadas, así como la imposición de una moratoria o prohibición;

e) una medida que limite el número de autorizaciones concedidas a causa de limitaciones

técnicas o físicas, por ejemplo el espectro y las frecuencias de las telecomunicaciones; o

f) una medida que exija que un determinado porcentaje de los accionistas, propietarios, socios o

directivos de una empresa esté cualificado para ejercer o ejerza una profesión determinada, como la de abogado o contable.

Requisitos de funcionamiento

1. Ninguna Parte impondrá ni exigirá que se cumplan los requisitos siguientes, ni que se respete

un compromiso en relación con el establecimiento, la adquisición, la ampliación, la realización, el funcionamiento y la gestión de ninguna inversión en su territorio para que:

a) se exporte un nivel o porcentaje determinado de un bien o servicio;

b) se alcance un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

c) se adquiera, se utilice o se conceda una preferencia a un bien producido o a un servicio

prestado en su territorio, o se adquiera un bien o un servicio de personas físicas o empresas de su territorio;

d) se vincule el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las

exportaciones o con la entrada de divisas relacionada con dicha inversión;

e) se limiten las ventas de un bien o un servicio en su territorio que la inversión produce o

suministra, vinculando dichas ventas al volumen o al valor de sus exportaciones o ingresos en divisas;

f) se transfiera tecnología, un proceso de producción u otros conocimientos protegidos por

derechos de propiedad industrial a una persona física o una empresa de su territorio; o

g) se suministre exclusivamente, desde el territorio de la Parte, un bien producido o un servicio

prestado por la inversión a un mercado mundial o regional determinado.

2. Para beneficiarse o seguir beneficiándose de una ventaja relacionada con el establecimiento,

la adquisición, la ampliación, la gestión, la realización o la explotación de una inversión en su territorio, ninguna Parte podrá establecer la condición de que se cumplan los requisitos siguientes:

a) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido interno;

b) adquirir, utilizar o conceder una preferencia a un bien producido en su territorio, o adquirir un

bien de un productor de su territorio;

c) vincular el volumen o el valor de las importaciones con el volumen o el valor de las

exportaciones o con la entrada de divisas relacionada con dicha inversión; o

d) limitar las ventas de un bien o un servicio en su territorio que la inversión produce o

suministra, vinculando dichas ventas al volumen o al valor de sus exportaciones o ingresos en divisas.

3. Lo dispuesto en el apartado 2 no impedirá que, para beneficiarse o seguir beneficiándose de

una ventaja relacionada con una inversión en su territorio, una Parte establezca la condición de que se cumpla la obligación de situar en su territorio la producción, la prestación de un servicio, la impartición de formación o el empleo de los trabajadores, la construcción o la ampliación de determinadas instalaciones, o la realización de actividades de investigación y desarrollo.

4. El apartado 1, letra f), no se aplicará en caso de que un órgano jurisdiccional, un tribunal

administrativo o una autoridad de competencia imponga el requisito o haga cumplir el compromiso para subsanar una violación de las normas en materia de competencia.

5. Lo dispuesto en:

a) el apartado 1, letras a), b) y c), y el apartado 2, letras a) y b), no se aplicarán a los requisitos

de cualificación para un bien o un servicio con respecto a la participación en programas de promoción de las exportaciones y de ayuda exterior;

b) el presente artículo no se aplicará a la contratación pública por una Parte de un bien o un

servicio que se adquieran para fines oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una «contratación cubierta» a tenor del artículo 19.2 (Alcance y ámbito de aplicación).

6. Para mayor seguridad, el apartado 2, letras a) y b), no se aplicará a los requisitos que imponga

una Parte importadora en relación con el contenido de un bien que se precise para poder beneficiarse de aranceles preferenciales o contingentes preferenciales.

7. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los compromisos de la Organización

Mundial del Comercio de una Parte.


SECCIÓN C - Trato no discriminatorio

Trato nacional

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a los inversores de la otra Parte y a las inversiones

cubiertas, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios inversores y sus inversiones con respecto al establecimiento, la adquisición, la ampliación, la realización, la explotación, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación de sus inversiones.

2. El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa, respecto a una

administración de Canadá distinta de la federal, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores de Canadá en su

territorio, así como a sus inversiones.

2. El trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa, respecto a una

administración de un Estado miembro de la Unión Europea o situada en un Estado miembro de la Unión Europea, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores de la UE en su territorio, así como a sus inversiones.

Trato de nación más favorecida

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a los inversores de la otra Parte y a las inversiones

cubiertas, un trato no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a los inversores de un tercer país y sus inversiones con respecto al establecimiento, la adquisición, la ampliación, la realización, la explotación, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta u otro tipo de enajenación de sus inversiones.

2. Para mayor seguridad, el trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa,

respecto a una administración de Canadá distinta de la federal, o respecto a una administración de un Estado miembro de la Unión Europea o situada en un Estado miembro de la Unión Europea, el trato que tal administración concede, en situaciones similares, a los inversores de un tercer país en su territorio, así como a sus inversiones.

3. El apartado 1 no se aplicará al trato concedido por una Parte que establezca el

reconocimiento, incluso mediante un arreglo o un acuerdo con un tercer país que reconozca la acreditación de los servicios y prestadores de servicios de ensayo y análisis, la acreditación de los servicios y prestadores de servicios de reparación y mantenimiento, así como la certificación de las cualificaciones o de los resultados del trabajo realizado por dichos servicios y prestadores de servicios acreditados.

4. Para mayor seguridad, el «trato» mencionado en los apartados 1 y 2 no incluye los

procedimientos para la solución de diferencias en materia de inversión entre inversores y Estados que se establecen en otros tratados internacionales sobre inversiones y en otros acuerdos comerciales. Las obligaciones sustantivas que figuran en otros tratados internacionales y en otros acuerdos comerciales no constituyen en sí mismas un «trato», por lo que no pueden dar lugar a una infracción del presente artículo, a falta de medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en virtud de dichas obligaciones.

Altos directivos y consejos de administración

Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de dicha Parte que sea, además, una inversión cubierta,

nombre a personas físicas de una nacionalidad concreta como altos directivos o cargos en un consejo de administración.


SECCIÓN D - Protección de las inversiones

Inversiones y medidas reglamentarias

1. A efectos del presente capítulo, las Partes reafirman su derecho a regular en sus territorios

para alcanzar objetivos políticos legítimos, como la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente, la moral pública, la protección social o de los consumidores, o la promoción y la protección de la diversidad cultural.

2. Para mayor seguridad, el mero hecho de que una Parte regule, incluso mediante una

modificación de su legislación, de tal forma que afecte negativamente a las inversiones o no satisfaga las expectativas de un inversor, incluidas sus expectativas de beneficios, no constituye un incumplimiento de ninguna de las obligaciones establecidas en la presente sección.

3. Para mayor seguridad, la decisión de una Parte de no conceder, renovar o mantener una

subvención:

a) en caso de que no haya ningún compromiso específico legal o contractual de conceder,

renovar, o mantener esa subvención; o

b) de conformidad con los términos y condiciones asociados a la concesión, la renovación o el

mantenimiento de la subvención,

no constituye una infracción de lo dispuesto en la presente sección.

4. Para mayor seguridad, ninguna disposición de la presente sección se interpretará en el sentido

de que impide a una Parte que suspenda la concesión de una subvención9 o solicite su devolución cuando dicha medida sea necesaria para cumplir las obligaciones internacionales entre las Partes o haya sido ordenada por un órgano jurisdiccional o tribunal administrativo competente u otra autoridad competente10, o que conmina a dicha Parte a compensar por ello al inversor.

Trato de los inversores y de las inversiones cubiertas

1. Cada Parte concederá, en su territorio, a las inversiones cubiertas de la otra Parte y a los

inversores, con respecto a sus inversiones cubiertas, un trato justo y equitativo, y plena protección y seguridad, de conformidad con los apartados 2 a 7.

2. Una Parte incumplirá la obligación de trato justo y equitativo a la que se hace referencia en el

apartado 1 en caso de que una medida o una serie de medidas constituya:

a) una denegación de justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos;

b) un incumplimiento esencial de las garantías procesales, incluido el incumplimiento esencial

del principio de transparencia en los procedimientos judiciales y administrativos;

c) una arbitrariedad manifiesta;

d) una discriminación específica por motivos claramente injustos, como la raza, el sexo o las

creencias religiosas;

e) un trato abusivo (coacción, intimidación, acoso, etc.) a los inversores; o

f) una infracción de cualquier otro elemento de la obligación de trato justo y equitativo adoptado

por las Partes de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.

3. Las Partes revisarán periódicamente, previa petición de una de ellas, el contenido de la

obligación de dar un trato equitativo y justo. El Comité de Servicios e Inversión, creado de conformidad con el artículo 26.2.1.b) (Comités especializados), podrá formular recomendaciones al respecto y presentarlas al Comité Mixto del CETA para que adopte una decisión.

4. Cuando se aplique la obligación de trato justo y equitativo antes mencionada, el tribunal podrá

tener en cuenta si una Parte se había dirigido específicamente a un inversor para inducirle a realizar una inversión cubierta, creando expectativas legítimas en las que se basó el inversor a la hora de decidir realizar o mantener una inversión cubierta, y posteriormente la Parte en cuestión frustró tales expectativas.

5. Para mayor seguridad, por «plena protección y seguridad» se entienden las obligaciones de

una Parte en relación con la seguridad física de los inversores y las inversiones cubiertas.

6. Para mayor seguridad, una infracción de otra disposición del presente Acuerdo, o de un

acuerdo internacional distinto, no supone que se haya producido una infracción del presente artículo.

7. Para mayor seguridad, el hecho de que una medida infrinja el Derecho interno no supone, por

sí solo, que se haya producido una infracción del presente artículo. Para determinar si la medida infringe el presente artículo, el tribunal deberá tener en cuenta si una de las Partes ha actuado de forma incompatible con las obligaciones establecidas en el apartado 1.

Compensación por pérdidas

No obstante lo dispuesto en el artículo 8.15.5.b), cada Parte concederá a los inversores de la otra

Parte cuyas inversiones cubiertas sufran pérdidas, debido a un conflicto armado, revueltas civiles, un estado de emergencia o una catástrofe natural en su territorio, un trato no menos favorable que el que concede a sus propios inversores o a los inversores de un tercer país, si este último fuera más favorable al inversor afectado, por lo que se refiere a la restitución, la indemnización, la compensación o cualquier otro arreglo.

Expropiación

1. Ninguna Parte nacionalizará ni expropiará una inversión cubierta, ya sea directa o

indirectamente, a través de medidas de efecto equivalente a una nacionalización o expropiación («expropiación»), excepto:

a) por interés público;

b) con arreglo al debido procedimiento legal;

c) de forma no discriminatoria; y

d) mediante el pago de una compensación rápida, adecuada y efectiva.

Para mayor seguridad, el presente apartado deberá interpretarse con arreglo a lo dispuesto en el

anexo 8-A.

2. La compensación mencionada en el apartado 1 equivaldrá al justo valor de mercado que tenía

la inversión en el momento inmediatamente anterior a que se hiciera pública la expropiación o la expropiación inminente, si esta última fecha es anterior. Entre los criterios de evaluación se incluirán el valor en funcionamiento, el valor de los activos, incluidos el valor fiscal declarado de la propiedad tangible, y otros criterios, según proceda, para determinar un valor de mercado justo.

3. La compensación incluirá también un interés a un tipo comercial normal desde la fecha de

expropiación hasta la fecha de pago y, a fin de que sea eficaz para el inversor, deberá pagarse y transferirse, sin demora, al país que designe el inversor y en la moneda del país del que el inversor sea nacional o en cualquier moneda libremente convertible aceptada por el inversor.

4. El inversor afectado tendrá derecho, con arreglo al Derecho de la Parte expropiadora, a que un

órgano judicial u otro órgano independiente de esa Parte efectúe una rápida revisión de su demanda

y de la valoración de su inversión, de conformidad con los principios establecidos en el presente artículo.

5. El presente artículo no es aplicable a la emisión de licencias obligatorias concedidas en

relación con los derechos de propiedad intelectual, en la medida en que dicha emisión sea coherente con el Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Para mayor seguridad, no constituyen expropiación la revocación, la limitación ni la creación

de derechos de propiedad intelectual, siempre que estas medidas sean coherentes con el Acuerdo sobre los ADPIC y con el capítulo Veinte (Propiedad intelectual). Por otra parte, de la constatación de que estas medidas son incompatibles con el Acuerdo sobre los ADPIC o el

capítulo Veinte (Propiedad intelectual) no se desprende que se haya producido una expropiación.

Transferencias

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con una inversión cubierta se

realicen sin restricciones ni retrasos en una moneda libremente convertible y al tipo de cambio de mercado aplicable en la fecha de la transferencia. Entre dichas transferencias se encuentran:

a) las aportaciones al capital, como el capital principal y los fondos adicionales para mantener,

desarrollar o incrementar la inversión;

b) los beneficios, los dividendos, los intereses, las plusvalías, los cánones, las tasas de gestión,

de asistencia técnica y de otro tipo, u otros tipos de ganancias o de importes resultantes de la inversión cubierta;

c) los ingresos procedentes de la venta o la liquidación de la totalidad o de una parte de la

inversión cubierta;

d) los pagos efectuados en el marco de un contrato celebrado por el inversor o la inversión

cubierta, incluidos los pagos efectuados en virtud de un acuerdo de préstamo;

e) los pagos efectuados con arreglo a los artículos 8.11 y 8.12;

f) los sueldos y las demás remuneraciones del personal extranjero cuyo trabajo esté relacionado

con una inversión; y

g) los pagos de daños y perjuicios en virtud de un laudo dictado con arreglo a la sección F.

2. Ninguna Parte podrá exigir a sus inversores que transfieran o que sancionen a sus inversores

por no transferir los ingresos, beneficios, ganancias u otros importes que se deriven de las inversiones en el territorio de la otra Parte o que sean atribuibles a las mismas.

3. Ninguna de las disposiciones del presente artículo se interpretará en el sentido de impedir que

una Parte aplique de forma equitativa y no discriminatoria, sin que ello constituya una restricción encubierta de las transferencias, sus leyes en materia de:

a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

b) emisión, negociación o comercio de valores;

c) infracciones criminales o penales;

d) información financiera o contabilización de transferencias, cuando sean necesarias para

ayudar a las autoridades responsables del cumplimiento del Derecho o de la reglamentación financiera; y

e) satisfacción de resoluciones judiciales en un procedimiento contencioso.

Subrogación

En caso de que una Parte, o un organismo de una Parte, realicen un pago en virtud de una

indemnización, una garantía o un contrato de seguros que haya suscrito en relación con una inversión efectuada por alguno de sus inversores en el territorio de la otra Parte, la otra Parte reconocerá que la Parte o su organismo tendrán, en todas las circunstancias, los mismos derechos que el inversor en lo tocante a la inversión. Estos derechos podrán ser ejercidos por la Parte o un organismo de la Parte o por el inversor, si la Parte o el organismo de la Parte lo autorizan.


SECCIÓN E - Reservas y excepciones

Reservas y excepciones

1. Los artículos 8.4 a 8.8 no son aplicables a:

a) una medida no conforme vigente que mantenga una Parte a escala de:

i) la Unión Europea, tal como se establece en la lista del anexo I;

ii) una administración nacional, tal como establece dicha Parte en su lista del anexo I;

iii) una administración provincial, territorial o regional, tal como establece dicha Parte en su

lista del anexo I; o

iv) una administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de una medida no conforme a la que se hace referencia

en la letra a); o

c) la modificación de una medida no conforme a la que se hace referencia en la letra a), siempre

que la modificación no reduzca el grado de conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los artículos 8.4 a 8.8.

2. Los artículos 8.4 a 8.8 no son aplicables a una medida que adopte o mantenga una Parte con

respecto a un sector, un subsector o una actividad, tal como se establece en su lista del anexo II.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8.10 y 8.12, una vez que haya entrado en vigor el

presente Acuerdo ninguna Parte adoptará una medida o una serie de medidas incluidas en la lista del anexo II que exijan, directa o indirectamente y por motivos de nacionalidad, a un inversor de la otra Parte vender o enajenar de otro modo una inversión existente en el momento en que la medida o el conjunto de medidas se hagan efectivos.

4. En relación con los derechos de propiedad intelectual, cada Parte podrá establecer

excepciones a lo dispuesto en los artículos 8.5.1.f), 8.6, y 8.7 si el Acuerdo sobre los ADPIC lo permite, incluida cualquier modificación de dicho Acuerdo que esté en vigor para ambas Partes, así como exenciones respecto a dicho Acuerdo adoptadas con arreglo al artículo IX del Acuerdo de la OMC.

5. Los artículos 8.4, 8.6, 8.7 y 8.8 no son aplicables a:

a) la contratación pública por una Parte de un bien o un servicio que se adquieran para fines

oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una

«contratación cubierta» a tenor del artículo 19.2 (Alcance y ámbito de aplicación); o

b) las subvenciones o el apoyo público en relación con el comercio de los servicios prestados por

una Parte.

Denegación de ventajas

Una Parte podrá denegar las ventajas contempladas en el presente capítulo a un inversor de la otra

Parte que sea una empresa de dicha Parte y a las inversiones de ese inversor si:

a) la empresa es propiedad o está bajo el control de un inversor de un tercer país; y

b) la Parte que deniega las ventajas adopta o mantiene, con respecto al tercer país, una medida

que:

i) se refiera al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y

ii) prohíba las transacciones con la empresa, o que sería infringida o eludida en caso de que

las ventajas contempladas en el presente capítulo se concedieran a la empresa o a sus inversiones.

Requisitos de forma

No obstante lo dispuesto en los artículos 8.6 y 8.7, una Parte podrá exigir a un inversor de la otra

Parte, o a su inversión cubierta, que facilite información rutinaria sobre dicha inversión únicamente con fines informativos o estadísticos, siempre que dichas solicitudes sean razonables y no excesivamente gravosas. La Parte protegerá la información confidencial o protegida de cualquier revelación que pudiera perjudicar la posición competitiva del inversor o de la inversión cubierta. El presente apartado no impedirá a las Partes obtener de otro modo o divulgar información en relación

con una aplicación equitativa y de buena fe de sus leyes.


SECCIÓN F - Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados

Ámbito de aplicación

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes con arreglo al

capítulo Veintinueve (Solución de diferencias), un inversor de una Parte podrá presentar al tribunal constituido conforme a la presente sección una denuncia de que la otra Parte ha incumplido una obligación con arreglo a:

a) la sección C, con respecto a la ampliación, la realización, la explotación, la gestión, el

mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta o enajenación de su inversión cubierta; o

b) la sección D,

en caso de que el inversor alegue haber sufrido pérdidas o daños como consecuencia de la supuesta

infracción.

2. Las denuncias con arreglo al apartado 1, letra a), con respecto a la ampliación de una

inversión cubierta podrán presentarse únicamente en el grado en que la medida se refiera a las operaciones comerciales en curso de una inversión cubierta y, como consecuencia, el inversor haya sufrido una pérdida o un daño respecto a la inversión cubierta.

3. Para mayor seguridad, el inversor no podrá presentar una demanda con arreglo a la presente

sección si la inversión se ha realizado mediante una declaración dolosa, ocultación, corrupción, o un comportamiento que equivalga a un recurso temerario.

4. Una denuncia sobre la reestructuración de la deuda emitida por una Parte podrá presentarse

únicamente con arreglo a la presente sección de conformidad con el anexo 8-B.

5. El tribunal constituido con arreglo a la presente sección no decidirá sobre las denuncias que

queden fuera del ámbito de aplicación del presente artículo.

Consultas

1. En la medida de lo posible, las diferencias deben resolverse de forma amistosa. Podrá

acordarse la solución en cualquier momento, incluso una vez que la demanda haya sido presentada de conformidad con el artículo 8.23. A menos que las partes en la diferencia acuerden un plazo más largo, se celebrarán consultas en un plazo de sesenta días a partir de la presentación de la solicitud

de consultas con arreglo al apartado 4.

2. A no ser que las partes en la diferencia acuerden otra cosa, el lugar de la consulta será:

a) Ottawa, si las medidas impugnadas son medidas de Canadá;

b) Bruselas, si entre las medidas impugnadas hay alguna de la Unión Europea; o

c) la capital del Estado miembro de la Unión Europea correspondiente, si las medidas

impugnadas son exclusivamente medidas de ese Estado miembro.

3. Cuando proceda, las partes en la diferencia podrán celebrar las consultas por videoconferencia

u otros medios, por ejemplo si el inversor es una pequeña o mediana empresa.

4. El inversor presentará a la otra Parte una solicitud de consultas en la que figuren:

a) el nombre y la dirección del inversor y, si tal solicitud se presenta en nombre de una empresa

establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de la empresa establecida localmente;

b) en caso de que haya más de un inversor, el nombre y la dirección de cada inversor y, en caso

de que haya más de una empresa establecida localmente, el nombre, la dirección y el lugar de constitución de cada empresa establecida localmente;

c) las disposiciones del presente Acuerdo que supuestamente se han incumplido;

d) el marco jurídico y la base fáctica de la denuncia, incluyendo las medidas controvertidas; y

e) el resarcimiento que se pretende y el importe estimado de los daños y perjuicios reclamados.

La solicitud de consultas deberá contener pruebas de que el inversor es un inversor de la otra Parte

que posee o controla la inversión, incluso, si procede, de que posee o controla la empresa establecida localmente en cuyo nombre se presenta la solicitud.

5. Los requisitos de la solicitud de consultas establecidos en el apartado 4 deberán ser lo

suficientemente específicos para permitir que el demandado pueda emprender consultas y preparar su defensa eficazmente.

6. La solicitud de consultas deberá presentarse en un plazo de:

a) tres años a partir de la fecha en que el inversor o, en su caso, la empresa establecida

localmente, tuvo constancia o debió haber tenido constancia de la supuesta infracción y de que el inversor o, en su caso, la empresa establecida localmente, sufrió pérdidas o daños como consecuencia de ella; o

b) dos años después de que un inversor o, en su caso, la empresa establecida localmente, deje de

presentar demandas o procedimientos ante un órgano jurisdiccional o tribunal con arreglo al Derecho de una Parte, o cuando dicho procedimiento haya concluido de otro modo y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido diez años desde la fecha en que el inversor o, en su caso, la empresa establecida localmente, tuvo constancia o debió haber tenido constancia de la supuesta infracción y de que el inversor sufrió pérdidas o daños como

consecuencia de ella.

7. Se enviará a la Unión Europea la solicitud de consultas relativas a la supuesta infracción por

la Unión Europea o por uno de sus Estados miembros.

8. En caso de que el inversor no haya presentado una demanda con arreglo al artículo 8.23 en un

plazo de dieciocho meses a partir de la presentación de la solicitud de consultas, se considerará que el inversor ha retirado su solicitud de consultas y, en su caso, la notificación en la que se solicita que se determine cuál es el demandado, y no presentará una demanda conforme a la presente sección con respecto a las mismas medidas. Dicho plazo podrá ampliarse por acuerdo de las partes en la diferencia.

Mediación

1. Las partes en la diferencia podrán acordar en cualquier momento recurrir a mediación.

2. Podrá recurrirse a mediación sin perjuicio de la situación jurídica o de los derechos de

cualquiera de las partes en la diferencia con arreglo al presente capítulo y se regirá por las normas acordadas por las partes en la diferencia, incluidas, en su caso, las normas sobre mediación adoptadas por el Comité de Servicios e Inversión con arreglo al artículo 8.44.3.c).

3. El mediador se nombrará por acuerdo entre las partes en la diferencia. Las partes en la

diferencia también podrán solicitar que el Secretario General del CIADI nombre al mediador.

4. Las partes en la diferencia procurarán alcanzar una solución de la diferencia en un plazo de

sesenta días a partir del nombramiento del mediador.

5. En caso de que las partes en la diferencia acuerden recurrir a mediación, no se aplicarán los

artículos 8.19.6 y 8.19.8 entre la fecha en que las partes en la diferencia acuerden recurrir a mediación y la fecha en que cualquiera de las partes en la diferencia decida poner fin a la mediación. Toda decisión adoptada por una parte en la diferencia para poner fin a la mediación deberá comunicarse mediante carta enviada al mediador y a la otra parte en la diferencia.

Determinación del demandado en las diferencias

con la Unión Europea y sus Estados miembros

1. Si la diferencia no puede solucionarse en un plazo de noventa días a partir de la presentación

de la solicitud de consultas, la solicitud se refiere a un presunto incumplimiento del presente Acuerdo por la Unión Europea o por uno de sus Estados miembros y el inversor se propone presentar una solicitud de conformidad con el artículo 8.23, el inversor proporcionará a la Unión Europea una notificación en la que se solicite que se determine cuál es el demandado.

2. En la notificación con arreglo al apartado 1 se señalarán las medidas respecto de las cuales el

inversor tiene intención de presentar una demanda.

3. Una vez que haya llegado a una determinación al respecto, la Unión Europea informará al

inversor sobre si la Unión Europea o uno de sus Estados miembros será el demandado.

4. En caso de que el inversor no haya sido informado sobre tal determinación en un plazo de

cincuenta días desde que se entregó la notificación en la que se solicitaba tal determinación:

a) si las medidas señaladas en la notificación son exclusivamente medidas de un Estado

miembro de la Unión Europea, el Estado miembro será el demandado;

b) si entre las medidas señaladas en la notificación hay medidas de la Unión Europea, la Unión

Europea será el demandado.

5. El inversor podrá presentar una demanda de conformidad con el artículo 8.23 basándose en la

determinación establecida con arreglo al apartado 3 y, si tal determinación no ha sido comunicada al inversor, basándose en la aplicación del apartado 4.

6. En caso de que la Unión Europea o uno de sus Estados miembros sea el demandado, con

arreglo a los apartados 3 o 4 ni la Unión Europea ni el Estado miembro de la Unión Europea podrán alegar la inadmisibilidad de la demanda, la falta de jurisdicción del tribunal u oponerse de otro modo a la denuncia o a la sentencia porque no se haya determinado adecuadamente cuál es el demandado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 ni haya sido identificado sobre la base de la aplicación del apartado 4.

7. El tribunal estará sujeto a la determinación efectuada de conformidad con el apartado 3 y, si

tal determinación no ha sido comunicada al inversor, a la aplicación del apartado 4.

Procedimiento y otros requisitos para presentar una demanda al tribunal

1. Un inversor solo podrá presentar una demanda de conformidad con el artículo 8.23 si el

inversor:

a) ofrece al demandado, junto con la presentación de una demanda, su consentimiento para la

solución de la diferencia por el tribunal, de conformidad con los procedimientos establecidos en la presente sección;

b) deja que pasen, como mínimo, ciento ochenta días desde la presentación de la solicitud de

consultas y, si procede, como mínimo noventa días desde la presentación de la notificación en la que se solicita que se determine cuál es el demandado;

c) cumple los requisitos de la notificación en la que se solicita que se determine cuál es el

demandado;

d) cumple los requisitos relacionados con la solicitud de consultas;

e) no identifica en su demanda una medida que no estaba identificada en su solicitud de

consultas;

f) retira o suspende cualquier procedimiento existente ante un tribunal u órgano jurisdiccional

con arreglo al Derecho interno o internacional respecto a una medida que supuestamente constituya una infracción mencionada en su demanda; y

g) renuncia a su derecho a iniciar una demanda o un procedimiento ante un tribunal u órgano

jurisdiccional con arreglo al Derecho interno o internacional respecto a una medida que supuestamente constituya una infracción mencionada en su denuncia.

2. Si la demanda presentada de conformidad con el artículo 8.23 se refiere a pérdidas o daños de

una empresa establecida localmente o de un interés en una empresa establecida localmente que el inversor posea o controle directa o indirectamente, los requisitos del apartado 1, letras f) y g), son aplicables tanto al inversor como a la empresa establecida localmente.

3. Los requisitos del apartado 1, letras f) y g), y del apartado 2 no se aplicarán con respecto a una

empresa establecida localmente si el demandado o el Estado de acogida del inversor ha privado al inversor del control de la empresa establecida localmente, o ha impedido de otro modo que la empresa establecida localmente cumpla dichos requisitos.

4. Previa solicitud del demandado, el tribunal se inhibirá en caso de que el inversor o, en su

caso, la empresa establecida localmente no cumpla alguna de las condiciones de los apartados 1 y 2.

5. Dejará de aplicarse la renuncia con arreglo al apartado 1, letra g), o al apartado 2, según

proceda:

a) si el tribunal rechaza la solicitud sobre la base de que no se cumplen los requisitos de los

apartados 1 o 2, o por cualquier otro motivo procesal o jurisdiccional;

b) si el tribunal desestima la demanda con arreglo al artículo 8.32 o al artículo 8.33; o

c) si el inversor retira su demanda, de conformidad con las normas aplicables con arreglo al

artículo 8.23.2, en un plazo de doce meses a partir de la constitución de la división del tribunal.

Presentación de una demanda ante el tribunal

1. En caso de que una diferencia no se haya resuelto mediante consultas, podrán presentar una

demanda con arreglo a la presente sección:

a) un inversor de una Parte en su propio nombre; o

b) un inversor de una Parte, en nombre de una empresa establecida localmente que sea de su

propiedad o que controle directa o indirectamente.

2. Podrá presentarse una demanda con arreglo a las normas siguientes:

a) el Convenio del CIADI y las reglas procesales aplicables a los procedimientos de arbitraje;

b) el Reglamento del mecanismo complementario del CIADI, en caso de que no sean aplicables

las condiciones para los procedimientos con arreglo a la letra a);

c) el Reglamento de arbitraje de la CNUDMI; o

d) cualquier otra normativa que acuerden las partes en la diferencia.

3. En caso de que el inversor proponga normas con arreglo al apartado 2, letra d), el demandado

deberá responder a la propuesta en un plazo de veinte días desde que las recibió. Si las partes en la diferencia no llegan a un acuerdo sobre dichas normas en un plazo de treinta días desde la recepción, el inversor podrá presentar una demanda con arreglo a la normativa mencionada en el apartado 2, letras a), b) o c).

4. Para mayor seguridad, una solicitud presentada con arreglo al apartado 1, letra b), deberá

cumplir los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 1, del Convenio del CIADI.

5. Al presentar su demanda, el inversor podrá proponer que un único miembro del tribunal

considere la demanda. El demandado considerará favorablemente tal solicitud, en particular si el inversor es una pequeña o mediana empresa, o si la indemnización o los perjuicios reclamados son relativamente bajos.

6. La normativa aplicable con arreglo al apartado 2 será la que esté en vigor en la fecha en que

se presenten la demanda o las demandas ante el tribunal conforme a la presente sección, sujeta a las normas específicas expuestas en la presente sección y complementada por normas adoptadas con arreglo al artículo 8.44.3.b).

7. Se ha presentado una demanda de solución de diferencias con arreglo a la presente sección

cuando:

a) el Secretario General del CIADI ha recibido la solicitud con arreglo al artículo 36, apartado 1,

del Convenio del CIADI;

b) el Secretariado del CIADI ha recibido la solicitud con arreglo al artículo 2 del anexo C del

Reglamento del mecanismo complementario del CIADI;

c) el demandado ha recibido la notificación con arreglo al artículo 3 del Reglamento de Arbitraje

de la CNUDMI; o

d) la solicitud o la notificación por la que se inicia el procedimiento es recibida por el

demandado de conformidad con las normas acordadas con arreglo al apartado 2, letra d).

8. Cada Parte informará a la otra Parte sobre el lugar de entrega de las notificaciones y los demás

documentos por los inversores con arreglo a la presente sección. Cada Parte se asegurará de que esta información se ponga a disposición del público.

Procedimientos en virtud de otro acuerdo internacional

Si la demanda se presenta con arreglo a la presente sección y otro acuerdo internacional y:

a) existe un riesgo de duplicación de las indemnizaciones; o

b) la otra demanda internacional podría tener un impacto significativo en la resolución de la

demanda presentada con arreglo a la presente sección,

lo antes posible después de la audiencia de las partes en la diferencia, el tribunal suspenderá los

procedimientos o, de lo contrario, garantizará que los procedimientos incoados con arreglo a otro acuerdo internacional sean tenidos en cuenta en su decisión, resolución o laudo.

Consentimiento de la solución de la diferencia por el tribunal

1. El demandado da su consentimiento a la solución de la diferencia por el tribunal, de

conformidad con los procedimientos establecidos en la presente sección.

2. El consentimiento con arreglo al apartado 1 y la presentación de una demanda al tribunal con

arreglo a la presente sección deberán satisfacer los requisitos de:

a) el artículo 25 del Convenio del CIADI y el capítulo II del anexo C del Reglamento del

mecanismo complementario del CIADI, sobre el consentimiento por escrito de las partes en la diferencia; y

b) el artículo II de la Convención de Nueva York, relativo a la conformidad por escrito.

Financiación de una tercera parte

1. Cuando exista financiación de una tercera parte, la parte en la diferencia que se beneficie de

ella deberá comunicar a la otra parte en la diferencia y al tribunal el nombre y la dirección del financiador de la tercera parte.

2. La comunicación se efectuará en el momento de la presentación de la demanda, o, en caso de

que el acuerdo de financiación haya concluido o de que la donación o la subvención se hayan realizado tras la presentación de una demanda, sin dilación alguna en cuanto concluya el acuerdo o se realice la donación o la subvención.

Constitución del tribunal

1. El tribunal creado con arreglo a la presente sección deberá decidir sobre las demandas que se

presenten con arreglo al artículo 8.23.

2. En el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Comité Mixto del CETA

nombrará a quince miembros del tribunal. Cinco de los miembros del tribunal serán nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, cinco serán nacionales de Canadá11 y cinco serán nacionales de terceros países.

3. El Comité Mixto del CETA podrá decidir aumentar o reducir el número de los miembros del

tribunal por múltiplos de tres. Los nombramientos adicionales se realizarán en las mismas condiciones que se establecen en el apartado 2.

4. Los miembros del tribunal deberán tener las cualificaciones necesarias en sus países

respectivos para el ejercicio de funciones jurisdiccionales, o bien ser juristas de reconocida competencia. Deberán contar con experiencia demostrada en Derecho internacional público. Es conveniente que tengan conocimientos especializados en particular sobre Derecho internacional en materia de inversiones, Derecho mercantil internacional y solución de diferencias que surjan en el marco de acuerdos internacionales de inversión o de comercio.

5. Los miembros del tribunal nombrados con arreglo a la presente sección serán nombrados para

un mandato de cinco años, que podrá renovarse una sola vez. No obstante, el mandato de siete de las quince personas nombradas inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, que se determinarán por sorteo, se ampliará a seis años. Las vacantes se cubrirán a medida que se produzcan. La persona nombrada para reemplazar a un miembro del tribunal cuyo mandato no haya terminado desempeñará el cargo durante el período que falte para completar el mandato de su predecesor. En principio, cuando expire su mandato un miembro del tribunal que preste servicio en una división del tribunal podrá seguir sirviendo en la división hasta que se emita un laudo definitivo.

6. El tribunal considerará los asuntos en divisiones formadas por tres miembros del tribunal, de

los cuales uno deberá ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, uno deberá ser nacional de Canadá y uno deberá ser un nacional de un tercer país. La división estará presidida por el miembro del tribunal que sea nacional de un tercer país.

7. En un plazo de noventa días a partir de la presentación de una demanda de conformidad con el

artículo 8.23, el presidente del tribunal designará, con carácter rotatorio, a los miembros del tribunal que compongan la división del tribunal que considerará el asunto, garantizando que la composición de las divisiones sea aleatoria e imprevisible, al mismo tiempo que se ofrece a todos los miembros del tribunal igualdad de oportunidades para ejercer sus funciones.

8. El presidente y el vicepresidente del tribunal serán responsables de las cuestiones

organizativas, serán nombrados para un mandato de dos años y serán elegidos por sorteo de entre los miembros del tribunal que sean nacionales de terceros países. Ejercerán sus funciones sobre la base de una rotación que el presidente del Comité Mixto del CETA seleccionará por sorteo. El vicepresidente sustituirá al presidente cuando este no esté disponible.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado 6, las partes en la diferencia podrán acordar que un

asunto sea considerado por un único miembro del tribunal que sea nombrado al azar de entre los nacionales de terceros países. El demandado considerará favorablemente cualquier solicitud del demandante de que el asunto sea considerado por un único miembro del tribunal, en particular si el demandante es una pequeña o mediana empresa o si la indemnización o los daños y perjuicios reclamados son relativamente bajos. Tal solicitud deberá realizarse antes de que se constituya la división del tribunal.

10. El tribunal podrá establecer sus propios procedimientos de trabajo.

11. Los miembros del tribunal garantizarán que están disponibles y son capaces de desempeñar

las funciones establecidas con arreglo a la presente sección.

12. A fin de garantizar su disponibilidad, se pagará a los miembros del tribunal unos honorarios

mensuales por anticipado que determinará el Comité Mixto del CETA.

13. Los honorarios contemplados en el apartado 12 deberán ser abonados a partes iguales por

ambas Partes en una cuenta gestionada por el Secretariado del CIADI. En caso de que una Parte no pague los honorarios, la otra Parte podrá optar por pagar. Los atrasos de este tipo en que incurra una Parte deberán pagarse junto con los intereses correspondientes.

14. Salvo que el Comité Mixto del CETA adopte una decisión con arreglo al apartado 15, el

importe de los honorarios y gastos de los miembros del tribunal de una división constituida para considerar una demanda que sean distintos de los honorarios a que se refiere el apartado 12, serán los que se determinen de conformidad con la regla 14, apartado 1, del Reglamento Administrativo y Financiero del Convenio del CIADI en vigor en la fecha de la presentación de la demanda y sean asignados por el tribunal entre las partes en la diferencia, de conformidad con el artículo 8.39.5.

15. El Comité Mixto del CETA, mediante decisión, podrá convertir los honorarios por anticipado

y otros honorarios y gastos en un salario habitual, así como decidir las modalidades y condiciones aplicables.

16. El Secretariado del CIADI actuará como Secretaría del tribunal y le facilitará un apoyo

adecuado.

17. Si el Comité Mixto del CETA no ha efectuado los nombramientos conforme a lo dispuesto en

el apartado 2 en un plazo de noventa días a partir de la fecha en que se presente una demanda de solución de diferencias, el Secretario General del CIADI, previa petición de cualquiera de las partes en la diferencia nombrará una división formada por tres miembros del tribunal, a menos que las partes en la diferencia hayan acordado que el asunto sea considerado por un único miembro del tribunal. El Secretario General del CIADI realizará el nombramiento mediante selección aleatoria de las candidaturas existentes. El Secretario General del CIADI no podrá nombrar como presidente a un nacional ni de Canadá ni de un Estado miembro de la Unión Europea, a menos que las partes en la diferencia acuerden otra cosa.

Tribunal de apelación

1. Se crea un tribunal de apelación para reconsiderar los laudos dictados con arreglo a la

presente sección.

2. El tribunal de apelación podrá confirmar, modificar o revocar un laudo del tribunal sobre la

base de:

a) errores en la aplicación o interpretación del Derecho aplicable;

b) errores manifiestos en la apreciación de los hechos, incluida la apreciación del Derecho

nacional pertinente;

c) los motivos contemplados en el artículo 52, apartado 1, letras a) a e), del Convenio del

CIADI, en la medida en que no estén contemplados en las letras a) y b).

3. Los miembros del tribunal de apelación serán nombrados mediante decisión del Comité Mixto

del CETA, al mismo tiempo que la decisión mencionada en el apartado 7.

4. Los miembros del tribunal de apelación deberán cumplir los requisitos del artículo 8.27.4, así

como lo dispuesto en el artículo 8.30.

5. La división del tribunal de apelación que se constituya para considerar el recurso estará

formada por tres miembros de dicho tribunal que hayan sido designados de forma aleatoria.

6. Los artículos 8.36 y 8.38 se aplicarán a los procedimientos ante el tribunal de apelación.

7. El Comité Mixto del CETA adoptará con prontitud una decisión por la que se establezcan las

siguientes cuestiones administrativas y organizativas relativas al funcionamiento del tribunal de apelación:

a) el apoyo administrativo;

b) los procedimientos de apertura y desarrollo de recursos, y procedimientos para remitir

cuestiones al tribunal para adaptar el laudo, cuando proceda;

c) los procedimientos para cubrir una vacante en el tribunal de apelación y en una división del

tribunal de apelación que se haya constituido para considerar un asunto;

d) la remuneración de los miembros del tribunal de apelación;

e) las disposiciones relativas a los costes de las apelaciones;

f) el número de miembros del tribunal de apelación; y

g) cualquier otro elemento que se considere necesario para un funcionamiento eficaz del tribunal

de apelación.

8. El Comité de Servicios e Inversión revisará periódicamente el funcionamiento del tribunal de

apelación y podrá formular recomendaciones al Comité Mixto del CETA. En caso necesario, el Comité Mixto del CETA podrá revisar la decisión a la que se hace referencia en el apartado 7.

9. Al adoptar la decisión a la que se hace referencia en el apartado 7:

a) las partes en la diferencia podrán recurrir ante el tribunal de apelación un laudo dictado

conforme a la presente sección en un plazo de noventa días después de ser emitido;

b) ninguna parte en la diferencia solicitará la reconsideración, la retirada, la anulación, la

revisión o la interposición de cualquier otro procedimiento similar respecto a un laudo con arreglo a la presente sección;

c) un laudo dictado conforme a lo dispuesto en el artículo 8.39 no se considerará definitivo y no

se interpondrá ninguna acción para hacer cumplir un laudo hasta que:

i) hayan transcurrido noventa días desde la emisión del laudo y no se haya interpuesto un

recurso;

ii) se haya rechazado o retirado un recurso interpuesto; o

iii) hayan transcurrido noventa días desde que el laudo fue emitido por el tribunal de

apelación, sin que este lo haya remitido al tribunal;

d) un laudo definitivo del tribunal de apelación se considerará un laudo definitivo a tenor del

artículo 8.41; y

e) no se aplicará el artículo 8.41.3.

Creación de un tribunal multilateral sobre inversiones y de un mecanismo de apelación

Las Partes perseguirán, junto con otros socios comerciales, la creación de un tribunal multilateral

sobre inversiones y de un mecanismo de apelación para la solución de diferencias en materia de inversiones. Al crear tal mecanismo multilateral, el Comité Mixto del CETA adoptará una decisión por la que se establezca que las diferencias en materia de inversiones con arreglo a la presente sección se decidirán con arreglo al mecanismo multilateral, y formulará las disposiciones

transitorias oportunas.

Deontología

1. Los miembros del tribunal serán independientes. No estarán vinculados a ningún gobierno12.

No recibirán instrucciones de ninguna organización o gobierno respecto a los asuntos relacionados con la diferencia. No intervendrán en el examen de ninguna diferencia que pueda generar un conflicto directo o indirecto de intereses. Deberán cumplir las directrices de la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados) sobre los conflictos de interés en el arbitraje internacional, así como cualquier regla suplementaria adoptada con arreglo al artículo 8.44.2.

Además, en el momento del nombramiento se abstendrán de actuar como asesores, como expertos nombrados por una parte o como testigos en una diferencia pendiente o nueva sobre inversiones con

arreglo al presente Acuerdo o a cualquier otro acuerdo internacional.

2. Si una parte en la diferencia considera que un miembro del tribunal tiene un conflicto de

intereses, podrá pedir al presidente de la Corte Internacional de Justicia que emita una decisión sobre la recusación del nombramiento de dicho miembro. Los posibles anuncios de recusación deberán ser enviados al presidente de la Corte Internacional de Justicia en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se comunicó a la parte en la diferencia la composición de la división del tribunal, o en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que se enteró de los hechos pertinentes, en caso de que no hubiera sido razonablemente posible que los conociera en el momento de la composición de la división. El anuncio de recusación deberá exponer los motivos de

la recusación.

3. Si, en un plazo de quince días a partir de la fecha del anuncio de recusación, el miembro del

tribunal recusado ha optado por no dimitir de la división, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, después de recibir los escritos de las partes en la diferencia y de dar al miembro del tribunal la oportunidad de presentar observaciones, podrá emitir una decisión sobre la recusación. El presidente de la Corte Internacional de Justicia procurará emitir la decisión y notificar a las partes en la diferencia y a los demás miembros de la división en un plazo de cuarenta y cinco días desde la recepción del anuncio de recusación. La vacante resultante de una inhabilitación o dimisión de un miembro del tribunal será cubierta con rapidez.

4. Tras una recomendación motivada del presidente del tribunal, o por iniciativa conjunta, las

Partes, mediante decisión del Comité Mixto del CETA, podrán destituir a un miembro del tribunal en caso de que su comportamiento sea incompatible con las obligaciones establecidas en el apartado 1 y con su continuación como miembro del tribunal.

Derecho aplicable e interpretación

1. Al comunicar su decisión, el tribunal creado con arreglo a la presente sección aplicará el

presente Acuerdo interpretándolo de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con otras normas y principios de Derecho internacional aplicables entre las Partes.

2. El tribunal no será competente para determinar la legalidad de una medida que supuestamente

constituya una violación del presente Acuerdo, de conformidad con el Derecho interno de una Parte. Para mayor seguridad, al determinar la compatibilidad de una medida con el presente Acuerdo, el tribunal podrá tener en cuenta, en su caso, el Derecho interno de una Parte como un elemento de hecho. Al hacerlo, el tribunal seguirá la interpretación predominante dada al Derecho interno por los órganos jurisdiccionales o las autoridades de dicha Parte, y cualquier sentido que el tribunal haya dado al Derecho interno no será vinculante para los órganos jurisdiccionales o las autoridades de dicha Parte.

3. En caso de que surjan problemas graves sobre cuestiones de interpretación que puedan afectar

a las inversiones, el Comité de Servicios e Inversión podrá, de conformidad con el

artículo 8.44.3.a), recomendar al Comité Mixto del CETA que adopte interpretaciones del presente Acuerdo. Toda interpretación que haya sido adoptada por el Comité Mixto del CETA será vinculante ante el tribunal establecido con arreglo a la presente sección. El Comité Mixto del CETA podrá decidir que una interpretación tenga efecto vinculante a partir de una fecha determinada.

Demandas manifiestamente carentes de valor jurídico

1. A más tardar en un plazo de treinta días a partir de la constitución de la división del tribunal y,

en cualquier caso, antes de su primera sesión, el demandado podrá interponer la objeción de que una demanda carece manifiestamente de valor jurídico.

2. No se presentará una objeción con arreglo al apartado 1 si el demandado ya ha presentado una

objeción con arreglo al artículo 8.33.

3. El demandado deberá especificar la base de la objeción con la mayor precisión posible.

4. Una vez recibida una objeción con arreglo al presente artículo, el tribunal suspenderá el

procedimiento en cuanto al fondo y establecerá un calendario a fin de considerar la objeción, de conformidad con su calendario para considerar cualquier otra cuestión previa.

5. El tribunal, después de dar a las partes en la diferencia la oportunidad de presentar sus

observaciones, emitirá, en su primera sesión o poco después de ella, una decisión o un laudo en los que exponga sus motivos. Al hacerlo, el tribunal asumirá que los hechos alegados son verdaderos.

6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la autoridad del tribunal para abordar otras

objeciones como una cuestión previa y del derecho de un demandado a objetar, a lo largo del procedimiento, que una demanda carece de valor jurídico.

Demandas infundadas como cuestión de Derecho

1. Sin perjuicio de la autoridad del tribunal de abordar otras objeciones como cuestión

prejudicial o del derecho de un demandado a plantear tales objeciones en el momento adecuado, el tribunal abordará y resolverá como cuestión preliminar cualquier objeción por parte del demandado en el sentido de que, como cuestión de Derecho, una demanda, o cualquier parte de ella, presentada con arreglo al artículo 8.23 no es una demanda para la cual pueda dictarse un laudo favorable para el demandante con arreglo a la presente sección, aunque se haya supuesto que los hechos alegados son ciertos.

2. Una objeción con arreglo al apartado 1 se presentará al tribunal no más tarde de la fecha que

el tribunal fije para que el demandado presente su escrito de contestación.

3. Si se ha presentado una objeción con arreglo al artículo 8.32, el tribunal, teniendo en cuenta

las circunstancias de dicha objeción, podrá negarse a examinar, en el marco de los procedimientos establecidos en el presente artículo, una objeción presentada con arreglo al apartado 1.

4. Una vez recibida una objeción con arreglo al apartado 1 y, en su caso, después de comunicar

su decisión con arreglo al apartado 3, el tribunal suspenderá cualquier procedimiento en cuanto al fondo, fijará un calendario para considerar la objeción que sea compatible con cualquier otro calendario que haya fijado para considerar cualquier otra cuestión previa, y emitirá una decisión o un laudo sobre la objeción en la que indique sus motivos para ello.

Medidas cautelares provisionales

El tribunal podrá ordenar medidas cautelares provisionales para preservar los derechos de una parte

en la diferencia o para garantizar que la jurisdicción del tribunal es plenamente eficaz, por ejemplo un auto para proteger las pruebas en posesión o bajo control de una parte en la diferencia o para proteger la jurisdicción del tribunal. El tribunal no ordenará que se imponga o se exija la aplicación de la medida que supuestamente constituye una infracción contemplada en el artículo 8.23. A los efectos del presente artículo, se entenderá que una orden incluye una recomendación.

Desistimiento

En caso de que, tras la presentación de una demanda con arreglo a la presente sección, el inversor

no adopte ninguna medida en el procedimiento durante ciento ochenta días consecutivos o durante el plazo que acuerden las partes en la diferencia, se considerará que el inversor ha retirado su demanda y ha desistido del procedimiento. El tribunal, previa petición del demandado, y tras notificarlo a las partes en la diferencia, tomará nota del desistimiento en una orden. La potestad del tribunal terminará una vez que se haya emitido dicha orden.

Transparencia del procedimiento

1. El Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI, modificado por el presente capítulo, será

de aplicación en relación con los procedimientos con arreglo a la presente sección.

2. La solicitud de celebración de consultas, la notificación en la que se solicite que se determine

cuál es el demandado, la notificación de determinación del demandado, el consentimiento a la mediación, el anuncio de que se pretende recusar a un miembro del tribunal, la decisión sobre la recusación de un miembro del tribunal y la solicitud de acumulación se incluirán en la lista de documentos que deben ponerse a disposición del público de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI.

3. Se incluirán pruebas en la lista de documentos que deben ponerse a disposición del público

con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI,

antes de que se constituya el tribunal, Canadá o la Unión Europea, según proceda, publicará oportunamente los documentos pertinentes de conformidad con el apartado 2, sin perjuicio de que se expurgue información confidencial o protegida. Estos documentos podrán ponerse a disposición del público mediante comunicación a la central de depósito.

5. Las audiencias serán públicas. El tribunal determinará, en consulta con las partes en la

diferencia, las disposiciones logísticas adecuadas para facilitar el acceso del público a dichas audiencias. Si el tribunal determina que es necesario proteger información confidencial o protegida, adoptará las disposiciones necesarias para mantener la privacidad de la parte de la audiencia que requiere tal protección.

6. Ninguna disposición del presente capítulo requerirá que un demandado oculte al público

información que deba facilitarse en virtud de sus leyes. El demandado debe aplicar dichas leyes con sensibilidad hacia la protección contra la revelación de la información que haya sido declarada

confidencial o protegida.

Intercambio de información

1. Una parte en la diferencia podrá comunicar a otras personas en relación con el procedimiento,

incluidos los testigos y expertos, los documentos sin expurgar que considere necesarios a lo largo del procedimiento contemplado en la presente sección. No obstante, las partes en la diferencia se asegurarán de que dichas personas protejan la información confidencial o protegida que figura en dichos documentos.

2. El presente Acuerdo no impedirá que un demandado revele a los funcionarios de, según

corresponda, la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea y los gobiernossubnacionales, los documentos no expurgados que consideren necesarios a lo largo del procedimiento contemplado en la presente sección. No obstante, el demandado se asegurará de que dichos funcionarios protejan la información confidencial o protegida que figura en dichos documentos.

Parte al margen de la diferencia

1. En un plazo de treinta días después de que se haya recibido o inmediatamente después de que

se haya resuelto cualquier diferencia sobre información confidencial o protegida, el demandado entregará a la Parte al margen de la diferencia:

a) una solicitud de consultas, una notificación en la que se solicite que se determine cuál es el

demandado, una notificación de la determinación del demandado, una demanda presentada de conformidad con el artículo 8.23, una solicitud de acumulación, y cualesquiera otros documentos que se adjunten a dichos documentos;

b) previa solicitud:

i) los escritos procesales, las memorias, las solicitudes y los expedientes presentados al

tribunal por una parte en la diferencia;

ii) los escritos presentados al tribunal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 del

Reglamento sobre transparencia de la CNUDMI;

iii) las actas o transcripciones de las audiencias del tribunal, en caso de que estén

disponibles; y

iv) las órdenes, los laudos y las decisiones del tribunal; y

c) previa solicitud y con los gastos soportados por la Parte al margen de la diferencia, la

totalidad o parte de las pruebas que se hayan presentado al tribunal, a menos que las pruebas solicitadas estén a disposición del público.

2. El tribunal aceptará o, tras celebrar consultas con las partes en la diferencia, podrá invitar a

que la Parte al margen de la diferencia formule observaciones oralmente o por escrito sobre la interpretación del presente Acuerdo. La Parte al margen de la diferencia podrá asistir a una audiencia que se celebre con arreglo a la presente sección.

3. El tribunal no sacará ninguna conclusión en caso de que no se formulen observaciones con

arreglo al apartado 2.

4. El tribunal velará por que se dé a las partes en la diferencia una oportunidad razonable de que

presenten sus observaciones sobre cualquier observación formulada por la Parte en el Acuerdo que está al margen de la diferencia.

Laudo definitivo

1. En caso de que el tribunal emita un laudo definitivo contra el demandado, el tribunal

únicamente podrá adjudicar, de forma separada o combinada:

a) una indemnización pecuniaria y los intereses que sean aplicables;

b) la restitución de la propiedad, en cuyo caso el laudo establecerá que el demandado pueda

pagar indemnizaciones pecuniarias que representen el valor justo de mercado de la propiedad en el momento inmediatamente anterior a que se diera a conocer la expropiación o la expropiación inminente, si esta última fecha es anterior, así como los intereses que fueran aplicables en lugar de la restitución, lo cual debe determinarse de conformidad con el artículo 8.12.

2. A reserva de lo dispuesto en los apartados 1 y 5, cuando se presenta una solicitud con arreglo

al artículo 8.23.1.b):

a) un laudo de indemnización pecuniaria y de posibles intereses aplicables establecerá que el

importe debe abonarse a la empresa establecida localmente;

b) un laudo de restitución de la propiedad establecerá que la propiedad se restituya a la empresa

establecida localmente;

c) un laudo de costes en favor del inversor podrá establecer que esos se paguen al inversor; y

d) el laudo establecerá que se realiza sin perjuicio del derecho que una persona distinta de

aquella que haya establecido una excepción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.22 pueda tener sobre una indemnización pecuniaria o una propiedad concedidas con arreglo al Derecho de una Parte.

3. Las indemnizaciones pecuniarias no serán superiores a la pérdida sufrida por el inversor o, en

su caso, por la empresa establecida localmente, y se les deducirán todas las indemnizaciones o compensaciones que ya hayan sido abonadas. Para el cálculo de las indemnizaciones pecuniarias, el tribunal también reducirá los daños a fin de tener en cuenta cualquier restitución de propiedad o cualquier derogación o modificación de la medida.

4. El tribunal no concederá resarcimientos de carácter punitivo.

5. El tribunal dictaminará que las costas del procedimiento sean soportadas por la parte

perdedora en la diferencia. En circunstancias excepcionales, el tribunal podrá repartir las costas entre las partes en la diferencia si determina que el reparto es apropiado dadas las circunstancias de la demanda. Otras costas razonables, incluidas las de representación y asistencia jurídica, serán soportadas por la parte perdedora en la diferencia, a no ser que el tribunal determine que tal reparto de costas no es razonable dadas las circunstancias de la demanda. En caso de que solo se hayan ganado algunas partes de las demandas, se ajustarán las costas en proporción al número o al alcance

de dichas partes de las demandas.

6. El Comité Mixto del CETA estudiará normas adicionales destinadas a reducir la carga

financiera que pesa sobre los demandantes que sean personas físicas o pequeñas y medianas empresas. Tales normas suplementarias podrán tener en cuenta, en particular, los recursos financieros de dichos demandantes y el importe de la compensación solicitada.

7. El tribunal y las partes en la diferencia harán todo lo posible para garantizar que el

procedimiento de solución de diferencias se lleve a cabo a su debido tiempo. El tribunal dictará su laudo definitivo en un plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha de presentación de la demanda a que se refiere el artículo 8.23. Si el tribunal necesita más tiempo para emitir su laudo definitivo, indicará a las partes en la diferencia los motivos del retraso.

Indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento

El demandante no podrá afirmar y el tribunal no aceptará, como defensa, contrademanda, derechos

de compensación, o como afirmación similar, que un inversor o, según proceda, una empresa establecida localmente, ha recibido o recibirá indemnizaciones u otro tipo de resarcimiento en virtud de un contrato de seguro o de garantía, por la totalidad o por una parte del resarcimiento reclamados en una diferencia iniciada de conformidad con la presente sección.

Cumplimiento efectivo de los laudos

1. Cualquier laudo dictado de conformidad con la presente sección será vinculante para las

partes en la diferencia con respecto al asunto de que se trate.

2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 3, una parte en la diferencia deberá reconocer y

cumplir un laudo sin demora alguna.

3. Una parte en la diferencia no solicitará la ejecución forzosa de un laudo arbitral hasta que:

a) en el caso de un laudo definitivo expedido con arreglo al Convenio del CIADI:

i) hayan transcurrido ciento veinte días desde que se comunicó el laudo y ninguna parte en

la diferencia ha solicitado la revisión o la anulación del laudo; o

ii) se haya suspendido la ejecución del laudo y se haya concluido el procedimiento de

revisión o de anulación;

b) en el caso de un laudo definitivo de conformidad con el Reglamento del mecanismo

complementario del CIADI, el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, o cualquier otra norma aplicable de conformidad con el artículo 8. 23.2.d):

i) hayan transcurrido noventa días desde que se comunicó el laudo y ninguna parte en la

diferencia ha iniciado un procedimiento para revisar, retirar o anular el laudo; o

ii) se haya suspendido la ejecución del laudo y un órgano jurisdiccional haya desestimado

o autorizado una solicitud para revisar, retirar o anular el laudo, sin que sea posible interponer más recursos.

4. La ejecución del laudo se regirá por las leyes relativas a la ejecución de sentencias o laudos

que estén vigentes donde se solicite la ejecución.

5. Un laudo definitivo con arreglo a la presente sección es un laudo arbitral que se considera

relacionado con demandas que se derivan de una relación o transacción comercial a efectos del artículo 1 de la Convención de Nueva York.

6. Para mayor seguridad, en caso de que la demanda haya sido presentada de conformidad con el

artículo 8.23.2.a), se considerará que un laudo definitivo emitido con arreglo a la presente sección es un laudo con arreglo al capítulo IV, sección 6, del Convenio del CIADI.

Función de las Partes

1. Una Parte no podrá interponer una demanda internacional respecto a una solicitud presentada

de conformidad con el artículo 8.23, a menos que la otra Parte no haya acatado y cumplido el laudo emitido en relación con la diferencia.

2. El apartado 1 no excluirá la posibilidad de recurrir a un procedimiento de solución de

diferencias de conformidad con el capítulo Veintinueve (Solución de diferencias) respecto a una medida de aplicación general, incluso si supuestamente dicha medida hubiera infringido el presente Acuerdo en relación con una inversión específica respecto a la cual ha sido presentada una demanda

de conformidad con el artículo 8.23, sin perjuicio del artículo 8.38.

3. El apartado 1 no impide que tengan lugar intercambios informales con el único fin de facilitar

una solución de la diferencia.

Acumulación

1. En caso de que dos o más demandas que se hayan presentado por separado de conformidad

con el artículo 8.23 tengan una cuestión de Derecho o de hecho en común y se deriven de los mismos acontecimientos o las mismas circunstancias, una parte en la diferencia o las partes en la diferencia conjuntamente podrán intentar que se establezca una división del tribunal distinta con arreglo al presente artículo y solicitar que dicha división dicte una orden de acumulación («solicitud de acumulación»).

2. La parte en la diferencia que pretenda una orden de acumulación deberá, en primer lugar,

entregar una notificación a las partes en la diferencia a las que se pretende incluir en dicha orden.

3. Si las partes en la diferencia notificadas de conformidad con el apartado 2 han alcanzado un

acuerdo sobre la orden de acumulación que se pretende, pueden presentar una petición conjunta para que se establezca una división aparte del tribunal y se dicte una orden de acumulación de conformidad con el presente artículo. Si, en un plazo de treinta días desde la notificación, las partes en la diferencia notificadas de conformidad con el apartado 2 no han alcanzado un acuerdo sobre la orden de acumulación que se pretende, una parte en la diferencia puede solicitar que se establezca una división aparte del tribunal y se dicte una orden de acumulación de conformidad con el presente

artículo.

4. La solicitud se presentará por escrito al presidente del tribunal y a todas las partes en la

diferencia que se pretenda incluir en la orden, y en ella se especificará lo siguiente:

a) los nombres y las direcciones de todas las partes en la diferencia a las que se pretende incluir

en la orden;

b) las demandas, o partes de ellas, que se pretenden incluir en la orden, y

c) los motivos por los que se pretende obtener la orden.

5. Una solicitud de acumulación que afecte a más de un demandado exigirá que todos los

demandados afectados estén de acuerdo.

6. Las normas aplicables al procedimiento en virtud del presente artículo se determinarán del

siguiente modo:

a) si todas las demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación han sido

presentadas para una solución de diferencias siguiendo las mismas reglas de conformidad con el artículo 8.23, se aplicarán dichas normas;

b) si las demandas para las que se pretende obtener una orden de acumulación no se han

presentado para una solución de diferencias con arreglo a las mismas normas:

i) los inversores podrán ponerse colectivamente de acuerdo sobre las normas de

conformidad con el artículo 8.23.2; o

ii) si los inversores no logran ponerse de acuerdo sobre las normas aplicables en un plazo

de treinta días desde que el presidente del tribunal recibió la solicitud de acumulación, se aplicará el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI.

7. Tras haber recibido una solicitud de acumulación y conforme a lo dispuesto en el

artículo 8.27.7, el presidente del tribunal constituirá una nueva división («división de acumulación») del tribunal, que tendrá jurisdicción sobre la totalidad o sobre parte de las demandas, en su totalidad o en parte, que sean objeto de la solicitud de acumulación conjunta.

8. Si, tras haber oído a las partes en la diferencia, una división de acumulación tiene la certeza de

que las solicitudes presentadas con arreglo al artículo 8.23 presentan una cuestión de Derecho o de hecho en común y se derivan de los mismos acontecimientos o circunstancias, y de que la acumulación constituye el mejor medio para alcanzar el objetivo de una resolución justa y eficiente de las demandas, incluidos el objetivo de la coherencia de los laudos, la división de acumulación del tribunal podrá, mediante auto, asumir la jurisdicción de la totalidad o de parte de las demandas, en su totalidad o en parte.

9. Si una división de acumulación del tribunal ha asumido la jurisdicción con arreglo al

apartado 8, un inversor que haya presentado una demanda con arreglo al artículo 8.23 y cuya demanda no haya sido acumulada podrá solicitar por escrito al tribunal que sea incluida en la orden de acumulación, a condición de que la solicitud cumpla los requisitos establecidos en el apartado 4. La división de acumulación del tribunal concederá dicha orden, si está convencida de que se cumplen las condiciones del apartado 8 y de que concederla no supondría una carga innecesaria, no perjudicaría injustamente a las partes en la diferencia y no perturbaría indebidamente el procedimiento. Antes de que la división de acumulación del tribunal emita dicho auto, dicha división consultará a las partes en la diferencia.

10. Previa solicitud de una parte en la diferencia, una división de acumulación del tribunal

establecida con arreglo al presente artículo podrá, mientras toma su decisión de conformidad con el apartado 8, ordenar que se suspenda el procedimiento de la división del tribunal designada con arreglo al artículo 8.27.7 a no ser que este último tribunal ya haya aplazado su procedimiento.

11. La división del tribunal designada con arreglo al artículo 8.27.7 se inhibirá en relación con las

demandas, o las partes de las mismas, sobre las que una división de acumulación del tribunal establecida en virtud del presente artículo haya asumido la jurisdicción.

12. El laudo de una división de acumulación del tribunal establecida con arreglo al presente

artículo con respecto a dichas demandas, o partes de las mismas, sobre las que haya asumido la jurisdicción será vinculante ante la división del tribunal designada con arreglo al artículo 8.27.7 por lo que se refiere a las demandas o a partes de las mismas.

13. Un inversor podrá retirar una demanda con arreglo a la presente sección que esté sujeta a

acumulación y tal demanda no podrá volver a presentarse con arreglo al artículo 8.23. Si lo hace a más tardar quince días después de haber recibido la notificación de acumulación, su anterior presentación de la demanda no será obstáculo para que el inversor pueda recurrir a una solución de diferencias distinta de la prevista en la presente sección.

14. Previa solicitud de un inversor, una división de acumulación del tribunal podrá tomar las

medidas de este tipo que considere adecuadas para mantener la información confidencial o protegida de dicho inversor con respecto a otros inversores. Estas medidas serán, entre otras, permitir que se presenten versiones expurgadas de documentos que contengan información confidencial o protegida a los demás inversores, o bien disposiciones para mantener la privacidad de partes de la audiencia.

Comité de Servicios e Inversión

1. El Comité de Servicios e Inversión proporcionará un foro para que las Partes consulten sobre

cuestiones relacionadas con el presente capítulo, por ejemplo:

a) las dificultades que puedan surgir en la aplicación del presente capítulo;

b) las posibles mejoras del presente capítulo, en particular teniendo en cuenta la experiencia y la

evolución en otros foros internacionales, y con arreglo a otros acuerdos de las Partes.

2. El Comité de Servicios e Inversión, previo acuerdo entre las Partes y tras finalizar sus

respectivos requisitos y procedimientos internos, adoptará un código de conducta para los miembros del tribunal que se aplique en las diferencias que se deriven del presente capítulo, que podrá sustituir o complementar las normas aplicables y podrá abordar cuestiones como:

a) las obligaciones de comunicación;

b) la independencia y la imparcialidad de los miembros del tribunal; y

c) la confidencialidad.

Las Partes harán todo lo posible para garantizar que el código de conducta sea adoptado a más

tardar el primer día de la aplicación provisional o de la entrada en vigor del presente Acuerdo, según proceda, y, en todo caso, a más tardar dos años después de esa fecha.

3. El Comité de Servicios e Inversión podrá, previo acuerdo entre las Partes y tras la finalización

de sus respectivos requisitos y procedimientos internos:

a) recomendar al Comité Mixto del CETA que adopte interpretaciones del presente Acuerdo con

arreglo al artículo 8.31.3;

b) adoptar y modificar normas que complementen las normas de solución de diferencias

aplicables, y modificar las normas aplicables sobre transparencia. Tales normas y modificaciones serán vinculantes ante un tribunal que se establezca de conformidad con la presente sección;

c) adoptar reglas de mediación para que sean utilizadas por las partes en la diferencia, como se

contempla en el artículo 8.20;

d) recomendar al Comité Mixto del CETA que adopte cualquier otro elemento de la obligación

de trato justo y equitativo con arreglo al artículo 8.10.3; y

e) formular recomendaciones al Comité Mixto del CETA sobre el funcionamiento del tribunal

de apelación, de conformidad con el artículo 8.28.8.

Exclusión

Las disposiciones sobre solución de diferencias de la presente sección y del

capítulo Veintinueve (Solución de diferencias) no son aplicables a las cuestiones a las que se hace referencia en el anexo 8-C.


CAPÍTULO NUEVE - COMERCIO TRANSFRONTERIZO DE SERVICIOS

Este capítulo facilita a particulares y empresas de la UE la prestación de servicios a clientes canadienses, y viceversa. Hace referencia a lo siguiente:

  • servicios, como servicios jurídicos, contabilidad, transporte y telecomunicaciones, prestados desde la UE a Canadá, y viceversa
  • servicios, tales como turismo, cuando un consumidor canadiense tenga que desplazarse físicamente a la UE procedente de Canadá para consumir dicho servicio, y viceversa. 

La UE y Canadá se comprometen a garantizar un acceso justo y equitativo a los mercados de servicios de la otra Parte. En algunos sectores sensibles, por ejemplo los servicios audiovisuales y determinados servicios aéreos, la UE y Canadá han hecho excepciones. Además, este capítulo respeta plenamente la capacidad de los gobiernos para regular y prestar servicios de interés general.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves: las actividades que se realizan en una

aeronave o en parte de ella mientras la aeronave está fuera de servicio, sin incluir lo que se denomina el mantenimiento de línea;

servicios de explotación aeroportuaria: la explotación o gestión, a comisión o por contrato, de

infraestructuras aeroportuarias, lo que incluye terminales, pistas, pistas de rodaje y plataformas, aparcamientos y sistemas de transporte dentro del aeropuerto. Para mayor seguridad, los servicios de explotación aeroportuaria no incluyen la propiedad de aeropuertos o de terrenos de aeropuertos ni la inversión en ellos, ni ninguna de las funciones desempeñadas por un Consejo de Administración. Los servicios de explotación aeroportuaria no incluyen los servicios de navegación

aérea;

servicios de sistemas de reserva informatizados: la prestación de servicios prestados mediante

sistemas informatizados que contienen información acerca de los horarios de los transportistas aéreos, las plazas disponibles, las tarifas y las reglas de tarificación y por medio de los cuales se pueden hacer reservas o expedir billetes;

comercio transfronterizo de servicios o prestación transfronteriza de servicios: la prestación de

un servicio:

a) desde el territorio de una Parte al territorio de la otra Parte; o

b) en el territorio de una Parte, al consumidor de servicios de la otra Parte;

pero no incluye la prestación de un servicio en el territorio de una Parte por una persona de la otra

Parte;

servicios de asistencia en tierra: la prestación de un servicio, a comisión o por contrato, de:

asistencia administrativa en tierra y supervisión, lo que incluye el control de carga y las comunicaciones; asistencia a los pasajeros; asistencia de equipajes; asistencia de carga y correo; asistencia de operaciones en pista y servicios a las aeronaves; asistencia de combustible y lubricante; mantenimiento de línea de aeronaves, operaciones de vuelo y administración de tripulaciones; transporte de superficie; o servicios de restauración (catering). Entre los servicios de asistencia en tierra no se incluyen los servicios de seguridad ni la explotación o la gestión de infraestructuras aeroportuarias centralizadas, como sistemas de asistencia de equipajes, instalaciones de deshielo, sistemas de distribución de combustible o sistemas de transporte dentro

del aeropuerto;

venta y comercialización de servicios de transporte aéreo: las oportunidades del transportista

aéreo de que se trate de vender y comercializar libremente sus servicios de transporte aéreo, incluidos todos los aspectos de la comercialización, como los estudios de mercado, la publicidad y la distribución, pero sin incluir la fijación de precios de los servicios de transporte aéreo ni las condiciones aplicables; y

servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales: todo servicio que no se preste

en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios prestadores de servicios.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte que

afecten al comercio transfronterizo de servicios de un prestador de servicios de la otra Parte, incluidas las medidas que afecten a:

a) la producción, la distribución, la comercialización, la venta y la prestación de un servicio;

b) la adquisición, la utilización o el pago de un servicio; y

c) en conexión con la prestación de un servicio, el acceso a servicios que obligatoriamente deben

ofrecerse al público en general, así como la utilización de los mismos.

2. El presente capítulo no es aplicable a una medida que afecte a:

a) los servicios prestados en el ejercicio de facultades gubernamentales;

b) en el caso de la Unión Europea, los servicios audiovisuales;

c) en el caso de Canadá, las industrias culturales;

d) los servicios financieros, según se definen en el artículo 13.1 (Definiciones);

e) los servicios de transporte aéreo, los servicios conexos de apoyo a los servicios aéreos y otros

servicios prestados por medios de transporte aéreo13, excepto:

i) los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves;

ii) la venta y comercialización de servicios de transporte aéreo;

iii) los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI);

iv) los servicios de asistencia en tierra;

v) los servicios de explotación aeroportuaria;

f) la contratación pública por una Parte de un bien o un servicio que se adquieran para fines

oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una

«contratación cubierta» a tenor del artículo 19.2 (Alcance y ámbito de aplicación); o

g) las subvenciones u otro tipo de apoyo público en relación con el comercio transfronterizo de

servicios prestados por una Parte.

3. El presente capítulo no afectará a los derechos y obligaciones de las Partes en virtud del

Acuerdo sobre transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, hecho en Bruselas el 17 de diciembre de 2009 y en Ottawa el 18 de diciembre de 2009.

4. El presente capítulo no obliga a una Parte con respecto a un nacional de la otra Parte que

pretenda obtener acceso a su mercado de trabajo, o un empleo permanente en su territorio, ni confiere ningún derecho a dicho nacional con respecto a dicho acceso o empleo.

Trato nacional

1. Cada Parte concederá a los prestadores de servicios y a los servicios de la otra Parte un trato

no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a sus propios prestadores de servicios y a sus propios servicios.

2. Para mayor seguridad, el trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa,

respecto a una administración de Canadá distinta de la federal, o respecto a una administración nacional o regional de un Estado miembro de la Unión Europea, un trato no menos favorable que el régimen más favorable que tal administración concede, en situaciones similares, a sus propios prestadores de servicios y a sus propios servicios.

Requisitos de forma

El artículo 9.3 no impedirá a una Parte adoptar o mantener una medida que establezca requisitos

formales en relación con la prestación de un servicio, siempre que dichos requisitos no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificable. Estas medidas incluyen los requisitos de:

a) obtener la licencia, el registro, la certificación o la autorización para prestar un servicio, o un

requisito de pertenencia a una profesión determinada, como exigir la afiliación a una organización profesional o la participación en fondos colectivos de compensación para los miembros de organizaciones profesionales;

b) en el caso de un prestador de servicios, disponer de un agente local para el servicio o

mantener una dirección local;

c) hablar una lengua nacional o ser titular de un permiso de conducción; o

d) que tal prestador de servicios:

i) deposite un bono u otro tipo de garantía financiera;

ii) cree una cuenta fiduciaria o contribuya a la misma;

iii) mantenga un tipo y un importe de seguro determinados;

iv) proporcione otras garantías similares; o

v) facilite el acceso a documentos.

Trato de nación más favorecida

1. Cada Parte concederá a los prestadores de servicios y a los servicios de la otra Parte un trato

no menos favorable que el que concede, en situaciones similares, a los prestadores de servicios y a los servicios de un tercer país.

2. Para mayor seguridad, el trato concedido por una Parte con arreglo al apartado 1 significa,

respecto a una administración de Canadá distinta de la federal, o respecto a una administración nacional o regional de un Estado miembro de la Unión Europea, el trato que tal administración concede, en situaciones similares, a los servicios o a los prestadores de servicios de un tercer país en

su territorio.

3. El apartado 1 no se aplicará al trato concedido por una Parte en virtud de una medida vigente

o futura que establezca el reconocimiento, incluso mediante un arreglo o un acuerdo con un tercer país que reconozca la acreditación de los servicios y prestadores de servicios de ensayo y análisis, la acreditación de los servicios y prestadores de servicios de reparación y mantenimiento, así como la certificación de las cualificaciones o de los resultados del trabajo realizado por dichos servicios y prestadores de servicios acreditados.

Acceso a los mercados

Ninguna Parte adoptará o mantendrá, en todo su territorio o en un territorio con un nivel de

administración nacional, provincial, territorial, regional o local, una medida que imponga limitaciones sobre:

a) el número de prestadores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos,

monopolios, proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

b) el valor total de las transacciones o los activos en forma de contingentes numéricos, o la

exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

c) el número total de operaciones de servicios o la cuantía total de la producción de servicios,

expresada en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas.

Reservas

1. Los artículos 9.3, 9.5 y 9.6 no son aplicables a:

a) una medida no conforme vigente que mantenga una Parte a escala de:

i) la Unión Europea, tal como se establece en la lista del anexo I;

ii) una administración nacional, tal como establece dicha Parte en su lista del anexo I;

iii) una administración provincial, territorial o regional, tal como establece dicha Parte en su

lista del anexo I; o

iv) una administración local.

b) la continuación o la rápida renovación de una medida no conforme a la que se hace referencia

en la letra a); o

c) la modificación de una medida no conforme a la que se hace referencia en la letra a), en la

medida en que la modificación no reduzca la conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los artículos 9.3, 9.5 y 9.6.

2. Los artículos 9.3, 9.5 y 9.6 no son aplicables a una medida que adopte o mantenga una Parte

con respecto a un sector, un subsector o una actividad, tal como se establece en su lista del anexo II.

Denegación de ventajas

Una Parte podrá denegar las ventajas contempladas en el presente capítulo a un prestador de

servicios de la otra Parte que sea una empresa de dicha Parte y a los servicios de dicho prestador de servicios si:

a) la empresa es propiedad o está bajo el control de un prestador de servicios de un tercer país; y

b) la Parte que deniega los beneficios adopta o mantiene, con respecto al tercer país, una medida

que:

i) se refiera al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; y

ii) prohíba las transacciones con la empresa, o que sería infringida o eludida en caso de que

se concedieran a la empresa las ventajas contempladas en el presente capítulo.


CAPÍTULO DIEZ - ENTRADA Y ESTANCIA TEMPORAL DE PERSONAS FÍSICAS CON FINES EMPRESARIALES

Este capítulo proporciona seguridad jurídica a los trabajadores cualificados que entran temporalmente en la UE o Canadá para ejercer una actividad comercial. Determina de forma transparente y previsible:

  • los tipos de profesionales cubiertos y los sectores en los que pueden ejercer su actividad
  • la duración máxima de su estancia
  • la obligación de dar el mismo trato a los profesionales de la UE en Canadá que a los canadienses, y viceversa.
Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

prestadores de servicios contractuales: las personas físicas empleadas por una empresa de una

Parte que no tenga ningún establecimiento en el territorio de la otra Parte y que haya celebrado un contrato de buena fe (que no sea a través de un organismo según la definición de la CCP 872), a fin de prestar un servicio a un consumidor de la otra Parte que requiere la presencia temporal de sus empleados en el territorio de la otra Parte para cumplir el contrato de prestación de servicios;

empresa: «empresa», según se define en el artículo 8.1 (Definiciones);

profesionales independientes: las personas físicas encargadas de prestar un servicio y establecidas

como trabajadores por cuenta propia en el territorio de una Parte, que no tengan ningún establecimiento en el territorio de la otra Parte y que hayan celebrado un contrato de buena fe (que no sea a través de un organismo según la definición de la CCP 872), a fin de prestar un servicio a un consumidor de la otra Parte que requiera la presencia temporal de la persona física en el territorio de la otra Parte para cumplir el contrato de prestación de servicios;

personal clave: personas en visita de negocios con fines de inversión, inversores, o personas

trasladadas dentro de la misma empresa:

a) personas en visita de negocios con fines de inversión: las personas físicas que ocupen un

cargo directivo o especialista y estén encargadas de constituir una empresa pero que no se dedican a transacciones directas con el público en general y no reciben remuneración de una fuente situada en el territorio de la Parte anfitriona;

b) inversores: personas físicas que crean, desarrollan o gestionan la explotación de una

inversión con una función de vigilancia o ejecutiva, y en la que dichas personas o la empresa que da empleo a dichas personas han comprometido o están en proceso de comprometer una cantidad de capital considerable; y

c) personas trasladadas dentro de una misma empresa: las personas físicas que hayan estado

empleadas por una empresa de una Parte o hayan sido socias de la misma durante al menos un año y que se trasladen temporalmente a una empresa (que puede ser una filial, sucursal o la empresa principal de la empresa de una Parte) en el territorio de la otra Parte. Dicha persona

física debe pertenecer a una de las categorías siguientes:

i) personal directivo: las personas físicas que ocupen un alto cargo en una empresa que:

A) dirigen principalmente la gestión de la empresa o dirigen la empresa, un

departamento o una subdivisión de la empresa; y

B) ejercen amplia facultad en la toma de decisiones, que puede incluir la facultad

individual de contratar y despedir o de adoptar otras medidas relacionadas con el personal (como conceder un ascenso o autorizar permisos), y

I) reciben únicamente supervisión u orientación generales principalmente por

parte de ejecutivos de alto nivel, el consejo de administración, accionistas de la empresa o sus equivalentes; o

II) supervisan y controlan el trabajo del personal restante, sea supervisor,

profesional o administrativo, y ejercen una autoridad discrecional sobre las operaciones diarias; o

ii) especialistas: personas físicas que trabajan en una empresa y poseen:

A) conocimientos excepcionales sobre los productos o los servicios de la empresa, así

como sobre su aplicación en mercados internacionales; o

B) un avanzado nivel de competencias o conocimientos de los procesos y

procedimientos de la empresa, como su producción, su equipo de investigación, sus técnicas o su gestión.

Al evaluar tales conocimientos o conocimientos especializados, las Partes tendrán en cuenta

capacidades que sean inusuales y diferentes de las que generalmente se encuentran en una industria concreta y que no puedan transferirse fácilmente a otra persona física a corto plazo. Tales capacidades pueden haberse obtenido mediante una cualificación académica específica o mediante una amplia experiencia en la empresa; o

iii) becarios con titulación universitaria: personas físicas que:

A) están en posesión de un título universitario; y

B) están trasladadas temporalmente a una empresa en el territorio de la otra Parte

para desarrollarse profesionalmente o formarse en las técnicas o los métodos empresariales; y

personas físicas con fines empresariales: personal clave, prestadores de servicios contractuales,

profesionales independientes o personas en visita de negocios de breve duración que sean ciudadanas de una Parte.

Objetivos y ámbito de aplicación

1. El presente capítulo refleja la relación comercial preferencial entre las Partes, así como el

objetivo común de facilitar el comercio de servicios y la inversión al permitir la entrada y la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales y al garantizar la transparencia del proceso.

2. El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte respecto

a la entrada y la estancia temporal en su territorio de personal clave, prestadores de servicios contractuales, profesionales independientes y personas en visita de negocios de breve duración. El presente capítulo no se aplicará a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de una Parte ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente.

3. Ninguna disposición del presente capítulo Impedirá a una Parte aplicar medidas para regular

la entrada de personas físicas o su estancia temporal en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad y garantizar un desplazamiento ordenado de las personas físicas a través de sus fronteras, a condición de que tales medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe los beneficios que correspondan a alguna de las Partes de conformidad con el presente capítulo. No se considera que el mero hecho de exigir un visado a las personas físicas de un país determinado y no a las de otros anula o menoscaba las ventajas resultantes del presente capítulo.

4. En la medida en que no se asumen compromisos en el presente capítulo, seguirán aplicándose

todos los demás requisitos legales de las Partes relativos a la entrada y la estancia, incluidos los relativos a la duración de la estancia.

5. No obstante lo dispuesto en el presente capítulo, seguirán aplicándose todos los requisitos

legales de las Partes en materia de empleo y de régimen de seguridad social, incluida la normativa relativa a los salarios mínimos, así como los convenios colectivos sobre salarios.

6. El presente capítulo no se aplicará a los casos en los que la intención o el efecto de la entrada

y la estancia temporales sea influir o incidir de algún modo en el resultado de una diferencia o una negociación en materia laboral o de gestión, o en el empleo de personas físicas afectadas por tal diferencia o negociación.

Obligaciones generales

1. De conformidad con el presente capítulo, cada Parte permitirá la entrada temporal de personas

físicas con fines empresariales de la otra Parte que cumplan de otro modo las medidas de la Parte en materia de inmigración que sean aplicables a la entrada temporal.

2. Cada Parte aplicará sus medidas relativas a las disposiciones del presente capítulo de

conformidad con el artículo 10.2.1 y, en particular, aplicará dichas medidas para evitar perjudicar o retrasar indebidamente el comercio de bienes o servicios o la realización de actividades de inversión, en el marco del presente Acuerdo.

3. Cada Parte velará por que las tasas de tramitación de las solicitudes de admisión temporal

sean razonables y proporcionales a los costes soportados.

Suministro de información

1. Con arreglo al capítulo Veintisiete (Transparencia), reconociendo la importancia que tiene

para las Partes la transparencia de la información sobre entrada temporal, a más tardar ciento ochenta días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, cada Parte pondrá a disposición de la otra Parte una documentación explicativa sobre los requisitos para la entrada temporal en el marco del presente capítulo que permita que las empresas de la otra Parte se familiaricen con dichos requisitos.

2. Si una Parte recopila y mantiene datos relativos a la entrada temporal por categoría de

empresario con arreglo al presente capítulo, la Parte pondrá, previa solicitud, estos datos a disposición de la otra Parte, de conformidad con su Derecho en materia de privacidad y protección de datos.

Puntos de contacto

1. Las Partes establecen los puntos de contacto que se indican a continuación:

a) en el caso de Canadá:

Director

Temporary Resident Policy (Política de residencia temporal) Immigration Branch (Sección de inmigración)

Citizenship and Immigration (Ciudadanía e inmigración), Canadá

b) en el caso de la Unión Europea:

Director General

Dirección General de Comercio Comisión Europea

c) en el caso de los Estados miembros de la Unión Europea, los puntos de contacto enumerados

en el anexo 10-A o los que los sucedan.

2. Los puntos de contacto de Canadá y la Unión Europea, así como, si procede, los puntos de

contacto de los Estados miembros de la Unión Europea se intercambiarán información de conformidad con el artículo 10.4 y se reunirán, cuando corresponda, a fin de examinar cuestiones relativas al presente capítulo, tales como:

a) la aplicación y la gestión del presente capítulo, incluidas las prácticas de las Partes para

permitir la entrada temporal;

b) el desarrollo y la adopción de criterios comunes, así como interpretaciones para la aplicación

del presente capítulo;

c) la elaboración de medidas para facilitar aún más la entrada temporal de personas en viaje de

negocios; y

d) las recomendaciones al Comité Mixto del CETA en relación con el presente capítulo.

Obligaciones en otros capítulos

1. El presente Acuerdo no obliga a ninguna Parte respecto a sus medidas en materia de

inmigración, excepto la señaladas específicamente en el presente capítulo y en el capítulo Veintisiete (Transparencia).

2. Sin perjuicio de cualquier decisión de autorizar la entrada temporal de personas físicas de la

otra Parte en las condiciones del presente capítulo, incluida la duración de la estancia permitida en virtud de dicha autorización:

a) Los artículos 9.3 (Trato nacional) y 9.6 (Acceso a los mercados), sujetos a los

artículos 9.4 (Requisitos de forma) y 9.2 (Ámbito de aplicación) excepto su apartado 2, letra d), se incorporan e integran en el presente capítulo y son aplicables al trato a personas físicas con fines empresariales presentes en el territorio de la otra Parte que entren dentro de las categorías siguientes:

i) personal clave; y

ii) prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes de todos los

sectores enumerados en el anexo 10-E; y

b) El artículo 9.5 (Trato de nación más favorecida), sujeto a los artículos 9.4 (Requisitos de

forma) y 9.2 (Ámbito de aplicación) excepto su apartado 2, letra d), se incorporan e integran en el presente capítulo y son aplicables al trato a personas físicas con fines empresariales

presentes en el territorio de la otra Parte que entren dentro de las categorías siguientes:

i) personal clave, prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes; y

ii) personas en visita de negocios de breve duración, como se expone en el artículo 10.9.

3. Para mayor seguridad, el apartado 2 se aplica al trato a personas físicas con fines

empresariales presentes en el territorio de la otra Parte que entren dentro de las categorías pertinentes y presten servicios financieros, tal como se definen en el artículo 13.1 (Definiciones) del capítulo trece (Servicios financieros). El apartado 2 no es aplicable a las medidas relativas a la autorización de entrada temporal a personas físicas de una Parte o de un tercer país.

4. En caso de que una Parte haya establecido una reserva en su lista a los anexos I, II o III, la

reserva constituye también una reserva sobre el apartado 2, en el grado en que la medida señalada o permitida por la reserva afecte al trato de personas físicas con fines empresariales que estén presentes en el territorio de la otra Parte.

Personal clave

1. Cada Parte permitirá la entrada y la estancia temporales de personal clave de la otra Parte,

sujeta a las reservas y excepciones enumeradas en el anexo 10-B.

2. Las Partes no adoptarán ni mantendrán limitaciones numéricas sobre el total de personal clave

de la otra Parte cuya entrada temporal se permite, ni en forma de restricción cuantitativa ni mediante una prueba de necesidades económicas.

3. Cada Parte permitirá la entrada temporal de personas en visita de negocios con fines de

inversión, sin que se exija un permiso de trabajo u otro procedimiento de aprobación previa cuya finalidad sea similar.

4. Cada Parte permitirá el empleo temporal en su territorio de personas trasladadas dentro de la

misma empresa y de inversores de la otra Parte.

5. La duración admisible de la estancia del personal clave será la siguiente:

a) personas trasladadas dentro de la misma empresa (especialistas y personal directivo): tres

años o la duración del contrato, si esta es inferior, con posibilidad de prórroga de hasta dieciocho meses en función de la apreciación de la Parte que autorice la entrada y la estancia temporales14;

b) personas trasladadas dentro de la misma empresa (becarios con titulación universitaria): un

año o la duración del contrato, si esta es inferior;

c) inversores: un año, con posibilidad de prórroga en función de la apreciación de la Parte que

concede la entrada y la estancia temporales;

d) personas en visita de negocios con fines de inversión: noventa días dentro de cualquier

período de seis meses15.

Prestadores de servicios contractuales y profesionales independientes

1. De conformidad con el anexo 10-E, cada Parte permitirá la entrada y la estancia temporales de

prestadores de servicios contractuales de la otra Parte, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) las personas físicas deberán ocuparse de la prestación de un servicio de forma temporal como

empleados de una empresa que haya obtenido un contrato de servicios por un período que no sea superior a doce meses; Si el contrato de servicios es superior a doce meses, los compromisos del presente capítulo solo se aplicarán durante los doce primeros meses del contrato;

b) las personas físicas que entren en el territorio de otra Parte deberán haber estado ofreciendo

tales servicios como empleados de la empresa que preste los servicios durante, como mínimo, el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de una solicitud de entrada en el territorio de la otra Parte y deberán tener, en dicha fecha de presentación, al menos tres años

de experiencia profesional16 en el sector de actividad objeto del contrato;

EU/CA/es 167

c) las personas físicas que entren en el territorio de la otra Parte deberán estar en posesión de:

i) una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel

equivalente17; y

ii) cualificaciones profesionales, si son necesarias para ejercer una actividad con arreglo a

las disposiciones legislativas y a los requisitos de la Parte en la que se preste el servicio;

d) las personas físicas no deberán percibir remuneración por la prestación de servicios aparte de

la remuneración pagada por la empresa que contrata a los prestadores de servicios contractuales durante su estancia en el territorio de la otra Parte;

e) la entrada y la estancia temporales concedidas con arreglo al presente artículo solo se refieren

a la prestación de un servicio que sea objeto del contrato. El derecho a utilizar el título profesional de la Parte donde se presta el servicio podrá ser concedido, según proceda, por la autoridad competente, tal como se define en el artículo 11.1 (Definiciones), a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo (en lo sucesivo, «ARM») o de otro modo; y

f) el contrato de servicios deberá cumplir las leyes y los demás requisitos jurídicos de la Parte en

la que se ejecute el contrato18.

EU/CA/es 168

2. De conformidad con el anexo 10-E, cada Parte permitirá la entrada y la estancia temporales de

profesionales independientes de la otra Parte, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) las personas físicas deberán ocuparse de la prestación de un servicio de forma temporal como

trabajadores por cuenta propia establecidos en la otra Parte y deberán haber obtenido un contrato de servicios durante un período que no sea superior a doce meses. Si el contrato de servicios es superior a doce meses, los compromisos del presente capítulo solo se aplicarán durante los doce primeros meses del contrato;

b) las personas físicas que entren en el territorio de la otra Parte deberán contar, en la fecha de

presentación de la solicitud de entrada en la otra Parte, con un mínimo de seis años de experiencia profesional en el sector de actividad objeto del contrato;

c) las personas físicas que entren en el territorio de la otra Parte deberán estar en posesión de:

i) una titulación universitaria o una cualificación que acredite conocimientos de un nivel

equivalente19; y

ii) cualificaciones profesionales, si son necesarias para ejercer una actividad con arreglo a

las leyes, los reglamentos y los requisitos de la Parte en la que se preste el servicio;

d) la entrada y la estancia temporales concedidas con arreglo a lo dispuesto en el presente

artículo solo se refieren a la prestación de un servicio que sea objeto del contrato. El derecho a utilizar el título profesional de la Parte en la que se presta el servicio podrá ser concedido, según proceda, por la autoridad competente, tal como se define en el artículo 11.1 (Definiciones), a través de un ARM o de otro modo; y

e) el contrato de servicios deberá cumplir las leyes y los demás requisitos jurídicos de la Parte en

la que se ejecute el contrato.

3. A no ser que se especifique otra cosa en el anexo 10-E, una Parte no adoptará ni mantendrá

limitaciones sobre el número total de prestadores de servicios contractuales y de profesionales independientes de la otra Parte cuya entrada temporal se autoriza, ni en forma de restricción cuantitativa ni mediante una prueba de necesidades económicas.

4. La duración acumulada de la estancia de los prestadores de servicios contractuales o de los

profesionales independientes no será superior a doce meses, con posibilidad de prórroga, en función

de la apreciación de la Parte, en cualquier período de veinticuatro meses o mientras dure el contrato si su duración es inferior.

Personas en visita de negocios de breve duración

1. De conformidad con el anexo 10-B, una Parte permitirá la entrada y la estancia temporales de

personas en visita de negocios de breve duración de la otra Parte para realizar las actividades enumeradas en el anexo 10-D, a condición de que las personas en visita de negocios de breve duración:

a) no se dediquen a vender un bien o un servicio al público en general;

b) no reciban, por cuenta propia, remuneración de una fuente situada en la Parte en la que las

personas en visita de negocios de breve duración permanecen de forma temporal; y

c) no se dediquen a prestar un servicio en el marco de un contrato celebrado entre una empresa

sin presencia comercial en el territorio de la Parte en la que permanecen de forma temporal las personas en visita de negocios de breve duración, por una parte, y un consumidor de dicho territorio, por otra, salvo según se establece en el anexo 10-D.

2. Cada Parte permitirá la entrada temporal de personas en visita de negocios sin que se exija un

permiso de trabajo u otro procedimiento de aprobación previa cuya finalidad sea similar.

3. La estancia de las personas en visita de negocios de breve duración tendrá una duración

máxima de noventa días en cualquier período de seis meses.20.

Reconsideración de los compromisos

En un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes estudiarán

la actualización de sus compromisos respectivos en virtud de los artículos 10.7 a 10.9.


CAPÍTULO ONCE - RECONOCIMIENTO MUTUO DE LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES

Este capítulo establece un marco que permitirá a Canadá reconocer las cualificaciones profesionales obtenidas en la UE, y viceversa. Esto significará que profesionales de ambas orillas del Atlántico podrán desarrollar su actividad en el territorio de la otra Parte. El AECG deja a las autoridades competentes o a los organismos profesionales, tanto en la UE como en Canadá, la capacidad de negociar una propuesta sobre el principio del reconocimiento mutuo, que podrá más tarde integrarse en el Acuerdo.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

jurisdicción: el territorio de Canadá, y cada una de sus provincias y territorios, o el territorio de

cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, en la medida en que el presente Acuerdo sea aplicable en dichos territorios de conformidad con el artículo 1.3 (Ámbito geográfico de aplicación);

entidad negociadora: persona u organismo de una Parte, autorizada o facultada para negociar un

acuerdo sobre el reconocimiento mutuo («ARM») de las cualificaciones profesionales;

experiencia profesional: el ejercicio efectivo y lícito de un servicio;

cualificaciones profesionales: las cualificaciones acreditadas mediante pruebas de una

cualificación oficial y/o de experiencia profesional;

autoridad competente: una autoridad o un organismo, designados conforme a disposiciones

legislativas, reglamentarias o administrativas para reconocer cualificaciones y autorizar la práctica de una profesión en una jurisdicción; y

profesión regulada: un servicio cuyo ejercicio, incluido el uso de un título o designación, está

supeditado a la posesión de cualificaciones específicas en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

Objetivos y ámbito de aplicación

1. El presente capítulo establece un marco destinado a facilitar un régimen justo, transparente y

coherente para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales entre las Partes, y establece las condiciones generales para la negociación de ARM.

2. El presente capítulo es aplicable a las profesiones que están reguladas en cada Parte, en todos

o en algunos Estados miembros de la Unión Europea y en todos los territorios y provincias de Canadá o en algunos de ellos.

3. Ninguna Parte concederá el reconocimiento de manera que constituya un medio de

discriminación en la aplicación de sus criterios de autorización o certificación de los prestadores de servicios o la concesión de licencias a los mismos, o una restricción encubierta al comercio de servicios.

4. Cualquier ARM que se adopte de conformidad con el presente capítulo se aplicará en todos

los territorios de la Unión Europea y de Canadá.

Negociación de un acuerdo de reconocimiento mutuo

1. Cada Parte animará a sus autoridades u organismos profesionales pertinentes, según proceda,

a que elabore y presente al Comité Mixto para el Reconocimiento Mutuo de Cualificaciones Profesionales (en lo sucesivo, el «Comité ARM»), creado de conformidad con el artículo 26.2.1.b), recomendaciones conjuntas sobre los ARM que se hayan propuesto.

2. Una recomendación deberá proporcionar una evaluación del valor potencial del ARM

correspondiente, sobre la base de criterios tales como el nivel existente de apertura del mercado, las necesidades de la industria y las oportunidades de negocio, por ejemplo el número de profesionales que podrían beneficiarse de los ARM, la existencia de otros ARM en el sector y los beneficios previstos con respecto al desarrollo económico y empresarial. También deberá proporcionar una evaluación de la compatibilidad de los sistemas de cualificación o de concesión de licencias de las Partes y el enfoque previsto para la negociación de un ARM.

3. El Comité ARM deberá revisar la recomendación en un plazo razonable, a fin de garantizar su

coherencia con los requisitos del presente capítulo. Si se cumplen estos requisitos, el Comité ARM tomará las medidas necesarias para negociar y cada Parte informará sobre dichas medidas a sus respectivas autoridades pertinentes.

4. Después de ello, las entidades negociadoras proseguirán las negociaciones y presentarán al

Comité ARM un proyecto de texto de ARM.

5. Más adelante, el Comité ARM revisará el proyecto de ARM para garantizar su coherencia con

el presente Acuerdo.

6. En caso de que, a juicio del Comité ARM, el ARM sea compatible con el presente Acuerdo,

dicho Comité adoptará el ARM mediante una decisión, que estará supeditada a que cada Parte notifique posteriormente al Comité ARM que ha cumplido sus respectivos requisitos internos. La decisión pasa a ser vinculante para las Partes en el momento en que cada Parte la notifique al Comité ARM.

Reconocimiento

1. El reconocimiento de las cualificaciones profesionales establecido mediante un ARM

permitirá al prestador de servicios ejercer actividades profesionales en la jurisdicción de acogida, de conformidad con los términos y condiciones especificados en el ARM.

2. Si las cualificaciones profesionales de un prestador de servicios de una Parte y son

reconocidas por la otra Parte en virtud de un ARM, las autoridades pertinentes de la jurisdicción de acogida concederán a dicho prestador de servicios un trato no menos favorable que el dispensado en situaciones similares a un prestador de servicios similares cuyas cualificaciones profesionales hayan

sido certificadas o acreditadas en la propia jurisdicción de la Parte.

3. El reconocimiento con arreglo a un ARM no puede estar condicionado:

a) a que un prestador de servicios cumpla un requisito de ciudadanía o cualquier tipo de requisito

de residencia; o

b) a que la educación, la experiencia o la formación de un prestador de servicios se haya

adquirido en la propia jurisdicción de la Parte.

Comité Mixto para el Reconocimiento Mutuo de las Cualificaciones Profesionales

El Comité ARM encargado de la aplicación del artículo 11.3:

a) estará formado y copresidido por representantes de Canadá y la Unión Europea, que deberán

ser distintos de las autoridades u organismos profesionales pertinentes que se mencionan en el artículo 11.3.1. Se confirmará una lista de dichos representantes mediante un canje de notas;

b) se reunirá en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo y en lo

sucesivo cuando sea necesario o según se decida;

c) establecerá su propio reglamento interno;

d) facilitará el intercambio de información relativa a las leyes, los reglamentos, las políticas y las

prácticas relativas a normas o criterios para la autorización, la concesión de licencias o la certificación de profesiones reguladas;

e) pondrá a disposición del público información sobre la negociación y la aplicación de ARM;

f) informará al Comité Mixto del CETA sobre el avance de las negociaciones y sobre la

aplicación de los ARM; y

g) según proceda, informará sobre las directrices expuestas en el anexo 11-A y las

complementará.

Directrices para la negociación y la celebración de acuerdos de reconocimiento mutuo

Como parte del marco para lograr el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, las Partes

exponen en el anexo 11-A directrices no vinculantes sobre la negociación y la celebración de ARM.

Puntos de contacto

Cada Parte establecerá uno o más puntos de contacto para la gestión del presente capítulo.


CAPÍTULO DOCE - REGLAMENTACIÓN INTERNA

Este capítulo garantiza que todos los reglamentos adoptados por la UE y Canadá se hagan públicos y sean fácilmente comprensibles y razonables. El objetivo es garantizar que las reglamentaciones nacionales en el otro territorio no actúen como un obstáculo desleal a los intercambios comerciales entre las empresas de la UE y las canadienses. En algunos casos, las autoridades de la UE o Canadá podrán conceder una licencia a una empresa o a una persona física para prestar un servicio o ejercer una actividad económica concreta. En otros casos, podrán imponer requisitos en materia de cualificaciones.

En ambos casos, se hará de forma puntual y coherente. Este capítulo no se aplica a algunos ámbitos de reglamentación, como la distribución de agua u otros servicios públicos.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

autorización: la concesión de un permiso a una persona para que preste un servicio o ejerza

cualquier otra actividad económica;

autoridad competente: cualquier administración de una Parte, u organismo no gubernamental en el

ejercicio de facultades delegadas por cualquier administración de una Parte, que conceda una autorización;

procedimientos de concesión de licencias: las normas administrativas o procedimentales, incluidas

la modificación o la renovación de una licencia, que deben respetarse para demostrar la conformidad con los requisitos de concesión de licencias;

requisitos de concesión de licencias: los requisitos sustantivos distintos de los requisitos de

cualificación que deben cumplirse para obtener, modificar o renovar una autorización;

procedimientos de cualificación: las normas administrativas o procedimentales que deben

respetarse para demostrar la conformidad con los requisitos de cualificación; y

requisitos de cualificación: los requisitos sustantivos relacionados con la competencia que deben

cumplirse para obtener, modificar o renovar una autorización.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas que adopte o mantenga una Parte en lo relativo

a los requisitos de concesión de licencias, los procedimientos de concesión de licencias, los requisitos de cualificación, o los procedimientos de cualificación que afecten a:

a) la prestación transfronteriza de servicios, según se define en el artículo 9.1 (Definiciones);

b) la prestación de un servicio o la realización de cualquier otra actividad económica mediante la

presencia comercial en el territorio de la otra Parte, incluido el establecimiento de dicha presencia comercial; y

c) la prestación de un servicio mediante la presencia de una persona física de la otra Parte en el

territorio de la Parte, de conformidad con el artículo 10.6.2 (Obligaciones de otros capítulos).

2. El presente capítulo no se aplica a los requisitos de concesión de licencias, los procedimientos

de concesión de licencias, los requisitos de cualificación, o los procedimientos de cualificación:

a) con arreglo a una medida no conforme vigente que mantenga una Parte tal como se expone en

su lista del anexo I; o

b) relativos a uno de los siguientes sectores o actividades:

i) en el caso de Canadá, las industrias culturales y, como se expone en su lista del

anexo II, los servicios sociales, los asuntos indígenas, las minorías, los servicios de juegos de azar y apuestas, así como la captación, depuración y distribución de agua; y

ii) en el caso de la Parte UE, los servicios audiovisuales y, como se expone en su lista del

anexo II, los servicios sanitarios, educativos y sociales, los servicios de juegos de azar y apuestas21, así como la captación, depuración y distribución de agua.

Requisitos y procedimientos de concesión de licencias y de cualificación

1. Cada Parte velará por que los requisitos de concesión de licencias, los requisitos de

cualificación, los procedimientos de concesión de licencias, o los procedimientos de cualificación que adopte o mantenga se basen en criterios que impidan a las autoridades competentes ejercer su facultad de apreciación de forma arbitraria.

2. Los criterios contemplados en el apartado 1 deberán:

a) ser claros y transparentes;

b) ser objetivos; y

c) fijarse de antemano y estar a disposición del público.

3. Las Partes reconocen que el ejercicio de la facultad de apreciación legal conferida a un

ministro con respecto a una decisión relativa a la concesión de una autorización en interés público no contradice el apartado 2, letra c), siempre que se ejerza de forma coherente con el objeto de la ley aplicable y no de forma arbitraria, y que su ejercicio no sea incompatible por otros motivos con el presente Acuerdo.

4. El apartado 3 no se aplicará a los requisitos de concesión de licencias ni a los requisitos de

cualificación en relación con un servicio profesional.

5. Cada Parte velará por que una autorización se conceda tan pronto como la autoridad

competente determine que se cumplen las condiciones de autorización y por que la autorización, una vez concedida, surta efecto sin demoras indebidas, de conformidad con los términos y condiciones especificados en la autorización.

6. Cada Parte mantendrá o instituirá tribunales o procedimientos judiciales, de arbitraje o

administrativos que establezcan, a petición de un inversor afectado, tal como se definen en el artículo 8.1 (Definiciones), o de un prestador de servicios afectados, tal como se definen en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación general), una reconsideración rápida de las decisiones administrativas que afecten a la prestación de un servicio o a la realización de cualquier otra actividad económica y, cuando esté justificado, las medidas correctivas adecuadas. En caso de que tales procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa de que se trate, cada Parte garantizará que los procedimientos se apliquen de tal modo que establezcan una reconsideración objetiva e imparcial.

7. Cada Parte garantizará que los procedimientos de concesión de licencias o de cualificación

sean lo más simples posible y no compliquen ni retrasen indebidamente la prestación de un servicio ni la realización de ninguna otra actividad económica.

8. La tasa de autorización que deba abonar un solicitante en relación con su solicitud de

concesión de autorización deberá ser razonable y proporcional a los costes soportados, y no

restringirá, en sí misma, la prestación de un servicio ni la realización de cualquier otra actividad económica.

9. Las tasas de autorización no incluirán pagos por subastas, la utilización de recursos naturales,

cánones, licitaciones u otros medios no discriminatorios de adjudicación, ni contribuciones bajo mandato para la prestación de un servicio universal.

10. Cada Parte garantizará que los procedimientos de concesión de licencias o los procedimientos

de cualificación utilizados por la autoridad competente, así como las decisiones de esta en el proceso de autorización, sean imparciales con respecto a todos los solicitantes. La autoridad competente debe adoptar sus decisiones de forma independiente y, en particular, no debe tener la obligación de rendir cuentas a ninguna persona que preste un servicio o que realice cualquier otra actividad económica y a la que se exija la autorización.

11. En caso de que existan plazos concretos para presentar solicitudes de autorización, se

concederá a los solicitantes un plazo razonable para ello. La autoridad competente deberá iniciar la tramitación de una solicitud sin demoras injustificadas. Siempre que sea posible, se aceptarán las solicitudes en formato electrónico en las mismas condiciones de autenticidad que las de las solicitudes en papel.

12. Si se considera adecuado, se aceptarán copias autenticadas en vez de los documentos

originales.

13. Cada Parte garantizará que la tramitación de una solicitud de autorización, incluyendo la

decisión definitiva, se complete dentro de un plazo razonable a partir de la presentación de una solicitud completa. Cada Parte debe establecer un plazo normal para la tramitación de las solicitudes.

14. A petición de un solicitante, la autoridad competente de una Parte deberá facilitar, sin

demoras indebidas, información referente a la situación de la solicitud.

15. Si una solicitud se considera incompleta, en un plazo razonable de tiempo la autoridad

competente de una Parte informará al solicitante, identificará la información adicional necesaria para completar la solicitud y ofrecerá al solicitante la oportunidad de corregir las deficiencias.

16. En caso de que la autoridad competente de una Parte deniegue una solicitud, informará de ello

al solicitante por escrito y sin demoras indebidas. A petición del solicitante, la autoridad competente de la Parte también informará al solicitante de los motivos por los que la demanda fue rechazada y de los plazos para interponer un recurso contra la decisión o para reconsiderarla. Debe permitirse que el solicitante vuelva a presentar una solicitud en un plazo razonable.


CAPÍTULO TRECE - SERVICIOS FINANCIEROS

Este capítulo permite a las entidades financieras y a los inversores de la UE y de Canadá beneficiarse de un acceso equitativo y justo a los mercados de la otra Parte. Establece determinadas condiciones, y las disposiciones cumplen plenamente las normas prudenciales y de regulación vigentes en la UE y Canadá. Además, las empresas de servicios financieros solo pueden ofrecer servicios transfronterizos en un número limitado de sectores, como el sector bancario y el de seguros.

Este capítulo establece también un Comité de Servicios Financieros para ayudar a ambas Partes a supervisar y regular el sector. Permite a la UE y a Canadá proteger la seguridad y la integridad de sus respectivos sistemas financieros. Excluye ámbitos como las pensiones y la seguridad social.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

prestador transfronterizo de servicios financieros de una Parte: una persona de una Parte que

interviene en una actividad comercial consistente en prestar un servicio financiero en el territorio de dicha Parte y procura prestar o presta un servicio financiero de forma transfronteriza;

por prestación transfronteriza de servicios financieros o comercio transfronterizo de servicios

financieros, se entiende la prestación de un servicio financiero:

a) desde el territorio de una Parte hasta el territorio de la otra Parte; o

b) en el territorio de una Parte, por una persona de dicha Parte a una persona de la otra Parte;

pero no incluye la prestación de un servicio en el territorio de una Parte mediante una inversión en

dicho territorio;

institución financiera: un prestador que efectúe una o varias de las operaciones definidas como

servicios financieros en el presente artículo, en caso de que el proveedor esté regulado o supervisado con respecto a la prestación de esos servicios como institución financiera con arreglo al Derecho de la Parte en cuyo territorio está situada, lo que incluye a una sucursal de dicho prestador de servicios financieros que esté situada en el territorio de la Parte y cuyo domicilio social esté situado en el territorio de la otra Parte;

institución financiera de la otra Parte: una institución financiera, incluida una sucursal, que esté

situada en el territorio de una Parte y esté bajo el control de una persona de la otra Parte;

servicio financiero: un servicio de carácter financiero, incluidos los seguros y sus servicios

conexos, los servicios bancarios y otros servicios financieros (distintos de los seguros), así como los servicios accesorios o auxiliares de un servicio de carácter financiero. Los servicios financieros comprenden las actividades siguientes:

a) los seguros y los servicios relacionados con los seguros

i) seguros directos (incluido el coaseguro):

A) de vida; o

B) distintos de los seguros de vida;

ii) reaseguro y retrocesión;

iii) mediación en seguros, por ejemplo, correduría y agencia de seguros; o

iv) servicios auxiliares de los seguros, como los de consultores, actuarios, evaluación de

riesgos e indemnización de siniestros; y

b) banca y otros servicios financieros (excluidos los seguros):

i) aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público;

ii) préstamos de todo tipo, con inclusión de créditos personales, créditos hipotecarios,

descuento de factura (factoring) y financiación de transacciones comerciales;

iii) arrendamiento financiero (leasing);

iv) todos los servicios de pago y transferencia de fondos, con inclusión de tarjetas de

crédito, de pago y similares, cheques de viaje y giros bancarios;

v) garantías y avales;

vi) negociación por cuenta propia o de clientes, ya sea en una bolsa, en un mercado

extrabursátil o de otro modo, de lo siguiente:

A) instrumentos del mercado monetario (incluidos cheques, bonos, o certificados de

depósito);

B) divisas;

C) productos derivados, incluidos futuros y opciones;

D) instrumentos de tipos de cambio y de tipo de interés, por ejemplo, permutas

financieras y acuerdos a plazo sobre tipos de interés;

E) valores negociables; u

F) otros instrumentos y activos financieros negociables, metal inclusive;

vii) participación en emisiones de valores de todo tipo, incluidas la suscripción y la

colocación en calidad de agente (de manera pública o privada) y la prestación de servicios relacionados con dichas emisiones;

viii) corretaje de cambios;

ix) administración de activos, como fondos en efectivo o cartera de valores, gestión de

inversiones colectivas en todas sus formas, administración de fondos de pensiones, servicios de depósito y custodia, y servicios fiduciarios;

x) servicios de liquidación y compensación de activos financieros, incluidas las acciones y

obligaciones, los productos derivados y otros instrumentos negociables;

xi) suministro y transferencia de información financiera, y tratamiento de datos financieros

y programas informáticos correspondientes; o

xii) servicios de asesoramiento e intermediación y otros servicios financieros auxiliares

respecto de cualquiera de las actividades enumeradas en los incisos i) a xi), con inclusión de informes y análisis de crédito, estudios y asesoramiento sobre inversiones y carteras de valores, y asesoramiento sobre adquisiciones y sobre reestructuración y estrategia de las empresas;

prestador de servicios financieros: una persona de una Parte que interviene en una actividad

comercial consistente en prestar un servicio financiero dentro del territorio de dicha Parte, pero no incluye a las entidades públicas;

inversión: una «inversión» según la definición del artículo 8.1 (Definiciones), con la salvedad de

que, a efectos del presente capítulo, por lo que se refiere a los «préstamos» y los «instrumentos de deuda» mencionados en dicho artículo:

a) un préstamo o un instrumento de deuda emitido por una institución financiera constituye una

inversión en dicha institución financiera únicamente si la Parte en cuyo territorio está situada la institución financiera lo trata como capital reglamentario; y

b) un préstamo concedido por una institución financiera o un instrumento de deuda que sean

propiedad de dicha institución financiera, distintos de un préstamo o de un instrumento de deuda de una institución financiera mencionada en la letra a), no constituye una inversión;

para mayor seguridad,

c) el capítulo ocho (Inversiones) es aplicable a un préstamo o un instrumento de deuda en la

medida en que no esté contemplado en el presente capítulo; y

d) un préstamo concedido por un prestador transfronterizo de servicios financieros o un

instrumento de deuda que sea propiedad de dicho prestador de servicios financieros, distinto de un préstamo o un instrumento de deuda emitidos por una institución financiera, constituye una inversión a efectos del capítulo ocho (Inversiones) si dicho préstamo o instrumento de deuda cumple los criterios de inversión que se exponen en el artículo 8.1 (Definiciones);

inversor: «inversor», tal como se define en el artículo 8.1 (Definiciones);

nuevo servicio financiero: un servicio financiero que no se preste en el territorio de una Parte, sino

en el territorio de la otra Parte e incluya cualquier nueva forma de prestación de un servicio financiero o la venta de un producto financiero que no se venda en el territorio de la Parte;

persona de una Parte: «persona de una Parte», tal como se define en el artículo 1.1 (Definiciones

de aplicación general) y, para mayor seguridad, no incluye una sucursal de una empresa de un tercer país;

entidad pública:

a) un gobierno, un banco central o una autoridad monetaria de una Parte, o una entidad que sea

propiedad o esté bajo el control de una Parte, que se dedique principalmente a desempeñar funciones gubernamentales o a realizar actividades para fines gubernamentales, con exclusión de las entidades dedicadas principalmente a la prestación de servicios financieros en condiciones comerciales; o

b) una entidad privada que desempeñe las funciones normalmente desempeñadas por un banco

central o una autoridad monetaria, mientras ejerza esas funciones; y

organización autorreguladora: un organismo no gubernamental, incluido cualquier mercado de

valores y futuros, agencia de compensación u otra organización o asociación que ejerza una autoridad de reglamentación o supervisión propia o delegada sobre prestadores de servicios financieros o instituciones financieras.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas que una Parte adopte o mantenga respecto a:

a) instituciones financieras de la otra Parte;

b) un inversor de la otra Parte y una inversión de ese inversor, en una institución financiera del

territorio de la Parte; y

c) el comercio transfronterizo de servicios financieros.

2. Para mayor seguridad, las disposiciones del capítulo ocho (Inversiones) son aplicables a:

a) una medida relativa a un inversor de una Parte, y a una inversión de ese inversor, en un

prestador de servicios financieros que no sea una institución financiera; y

b) una medida no relacionada con la prestación de servicios financieros pero relacionada con un

inversor de una Parte o una inversión de ese inversor en una institución financiera.

3. Los artículos 8.10 (Trato de los inversores y de las inversiones cubiertas), 8.11

(Compensación por pérdidas), 8.12 (Expropiación), 8.13 (Transferencias), 8.14 (Subrogación),

8.16 (Denegación de ventajas) y 8.17 (Requisitos de forma) se incorporan como parte del presente capítulo.

4. La sección F del capítulo ocho (Solución de diferencias en materia de inversiones entre

inversores y Estados) se incorpora como parte del presente capítulo únicamente para las demandas de que una Parte ha infringido los artículos 13.3 o 13.4 con respecto a la ampliación, la realización, el funcionamiento, la gestión, el mantenimiento, el uso, el disfrute y la venta o enajenación de una institución financiera o una inversión en una institución financiera, o los artículos 8.10 (Trato de los inversores y de las inversiones cubiertas), 8.11 (Compensación por pérdidas), 8.12 (Expropiación),

8.13 (Transferencias) u 8.16 (Denegación de ventajas).

5. El presente capítulo no es aplicable a las medidas que una Parte adopte o mantenga respecto

a:

a) actividades o servicios que formen parte de un plan público de jubilación o de un sistema

reglamentario de seguridad social; o

b) actividades o servicios realizados por cuenta de la Parte, con la garantía de los recursos

financieros de la Parte o utilizando dichos recursos, incluidas sus entidades públicas,

salvo que el presente capítulo se aplique en la medida en que una Parte permita que las actividades

o los servicios mencionados en las letras a) o b) sean llevados a cabo por sus instituciones financieras en competencia con una institución pública o una institución financiera.

6. El capítulo doce (Reglamentación interna) se incorpora como parte del presente capítulo. Para

mayor seguridad, el artículo 12.3 (Requisitos y procedimientos de concesión de licencias y de cualificación) es aplicable al ejercicio de la facultad de apreciación legal por las autoridades de las Partes en materia de reglamentación financiera.

7. Las disposiciones del capítulo doce (Reglamentación interna) incorporadas en el presente

capítulo con arreglo al apartado 6 no son aplicables a los requisitos de concesión de licencias, los procedimientos de concesión de licencias, los requisitos de cualificación o los procedimientos de cualificación:

a) con arreglo a una medida no conforme que mantenga Canadá, tal como se expone en su lista

del anexo III-A;

b) con arreglo a una medida no conforme que mantenga la Unión Europea, como se expone en

su lista del anexo I, en el grado en que tal medida esté relacionada con servicios financieros; y

c) según lo establecido en el artículo 12.2.2.b) (Ámbito de aplicación), en el grado en que tal

medida esté relacionada con servicios financieros.

Trato nacional

1. El artículo 8.6 (Trato nacional) se incorpora como parte del presente capítulo y es aplicable al

trato de las instituciones financieras y los inversores de la otra Parte, así como a sus inversiones en instituciones financieras.

2. Por trato concedido por una Parte a sus propios inversores y a las inversiones de sus propios

inversores con arreglo al artículo 8.6 (Trato nacional), se entiende el trato concedido a sus propias instituciones financieras y a las inversiones de sus propios inversores en instituciones financieras.

Trato de nación más favorecida

1. El artículo 8.7 (Trato de nación más favorecida) se incorpora como parte del presente capítulo

y es aplicable al trato de las instituciones financieras y los inversores de la otra Parte, así como a sus inversiones en instituciones financieras.

2. Por trato concedido por una Parte a los inversores de terceros países y a las inversiones de los

inversores de un tercer país con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 8.7 (Trato de nación más favorecida), se entiende el trato concedido a las instituciones financieras de un tercer país y a las inversiones de los inversores de un tercer país en instituciones financieras.

Reconocimiento de medidas cautelares

1. Una Parte podrá reconocer una medida cautelar de un tercer país en la aplicación de una

medida contemplada en el presente capítulo. Dicho reconocimiento podrá:

a) acordarse unilateralmente;

b) lograrse por armonización o por otros medios; o

c) basarse en un acuerdo o convenio con el tercer país.

2. Una Parte que conceda el reconocimiento de una medida cautelar dará a la otra Parte

oportunidades adecuadas de demostrar que se dan circunstancias en las que hay o habrá una reglamentación, una supervisión y una aplicación de la reglamentación y, si procede, procedimientos para que las Partes compartan la información.

3. Si una Parte reconoce una medida cautelar de conformidad con el apartado 1, letra c), y se dan

las circunstancias descritas en el apartado 2, la Parte dará a la otra Parte una oportunidad adecuada de negociar su adhesión al acuerdo o arreglo, o de negociar un acuerdo o arreglo comparable.

Acceso a los mercados

1. Ninguna Parte adoptará o mantendrá, respecto a una institución financiera de la otra Parte o

respecto al acceso a los mercados a través del establecimiento de una institución financiera por un inversor de la otra Parte, en todo su territorio o en un territorio con un nivel de administración nacional, provincial, territorial, regional o local, una medida que:

a) imponga limitaciones sobre:

i) el número de instituciones financieras, ya sea en forma de contingentes numéricos,

monopolios, prestadores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

ii) el valor total de las transacciones de servicios financieros o de los activos en forma de

contingentes numéricos, o la exigencia de una prueba de necesidades económicas;

iii) el número total de operaciones de servicios financieros o la cuantía total de la

producción de servicios financieros, expresadas en unidades numéricas designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas.

iv) la participación del capital extranjero, expresada como límite porcentual máximo a la

tenencia de acciones por extranjeros en instituciones financieras, o como valor total de las inversiones extranjeras individuales o agregadas en instituciones financieras; o

v) el número total de personas físicas que puedan emplearse en un determinado sector de

servicios financieros o que una institución financiera pueda emplear y que sean necesarias para la prestación de un servicio financiero específico y estén directamente relacionadas con él, en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; o

b) restrinja o exija determinados tipos de entidad jurídica o empresa conjunta mediante las cuales

una institución financiera pueda realizar una actividad económica.

2. El artículo 8.4.2 (Acceso a los mercados) se incorpora como parte del presente artículo.

3. Para mayor seguridad:

a) una Parte podrá imponer condiciones y procedimientos para autorizar el establecimiento y la

ampliación de una presencia comercial, siempre que tales condiciones y procedimientos no eludan la obligación de la Parte en virtud del apartado 1 y sean compatibles con las demás disposiciones del presente capítulo. y

b) el presente artículo no impide a una Parte exigir a una institución financiera que preste

determinados servicios financieros a través de entidades jurídicas distintas si, con arreglo al Derecho de la Parte, la variedad de servicios financieros prestados por la institución financiera no puede prestarse a través de una única entidad.

Prestación transfronteriza de servicios financieros.

1. Los artículos 9.3 (Trato nacional), 9.4 (Requisitos de forma) y 9.6 (Acceso a los mercados) se

incorporan como parte del presente capítulo y son aplicables al trato de los prestadores transfronterizos de servicios financieros que prestan los servicios financieros que se especifican en el anexo 13-A.

2. Por trato concedido por una Parte a sus propios prestadores de servicios y a sus propios

servicios con arreglo al artículo 9.3.2 (Trato nacional), se entiende el trato concedido a sus propios prestadores de servicios financieros y a sus propios servicios financieros.

3. Por medidas que ninguna Parte adoptará o mantendrá respecto a los prestadores de servicios y

los servicios de la otra Parte con arreglo al artículo 9.6 (Acceso a los mercados), se entienden las medidas relativas a los prestadores transfronterizos de servicios financieros de la otra Parte que presten servicios financieros.

4. El artículo 9.5 (Trato de nación más favorecida) se incorpora como parte del presente capítulo

y es aplicable al trato de los prestadores transfronterizos de servicios financieros de la otra Parte.

5. Por trato concedido por una Parte a los prestadores de servicios y a los servicios de un tercer

país con arreglo al artículo 9.5 (Trato de nación más favorecida), se entiende el trato concedido a los prestadores de servicios financieros de un tercer país y a los servicios financieros de un tercer país.

6. Cada Parte permitirá que una persona situada en su territorio y que un nacional,

independientemente de dónde esté situado, adquiera un servicio financiero transfronterizo de un prestador de servicios financieros de la otra Parte que esté situado en el territorio de esa otra Parte. Esta obligación no exige a una Parte que permita a tales prestadores hacer negocios u ofrecer sus servicios en su territorio. Cada Parte podrá adoptar su definición de «hacer negocios» y «ofrecer sus

servicios» a los efectos del presente artículo, de conformidad con el apartado 1.

7. Respecto a los servicios financieros especificados en el anexo 13-A, cada Parte permitirá a los

prestadores transfronterizos de servicios de la otra Parte, previa solicitud o notificación al regulador pertinente, en caso necesario, que presten un servicio financiero mediante cualquier nueva forma de prestación, o que vendan un producto financiero que no se venda en el territorio de la Parte, en caso que la primera Parte, con arreglo a su Derecho y en situaciones similares, permita a sus propios prestadores de servicios financieros que presten tal servicio o vendan tal producto.

Altos directivos y consejos de administración

Ninguna Parte podrá exigir que una institución financiera de la otra Parte nombre a personas físicas

de una nacionalidad concreta como altos directivos o cargos en un consejo de administración.

Requisitos de funcionamiento

1. Las Partes negociarán disciplinas sobre requisitos de funcionamiento como las que figuran en

el artículo 8.5 (Requisitos de funcionamiento) con respecto a las inversiones en instituciones financieras.

2. Si, en un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes no

han acordado tales disciplinas, a petición de una de las Partes el artículo 8.5 (Requisitos de funcionamiento) se incorporará como parte del presente capítulo y se aplicará a las inversiones en instituciones financieras. A tal efecto, se entiende por «inversión» en el artículo 8.5 (Requisitos de funcionamiento) «la inversión en una institución financiera de su territorio».

3. En un plazo de ciento ochenta días desde que hayan concluido con éxito las negociaciones

entre las Partes acerca de las disciplinas sobre requisitos de funcionamiento con arreglo al apartado 1, o a raíz de la petición de una Parte de solicitar que el artículo 8.5 (Requisitos de funcionamiento) se incorpore en el presente capítulo conforme a lo dispuesto en el apartado 2, según el caso, cada Parte podrá modificar su lista cuando sea necesario. Cualquier modificación

deberá limitarse al listado de reservas para las medidas vigentes que no se ajustan a la obligación de contar con requisitos de funcionamiento con arreglo al presente capítulo, en la sección A de su lista del anexo III en el caso de Canadá y en la lista de su anexo I en el caso de la Unión Europea. El artículo 13.10.1 se aplicará a tales medidas con respecto a las disciplinas sobre requisitos de funcionamiento negociadas con arreglo al apartado 1 o con arreglo al artículo 8.5 (Requisitos de funcionamiento), tal como se haya incorporado en el presente capítulo con arreglo al apartado 2,

según el caso.

Reservas y excepciones

1. Los artículos 13.3, 13.4, 13.6 y 13.8 no son aplicables a:

a) una medida no conforme vigente que mantenga una Parte a escala de:

i) la Unión Europea, tal como se establece en la lista del anexo I;

ii) una administración nacional, tal como la establecen Canadá, en su lista del anexo III, o

la Unión Europea, en su lista del anexo I;

iii) una administración provincial, territorial o regional, tal como las establecen Canadá, en

la sección A de su lista del anexo III, o la Unión Europea, en su lista del anexo I; o

iv) una administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de una medida no conforme a la que se hace referencia

en la letra a); o

c) la modificación de una medida no conforme a la que se hace referencia en la letra a), siempre

que la modificación no reduzca la conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con los artículos 13.3, 13.4, 13.6 o 13.8.

2. El artículo 13.7 no será aplicable a:

a) una medida no conforme vigente que mantenga una Parte a escala de:

i) la Unión Europea, tal como se establece en la lista del anexo I;

ii) una administración nacional, tal como la establecen Canadá, en su lista del anexo III, o

la Unión Europea, en su lista del anexo I;

iii) una administración provincial, territorial o regional, tal como las establecen Canadá, en

la sección A de su lista del anexo III, o la Unión Europea, en su lista del anexo I; o

iv) una administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de una medida no conforme a la que se hace referencia

en la letra a); o

c) la modificación de una medida no conforme a la que se hace referencia en la letra a), siempre

que la modificación no reduzca la conformidad de la medida, tal como existía en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, con el artículo 13.7.

3. Los artículos 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 y 13.8 no son aplicables a una medida que Canadá adopte

o mantenga con respecto a los servicios financieros establecidos en la sección B de su lista del anexo III, o a una medida que la Unión Europea adopte o mantenga con respecto a los servicios financieros establecidos en su lista del anexo II.

4. Si una Parte ha establecido una reserva a los artículos 8.4 (Acceso a los mercados),

8.5 (Requisitos de funcionamiento), 8.6 (Trato nacional), 8.7 (Trato de nación más favorecida),

8.8 (Altos directivos y consejos de administración), 9.3 (Trato nacional), 9.5 (Trato de nación más favorecida), o 9.6 (Acceso a los mercados) en su lista de los anexos I o II, la reserva también constituirá una reserva a los artículos 13.3, 13.4, 13.6, 13.7 o 13.8, o a cualquier disciplina sobre los requisitos de funcionamiento negociados con arreglo al artículo 13.9.1 o incorporados en el presente capítulo con arreglo al artículo 13.9.2, según el caso, siempre que la medida, el sector, el subsector

o la actividad expuestos en la reserva estén contemplados en el presente capítulo.

5. Una vez que haya entrado en vigor el presente Acuerdo, ninguna Parte adoptará una medida o

una serie de medidas incluidas en la sección B de la lista de Canadá del anexo III, ni en la lista del anexo II de la Unión Europea que exijan, directa o indirectamente, a un inversor de la otra Parte, por motivos de nacionalidad, vender o enajenar de otro modo una inversión existente en el momento en que la medida o el conjunto de medidas se hagan efectivos.

6. Respecto a los derechos de propiedad intelectual, una Parte podrá establecer excepciones a los

artículos 13.3 y 13.4 y a cualquier disciplina en materia de transferencia de tecnología por lo que se refiere a los requisitos de funcionamiento negociados con arreglo al artículo 13.9.1 o incorporados al presente capítulo con arreglo al artículo 13.9.2, según el caso, si la excepción se admite en el Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las exenciones del Acuerdo sobre los ADPIC adoptadas en virtud del artículo IX del Acuerdo de la OMC.

7. Los artículos 13.3, 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 y 13.9 no son aplicables a:

a) la contratación pública por una Parte de un bien o un servicio que se adquieran para fines

oficiales y no estén destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de un bien o un servicio para la venta comercial, incluso si la contratación pública es una

«contratación cubierta» a tenor del artículo 19.2 (Alcance y ámbito de aplicación); o

b) las subvenciones o el apoyo público en relación con el comercio de los servicios prestados por

una Parte.

Transparencia y efectividad de la reglamentación

1. Cada Parte velará por que todas las medidas de aplicación general a las que se aplique el

presente capítulo se gestionen de forma razonable, objetiva e imparcial.

2. Cada Parte velará por que sus leyes, reglamentos, procedimientos y disposiciones

administrativas de aplicación general en relación con cualquier cuestión contemplada en el presente capítulo se publiquen sin demora o se pongan a disposición de tal manera que una persona interesada y la otra Parte puedan familiarizarse con ellos. En la medida de lo posible, cada Parte:

a) publicará por adelantado las medidas de ese tipo cuya adopción proponga;

b) dará a una persona interesada y a la otra Parte una oportunidad razonable de formular

observaciones sobre las medidas propuestas; y

c) concederá un plazo razonable entre la publicación definitiva de las medidas y la fecha en que

surtan efecto.

A los efectos del presente capítulo, estos requisitos sustituyen a los previstos en el artículo 27.1

(Publicación).

3. Cada Parte mantendrá o establecerá mecanismos apropiados que permitan responder en un

plazo razonable a las preguntas planteada por una parte interesada en relación con las medidas de aplicación general contempladas en el presente capítulo.

4. Una autoridad reguladora adoptará una decisión administrativa sobre una solicitud completa

de un inversor de una institución financiera, un prestador transfronterizo de servicios financieros, o una institución financiera de la otra Parte en relación con la prestación de un servicio financiero dentro de un plazo razonable que esté justificado por la complejidad de la solicitud y el plazo normal fijado para la tramitación de la solicitud. En el caso de Canadá, dicho plazo razonable es de ciento veinte días. La autoridad reguladora notificará sin demora la decisión al solicitante. En caso de que no sea viable tomar la decisión en un plazo razonable, la autoridad reguladora la notificará de inmediato al solicitante y procurará adoptar una decisión tan pronto como sea posible. Para mayor seguridad, una solicitud no se considerará completa hasta que se hayan celebrado todas las audiencias pertinentes y la autoridad reguladora haya recibido toda la información necesaria.

Organizaciones autorreguladoras

En caso de que una Parte exija a una institución financiera o a un prestador transfronterizo de

servicios de la otra Parte que sea miembro de una organización autorreguladora, participe en ella o tenga acceso a ella para prestar un servicio financiero en el territorio de dicha Parte, o conceda un privilegio o una ventaja al prestar un servicio financiero a través de una organización autorreguladora, la Parte requirente velará por que la organización autorreguladora respete las obligaciones del presente capítulo.

Sistemas de pago y compensación

En las condiciones por las que se concede el trato nacional, cada Parte concederá a un prestador de

servicios financieros de la otra Parte establecido en su territorio acceso a los sistemas de pago y compensación administrados por una Parte, o por una entidad que ejerza las facultades gubernamentales que le haya delegado una Parte, así como acceso a los medios oficiales de financiación y refinanciación disponibles en el curso de operaciones comerciales normales. El presente artículo no tiene por objeto otorgar acceso a las facilidades del prestamista en última instancia de la Parte.

Nuevos servicios financieros

1. Cada Parte permitirá a una institución financiera de la otra Parte prestar cualquier nuevo

servicio financiero que la primera Parte permitiría que, en situaciones similares, sus propias instituciones financieras prestaran con arreglo a su Derecho, en caso necesario previa solicitud o notificación al regulador pertinente.

2. Una Parte podrá decidir la modalidad institucional y jurídica a través de la cual se ofrezca el

nuevo servicio financiero y podrá exigir autorización para la prestación del mismo. En caso de que se requiera tal autorización, la decisión correspondiente deberá adoptarse en un plazo razonable y solo podrá denegarse por motivos cautelares.

3. El presente artículo no impide que una institución financiera de una Parte solicite a la otra

Parte que considere la posibilidad de autorizar la prestación de un servicio financiero que no se preste en el territorio de ninguna de las dos Partes. Dicha solicitud estará sujeta al Derecho de la Parte que reciba la solicitud y no estará sujeta a las obligaciones derivadas del presente artículo.

Transmisión y tratamiento de la información

1. Cada Parte permitirá a una institución financiera o a un prestador transfronterizo de servicios

financieros de la otra Parte transferir información hacia dentro o hacia fuera de su territorio para su tratamiento, por vía electrónica o de otra forma, cuando ello sea necesario para llevar a cabo las actividades ordinarias de negocios de la institución financiera o del prestador transfronterizo de servicios financieros.

2. Cada Parte mantendrá salvaguardias adecuadas para proteger la privacidad, en particular por

lo que respecta a la transferencia de datos personales. Si la transferencia de información financiera engloba datos personales, tales transferencias deberán ser conformes con la legislación por la que se rige la protección de datos personales del territorio de la Parte donde se haya originado la transferencia.

Medidas cautelares

1. El presente Acuerdo no impedirá a una Parte adoptar o mantener medidas razonables por

motivos cautelares, entre ellas:

a) proteger a los inversores, depositantes, tenedores de pólizas o personas acreedoras de

obligaciones fiduciarias a cargo de una institución financiera, un prestador transfronterizo de servicios financieros o un prestador de servicios financieros;

b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de una institución

financiera, un prestador transfronterizo de servicios financieros o un prestador de servicios financieros; o

c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una de las Partes.

2. Sin perjuicio de otros medios de regulación cautelar del comercio transfronterizo de servicios

financieros, una Parte podrá exigir el registro de prestadores transfronterizos de servicios financieros de la otra Parte y de instrumentos financieros.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13.3 y 13.4, una Parte podrá, por motivos

prudenciales, prohibir un servicio financiero o una actividad financiera concretos. Tal prohibición no será aplicable a todos los servicios financieros ni a la totalidad de un subsector de servicios financieros, como la banca.

Excepciones específicas

1. El presente Acuerdo no será aplicable a las medidas adoptadas por una entidad pública en la

conducción de políticas monetarias o cambiarias. El presente apartado se entiende sin perjuicio de las obligaciones de una Parte en virtud de los artículos 8.5 (Requisitos de rendimiento),

8.13 (Transferencias), o 13.9.

2. El presente Acuerdo no exige a ninguna Parte que facilite información —ni que permita el

acceso a la misma— sobre las actividades y las cuentas de consumidores individuales, prestadores transfronterizos de servicios financieros, instituciones financieras, o cualquier información confidencial que, en caso de ser revelada, afectaría a cuestiones relacionadas con la regulación, la supervisión y el control de la aplicación del Derecho, o iría en detrimento de los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas.

Comité de Servicios Financieros

1. El Comité de Servicios Financieros creado de conformidad con el artículo 26.2.1.f) (Comités

especializados) incluirá representantes de autoridades encargadas de la política de servicios financieros que tengan conocimientos especializados en el ámbito contemplado en el presente capítulo. En el caso de Canadá, el representante del Comité será un funcionario del Ministerio de Hacienda de Canadá, o su sucesor.

2. El Comité de Servicios Financieros decidirá de común acuerdo.

3. El Comité de Servicios Financieros se reunirá con una periodicidad anual, o con la frecuencia

que decida y deberá:

a) supervisar la aplicación del presente capítulo;

b) dialogar sobre la reglamentación del sector de los servicios financieros con objeto de mejorar

el conocimiento mutuo de los respectivos sistemas reglamentarios de las Partes y cooperar en la elaboración de normas internacionales, como muestra el Entendimiento relativo al diálogo sobre la reglamentación del sector de los servicios financieros, que figura en el anexo 13-C; y

c) aplicar el artículo 13.21.

Consultas

1. Una Parte podrá solicitar consultas con la otra Parte sobre cualquier cuestión que surja en

virtud del presente Acuerdo y que afecte a los servicios financieros. La otra Parte considerará favorablemente esa solicitud.

2. Cada Parte velará por que, cuando haya consultas con arreglo al apartado 1, su delegación

incluya funcionarios con los conocimientos especializados pertinentes en el ámbito contemplado en el presente capítulo. En el caso de Canadá, serán funcionarios del Ministerio de Hacienda de Canadá o del organismo que lo suceda.

Solución de diferencias

1. Se aplicará el capítulo Veintinueve (Solución de diferencias), en su versión modificada por el

presente artículo, a la solución de diferencias que surjan en el marco del presente capítulo.

2. Si las Partes no llegan a ponerse de acuerdo sobre la composición del panel arbitral creado a

efectos de una diferencia que surja en el marco del presente capítulo, será aplicable el artículo 29.7 (Composición del panel arbitral). No obstante, todas las referencias a la lista de árbitros creada con arreglo al artículo 29.8 (Lista de árbitros) se entenderán hechas a la lista de árbitros creada con arreglo al presente artículo.

3. El Comité Mixto del CETA podrá crear una lista de al menos quince personas, seleccionadas

con objetividad, fiabilidad y buen criterio, que estén dispuestas a actuar como árbitros y sean capaces de hacerlo. La lista estará compuesta por tres sublistas: una sublista de personas correspondiente a cada Parte y otra sublista de personas que no sean nacionales de ninguna de las dos Partes, que puedan ejercer como presidentes. Cada sublista estará compuesta por cinco personas como mínimo. El Comité Mixto del CETA podrá reconsiderar la lista en cualquier momento y se

asegurará de que esta sea conforme con el presente artículo.

4. Los árbitros incluidos en la lista deberán tener conocimientos especializados o experiencia en

legislación o reglamentación de los servicios financieros o en su ejercicio, lo que podrá incluir la reglamentación sobre los prestadores de servicios financieros. Los árbitros que ejerzan como presidente deberán contar, asimismo, con experiencia como asesores, miembros de un panel o árbitros en procedimientos de solución de diferencias. Los árbitros serán independientes, actuarán a título personal y no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni de ningún gobierno.

Deberán cumplir el código de conducta que figura en el anexo 29-B (Código de conducta).

5. Si un panel arbitral llega a la conclusión de que una medida es incompatible con el presente

Acuerdo y la medida afecta:

a) al sector de los servicios financieros y a cualquier otro sector, la Parte demandante podrá

suspender las ventajas en el sector de los servicios financieros que tengan un efecto equivalente al efecto de la medida en el sector de servicios financieros de la Parte; o

b) únicamente a un sector que no sea el de los servicios financieros, la Parte demandante no

suspenderá las ventajas en el sector de los servicios financieros.

Diferencias en materia de inversiones en los servicios financieros

1. Se aplicará la sección F del capítulo ocho (Solución de diferencias en materia de inversiones

entre inversores y Estados), en su versión modificada por el presente artículo y el anexo 13-B, a:

a) las diferencias sobre inversiones relativas a medidas a las que sea aplicable el presente

capítulo y en las que un inversor alegue que una Parte ha incumplido los artículos 8.10 (Trato de los inversores y de las inversiones cubiertas), 8.11 (Compensación por pérdidas),

8.12 (Expropiación), 8.13 (Transferencias), 8.16 (Denegación de ventajas), 13.3 o 13.4; o

b) las diferencias en materia de inversiones iniciadas de conformidad con la sección F del

capítulo ocho (Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados) en las que se haya invocado el artículo 13.16.1.

2. En el caso de una diferencia sobre inversiones de conformidad con el apartado 1, letra a), o si

el demandado invoca el artículo 13.16.1 en un plazo de sesenta días a partir de la presentación de una demanda ante el tribunal con arreglo al artículo 8.23 (Presentación de una demanda ante el tribunal), se formará una división del tribunal, de conformidad con el artículo 8.27.7 (Constitución del tribunal), a partir de la lista creada de conformidad con el artículo 13.20.3. Si, en un plazo de sesenta días a partir de la presentación de una solicitud, el demandado invoca el artículo 13.16.1 con respecto a una diferencia en materia de inversiones distinta de las contempladas en el apartado 1, letra a), el plazo aplicable a la composición de una división del tribunal con arreglo al

artículo 8.27.7 (Constitución del tribunal) comenzará en la fecha en la que el demandado invoque el artículo 13.16.1. Si el Comité Mixto del CETA no ha efectuado los nombramientos de conformidad con el artículo 8.27.2 (Constitución del tribunal) dentro del plazo establecido en el artículo 8.27.17 (Constitución del tribunal), cualquier parte en la diferencia podrá pedir al Secretario General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones («CIADI») que seleccione a los miembros del tribunal de la lista establecida de conformidad con el artículo 13.20. Si la lista no ha sido creada con arreglo al artículo 13.20 en la fecha de presentación de la solicitud de conformidad con el artículo 8.23 (Presentación de una demanda ante el tribunal), el Secretario General del CIADI seleccionará a los miembros del tribunal de entre las personas propuestas por

una o por ambas Partes de conformidad con el artículo 13.20.

3. El demandado podrá remitir el asunto por escrito al Comité de Servicios Financieros para que

adopte una decisión sobre si la excepción del artículo 13.16.1 es una defensa válida contra la demanda y, en caso afirmativo, hasta qué punto. Tal remisión deberá realizarse, como muy tarde, en la fecha que fije el tribunal para que el demandado presente su escrito de contestación. En caso de que el demandado remita el asunto al Comité de Servicios Financieros con arreglo al presente apartado, quedarán suspendidos los plazos o los procedimientos mencionados en la sección F del capítulo ocho (Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados).

4. Al remitir el asunto con arreglo al apartado 3, el Comité de Servicios Financieros o el Comité

Mixto del CETA, según el caso, podrá tomar una determinación conjunta acerca de si el

artículo 13.16.1 es una defensa válida contra la demanda y, en caso afirmativo, hasta qué punto. El Comité de Servicios Financieros o el Comité Mixto del CETA, en su caso, remitirá una copia de la determinación conjunta al inversor y al tribunal, en caso de que se constituya. Si la determinación conjunta concluye que el artículo 13.16.1 constituye una defensa válida para todas las partes de la demanda y en su totalidad, se considerará que el inversor ha desistido de su demanda y se desistirá del procedimiento con arreglo al artículo 8.35 (Desistimiento). Si la determinación conjunta concluye que el artículo 13.16.1 es una defensa válida únicamente para algunas partes de la demanda, la determinación conjunta será vinculante para el tribunal por lo que respecta a esas partes de la demanda. A partir de ese momento, dejará de aplicarse la suspensión de los plazos o los procedimientos descritos en el apartado 3 y el inversor podrá seguir adelante con las demás partes de la demanda.

5. Si el Comité Mixto del CETA no ha tomado una determinación conjunta en un plazo de tres

meses a partir de la remisión del asunto por el Comité de Servicios Financieros, dejará de tener

efecto la suspensión de los plazos o los procedimientos mencionada en el apartado 3 y el inversor podrá seguir adelante con su demanda.

6. Previa petición del demandado, el tribunal decidirá, con carácter previo, si el artículo 13.16.1

constituye una defensa válida contra la demanda y, en caso afirmativo, hasta qué punto. El incumplimiento, por parte del demandado, de formular dicha petición se entiende sin perjuicio de su derecho a hacer valer el artículo 13.16.1 como defensa en una fase posterior del procedimiento. El tribunal no extraerá ninguna conclusión desfavorable por el hecho de que el Comité de Servicios Financieros o el Comité Mixto del CETA no hayan acordado una definición conjunta de conformidad con el anexo 13-B.


CAPÍTULO CATORCE - SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

Este capítulo establece el marco regulador del mercado del transporte marítimo entre la UE y Canadá. Comprende medidas para garantizar a los buques comerciales un acceso justo y equitativo a los puertos y servicios portuarios. También establece algunas definiciones para que los compromisos contraídos sean claros.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

servicios de despacho de aduanas o servicios de intermediarios de aduana: la realización, a

comisión o por contrato, de las formalidades de aduana relativas a la importación, la exportación o el transporte de carga, independientemente de que esos servicios sean la actividad principal o la actividad secundaria del prestador de servicios;

servicios de estaciones y depósitos de contenedores: el almacenamiento, el llenado, el vaciado o

la reparación de contenedores, así como su preparación para el embarque, ya sea en zonas portuarias o en el interior;

operación de transporte puerta a puerta o multimodal: el transporte de carga, conforme a un

único documento de transporte, que utilice más de un modo de transporte e incluya un trayecto marítimo internacional;

servicios de enlace: el transporte previo y posterior por mar de carga internacional, incluida la

carga en contenedores, a granel en embalajes, seca a granel o líquida a granel, entre puertos situados en el territorio de una Parte. Para mayor seguridad, por lo que se refiere a Canadá, los servicios de enlace pueden incluir el transporte entre el mar y las aguas interiores, entendiéndose por aguas interiores las definidas en la Customs Act, R.S.C. 1985, c.1 (2nd Supp.);

carga internacional: las mercancías transportadas por buques marítimos entre un puerto de una

Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre un puerto de un Estado miembro de la Unión Europea y un puerto de otro Estado miembro de la Unión Europea;

servicios de transporte marítimo internacional: el transporte de pasajeros o de carga por un

buque marítimo entre un puerto de una Parte y un puerto de la otra Parte o de un tercer país, o entre un puerto de un Estado miembro de la Unión Europea y un puerto de otro Estado miembro de la Unión Europea, así como una contratación directa de prestadores de otros servicios de transportes para garantizar operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal, pero no la prestación de esos otros servicios de transporte;

prestadores de servicios de transporte marítimo internacional:

a) una empresa de una Parte, tal como se define en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación

general) y una sucursal de cualquier entidad de este tipo; o

b) una empresa, tal como se define en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación general), de un

tercer país, que sea propiedad o esté bajo control de nacionales de una Parte, si sus buques están registrados conforme a la legislación de esa Parte y enarbolan el pabellón de dicha Parte; o

c) una sucursal de una empresa de un tercer país que lleve a cabo operaciones comerciales

sustantivas en el territorio de una Parte y que participe en la prestación de servicios de transporte marítimo internacional. Para mayor seguridad, el capítulo ocho (Inversiones) no es aplicable a tales sucursales;

servicios de agencias marítimas: la representación en calidad de agente, en una zona geográfica

determinada, de los intereses comerciales de una o más líneas o compañías navieras, con los siguientes fines:

a) comercialización y venta de servicios de transporte marítimo y servicios conexos, desde la

indicación del precio hasta la facturación, y expedición de conocimientos de embarque en nombre de las compañías, adquisición y reventa de los servicios conexos necesarios, preparación de documentos y suministro de información comercial; y

b) organización, en nombre de las compañías, de la escala del buque o la asunción de los

cargamentos en caso necesario;

servicios marítimos auxiliares: los servicios de carga y descarga de transporte marítimo, servicios

de despacho de aduanas, servicios de contenedores y de depósito, servicios de agencias marítima, servicios de expedición de cargamentos marítimos y servicios de almacenamiento;

servicios de carga y descarga del transporte marítimo: la ejecución, organización y supervisión

de:

a) la carga y la descarga de un buque,

b) el amarre y el desamarre de la carga; y

c) la recepción, la entrega y la custodia de cargas antes de su embarque o después del

desembarque,

por estibadores o empresas explotadoras de terminales, pero sin incluir el trabajo realizado por

trabajadores portuarios cuando estos trabajadores están organizados de forma independiente con respecto a los estibadores o las empresas explotadoras de terminales;

servicios de expedición de cargamentos marítimos: la organización y la supervisión de los envíos

en nombre de los cargadores, mediante la prestación de servicios de este tipo, como la organización de los servicios de transporte y los servicios conexos, el grupaje y el embalaje de la carga, la preparación de documentación y la transmisión de información comercial;

servicios de almacenamiento: los servicios de almacenamiento de productos congelados o

refrigerados y los servicios de almacenamiento a granel de líquidos o gases, y otros servicios de almacenamiento.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas que una Parte adopte o mantenga respecto a la

prestación de servicios de transporte marítimo internacional22. Para mayor seguridad, tales medidas también estarán sujetas a los capítulos ocho (Inversiones) y nueve (Prestación transfronteriza de servicios), según proceda.

2. Para mayor seguridad, conforme a los artículos 8.6 (Trato nacional), 8.7 (Trato de nación más

favorecida), 9.3 (Trato nacional) y 9.5 (Trato de nación más favorecida), ninguna Parte adoptará ni mantendrá una medida respecto a:

a) un buque que preste un servicio de transporte marítimo internacional y que enarbole el

pabellón de la otra Parte23; o

b) un prestador de servicios de transporte marítimo internacional de la otra Parte,

que conceda un trato menos favorable que el concedido por esa Parte, en situaciones similares, a sus

propios buques y a sus propios prestadores de servicios de transporte marítimo internacional, o a los buques o a los prestadores de servicios de transporte marítimo internacional de un tercer país con respecto a:

a) el acceso a los puertos;

b) el uso de infraestructuras y servicios de puertos como, por ejemplo, el remolque y el

practicaje;

c) el uso de servicios marítimos auxiliares, así como la imposición de tasas y gravámenes

conexos;

d) el acceso a las instalaciones aduaneras; o

e) la asignación de atracaderos e instalaciones de carga y descarga24.

puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, hecho en Roma el 22 de noviembre de 2009.

Obligaciones

1. Cada Parte permitirá a los prestadores de servicios de transporte marítimo internacional de la

otra Parte reubicar los contenedores vacíos, tanto propios como arrendados, que se transporten de forma gratuita entre los puertos de dicha Parte.

2. Una Parte permitirá que los prestadores de servicios de transporte marítimo internacional de la

otra Parte presten servicios de enlace entre los puertos de dicha Parte.

3. Ninguna Parte podrá adoptar o mantener un acuerdo de reparto de cargamento con un tercer

país relativo a cualquier servicio de transporte marítimo internacional, lo que incluye el comercio a granel de cargamentos líquidos y sólidos y el comercio en buques de línea.

4. Ninguna Parte adoptará o mantendrá una medida que exija que la totalidad o una parte de

cualquier cargamento internacional sea transportado exclusivamente por buques registrados en el territorio de esa Parte, o que sean propiedad o estén bajo control de nacionales de dicha Parte.

5. Ninguna Parte adoptará o mantendrá una media que impida a prestadores de servicios de

transporte marítimo internacional de la otra Parte contratar directamente operaciones de transporte puerta a puerta o multimodal con otros prestadores de servicios de transporte.

Reservas

1. El artículo 14.3 no será aplicable a:

a) una medida no conforme vigente que mantenga una Parte a escala de:

i) la Unión Europea, tal como se establece en la lista del anexo I;

ii) una administración nacional, tal como establezca dicha Parte en su lista del anexo I;

iii) una administración provincial, territorial o regional, tal como establezca dicha Parte en

su lista del anexo I; o

iv) una administración local;

b) la continuación o la rápida renovación de una medida no conforme contemplada en la letra a);

o

c) la modificación de una medida no conforme contemplada en la letra a), en el grado en que la

modificación no reduzca la conformidad de la medida, tal como existía inmediatamente antes de la modificación, con el artículo 14.3.

2. El artículo 14.3 no es aplicable a una medida que adopte o mantenga una Parte con respecto a

sectores, subsectores o actividades, tal como se establece en su lista del anexo II.


CAPÍTULO QUINCE - TELECOMUNICACIONES

En este capítulo, la UE y Canadá se comprometen a ofrecer a las empresas de la otra Parte un acceso justo y equitativo a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones. Incluye normas para garantizar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones  y confirma el derecho de los clientes a:

  • mantener su número al cambiar de proveedor
  • recibir servicios de telecomunicaciones en zonas remotas.
Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

enlace de contribución: un enlace para la transmisión de señales de radiodifusión sonora o de

televisión a un centro de producción de programas;

basado en los costes: en función del coste, lo que puede implicar que se adopten distintas

metodologías de costes para distintas instalaciones o distintos servicios;

empresa: «empresa», según se define en el artículo 8.1 (Definiciones);

instalaciones esenciales: las instalaciones de una red o servicio público de transporte de

telecomunicaciones:

a) que sean suministradas exclusiva o predominantemente por un solo proveedor o un número

limitado de proveedores; y

b) cuya sustitución a fin de prestar un servicio no sea viable económica o técnicamente;

interconexión: el enlace con proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte

de telecomunicaciones, con objeto de que los usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y acceder a los servicios prestados por otro proveedor;

comunicaciones intraempresariales: las telecomunicaciones mediante las cuales una empresa se

comunica internamente o con sus filiales, sucursales y, a reserva del Derecho de cada Parte, afiliadas, pero sin incluir los servicios comerciales o no comerciales que se prestan a empresas que no sean filiales, sucursales o afiliadas, o se ofrecen a clientes o a posibles clientes. A efectos de esta definición, «filiales», «sucursales» y, en su caso, «afiliadas» serán las definidas por cada Parte;

circuitos arrendados: las instalaciones de telecomunicaciones entre dos o más puntos designados

que se reservan para uso específico de un cliente concreto o de otros usuarios que elija el consumidor;

proveedor principal: un proveedor con capacidad de afectar de manera importante las condiciones

de participación, desde el punto de vista de los precios y del suministro, en el mercado pertinente de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, como resultado:

a) del control de instalaciones esenciales; o

b) del aprovechamiento de su posición en el mercado;

punto de terminación de red: el punto físico en el que el usuario accede a una red pública de

transporte de telecomunicaciones;

portabilidad del número: la capacidad de los usuarios finales de los servicios públicos de

transporte de telecomunicaciones para mantener, en la misma localidad, los mismos números de teléfono sin deterioro alguno de la calidad, la fiabilidad o la comodidad al cambiar entre proveedores de servicios públicos similares de transporte de telecomunicaciones;

red pública de transporte de telecomunicaciones: la infraestructura pública de

telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una red;

servicio público de transporte de telecomunicaciones: un servicios de transporte de

telecomunicaciones que una Parte exija, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general y caracterizado por la transmisión en tiempo real de la información facilitada por los clientes entre dos o más puntos, sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o el contenido de dicha información. Tal servicio puede incluir, entre otros, servicios de teléfono, de transmisión de datos con conmutación de paquetes, de transmisión de datos con conmutación de circuitos, de télex, de telégrafos, o de facsímil, servicios privados de circuitos arrendados y servicios y sistemas de comunicaciones móviles y personales;

autoridad reguladora: el organismo responsable de la regulación de las telecomunicaciones;

servicios de telecomunicaciones: todos los servicios consistentes en transmitir y recibir señales por

cualquier medio electromagnético, pero sin incluir la actividad económica consistente en suministrar contenidos mediante telecomunicaciones; y

usuario: una empresa o una persona física que utilice o solicite un servicio de telecomunicaciones

accesible al público.

Ámbito de aplicación

1. El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte en

relación con las redes o los servicios de telecomunicaciones, sujeto al derecho de una Parte de limitar la prestación de un servicio con arreglo a sus reservas expuestas en su lista de los anexos I o II.

2. El presente capítulo no es aplicable a una medida de una Parte que afecte a la transmisión por

cualquier medio de telecomunicaciones, incluidas la radiodifusión y la distribución por cable de programas de radio o de televisión destinados a su recepción por el público. Para mayor seguridad, el presente capítulo es aplicable a un enlace de contribución.

3. El presente capítulo:

a) no exige a una Parte que autorice a un proveedor de servicios de la otra Parte a establecer,

instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de telecomunicaciones distintos de los especificados en el presente Acuerdo; ni

b) tampoco exige a una Parte que obligue a un proveedor de servicios que cree, instale, adquiera,

alquile, explote o suministre redes o servicios de telecomunicaciones que no se ofrecen al público en general.

Acceso a las redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones

y utilización de los mismos

1. Cada Parte garantizará que se concede a las empresas de la otra Parte un acceso a redes o

servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de forma razonable y en condiciones no discriminatorias, así como el uso de tales redes o servicios, en particular por lo que respecta a la calidad y las normas y especificaciones técnicas25. Las Partes aplicarán esta obligación, entre otras cosas, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 a 6.

2. Cada Parte garantizará que las empresas de la otra Parte tengan acceso a cualquier red o

servicio públicos de transporte de telecomunicaciones ofrecidos dentro o más allá de sus fronteras, así como que puedan utilizar tales redes o servicios, incluidos los servicios de circuitos privados arrendados, y a tal fin garantizarán, sin perjuicio de los apartados 5 y 6, que estas empresas estén autorizadas a:

a) comprar, alquilar y conectar terminales u otros equipos que interactúen con la red pública de

transporte de telecomunicaciones;

b) conectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes o servicios públicos de transporte

de telecomunicaciones de dicha Parte o con circuitos arrendados por otra empresa;

c) utilizar los protocolos de funcionamiento por los que opten; y

d) ejecuten funciones de conmutación, señalización y procesamiento.

3. Cada Parte garantizará que las empresas de la otra Parte puedan utilizar las redes y los

servicios públicos de telecomunicaciones para la circulación de información dentro de su territorio o más allá de sus fronteras, incluidas las comunicaciones intraempresariales de dichas empresas, y para el acceso a la información contenida en bases de datos o almacenada de otro modo en forma legible por máquina en el territorio de cualquiera de las Partes.

4. Conforme al artículo 28.3 (Excepciones generales) y no obstante lo dispuesto en el

apartado 3, las Partes adoptarán las medidas adecuadas para proteger:

a) la seguridad y la confidencialidad de los servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones; y

b) la privacidad de los usuarios de los servicios públicos de transporte de telecomunicaciones;

a condición de que dichas medidas no se apliquen de modo que constituyan un medio de

discriminación arbitraria o injustificada o una restricción encubierta al comercio.

5. Cada Parte garantizará que no se impongan al acceso a las redes y servicios públicos de

transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos más condiciones de las necesarias para:

a) salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las redes y servicios públicos de

transporte de telecomunicaciones en cuanto servicios públicos, en particular su capacidad para poner sus redes o servicios a disposición del público en general;

b) proteger la integridad técnica de redes o servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones; o

c) velar por que los proveedores de servicios de la otra Parte no presten servicios limitados por

las reservas de la Parte que figuran en su lista de los anexos I o II.

6. Siempre que satisfagan los criterios establecidos en el apartado 5, las condiciones para el

acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y para la utilización de los mismos podrán incluir:

a) restricciones a la reventa o utilización compartida de dichos servicios;

b) el requisito de utilizar interfaces técnicas especificadas, con inclusión de protocolos de

interfaz, para la conexión con tales redes o servicios;

c) en caso necesario, requisitos para la interoperabilidad de dichos servicios;

d) la homologación del equipo terminal u otro equipo que esté en interfaz con la red y requisitos

técnicos relativos a la conexión de tal equipo a esas redes;

e) restricciones sobre la conexión de circuitos privados, arrendados o propios, con esas redes o

servicios o con circuitos, arrendados o propios, de otra empresa; y

f) notificación, registro y licencias.

Salvaguardias competitivas respecto a los proveedores principales

1. Cada Parte mantendrá medidas adecuadas para impedir que aquellos proveedores que,

individual o conjuntamente, sean un proveedor principal empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas.

2. Entre las prácticas anticompetitivas mencionadas en el apartado 1 se encuentran:

a) realizar subvenciones cruzadas contrarias a la competencia;

b) utilizar información obtenida de competidores, con resultados contrarios a la competencia; y

c) no poner, a su debido tiempo, a disposición de los demás proveedores de servicios

información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercialmente pertinente que estos necesiten para prestar servicios.

Acceso a las instalaciones esenciales

1. Cada Parte velará por que un proveedor principal de su territorio ponga a disposición sus

instalaciones esenciales, entre ellas elementos de la red, sistemas de apoyo operativos o estructuras de apoyo, a proveedores de servicios de telecomunicaciones de la otra Parte, en condiciones razonables y no discriminatorias y con tarifas basadas en los costes.

2. Cada Parte podrá determinar, de conformidad con sus leyes, las instalaciones esenciales que

deben estar obligatoriamente disponibles en su territorio.

Interconexión

1. Las Partes velarán por que un proveedor principal de su territorio facilite la interconexión:

a) en cualquier punto técnicamente viable de la red;

b) en condiciones no discriminatorias, lo que incluye las normas y especificaciones técnicas y las

tarifas;

c) de una calidad que no sea menos favorable que la proporcionada por sus propios servicios

similares o por servicios similares de proveedores de servicios no afiliados o de sus filiales y otros afiliados;

d) de manera oportuna, en condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) y con

tarifas basadas en los costes que sean transparentes y razonables, tengan en cuenta la viabilidad económica y estén suficientemente desagregadas para que el proveedor no deba pagar por componentes o instalaciones de la red que no necesite para la prestación del servicio; y

e) previa solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de la red ofrecidos a la

mayoría de los usuarios, a un precio que refleje el coste de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.

2. Un proveedor que esté autorizado a prestar servicios de telecomunicaciones tendrá derecho a

negociar un nuevo acuerdo de interconexión con otros proveedores de redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones. Cada Parte velará por que se exija a los proveedores principales que establezcan una oferta de interconexión de referencia o negocien acuerdos de interconexión con otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.

3. Cada Parte garantizará que los prestadores de servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones que adquieran información de otro prestador de servicios durante el proceso de negociación de los acuerdos de interconexión utilicen dicha información únicamente para el propósito para el que fue facilitada y respeten en todo momento la confidencialidad de la información transmitida o almacenada.

4. Cada Parte velará por que se pongan a disposición del público los procedimientos aplicables a

la interconexión con un proveedor principal.

5. Cada Parte garantizará que un proveedor principal ponga a disposición del público sus

acuerdos de interconexión o su oferta de interconexión de referencia, si procede.

Autorización para prestar servicios de telecomunicaciones

Cada Parte debe cerciorarse de que la autorización para prestar servicios de telecomunicaciones se

base, en la medida de lo posible, en un simple procedimiento de notificación.

Servicio universal

1. Cada Parte tiene derecho a definir el tipo de obligaciones de servicio universal que desea

mantener.

2. Cada Parte velará por que cualquier medida relativa al servicio universal que adopte o

mantenga se administre de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y con neutralidad para la competencia. Cada Parte garantizará, asimismo, que ninguna obligación de servicio universal impuesta sea más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio universal que la Parte haya definido.

3. Todos los proveedores deben ser elegibles para garantizar un servicio universal. Cuando un

proveedor haya de ser designado como proveedor de un servicio universal, una Parte garantizará que la selección se realice mediante un mecanismo eficiente, transparente y no discriminatorio.

Recursos escasos

1. Cada Parte gestionará sus procedimientos para la asignación y la utilización de recursos

escasos, como las frecuencias, los números y los derechos de paso, de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 8.4 (Acceso a los mercados) y 9.6 (Acceso a los

mercados), una Parte podrá adoptar o mantener una medida que asigne un espectro y gestione frecuencias. En consecuencia, cada Parte sigue teniendo derecho a establecer y aplicar sus políticas sobre espectro y gestión de frecuencias que puedan limitar el número de proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones. Las Partes también conservan el derecho a asignar bandas de frecuencias teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras.

3. Cada Parte pondrá el estado actual de las bandas de frecuencia asignadas a disposición del

público, pero no estará obligada a proporcionar una identificación detallada de las frecuencias asignadas para la utilización de una administración pública concreta.

Portabilidad del número

Cada Parte velará por que los proveedores de servicios públicos de transporte de

telecomunicaciones de su territorio faciliten la portabilidad de los números en condiciones razonables.

Autoridad reguladora

1. Cada Parte velará por que la autoridad reguladora sea jurídicamente distinta y funcionalmente

independiente de cualquier proveedor de redes, servicios o equipos de transporte de telecomunicaciones, incluso si una Parte mantiene la propiedad o el control de un prestador de redes o servicios de transporte de telecomunicaciones.

2. Cada Parte garantizará que las decisiones y los procedimientos de su autoridad reguladora

sean imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado y se gestionen de forma transparente y a su debido momento.

3. Cada Parte garantizará que su autoridad reguladora tenga facultades suficientes para regular el

sector, garantizando asimismo que tiene la facultad de:

a) exigir a los proveedores de redes o servicios de transporte de telecomunicaciones que

presenten toda la información que la autoridad reguladora considere necesaria para gestionar sus responsabilidades; y

b) hacer cumplir sus decisiones relativas a las obligaciones establecidas en los artículos 15.3

a 15.6, a través de sanciones adecuadas, entre ellas multas, órdenes correctivas o la suspensión o revocación de licencias.

Solución de diferencias en materia de telecomunicaciones

Recurso a las autoridades reguladoras

1. Conforme a los artículos 27.3 (Procedimientos administrativos) y 27.4 (Reconsideración y

recurso), cada Parte garantizará que:

a) las empresas pueden recurrir, a su debido tiempo, a un organismo regulador para resolver

diferencias con los proveedores de redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones respecto a los asuntos contemplados en los artículos 15.3 a 15.6 y que, con arreglo a la legislación de la Parte están dentro de la jurisdicción de la autoridad reguladora. Cuando proceda, la autoridad reguladora tomará una decisión vinculante para resolver la diferencia en un plazo razonable; y

b) los proveedores de redes o servicios de telecomunicaciones de la otra Parte que soliciten

acceso a instalaciones esenciales o la interconexión con un proveedor principal en el territorio de la Parte puedan recurrir, en un plazo razonable y especificado públicamente, a una autoridad reguladora para resolver diferencias relativas a las condiciones y tarifas de interconexión apropiadas o al acceso a dicho proveedor principal.

Recurso y reconsideración de las determinaciones o decisiones de la autoridad reguladora

2. Cada Parte velará por que una empresa cuyos intereses se vean afectados desfavorablemente

por una determinación o decisión de una autoridad reguladora puedan lograr que una autoridad judicial, cuasijudicial o administrativa, imparcial e independiente, conforme a lo dispuesto en el Derecho de la Parte, reconsidere la determinación o decisión. La autoridad judicial, cuasijudicial o administrativa comunicará por escrito a la empresa las razones en las que basa su determinación o decisión. Cada Parte velará por que dichas determinaciones o decisiones, a reserva de la posibilidad de recurso o reconsideración posterior, sean aplicadas por la autoridad reguladora.

3. Ninguna solicitud de reconsideración judicial constituirá un argumento para incumplir la

determinación o decisión de la autoridad reguladora, a menos que la autoridad judicial pertinente suspenda tal determinación o decisión.

Transparencia

1. Conforme a los artículos 27.1 (Publicación) y 27.2 (Suministro de información) y a las demás

disposiciones del presente capítulo relativas a la publicación de información, cada Parte hará públicas:

a) las responsabilidades de una autoridad reguladora, de forma fácilmente accesible y clara, en

particular en caso de que dichas responsabilidades se asignen a más de un organismo;

b) sus medidas relativas a las redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones,

con inclusión de:

i) los reglamentos de su autoridad reguladora, así como la base de dichos reglamentos;

ii) las tarifas y las demás condiciones de los servicios;

iii) las especificaciones de las interfaces técnicas;

iv) las condiciones para unir terminales u otros equipos a las redes de transporte de

telecomunicaciones;

v) los requisitos de notificación, autorización, registro, o concesión de licencias, en caso de

haberlos; y

c) la información sobre los organismos responsables de elaborar, modificar o adoptar medidas

relacionadas con normas.

Tolerancia

Las Partes reconocen la importancia de un mercado competitivo a fin de alcanzar objetivos

legítimos de política pública para los servicios de telecomunicaciones. A tal fin y en la medida en que lo establezca su Derecho, cada Parte podrá abstenerse de aplicar un reglamento a un servicio de telecomunicaciones cuando, tras un análisis del mercado, se determine que se ha alcanzado una competencia efectiva.

Relación con otros capítulos

En caso de incompatibilidad entre el presente capítulo y cualquier otro capítulo, el presente capítulo

prevalecerá respecto de la incompatibilidad.


CAPÍTULO DIECISÉIS - COMERCIO ELECTRÓNICO

Este capítulo hace referencia a todas las actividades comerciales realizadas por medios electrónicos (por ejemplo, las compras por internet). Comprende normas para garantizar la protección de la información personal en internet y la exención del pago de derechos de aduana de los servicios online. Canadá y la UE también se comprometen a cooperar sobre cuestiones relacionadas con el comercio electrónico, por ejemplo en la lucha contra el correo basura (spam).

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

entrega: un programa de ordenador, grabación de sonido, texto, vídeo, imágenes, u otra entrega

codificada en formato digital; y

comercio electrónico: el comercio realizado mediante telecomunicaciones, por sí solo o junto con

otras tecnologías de la información y la comunicación.

Objetivo y ámbito de aplicación

1. Las Partes reconocen que el comercio electrónico aumenta el crecimiento económico y las

oportunidades comerciales en numerosos sectores, y confirman la aplicabilidad de las normas de la OMC al comercio electrónico. Acuerdan promover el desarrollo del comercio electrónico entre ellas, en particular cooperando en las cuestiones planteadas en materia de comercio electrónico con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.

2. El presente capítulo no obliga a ninguna Parte a autorizar una entrega transmitida por medios

electrónicos, excepto con arreglo a las obligaciones de la Parte en virtud de otra disposición del presente Acuerdo.

Derechos de aduana de las entregas electrónicas

1. Ninguna Parte impondrá gravámenes, tasas ni derechos de aduana a las entregas transmitidas

por medios electrónicos.

2. En aras de una mayor seguridad, el apartado 1 no impedirá a ninguna Parte imponer un

impuesto interno u otro gravamen interno a una entrega transmitida por medios electrónicos, si el impuesto o gravamen se impone de manera compatible con el presente Acuerdo.

Confianza en el comercio electrónico

Cada Parte debe adoptar o mantener disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para la

protección de la información personal de los usuarios que utilizan el comercio electrónico y, al hacerlo, tomará debidamente en consideración las normas internacionales de protección de datos de las organizaciones internacionales pertinentes a las que pertenecen ambas Partes.

Disposiciones generales

Teniendo en cuenta el potencial del comercio electrónico como medio de desarrollo económico y

social, las Partes reconocen la importancia de:

a) la claridad, la transparencia y la previsibilidad de sus marcos reglamentarios nacionales para

facilitar, en la mayor medida posible, el desarrollo del comercio electrónico;

b) la interoperabilidad, la innovación y la competencia a la hora de facilitar el comercio

electrónico; y

c) la facilitación del uso del comercio electrónico a las pequeñas y medianas empresas.

Diálogo sobre comercio electrónico

1. Reconociendo el carácter global del comercio electrónico, las Partes convienen en mantener

un diálogo sobre las cuestiones que plantea el comercio electrónico, en el que se abordarán, entre otras cosas:

a) el reconocimiento de los certificados de firma electrónica expedidos para el público y el

suministro de servicios de certificación transfronteriza;

b) la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación respecto a la transmisión

o el almacenamiento de información;

c) el tratamiento de las comunicaciones comerciales electrónicas no solicitadas; y

d) la protección de la información personal, así como la protección de los consumidores y de las

empresas frente a las prácticas comerciales fraudulentas y engañosas en el ámbito del comercio electrónico.

2. El diálogo contemplado en el apartado 1 podrá adoptar la forma de un intercambio de

información sobre las respectivas leyes, los reglamentos y otras medidas sobre estas cuestiones, así como la puesta en común de experiencias sobre la aplicación de tales leyes, reglamentos y otras medidas.

3. Reconociendo el carácter global del comercio electrónico, las Partes afirman la importancia

de participar activamente en los foros multilaterales para promover el desarrollo del comercio electrónico.

Relación con otros capítulos

En caso de incompatibilidad entre el presente capítulo y otro capítulo del presente Acuerdo,

prevalecerá el otro capítulo respecto de la incompatibilidad.


CAPÍTULO DIECISIETE - POLÍTICA DE COMPETENCIA

En este capítulo, la UE y Canadá acuerdan prohibir y sancionar las prácticas que distorsionen la competencia y el comercio. Dichas prácticas son:

  • los carteles
  • el comportamiento abusivo de empresas con posición dominante en el mercado
  • las fusiones anticompetitivas.

Ambas Partes respetarán las normas y actuarán de manera equitativa y transparente a la hora de aplicar su legislación sobre competencia e investigar a las empresas que pudieran infringirla. Las Partes reconocen también la importancia de la cooperación entre sus respectivas autoridades de competencia.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

conductas empresariales contrarias a la competencia: los acuerdos contrarios a la competencia,

las prácticas concertadas o los acuerdos entre competidores, las prácticas contrarias a la competencia de una empresa que ocupa una posición dominante en un mercado, y las fusiones con efectos importantes contrarios a la competencia; y

servicio de interés económico general: para la Unión Europea, un servicio que una empresa que

opere en condiciones normales de mercado no puede prestar satisfactoriamente ni en unas condiciones respecto al precio, las características de calidad objetivas, la continuidad y el acceso al servicio que sean acordes con el interés público. El Estado debe confiar la gestión de un servicio de interés económico general a una o más empresas mediante una atribución de servicio público que defina las obligaciones del Estado y de las empresas en cuestión.

Política de competencia

1. Las Partes reconocen la importancia de la competencia libre y sin distorsiones en sus

relaciones comerciales. Son conscientes de que las conductas comerciales contrarias a la competencia pueden distorsionar el correcto funcionamiento de los mercados y mermar los beneficios de la liberalización del comercio.

2. Las Partes adoptarán las medidas apropiadas para prohibir las conductas empresariales

contrarias a la competencia, reconociendo que estas medidas mejorarán el cumplimiento de los objetivos del presente Acuerdo.

3. Las Partes cooperarán en los asuntos relativos a la prohibición de las conductas empresariales

contrarias a la competencia en la zona de libre comercio de conformidad con el Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de competencia, hecho en Bonn el 17 de junio de 1999.

4. Las medidas mencionadas en el apartado 2 serán coherentes con los principios de

transparencia, no discriminación y equidad procesal. Las excepciones de la aplicación de la normativa de competencia serán transparentes. Cada Parte facilitará a la otra Parte la información pública acerca de tales exclusiones previstas en su legislación en materia de competencia.

Aplicación de la política de competencia a las empresas

1. Cada Parte deberá garantizar que las medidas a que se refiere el artículo 17.2.2 se apliquen a

las Partes en el grado exigido por su legislación.

2. Para mayor certidumbre:

a) respecto a Canadá, la Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34 es vinculante y se aplica a los

agentes de Su Majestad en derecho de Canadá, o de una provincia, que sean una corporación, con respecto a las actividades comerciales que practica la corporación en competencia, real o potencial, con otras personas hasta el punto que se aplicaría si el agente no fuera agente de Su Majestad; dichos agentes podrán ser empresas estatales, monopolios y empresas titulares de

derechos o privilegios especiales o exclusivos; y

b) en la Unión Europea, las empresas estatales, los monopolios y las empresas que gozan de

derechos o privilegios especiales están sujetas a las normas de la Unión Europea en materia de competencia. Sin embargo, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal están sometidas a dichas normas en la medida en que la aplicación de tales normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de las misiones específicas a ellas confiadas.

Solución de diferencias

Nada de lo dispuesto en el presente capítulo estará sujeto a ninguna forma de solución de

diferencias en virtud del presente Acuerdo.


CAPÍTULO DIECIOCHO - EMPRESAS ESTATALES, MONOPOLIOS Y EMPRESAS QUE GOZAN DE DERECHOS O PRIVILEGIOS ESPECIALES

En este capítulo, la UE y Canadá acuerdan no intervenir en las condiciones de competencia de las empresas privadas ni adoptar medidas que pudieran distorsionarlas. Ambas partes velarán por que las empresas públicas, los monopolios y las empresas con derechos especiales no discriminen los bienes, servicios o inversiones procedentes de la otra Parte.

De esta manera se garantiza que la competencia entre las empresas privadas y las públicas no se vea afectada negativamente. Las normas garantizan que las dos Partes tengan plena libertad de elección sobre la manera en que proporcionan servicios públicos a sus ciudadanos.

Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

entidad cubierta:

a) un monopolio;

b) un proveedor de un bien o servicio, si forma parte de un número reducido de proveedores de

bienes o servicios autorizados o establecidos por una Parte, formalmente o de hecho, y la Parte impide de forma sustancial la competencia entre esos proveedores en su territorio;

c) cualquier entidad a la que una Parte haya concedido, formalmente o de hecho, derechos o

privilegios especiales para el suministro de un bien o servicio, que afectan de forma importante a la capacidad de cualquier otra empresa para suministrar los mismos bienes o servicios en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes y que permitan que la entidad escape, en su totalidad o en parte, de las presiones de la competencia o las limitaciones del mercado26; o

d) una empresa estatal;

designar: crear o autorizar un monopolio, o ampliar el ámbito de un monopolio para que abarque

un bien o un servicio adicional;

con arreglo a consideraciones comerciales: en consonancia con las prácticas comerciales

habituales de una empresa de propiedad privada en la actividad o el sector correspondientes; y

trato no discriminatorio: lo que sea mejor entre el trato nacional o el trato de nación más

favorecida, tal como se establece en el presente Acuerdo.

Ámbito de aplicación

1. Las Partes confirman sus derechos y obligaciones en virtud de los artículos XVII:1 a XVII:3

del GATT de 1994, el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y los artículos VIII:1 y VIII:2 del AGCS, que se incorporan e integran en el presente Acuerdo.

2. El presente capítulo no se aplicará a la contratación de los bienes o servicios adquiridos por

una Parte con fines oficiales y no destinados a la reventa comercial ni a su utilización en el suministro de bienes o servicios para la venta comercial, ni siquiera en caso de que dicha contratación constituya un «contratación cubierta» en el sentido del artículo 19.2 (Alcance y ámbito de aplicación).

3. Los artículos 18.4 y 18.5 no se aplicarán a los sectores contemplados en el artículo 8.2

(Ámbito de aplicación) y en el artículo 9.2 (Ámbito de aplicación).

4 Los artículos 18.4 y 18.5 no se aplicarán a las medidas de una entidad cubierta si fuera

aplicable una reserva de una Parte, adoptada contra un trato nacional o de nación más favorecida, tal como figura en la lista de dicha Parte de los anexos I, II o III, en el caso de que dicha Parte haya adoptado o mantenido la misma medida.

Empresas estatales, monopolios y empresas que gozan de derechos o privilegios especiales

1. Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de las Partes con arreglo al presente Acuerdo,

nada de lo dispuesto en el presente capítulo Impide que una Parte designe o mantenga una empresa estatal o un monopolio, o conceda derechos o privilegios especiales.

2. Ninguna Parte podrá exigir a una entidad cubierta que actúe de manera incompatible con el

presente Acuerdo ni alentarla a que lo haga.

Trato no discriminatorio

1. Cada Parte garantizará que, en su territorio, las entidades cubiertas otorguen un trato no

discriminatorio a las inversiones cubiertas, a las mercancías de la otra Parte o a los prestadores de servicios de la otra Parte en la adquisición o venta de una mercancía o un servicio.

2. Si una entidad cubierta descrita en las letras b) a d) de la definición de «entidad cubierta» del

artículo 18.1 actúa de conformidad con el artículo 18.5.1, se considerará que la Parte en cuyo territorio se encuentre la entidad cubierta cumple las obligaciones establecidas en el apartado 1 en relación con esa entidad cubierta.

Consideraciones comerciales

1. Cada Parte garantizará que las entidades cubiertas de su territorio actúan conforme a

consideraciones comerciales en la adquisición o venta de mercancías, en particular en lo que se refiere a su precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de adquisición o venta, así como en la adquisición o prestación de servicios, incluso cuando tales bienes o servicios se suministren a un inversor de la otra Parte o sean suministrados por un inversor de la otra Parte.

2. Si el comportamiento de una entidad cubierta es coherente con el artículo 18.4 y el

capítulo diecisiete (Política de competencia), la obligación prevista en el apartado 1 no se aplicará:

a) en el caso de un monopolio, al cumplimiento de la finalidad para la que se ha creado el

monopolio o para la que se han concedido derechos o privilegios especiales, como una obligación de servicio público o desarrollo regional; o

b) en el caso de una empresa estatal, al cumplimiento de su misión de servicio público.


CAPÍTULO DIECINUEVE - CONTRATACIÓN PÚBLICA

Este capítulo precisa los ámbitos en los que las empresas de la UE y Canadá pueden suministrar bienes y prestar servicios a las administraciones de la otra Parte, en cualquier nivel: nacional, regional, provincial y local. Para ello, las empresas deben cumplir normas específicas sobre:

  • el valor de los bienes, los servicios o el contrato
  • el tipo de cliente
  • los bienes y servicios autorizados (véase el anexo).
Definiciones

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

bienes o servicios comerciales: los bienes o servicios de un tipo generalmente vendido o puesto en

venta en el mercado comercial y habitualmente adquiridos por compradores no gubernamentales para fines no gubernamentales;

servicio de construcción: un servicio que tiene por objeto la realización, sea cual fuere el medio

empleado, de obras públicas o la construcción de edificios, con arreglo a la división 51 de la Clasificación Central Provisional de Productos de las Naciones Unidas («CCP»);

subasta electrónica: un proceso iterativo que implica el uso de medios electrónicos para que los

proveedores presenten bien nuevos precios o bien nuevos valores para elementos cuantificables de la oferta pero no relativos al precio que estén relacionados con los criterios de evaluación, o ambas cosas, lo cual debe dar lugar a una clasificación o reclasificación de las ofertas;

por escrito o escrito: toda expresión de información en palabras o números que se pueda leer,

reproducir y retransmitir; podrá incluir información transmitida y almacenada electrónicamente;

licitación restringida: un método de contratación pública por el que la entidad contratante se pone

en contacto con uno o varios proveedores de su elección;

medida: cualquier ley, reglamento, procedimiento, instrucciones o prácticas administrativas, o

cualquier acción de una entidad contratante relativa a una actividad de contratación cubierta;

lista de uso múltiple: cualquier lista de proveedores sobre los que una entidad contratante ha

determinado que satisfacen las condiciones para figurar en dicha lista y que la entidad contratante se propone utilizar más de una vez;

anuncio de contratación prevista: un anuncio publicado por una entidad contratante en el que se

invita a los proveedores interesados a presentar una solicitud de participación, una oferta, o ambas;

condiciones compensatorias: cualquier condición o compromiso que fomente el desarrollo local o

que mejore las cuentas de la balanza de pagos de una Parte como, por ejemplo, el uso de contenido local, la concesión de licencias de tecnología, la inversión, el comercio compensatorio y acciones o requisitos análogos;

licitación abierta: un método de contratación pública por el que todos los proveedores interesados

pueden presentar una oferta;

persona: «persona», tal como se define en el artículo 1.1 (Definiciones de aplicación general);

entidad contratante: una entidad comprendida en los anexos 19-1, 19-2 o 19-3 de la lista de acceso

al mercado de una Parte para el presente capítulo;

proveedor cualificado: todo proveedor al que una entidad contratante reconoce que cumple las

condiciones para participar;

licitación selectiva: un procedimiento de contratación pública por el que solo pueden presentar una

oferta los proveedores cualificados invitados por la entidad contratante;

servicios: incluye los servicios de construcción, salvo disposición en contrario;

norma: un documento aprobado por un organismo reconocido en el que se establecen, para uso

general y reiterado, normas, directrices o características de bienes o servicios, o los procedimientos y métodos de producción correspondientes, cuyo cumplimiento no es obligatorio; también puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un bien, servicio, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas;

proveedor: una persona o un grupo de personas que suministre o pueda suministrar bienes o

servicios; y

especificación técnica: un requisito de la licitación que:

a) estipula las características de los bienes o servicios que se deban suministrar, como calidad,

rendimiento, seguridad y dimensiones, o los procedimientos y métodos para su producción o suministro, o

b) estipula los requisitos relativos a terminología, símbolos, embalaje, marcado y etiquetado

aplicables a un bien o servicio.

Alcance y ámbito de aplicación

Aplicación del presente capítulo

1. El presente capítulo se aplica a las medidas relativas a una contratación cubierta,

independientemente de que se realice, exclusiva o parcialmente, por medios electrónicos.

2. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «contratación cubierta» la contratación a

efectos gubernamentales:

a) de bienes, servicios, o cualquier combinación de ambos:

i) que se enumeran en los anexos de cada Parte a su lista de acceso a los mercados

respecto al presente capítulo; y

ii) no adquiridos con vistas a la venta o reventa comercial, o para su uso en la producción o

el suministro de bienes o servicios para la venta o reventa comercial;

b) por cualquier medio contractual, con inclusión de: la compra, el arrendamiento financiero, y

el alquiler o la compra a plazos, con o sin opción de compra;

c) cuyo valor, estimado con arreglo a los apartados 6 a 8, en el momento de la publicación de un

anuncio de conformidad con el artículo 19.6, sea igual o mayor que el valor de umbral

correspondiente especificado en los anexos de una Parte a su lista de acceso a los mercados respecto al presente capítulo;

d) por una entidad contratante; y

e) que no quede excluida de otro modo del ámbito de aplicación del apartado 3 o de los anexos

de una Parte a su lista de acceso a los mercados respecto al presente capítulo.

3. Salvo que se disponga otra cosa en los anexos de una Parte a su lista de acceso a los mercados

respecto al presente capítulo, el presente capítulo no se aplica a:

a) la adquisición o el arrendamiento de tierras, edificios existentes u otros bienes inmuebles ni a

los derechos correspondientes;

b) los acuerdos no contractuales o cualquier forma de asistencia que preste una Parte, incluidos

acuerdos de cooperación, subvenciones, préstamos, aportaciones de capital, garantías e incentivos fiscales;

c) la contratación o adquisición de servicios de organismos fiscales o de depositario, servicios de

liquidación y gestión para instituciones financieras reguladas, o servicios relacionados con la venta, amortización y distribución de deuda pública, incluidos préstamos, bonos, obligaciones y otros valores del Estado;

d) los contratos de empleo público;

e) la contratación realizada:

i) con el propósito directo de prestar ayuda internacional, incluida la ayuda al desarrollo;

ii) con arreglo a una condición o un procedimiento específico de un acuerdo internacional

relativo al estacionamiento de tropas o a la ejecución conjunta por los países signatarios de un proyecto; o

iii) con arreglo a una condición o un procedimiento específico de una organización

internacional o financiada por subvenciones, préstamos u otra ayuda internacionales cuando el procedimiento o la condición aplicables sean contrarios a lo dispuesto en el presente capítulo.

4. Las contrataciones públicas sujetas al presente capítulo serán todas las contrataciones públicas

cubiertas por las listas de acceso a los mercados de la Unión Europea y Canadá, en las que se indican los compromisos de cada Parte como sigue:

a) en el anexo 19-1, las entidades de la administración central cuyas contrataciones están

cubiertas por el presente capítulo;

b) en el anexo 19-2, las entidades de la administración subcentral cuyas contrataciones están

cubiertas por el presente capítulo;

c) en el anexo 19-3, todas las demás entidades cuyas contrataciones están cubiertas por el

presente capítulo;

d) en el anexo 19-4, los bienes cubiertos por el presente capítulo;

e) en el anexo 19-5, los servicios, distintos de los servicios de construcción, cubiertos por el

presente capítulo;

f) en el anexo 19-6, los servicios de construcción cubiertos por el presente capítulo;

g) en el anexo 19-7, las notas generales; y

h) en el anexo 19-8, los medios de publicación utilizados para el presente capítulo.

5. En caso de que una entidad contratante, en el contexto de una contratación cubierta exija a

una persona no cubierta en virtud de los anexos de su lista de acceso a los mercados respecto al presente capítulo que contrate con arreglo a requisitos especiales, el artículo 19.4 se aplicará, mutatis mutandis, a tales requisitos.

Valoración

6. Al calcular el valor de una contratación con miras a determinar si se trata de una contratación

cubierta, la entidad contratante:

a) no fraccionará una contratación en contrataciones separadas ni seleccionará ni utilizará un

método de valoración determinado para calcular el valor de la contratación con la intención de excluirla total o parcialmente de la aplicación del presente capítulo; e

b) incluirá el cálculo del valor total máximo de la contratación a lo largo de toda su duración,

independientemente de que se adjudique a uno o varios proveedores, teniendo en cuenta todas las formas de remuneración, con inclusión de:

i) primas, derechos, comisiones e intereses; y

ii) cuando la contratación contemple la posibilidad de incluir opciones, el valor total de

estas.

7. Si una convocatoria de licitación para una contratación da lugar a la adjudicación de más de

un contrato o a la adjudicación fraccionada de contratos («contratos recurrentes»), la base para calcular el valor total máximo será:

a) el valor de los contratos recurrentes del mismo tipo de bien o servicio adjudicado durante los

doce meses anteriores o el ejercicio fiscal precedente de la entidad contratante, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios previstos para los doce meses siguientes en la cantidad o el valor del bien o del servicio que se contrata; o

b) el valor estimado de los contratos recurrentes del mismo tipo de bien o servicio que se vayan a

adjudicar durante los doce meses siguientes a la adjudicación del contrato inicial o al ejercicio fiscal de la entidad contratante.

8. Cuando se trate de contratos de compra a plazos o de arrendamiento, financiero o no, de

bienes o servicios, o de contratos en los que no se especifique un precio total, la base para la valoración será la siguiente:

a) en el caso de contratos de duración determinada:

i) si el plazo del contrato es de doce meses o menos, el valor total máximo estimado

durante su periodo de vigencia; o

ii) si el plazo del contrato es superior a doce meses, el valor total máximo estimado, con

inclusión del valor residual estimado;

b) en el caso de contratos de plazo indefinido, el pago mensual estimado multiplicado por

cuarenta y ocho; y

c) en caso de duda de que el contrato sea un contrato de duración determinada, será aplicable la

letra b).

Excepciones por razones de seguridad y de carácter general

1. Ninguna disposición del presente capítulo se interpretará en el sentido de que impide a una

Parte adoptar medidas o no revelar información para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad en relación con la contratación:

a) de armas, municiones27 o material de guerra;

b) o la contratación indispensable para la seguridad nacional; o

c) para fines de defensa nacional.

2. A reserva de que no se apliquen tales medidas de forma que constituyan un medio de

discriminación arbitraria o injustificable entre las Partes, cuando prevalezcan las mismas condiciones o una restricción encubierta del comercio internacional ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir a ninguna Parte que imponga o haga cumplir medidas:

a) necesarias para proteger la moral, el orden o la seguridad públicos;

«munición».

b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar

los vegetales;

c) necesarias para proteger la propiedad intelectual; o

d) relacionadas con artículos fabricados o servicios prestados por personas con discapacidad,

instituciones de beneficencia o trabajo penitenciario.

Principios generales

No discriminación

1. En lo que respecta a cualquier medida relativa a las actividades de contratación cubiertas,

cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, concederá inmediata e incondicionalmente a los bienes y servicios de la otra Parte y a los proveedores de la otra Parte que ofrezcan dichos bienes o servicios un trato en ningún caso menos favorable que el trato que dicha Parte, incluidas sus entidades contratantes, concede a sus propios bienes, servicios y proveedores. En aras de una mayor

seguridad, dicho trato incluye:

a) en Canadá, un trato no menos favorable que el concedido por una provincia o territorio,

incluidas sus entidades contratantes, a los bienes, servicios y proveedores establecidos en dicha provincia o dicho territorio; y

b) en la Unión Europea, un trato no menos favorable que el concedido por un Estado miembro o

una región subcentral de un Estado miembro, incluidas sus entidades contratantes, a los bienes, servicios y proveedores establecidos en dicho Estado miembro o región subcentral, según el caso.

2. En lo que respecta a cualquier medida relativa a una contratación cubierta, las Partes,

incluidas sus entidades contratantes:

a) no concederán a un proveedor establecido localmente un trato menos favorable que el

otorgado a otro proveedor establecido localmente en razón del grado de afiliación o propiedad extranjera; ni

b) tratarán de forma discriminatoria a un proveedor establecido localmente sobre la base de que

los bienes o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una contratación pública particular son bienes o servicios de la otra Parte.

Uso de medios electrónicos

3. Al contratar por medios electrónicos, la entidad contratante:

a) se asegurará de que la contratación se realice utilizando sistemas de tecnología de la

información y programas informáticos, incluidos los relacionados con la autentificación y el cifrado de la información, generalmente disponibles e interoperables con otros sistemas y programas generalmente disponibles; y

b) mantendrá mecanismos que aseguren la integridad de las solicitudes de participación y las

ofertas, incluida la determinación del momento de la recepción y la prevención del acceso inadecuado.

Ejecución de la contratación

4. Las entidades contratantes realizarán las contrataciones cubiertas de una manera transparente

e imparcial que:

a) sea compatible con el presente capítulo, utilizando métodos tales como la licitación pública, la

licitación selectiva y la licitación restringida;

b) evite conflictos de intereses; e

c) impida prácticas corruptas.

Normas de origen

5. A efectos de la contratación cubierta, las Partes no aplicarán normas de origen a los bienes o

servicios importados procedentes de la otra Parte o suministrados por ella que sean diferentes de las

normas de origen que la Parte aplica en el curso normal del comercio a las importaciones o suministros de los mismos bienes o servicios de la misma Parte.

Compensaciones

6. Con respecto a las contrataciones cubiertas, ninguna Parte, incluidas sus entidades

contratantes, solicitará, tendrá en cuenta, impondrá ni exigirá ninguna compensación.

Medidas no específicas de la contratación

7. No se aplicarán los apartados 1 y 2 a: los derechos y exacciones aduaneros de cualquier tipo

que se impongan a la importación o que tengan relación con la misma; el método de percepción de dichos derechos y exacciones; otros requisitos o trámites aplicables a la importación o las medidas que afectan al comercio de servicios que no sean las que rigen la contratación cubierta.

Información sobre el sistema de contratación

1. Cada Parte:

a) publicará prontamente las leyes, reglamentos, decisiones judiciales, resoluciones

administrativas de aplicación general, cláusulas contractuales modelo que sean obligatorias en virtud de una ley o reglamento y que se incorporen por referencia en anuncios o pliegos de condiciones y procedimientos relativos a las contrataciones cubiertas, así como sus modificaciones, en un medio electrónico o impreso designado oficialmente que goce de una

amplia difusión y sea de fácil acceso al público; y

b) proporcionará una explicación de dichas disposiciones a la otra Parte, si esta la solicita.

2. Cada Parte enumerará en el anexo 19-8 de su lista de acceso al mercado:

a) los medios electrónicos o impresos en que la Parte publique la información descrita en el

apartado 1;

b) los medios electrónicos o impresos en que la Parte publique los anuncios previstos en los

artículos 19.6, 19.8.7 y 19.15.2; y

c) los sitios web en los que la Parte publique:

i) sus estadísticas de contratación, de conformidad con el artículo 19.15.5; o

ii) sus anuncios relativos a los contratos adjudicados, de conformidad con el

artículo 19.15.6.

3. Cada Parte notificará rápidamente al Comité de Contratación Pública cualquier modificación

de la información de las Partes que figure en el anexo 19-8.

Notificaciones

Anuncio de contratación prevista

1. Para cada contratación cubierta, la entidad contratante publicará un anuncio de contratación

prevista, excepto en las circunstancias descritas en el artículo 19.12.

Todos los anuncios de contratación prevista estarán accesibles de forma directa y gratuita por

medios electrónicos a través de un punto de acceso único con arreglo al apartado 2. Los anuncios también se publicarán en un medio impreso apropiado de amplia difusión y permanecerán fácilmente accesibles al público, al menos hasta el vencimiento del plazo indicado en el anuncio.

El medio de comunicación impreso y electrónico apropiado de cada Parte figura en el anexo 19-8.

2. Cada Parte podrá aplicar un período transitorio de hasta cinco años a partir de la fecha de

entrada en vigor del presente Acuerdo a las entidades cubiertas por los anexos 19-2 y 19-3 que no estén preparadas para participar en el punto de acceso único a que se refiere el apartado 1. Tales entidades deberán, durante dicho período transitorio, publicar sus anuncios de contratación prevista, cuando estén accesibles por medios electrónicos, mediante enlaces en un portal electrónico de acceso gratuito que figure en el anexo 19-8.

3. Salvo disposición en contrario en el presente capítulo, cada anuncio de contratación prevista

incluirá:

a) el nombre y la dirección de la entidad contratante y demás información necesaria para entrar

en contacto con la entidad contratante y obtener todos los documentos pertinentes relacionados con la contratación y, en su caso, su coste y las condiciones de pago;

b) la descripción de la contratación, incluidas la naturaleza y cantidad de los bienes o servicios

objeto de la contratación, o, cuando no se conozca la cantidad, la cantidad estimada;

c) en el caso de los contratos recurrentes, una estimación, de ser posible, del calendario de los

sucesivos anuncios de contratación prevista;

d) la descripción de todas las opciones;

e) el calendario para la entrega de bienes o servicios, o la duración del contrato;

f) el método de contratación que se utilizará y si conlleva negociación o subasta electrónica;

g) en su caso, la dirección y la fecha límite para la presentación de solicitudes de participación

en la licitación;

h) la dirección y la fecha límite para la presentación de ofertas;

i) el idioma o los idiomas en que podrán presentarse las ofertas o las solicitudes de

participación, en caso de que puedan presentarse en un idioma distinto del idioma oficial de la Parte de la entidad contratante;

j) una lista y una breve descripción de las condiciones de participación de los proveedores,

incluidos los requisitos relativos a los certificados o documentos específicos que deban presentar los proveedores en relación con su participación, a menos que dichos requisitos se incluyan en el pliego de condiciones que se pone a disposición de todos los proveedores interesados al mismo tiempo que se hace el anuncio de contratación prevista;

k) cuando, de conformidad con el artículo 19.8, una entidad contratante pretenda seleccionar un

número limitado de proveedores cualificados para invitarlos a licitar, los criterios que se seguirán para seleccionarlos y, en su caso, cualquier limitación del número de proveedores que podrán ofertar; y

l) una indicación de que la contratación está cubierta por el presente capítulo.

Resumen del anuncio

4. Para cada contratación prevista, la entidad contratante publicará en inglés o francés, al mismo

tiempo que publique el anuncio de la contratación prevista, un resumen del anuncio que pueda consultarse fácilmente. En dicho resumen figurará, como mínimo, la información siguiente:

a) el objeto de la contratación;

b) la fecha límite para la presentación de ofertas o, en su caso, la fecha límite para la

presentación de solicitudes de participación en el procedimiento de contratación o de inclusión en una lista de uso múltiple; y

c) la dirección en la cual pueden solicitarse los documentos relativos al procedimiento de

contratación.

Anuncio de contratación programada

5. Se anima a las entidades contratantes a que publiquen, lo antes posible en cada ejercicio

fiscal, en el medio electrónico apropiado y, si está disponible, en el medio impreso indicado en el anexo 19-8, un anuncio de sus planes de contrataciones futuras («anuncio de contratación programada»). El anuncio de contratación programada se publicará también en el punto de acceso único que figura en el anexo 19-8, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Dicho anuncio deberá incluir el objeto de la contratación y la fecha en que se prevé la publicación del anuncio de la contratación prevista.

6. Toda entidad contratante cubierta por los anexos 19-2 o 19-3 podrá utilizar un anuncio de

contratación programada como si fuera un anuncio de contratación prevista a condición de que el anuncio de contratación programada incluya toda la información mencionada en el apartado 3 de que disponga la entidad, así como una indicación de que los proveedores interesados deberán manifestar a la entidad contratante su interés en la contratación.

Condiciones de participación

1. La entidad contratante limitará las condiciones para participar en una contratación a aquellas

que sean esenciales para asegurarse de que el proveedor tiene la facultad jurídica, la solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica para hacerse cargo de la contratación de que se trate.

2. Al establecer las condiciones de participación, la entidad contratante:

a) no impondrá la condición de que, para que un proveedor pueda participar en una contratación,

una entidad contratante de una Parte determinada le haya adjudicado previamente uno o varios contratos;

b) podrá exigir una experiencia previa pertinente cuando sea esencial para cumplir los requisitos

del procedimiento de contratación; y

c) no podrá exigir que la experiencia previa en el territorio de la Parte sea una condición de la

contratación.

3. Para evaluar si un proveedor satisface las condiciones de participación, la entidad contratante:

a) evaluará la solvencia financiera y la capacidad comercial y técnica del proveedor sobre la

base de sus actividades comerciales, tanto dentro como fuera del territorio de la Parte de la entidad contratante; y

b) basará su evaluación en las condiciones que la entidad contratante haya especificado

previamente en los anuncios o en el pliego de condiciones.

4. Cuando haya pruebas que lo justifiquen, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá

excluir a un proveedor por motivos tales como los siguientes:

a) quiebra;

b) declaraciones falsas;

c) deficiencias significativas o persistentes en el cumplimiento de cualquier requisito u

obligación de fondo dimanante de uno o varios contratos anteriores;

d) sentencias firmes por delitos graves u otras infracciones graves;

e) falta de ética profesional o actos u omisiones que pongan en entredicho la integridad

comercial del proveedor; o

f) impago de impuestos.

Cualificación de los proveedores

Sistemas de registro y procedimientos de cualificación

1. Cada Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá mantener un sistema de registro de

proveedores con arreglo al cual los proveedores interesados deberán inscribirse y proporcionar determinada información.

2. Cada Parte se asegurará de que:

a) sus entidades contratantes hagan esfuerzos para reducir al mínimo las diferencias entre sus

procedimientos de cualificación; y

b) cuando sus entidades contratantes mantengan sistemas de registro, las entidades hagan

esfuerzos por reducir al mínimo las diferencias entre sus sistemas de registro.

3. Ninguna Parte, incluidas sus entidades contratantes, adoptará o aplicará sistemas de registro o

procedimientos de cualificación que tengan el propósito o el efecto de crear obstáculos innecesarios a la participación de proveedores de otra Parte en sus contrataciones.

Licitaciones selectivas

4. En caso de que una entidad contratante utilice el procedimiento de licitación selectiva:

a) incluirá en el anuncio de contratación prevista, como mínimo, la información especificada en

el artículo 19.6.3, letras a), b), f), g), j), k) y l), e invitará a los proveedores a presentar una solicitud de participación; y

b) facilitará, a partir del momento en que empiece a correr el plazo para la presentación de

ofertas, como mínimo, la información especificada en el artículo 19.6.3, letras c), d), e), h) e i), a los proveedores cualificados a los que notifica con arreglo al artículo 19.10.3, letra b).

5. La entidad contratante permitirá que todos los proveedores cualificados participen en una

contratación determinada, a menos que la entidad contratante indique, en el anuncio de contratación prevista, alguna limitación del número de proveedores que podrán presentar ofertas y los criterios para seleccionar ese número limitado de proveedores.

6. Cuando el pliego de condiciones no se ponga a disposición del público a partir de la fecha de

publicación del anuncio mencionado en el apartado 4, la entidad contratante se asegurará de que esa documentación se ponga simultáneamente a disposición de todos los proveedores cualificados seleccionados conforme al apartado 5.

Listas de uso múltiple

7. Toda entidad contratante podrá mantener una lista de uso múltiple de proveedores, a

condición de que un anuncio en el que se invite a los proveedores interesados a formar parte de la lista:

a) se publique anualmente; y

b) si el anuncio se publica por medios electrónicos, esté accesible de manera permanente,

en el medio de comunicación apropiado contemplado en el anexo 19-8.

8. El anuncio mencionado en el apartado 7 incluirá:

a) una descripción de los bienes o servicios, o de las categorías de los mismos, para los que

podrá utilizarse la lista;

b) las condiciones de participación que deberán reunir los proveedores para su inclusión en la

lista y los métodos que la entidad contratante utilizará para verificar que cada proveedor reúne las condiciones;

c) el nombre y la dirección de la entidad contratante, así como la demás información necesaria

para ponerse en contacto con ella y para obtener toda la documentación pertinente en relación con la lista;

d) el periodo de validez de la lista, así como los medios utilizados para renovarla o ponerle fin,

o, cuando no se indique el periodo de validez, una indicación del método mediante el cual se notificará que se pone fin al uso de la lista; y

e) una indicación de que la lista podrá ser utilizada para las contrataciones cubiertas por el

presente capítulo.

9. No obstante lo dispuesto en el apartado 7, cuando el periodo de validez de una lista de uso

múltiple sea de tres años o menos, la entidad contratante podrá publicar el anuncio mencionado en el apartado 7 una sola vez, al comienzo del periodo de validez de la lista, a condición de que el anuncio:

a) indique el periodo de validez y que no se publicarán nuevos anuncios; y

b) se publique por un medio electrónico y sea accesible en forma continua durante su periodo de

validez.

10. La entidad contratante permitirá que los proveedores soliciten su inclusión en una lista de uso

múltiple en todo momento, e incorporará en la lista a todos los proveedores cualificados, en un plazo razonablemente breve.

11. Cuando un proveedor no incluido en una lista de uso múltiple presente una solicitud de

participación en una contratación basada en una lista de uso múltiple junto con todos los documentos requeridos dentro del plazo establecido en el artículo 19.10.2, la entidad contratante examinará la solicitud. La entidad contratante no dejará de considerar al proveedor para la contratación alegando falta de tiempo para examinar la solicitud, a menos que, en casos excepcionales, debido a la complejidad de la contratación, la entidad no pueda completar el examen de la solicitud dentro del plazo establecido para la presentación de las ofertas.

Entidades contratantes de los anexos 19-2 y 19-3

12. Las entidades contratantes cubiertas por los anexos 19-2 o 19-3 podrán utilizar un anuncio por

el que se invite a los proveedores a solicitar su inclusión en una lista de uso múltiple como anuncio de contratación prevista, a condición de que:

a) el anuncio se publique de conformidad con el apartado 7 e incluya la información exigida

conforme al apartado 8, toda la información exigida conforme al artículo 19.6.3 de que se disponga y una indicación en la que se especifique que constituye un anuncio de contratación prevista, o que únicamente los proveedores comprendidos en la lista de uso múltiple recibirán otros anuncios de la contratación cubierta por la lista de uso múltiple; y

b) la entidad facilitará rápidamente, a los proveedores que le hayan expresado interés por una

contratación determinada, suficiente información para permitirles evaluar su interés en la contratación, incluida toda la información restante requerida por el artículo 19.6.3, siempre que dicha información esté disponible.

13. Las entidades contratantes comprendidas en los anexos 19-2 o 19-3 podrán permitir que los

proveedores que hayan solicitado su inclusión en la lista de uso múltiple de conformidad con el apartado 10 presenten ofertas en una contratación determinada cuando haya suficiente tiempo para que la entidad contratante examine si los proveedores reúnen las condiciones de participación.

Información sobre las decisiones de la entidad contratante

14. La entidad contratante comunicará con prontitud, a los proveedores que presenten una

solicitud de participación en una contratación o una solicitud de inclusión en una lista de uso múltiple, su decisión con respecto a una u otra solicitud.

15. Cuando una entidad contratante rechace la solicitud de participación en una contratación o la

solicitud de inclusión en una lista de uso múltiple presentada por un proveedor, deje de reconocer como cualificado a un proveedor o suprima a un proveedor de una lista de uso múltiple, le informará prontamente y, si el proveedor lo solicita, le proporcionará sin demora una explicación escrita de las razones de su decisión.

Especificaciones técnicas y pliego de condiciones

Especificaciones técnicas

1. Ninguna entidad contratante preparará, adoptará ni aplicará ninguna especificación técnica, ni

prescribirá ningún procedimiento de evaluación de la conformidad que tenga el propósito o el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.

2. Al prescribir especificaciones técnicas para los bienes o servicios contratados, la entidad

contratante, cuando proceda:

a) formulará las especificaciones técnicas en relación con los resultados y requisitos funcionales

más bien que en relación con el dibujo o modelo o con las características descriptivas, y

b) basará la especificación técnica en normas internacionales, cuando estas existan; o, de lo

contrario, en reglamentos técnicos nacionales, en normas nacionales reconocidas o en códigos de construcción.

3. Cuando se usen el dibujo o modelo o las características descriptivas en las especificaciones

técnicas, la entidad contratante deberá indicar, cuando proceda, que considerará las ofertas de bienes o servicios equivalentes que se pueda demostrar que cumplen los requisitos de la contratación, mediante la inclusión en el pliego de condiciones de la expresión «o equivalente» u otra similar.

4. La entidad contratante no establecerá especificaciones técnicas que exijan determinadas

marcas o nombres comerciales, patentes, derechos de autor, diseños o tipos particulares, ni determinados orígenes, productores o proveedores, o hagan referencia a ellos, a menos que no haya otra manera suficientemente precisa o inteligible de describir los requisitos exigidos para la contratación, y a condición de que, en tales casos, la entidad haga figurar en el pliego de condiciones la expresión «o equivalente» u otra similar.

5. Ninguna entidad contratante pedirá ni aceptará, de tal forma que se imposibilite la

competencia, consejos que puedan utilizarse para elaborar o adoptar especificaciones técnicas a una persona que pueda tener un interés comercial en la contratación para una contratación específica.

6. Para mayor certeza, una Parte, incluidas sus entidades contratantes, podrá preparar, adoptar o

aplicar especificaciones técnicas con el fin de promover la conservación de los recursos naturales o proteger el medio ambiente, si lo hace conforme al presente artículo.

Pliego de condiciones

7. La entidad contratante facilitará a los proveedores un pliego de condiciones que incluya toda

la información necesaria para que estos puedan elaborar y presentar ofertas acordes a las condiciones de dicho pliego de condiciones. Si esa información no se ha facilitado en el anuncio de contratación prevista, el pliego de condiciones incluirá una descripción completa de lo siguiente:

a) la contratación, con inclusión de la naturaleza y la cantidad de los bienes o servicios que se

contratarán, o, en caso de que a cantidad se desconozca, la cantidad estimada y las prescripciones que deban cumplirse, con inclusión de especificaciones técnicas, certificados de evaluación de la conformidad, planos, diseños o instrucciones;

b) las condiciones de participación de los proveedores, incluida una lista de la información y los

documentos que los proveedores deben presentar en relación con esas condiciones;

c) todos los criterios de evaluación que aplicará la entidad en la adjudicación del contrato y,

salvo en casos en que el único criterio sea el precio, la importancia relativa de esos criterios;

d) en caso de que la entidad contratante realice la contratación por medios electrónicos, los

requisitos de autentificación y cifrado o los relativos a equipos destinados a la presentación de información por medios electrónicos;

e) en caso de que la entidad contratante proceda a una subasta electrónica, las normas, incluida

la identificación de los elementos de la licitación relacionados con los criterios de evaluación, con arreglo a las cuales se llevará a cabo la subasta;

f) en caso de que haya una apertura pública de ofertas, la fecha, hora y lugar en que se procederá

a la apertura y, en su caso, las personas autorizadas a estar presentes;

g) cualesquiera otros términos o condiciones, incluidas las condiciones de pago y cualquier

limitación de la forma en que podrán presentarse las ofertas, por ejemplo en papel o por medios electrónicos, y

h) las fechas aplicables a la entrega de bienes o la prestación de servicios.

8. Al establecer las fechas de entrega de los bienes o del suministro de los servicios que se

contratan, la entidad contratante tendrá en cuenta factores tales como la complejidad de la contratación, el grado previsto de subcontratación y el tiempo que, con criterio realista, se estime necesario para la producción, el despacho de almacén y el transporte de los bienes desde los diferentes lugares de suministro, o para el suministro de los servicios.

9. Entre los criterios de evaluación indicados en el anuncio de contratación prevista o en el

pliego de condiciones pueden constar los precios y otros factores de coste, la calidad, la perfección técnica, las características medioambientales y las condiciones de entrega.

10. La entidad contratante procederá con prontitud a:

a) poner a disposición el pliego de condiciones para asegurarse de que los proveedores

interesados dispongan de tiempo suficiente para presentar ofertas adecuadas;

b) facilitar, previa petición, el pliego de condiciones a los proveedores interesados, y

c) responder a toda solicitud razonable de información pertinente presentada por cualquier

proveedor interesado o que participe en la licitación, a condición de que tal información no dé a ese proveedor una ventaja respecto de otros proveedores.

Modificaciones

11. En caso de que, antes de la adjudicación de un contrato, la entidad contratante modifique los

criterios o los requisitos establecidos en el anuncio de contratación prevista o pliego de condiciones proporcionado a los proveedores participantes, o modifique o vuelva a publicar un anuncio o pliego de condiciones, transmitirá por escrito todas las modificaciones, o el anuncio o pliego de condiciones modificado o publicado de nuevo:

a) a todos los proveedores que estén participando en el momento de la modificación o la nueva

publicación, si la entidad conoce a esos proveedores, y en todos los demás casos, del mismo modo que se facilitó la información inicial, y

b) con tiempo suficiente para que los proveedores puedan modificar y volver a presentar ofertas

modificadas, según el caso.

Plazos

Generalidades

1. Las entidades contratantes, en forma compatible con sus propias necesidades razonables,

darán tiempo suficiente para que los proveedores puedan preparar y presentar solicitudes de participación y ofertas adecuadas, teniendo en cuenta factores tales como los siguientes:

a) la naturaleza y la complejidad de la contratación;

b) el grado de subcontratación previsto, y

c) el tiempo necesario para transmitir las ofertas por medios no electrónicos desde el extranjero

o dentro del territorio nacional cuando no se utilicen medios electrónicos.

Tales plazos, incluida cualquier prórroga de los mismos, serán idénticos para todos los proveedores

interesados o participantes.

Fechas límite

2. La entidad contratante que utilice el método de las licitaciones selectivas establecerá una

fecha límite para la presentación de solicitudes de participación, que será, en principio, como mínimo veinticinco días posterior a la fecha de la publicación del anuncio de contratación prevista. Cuando una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga imposible respetar ese plazo, este podrá reducirse a un mínimo de diez días.

3. Salvo lo dispuesto en los apartados 4, 5, 7 y 8, la entidad contratante establecerá una fecha

límite para la presentación de ofertas que será, como mínimo, cuarenta días posterior a la fecha en que:

a) en el caso de una licitación abierta, se publique el anuncio de contratación prevista, o

b) en el caso de una licitación selectiva, la entidad notifique a los proveedores que serán

invitados a presentar ofertas, independientemente de que la entidad utilice o no una lista de uso múltiple.

4. La entidad contratante podrá acortar el plazo de presentación de ofertas establecido con

arreglo al apartado 3 hasta un plazo mínimo de diez días en caso de que:

a) la entidad contratante haya publicado un anuncio de contratación programada conforme a lo

dispuesto en el artículo 19.6.5, con una antelación mínima de cuarenta días y máxima de doce meses con respecto a la publicación del anuncio de contratación prevista, y en el anuncio de contratación programada figure:

i) una descripción de la contratación;

ii) las fechas límite aproximadas para la presentación de ofertas o solicitudes de

participación;

iii) una declaración en el sentido de que los proveedores interesados deben expresar ante la

entidad contratante su interés en la contratación;

iv) la dirección en la cual pueden obtenerse los documentos relativos a la contratación, y

v) toda la información exigida para el anuncio de la contratación prevista conforme al

artículo 19.6.3 de que se disponga;

b) la entidad contratante, para contrataciones recurrentes, indique en el anuncio inicial de

contratación prevista que en los anuncios subsiguientes se indicarán los plazos de licitación de conformidad con el presente apartado, o

c) una situación de urgencia debidamente motivada por la entidad contratante haga imposible

respetar el plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3.

5. La entidad contratante podrá reducir en cinco días el plazo para la presentación de ofertas

establecido de conformidad con el apartado 3, en cada una de las siguientes circunstancias:

a) si el anuncio de contratación prevista se publica por medios electrónicos;

b) si todo el pliego de condiciones está disponible por vía electrónica a partir de la fecha de la

publicación del anuncio de contratación prevista, y

c) si la entidad acepta ofertas por medios electrónicos.

6. En ningún caso la aplicación del apartado 5, leído en relación con el apartado 4, dará lugar a

la reducción del plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3 a menos de diez días contados a partir de la fecha de publicación del anuncio de contratación prevista.

7. No obstante cualquier otra disposición del presente artículo, cuando una entidad contratante

adquiera bienes o servicios comerciales, o cualquier combinación de estos, podrá acortar el plazo para la presentación de ofertas establecido de conformidad con el apartado 3 a un mínimo de trece días, a condición de que publique por medios electrónicos, al mismo tiempo, tanto el anuncio de contratación prevista como el pliego de condiciones. Además, si la entidad también acepta ofertas de bienes o servicios comerciales por medios electrónicos, podrá reducir el plazo establecido en el apartado 3 a diez días como mínimo.

8. Cuando una entidad contratante comprendida en el anexo 19-2 o en el anexo 19-3 haya

seleccionado a todos los proveedores cualificados o a un número limitado de ellos, la entidad contratante y los proveedores seleccionados podrán fijar de mutuo acuerdo el plazo para la

presentación de ofertas. A falta de acuerdo, el plazo no será inferior a diez días.

Negociación

1. Una Parte podrá establecer que sus entidades contratantes lleven a cabo negociaciones con

proveedores:

a) si la entidad ha manifestado su intención de celebrar negociaciones en el anuncio de

contratación prevista conforme al artículo 19.6.3, o

b) si de la evaluación se desprende que ninguna oferta es evidentemente la más ventajosa en

relación con los criterios específicos de evaluación indicados en el anuncio de contratación prevista o en el pliego de condiciones.

2. La entidad contratante:

a) se asegurará de que cualquier eliminación de los proveedores que participen en las

negociaciones se lleve a cabo de conformidad con los criterios específicos de evaluación indicados en el anuncio de contratación prevista o en el pliego de condiciones, y

b) al término de las negociaciones, concederá a todos los participantes que no hayan sido

eliminados un mismo plazo para presentar ofertas nuevas o revisadas.

Licitación restringida

1. Siempre que no se utilice la presente disposición con el fin de evitar la competencia entre

proveedores o de manera que se discrimine a los proveedores de la otra Parte o se proteja a los proveedores internos, la entidad contratante podrá utilizar el método de licitación restringida y optar por no aplicar los artículos 19.6 a 19.8, los apartados 7 a 11 del artículo 19.9, y los artículos 19.10, 19.11, 19.13 y 19.14 solo en alguna de las circunstancias siguientes:

a) siempre que:

i) no se hayan presentado ofertas o ningún proveedor haya solicitado participar;

ii) no se haya presentado ninguna oferta que se ajuste a los requisitos esenciales del pliego

de condiciones;

iii) ningún proveedor cumpla las condiciones de participación, o

iv) haya habido colusión en la presentación de ofertas,

a condición de que no se modifiquen sustancialmente los requisitos del pliego de condiciones;

b) en caso de que los bienes o servicios solo puedan ser suministrados por un proveedor concreto

y de que no exista ninguna alternativa razonable o bien o servicio alternativo por alguno de los motivos siguientes:

i) la contratación de una obra de arte;

ii) la protección de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, o

iii) la inexistencia de competencia por razones técnicas;

c) para los suministros adicionales del proveedor original de bienes o servicios no incluidos en la

contratación inicial, cuando un cambio del proveedor de dichos bienes o servicios adicionales:

i) no pueda hacerse por razones económicas o técnicas, tales como requisitos de

intercambiabilidad o interoperabilidad con equipos, programas informáticos, servicios o instalaciones existentes objeto de la contratación inicial; y

ii) causaría problemas significativos o un aumento sustancial de costes para la entidad

contratante;

d) solo si es estrictamente necesario, cuando, por razones de extrema urgencia debidas a

acontecimientos que la entidad contratante no podía prever, no sea posible obtener los bienes o los servicios a tiempo mediante licitaciones públicas o selectivas;

e) para los bienes adquiridos en un mercado de materias primas;

f) en caso de que una entidad contratante adquiera un prototipo o un primer bien o servicio

desarrollado por petición propia en el marco de un contrato particular y a efectos de investigación, experimentación, estudio o desarrollo original; el desarrollo inicial de un bien o servicio de ese tipo podrá incluir una producción o un suministro limitados con objeto de incorporar los resultados de las pruebas prácticas y de demostrar que el bien o servicio se presta a la producción o al suministro en cantidades conformes con normas aceptables de calidad, pero no podrá incluir la producción o el suministro de una cantidad con el fin de determinar su viabilidad comercial o recuperar los gastos de investigación y desarrollo;

g) cuando se trate de compras efectuadas en condiciones excepcionalmente favorables que solo

concurran por muy breve plazo en el caso de enajenaciones extraordinarias como las derivadas de situaciones de liquidación, administración judicial o quiebra, pero no en el caso de compras ordinarias a proveedores habituales, o

h) en el caso de contratos adjudicados al ganador de un concurso de proyecto, a condición de

que:

i) el concurso se haya organizado de forma compatible con los principios del presente

capítulo, especialmente en lo que respecta a la publicación del anuncio de contratación prevista, y

ii) los participantes sean juzgados por un jurado independiente con objeto de adjudicar el

contrato de proyecto al ganador.

2. La entidad contratante preparará por escrito un informe sobre cada contrato adjudicado de

conformidad con las disposiciones del apartado 1. El informe contendrá el nombre de la entidad contratante, el valor y la clase de los bienes o servicios objeto del contrato, así como una indicación de las circunstancias y condiciones descritas en el apartado 1 que justificaban el uso de la licitación restringida.

Subastas electrónicas

En caso de que una entidad contratante tenga previsto llevar a cabo una contratación pública

cubierta utilizando una subasta electrónica, facilitará a cada participante, antes del comienzo de la subasta electrónica:

a) el método de evaluación automática, incluida la fórmula matemática, basada en los criterios

de evaluación establecidos en el pliego de condiciones, que se utilizará en la clasificación o reclasificación automática durante la subasta;

b) los resultados de cualquier evaluación inicial de los elementos de su oferta cuando el contrato

se otorgue sobre la base de la oferta más ventajosa, y

c) cualquier otra información pertinente relativa al desarrollo de la subasta.

Tramitación de las ofertas y adjudicación de los contratos

Tramitación de las ofertas

1. La entidad contratante recibirá, abrirá y tramitará todas las ofertas conforme a procedimientos

que garanticen la equidad y la imparcialidad del proceso de contratación y la confidencialidad de las ofertas.

2. La entidad contratante no penalizará a ningún proveedor cuya oferta sea recibida una vez

vencido el plazo fijado para la recepción de ofertas si el retraso es responsabilidad exclusiva de la entidad contratante.

3. En caso de que la entidad contratante ofrezca a un proveedor la posibilidad de corregir errores

formales involuntarios en el período comprendido entre la apertura de las ofertas y la adjudicación del contrato, la entidad contratante brindará la misma posibilidad a todos los proveedores participantes.

Adjudicación de los contratos

4. A fin de que una oferta pueda ser tomada en consideración a efectos de adjudicación, deberá

presentarse por escrito y cumplir, en el momento de la apertura, los requisitos esenciales establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, y deberá proceder de un proveedor que reúna las condiciones para la participación.

5. Salvo que decida no adjudicar un contrato por motivos de interés público, la entidad

contratante adjudicará el contrato al proveedor que la entidad haya determinado que tiene capacidad para cumplir lo estipulado en el contrato y que, únicamente sobre la base de los criterios de evaluación establecidos en los anuncios y en el pliego de condiciones, haya presentado:

a) la oferta más ventajosa, o

b) cuando el único criterio sea el precio, el precio más bajo.

6. En caso de que una entidad contratante reciba una oferta con un precio que sea anormalmente

más bajo que los de otras ofertas presentadas, podrá verificar si el proveedor cumple las condiciones para la participación y es capaz de cumplir los términos del contrato.

7. La entidad contratante no utilizará opciones, no cancelará una contratación ni modificará los

contratos adjudicados de manera que se eludan las obligaciones dimanantes del presente capítulo.

Transparencia de la información sobre la contratación

Información facilitada a los proveedores

1. La entidad contratante informará con prontitud a los proveedores participantes de las

decisiones que adopte sobre las adjudicaciones de contratos y, previa petición de un proveedor, lo hará por escrito. Con arreglo a los artículos 19.6.2 y 19.6.3, la entidad contratante facilitará a cualquier proveedor no seleccionado, previa petición, una explicación de las razones por las que la entidad no seleccionó su oferta y las ventajas relativas de la oferta del proveedor seleccionado.

Publicación de información sobre la adjudicación

2. A más tardar setenta y dos días después de la adjudicación de cada contrato cubierto por el

presente capítulo, la entidad contratante publicará un anuncio en el medio de comunicación impreso o electrónico apropiado de entre los que figuran en el anexo 19-8. Cuando la entidad publique el anuncio solo por un medio electrónico, la información podrá consultarse fácilmente durante un período razonable. En el anuncio figurarán como mínimo los siguientes datos:

a) una descripción de los bienes o servicios objeto de la contratación;

b) el nombre y la dirección de la entidad contratante;

c) el nombre y la dirección del proveedor seleccionado;

d) el valor de la oferta seleccionada o de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan

tenido en cuenta en la adjudicación del contrato;

e) la fecha de la adjudicación, y

f) el tipo de método de contratación utilizado y, en los casos en que se haya utilizado la

licitación restringida de conformidad con el artículo 19.12, una descripción de las circunstancias que justificaron el uso de la licitación restringida.

Conservación de la documentación y los informes y rastreo de los registros electrónicos

3. Durante un plazo mínimo de tres años contados a partir de la fecha en que adjudique un

contrato, cada entidad contratante conservará:

a) la documentación y los informes de los procedimientos de licitación y de las adjudicaciones

de contratos relacionados con las contrataciones abarcadas, con inclusión de los informes exigidos conforme al artículo 19.12, y

b) en caso de que la contratación abarcada se haya realizado por medios electrónicos, los datos

que permitan el adecuado rastreo de su tramitación.

Recopilación y comunicación de estadísticas

4. Cada Parte recopilará y comunicará al Comité de Contratación Pública estadísticas relativas a

los contratos que entran en el ámbito de aplicación del presente capítulo. Cada informe abarcará un período de un año y será presentado en un plazo de dos años contados a partir del final del período sobre el que se informa, y contendrá la información que se detalla a continuación:

a) en el caso de las entidades contratantes indicadas en el anexo 19-1:

i) el número y valor total, para todas esas entidades, de todos los contratos que entran en el

ámbito de aplicación del presente capítulo;

ii) el número y valor total de todos los contratos que entran en el ámbito de aplicación del

presente capítulo y han sido adjudicados por cada una de dichas entidades, desglosados por categorías de bienes y servicios con arreglo a un sistema de clasificación uniforme reconocido a nivel internacional; y

iii) el número y valor total de todos los contratos que entran en el ámbito de aplicación del

presente capítulo y han sido adjudicados por cada entidad mediante licitación restringida;

b) en el caso de las entidades contratantes que figuran en los anexos 19-2 y 19-3, el número y

valor total de los contratos que entran en el ámbito de aplicación del presente capítulo y han sido adjudicados por todas esas entidades, desglosados por anexo; y

c) estimaciones para los datos exigidos conforme a las letras a) y b), con una explicación de la

metodología utilizada para realizar las estimaciones, en los casos en que no sea posible facilitar los datos.

5. Cuando una Parte publique sus estadísticas en un sitio web oficial, de manera compatible con

las prescripciones del apartado 4, dicha Parte podrá sustituir la comunicación al Comité de Contratación Pública por un enlace al sitio web, con las instrucciones necesarias para acceder a las estadísticas y utilizarlas.

6. Cuando una Parte exija que los anuncios relativos a los contratos adjudicados, de conformidad

con el apartado 2, se publiquen por medios electrónicos y cuando el público tenga acceso a dichos anuncios a través de una única base de datos en una forma que permita analizar los contratos abarcados, la Parte podrá sustituir la comunicación al Comité de Contratación Pública por un enlace al sitio web, con las instrucciones necesarias para acceder a los datos y utilizarlos.

Divulgación de información

Suministro de información a las Partes

1. A petición de la otra Parte, una Parte facilitará con prontitud la información necesaria para

determinar si una contratación se ha realizado justa e imparcialmente y de conformidad con el presente capítulo, con inclusión de información sobre las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada. En caso de que la comunicación de dicha información perjudicara a la competencia en licitaciones futuras, la Parte que reciba la información no la revelará a ningún proveedor, excepto después de haber consultado a la Parte que proporcionó la información y de haber obtenido el acuerdo de esta.

No divulgación de información

2. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo permitirá que una Parte, incluidas sus

entidades contratantes, facilite a un proveedor concreto información que pudiera perjudicar a la competencia leal entre proveedores.

3. Ninguna de las disposiciones del presente capítulo se interpretará en el sentido de exigir que

una Parte, incluidas sus entidades contratantes, autoridades y órganos de examen, que revele información confidencial, si esa divulgación pudiera:

a) constituir un obstáculo para hacer cumplir la ley;

b) ir en detrimento de la competencia leal entre proveedores;

c) causar perjuicio a los intereses comerciales legítimos de particulares, incluida la protección de

la propiedad intelectual; o

d) ser por otros motivos contraria al interés público.

Procedimientos internos de examen

1. Cada Parte establecerá un procedimiento de examen administrativo o judicial rápido, efectivo,

transparente y no discriminatorio mediante el cual un proveedor pueda apelar contra:

a) una infracción del capítulo, o

b) en caso de que el proveedor no tenga derecho a apelar directamente contra una infracción del

capítulo de conformidad con el Derecho interno de la Parte, un incumplimiento, por una Parte, de las medidas de aplicación del presente capítulo

que se produzca en el contexto de una contratación cubierta en la que el proveedor tenga o haya

tenido interés. Las normas de procedimiento aplicables a todas las impugnaciones constarán por escrito y estarán generalmente disponibles.

2. En caso de que un proveedor presente, en el contexto de una contratación cubierta en la que

tiene o ha tenido interés, una reclamación por una infracción o falta de cumplimiento mencionada en el apartado 1, la Parte de la entidad contratante que realice la contratación alentará a la entidad y al proveedor a que traten de resolver esa reclamación mediante consultas. La entidad examinará de forma imparcial y a su debido tiempo cualquier reclamación de ese tipo a fin de que no afecte a la participación del proveedor en contrataciones en curso o futuras, ni a los derechos del proveedor de solicitar medidas correctoras de conformidad con el procedimiento de examen administrativo o judicial.

3. Se concederá a cada proveedor un plazo suficiente para preparar y presentar una

impugnación; dicho plazo en ningún caso será inferior a diez días contados a partir del momento en que el proveedor haya tenido conocimiento o en que razonablemente debería haber tenido conocimiento del fundamento de la impugnación.

4. Cada Parte establecerá o designará por lo menos una autoridad administrativa o judicial

imparcial, independiente de sus entidades contratantes, que recibirá y examinará los recursos de proveedores que se presenten en el marco de la contratación cubierta.

5. En caso de que un organismo distinto de la autoridad citada en el apartado 4 examine

inicialmente una impugnación, la Parte se asegurará de que el proveedor pueda recurrir la decisión inicial ante una autoridad judicial imparcial que sea independiente de la entidad contratante cuya contratación pública sea objeto del recurso.

6. Cada Parte se asegurará de que, en caso de que el órgano de examen no sea un tribunal, la

decisión del mismo estará sometida a examen judicial o sus actuaciones se ajustarán a un procedimiento que asegure que:

a) la entidad contratante responderá por escrito al recurso y revelará todos los documentos

pertinentes al organismo de examen;

b) los participantes en el procedimiento («participantes») tendrán derecho a ser oídos antes de

que el organismo de examen adopte una decisión sobre la impugnación;

c) los participantes tendrán derecho a ser representados y a hacerse acompañar;

d) los participantes tendrán acceso a todas las actuaciones;

e) los participantes tendrán derecho a solicitar que los procedimientos sean públicos y que

puedan presentarse testigos, y

f) el órgano de examen formulará sus decisiones o recomendaciones por escrito y a su debido

tiempo, e incluirá una explicación del fundamento de cada decisión o recomendación.

7. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos relativos a:

a) medidas cautelares inmediatas para ofrecer al proveedor la oportunidad de participar en la

contratación pública; tales medidas cautelares podrán dar lugar a una suspensión de la contratación pública; los procedimientos podrán prever la posibilidad de que, al decidir si deben aplicarse esas medidas, se tengan en cuenta las consecuencias adversas sobre intereses afectados que deban prevalecer, incluido el interés público; se consignará por escrito la justa causa para no adoptar esas medidas, y

b) medidas correctivas o una compensación por los daños o perjuicios sufridos, que podrá

limitarse a los costes de la preparación de la oferta o a los costes relacionados con la impugnación, o a ambos, si el órgano de examen determina que se ha producido una infracción o un incumplimiento según lo dispuesto en el apartado 1.

8. A más tardar diez años después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes podrán

iniciar negociaciones para mejorar la calidad de los recursos, incluido un posible compromiso de introducir o mantener recursos precontractuales.

Modificaciones y rectificaciones del ámbito de aplicación

1. Cada Parte podrá modificar o rectificar sus anexos al presente capítulo.

Modificaciones

2. Cuando una Parte modifique un anexo del presente capítulo, la Parte deberá:

a) notificarlo por escrito a la otra Parte; y

b) incluir en la notificación una propuesta a la otra Parte de efectuar los ajustes compensatorios

apropiados para mantener un nivel de cobertura comparable al existente antes de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra b), las Partes no tendrán que ofrecer ajustes

compensatorios cuando:

a) la modificación en cuestión sea insignificante en cuanto a su efecto; o

b) la modificación cubra a una entidad sobre la que la Parte haya eliminado efectivamente su

control o influencia.

4. En caso de que la otra Parte ponga en duda que:

a) el ajuste propuesto de conformidad con el apartado 2, letra b), es el adecuado para mantener

un nivel comparable al del alcance mutuamente acordado;

b) la modificación es insignificante en cuanto a su efecto; o

c) la modificación cubra a una entidad sobre la que la Parte haya eliminado efectivamente su

control o influencia con arreglo al apartado 3, letra b),

deberá plantear objeciones por escrito en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción

de la notificación a que se refiere el apartado 2, letra a), o se considerará que ha aceptado el ajuste o la modificación, incluso a efectos del capítulo Veintinueve (Solución de diferencias).

Rectificaciones

5. Los siguientes cambios en los anexos de una Parte se considerarán una rectificación, siempre

que no afecten al alcance acordado mutuamente establecido en el presente Acuerdo:

a) el cambio del nombre de una entidad;

b) la fusión de dos o más entidades mencionadas en un anexo; y

c) la separación de una entidad enumerada en un anexo en dos o más entidades, todas las cuales

se añaden a las entidades enumeradas en el mismo anexo.

6. En el caso de rectificaciones propuestas de los anexos de una de las Partes, tras la entrada en

vigor del presente Acuerdo dicha Parte informará a la otra Parte cada dos años, de acuerdo con el ciclo de notificaciones previstas en el Acuerdo sobre Contratación Pública, que figura en el anexo 4 del Acuerdo de la OMC.

7. En el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la recepción de la notificación, cada una de las

Partes podrá notificar a la otra Parte una objeción a una rectificación propuesta. Cuando una Parte presente una objeción, indicará las razones por las que cree que la rectificación propuesta no es un cambio conforme al apartado 5 del presente artículo y describirá los efectos de la rectificación propuesta sobre el alcance acordado mutuamente establecida en el Acuerdo. En caso de que no se presenten objeciones por escrito en el plazo de cuarenta y cinco días tras la recepción de la notificación, se considerará que la Parte está de acuerdo con la propuesta de rectificación.

Comité de Contratación Pública

1. El Comité de Contratación Pública, establecido de conformidad con el artículo 26.2.1.e) y

compuesto por representantes de cada una de las Partes, se reunirá, según sea necesario, con el fin de facilitar a las Partes la oportunidad de consultarse sobre cualquier cuestión relativa al funcionamiento del presente capítulo o a la consecución de sus objetivos, así como de desempeñar las demás funciones que le fueran asignadas por las Partes.

2. El Comité de Contratación Pública se reunirá, a petición de una Parte, para:

a) considerar las cuestiones relativas a la contratación pública que le remita una Parte;

b) intercambiar información relativa a las oportunidades de contratación pública de cada una de

las Partes;

c) analizar cualquier otra cuestión relacionada con el funcionamiento del presente capítulo. y

d) considerar la promoción de actividades coordinadas para facilitar el acceso de los proveedores

a las oportunidades de contratación pública en el territorio de cada Parte. Estas actividades podrán incluir sesiones de información, en particular con vistas a la mejora del acceso electrónico a la información públicamente disponible sobre el sistema de contratación de cada Parte, e iniciativas para facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas.

3. Cada Parte presentará cada año al Comité de Contratación Pública estadísticas

correspondientes a la contratación pública cubierta por el presente capítulo, según lo establecido en el artículo 19.15.


CAPÍTULO VEINTE - PROPIEDAD INTELECTUAL

Este capítulo se basa en el Derecho internacional vigente en materia de propiedad intelectual para elaborar reglamentos y normas coherentes entre la UE y Canadá. También resume los procedimientos de protección contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y señala en qué ámbitos la colaboración de ambas Partes puede ser mayor.


SECCIÓN A - Disposiciones generales

Objetivos

Los objetivos del presente capítulo son:

a) facilitar la producción y la comercialización de productos innovadores y creativos, así como

la prestación de servicios entre las Partes, y

b) alcanzar un nivel adecuado y eficaz de protección y de control de la aplicación de los

derechos de propiedad intelectual.

Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Las disposiciones del presente capítulo complementarán los derechos y las obligaciones entre

las Partes en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. Las Partes podrán determinar libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones

del presente Acuerdo en el marco de sus propios ordenamientos y prácticas jurídicos.

3. El presente Acuerdo no establece ninguna obligación relativa a la distribución de los recursos

entre las medidas para hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual y las medidas para hacer cumplir el Derecho en general.

Cuestiones de salud pública

1. Las Partes reconocen la importancia de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los

ADPIC y la Salud Pública («Declaración de Doha»), adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Conferencia Ministerial de la OMC. Para la interpretación y aplicación de los derechos y las obligaciones con arreglo al presente capítulo, las Partes garantizarán la coherencia con dicha Declaración.

2. Las Partes cumplirán y contribuirán a la aplicación de la Decisión del Consejo General de la

OMC, de 30 de agosto de 2003, sobre el apartado 6 de la Declaración de Doha, así como del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre los ADPIC, hecho en Ginebra el 6 de diciembre de 2005.

Agotamiento

El presente capítulo no afectará a la libertad de las Partes para determinar si se aplica el

agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y en qué condiciones.

Divulgación de información

El presente capítulo no obliga a ninguna Parte a revelar información que pudiera ser contraria a su

Derecho o que no pueda ser divulgada en virtud de su Derecho sobre el acceso a la información y la protección de la intimidad.


SECCIÓN B - Normas referentes a los derechos de propiedad intelectual

Definición

A efectos de la presente sección, se entenderá por:

producto farmacéutico: un producto, incluido un medicamento químico o biológico, una vacuna o

un radiofármaco, que ha sido fabricado, vendido o representado para su uso en los casos siguientes:

a) establecer un diagnóstico médico, tratar, atenuar o prevenir una enfermedad, un trastorno o un

estado físico anormal, o sus síntomas, o

b) restablecer, corregir o modificar funciones fisiológicas.


Subsección A - Derechos de autor y derechos conexos

Protección concedida

1. Las Partes cumplirán los siguientes Acuerdos internacionales:

a) los artículos 2 a 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y

Artísticas, hecho en París el 24 de julio de 1971;

b) los artículos 1 a 14 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra

el 20 de diciembre de 1996;

c) los artículos 1 a 23 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas,

hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996; y

d) los artículos 1 a 22 del Convenio Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes

o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecho en Roma el 26 de octubre de 1961.

2. En la medida en que lo permitan los Tratados mencionados en el apartado 1, el presente

capítulo no restringirá la capacidad de ninguna Parte para limitar la protección de la propiedad intelectual que otorgue a las interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas.

Radiodifusión y comunicación al público

1. Cada una de las Partes concederá a los artistas intérpretes el derecho exclusivo de autorizar o

prohibir la emisión inalámbrica y la comunicación al público de sus actuaciones, salvo cuando dicha actuación constituya en sí una actuación transmitida por radiodifusión o se haga a partir de una fijación.

2. Cada una de las Partes garantizará que el usuario abone una remuneración si un fonograma

publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la radiodifusión inalámbrica o para cualquier tipo de comunicación al público, y también garantizará que tal remuneración se reparte entre los intérpretes y los productores del fonograma correspondientes. A falta de un acuerdo entre los artistas intérpretes y los productores de fonogramas, cada una de las Partes establecerá las condiciones en que deban repartirse dicha

remuneración.

Protección de las medidas tecnológicas

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por medida tecnológica cualquier tecnología,

dispositivo o componente que, en el curso normal de sus operaciones, esté concebido para prevenir o restringir actos, con respecto a obras, ejecuciones, interpretaciones o fonogramas, que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas, como se dispone en la legislación de una de las Partes. Sin perjuicio del alcance de los derechos de autor o de los derechos conexos que figuran en la legislación de una de las Partes, las medidas tecnológicas deberán considerarse efectivas cuando el uso de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas protegidos esté controlado por los autores, artistas, intérpretes, ejecutantes o productores de fonogramas, mediante la aplicación de un control de acceso o un proceso de protección pertinente, tal como el encriptado o codificado, o un mecanismo de control de copia, que logre el objetivo de protección.

2. Cada Parte proporcionará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la

elusión de cualquier medida tecnológica efectiva que sea utilizada por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos, y que respecto de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas restrinja actos que no estén autorizados por los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, o los productores de fonogramas en cuestión o permitidos por el Derecho.

3. Para proporcionar la protección jurídica adecuada y los recursos jurídicos efectivos

mencionados en el apartado 2, cada Parte proporcionará protección al menos:

a) en la medida prevista en su Derecho:

i) contra la elusión sin autorización de una medida tecnológica efectiva, hecha a sabiendas

o con motivos razonables para saber, y

ii) contra el ofrecimiento comercial al público de un aparato o producto, incluidos los

programas de ordenador, o de un servicio, como medio de elusión de una medida tecnológica efectiva, y

b) la fabricación, importación o distribución de un dispositivo o producto, incluidos los

programas de ordenador, o la prestación de un servicio que:

i) haya sido diseñado o producido con el principal propósito de eludir una medida

tecnológica efectiva, o

ii) tenga únicamente un propósito comercial limitado, distinto a la elusión de una medida

tecnológica efectiva.

4. En el apartado 3, el término «en la medida prevista en su Derecho» significa que cada Parte

tiene flexibilidad para aplicar la letra a), incisos i) e ii).

5. Al aplicar los apartados 2 y 3, ninguna de las Partes estará obligada a exigir que el dibujo o

modelo, o el dibujo o modelo y la selección de partes y componentes de un producto electrónico de consumo, de telecomunicaciones o informático, respondan a una medida tecnológica concreta, en tanto que el producto no contravenga, por lo demás, las medidas de dicha Parte que aplican estos apartados. La finalidad de esta disposición es que el presente Acuerdo no obligue a ninguna Parte a exigir la interoperabilidad en su Derecho: el sector de la tecnología de la información y la comunicación no está obligado a conformar dispositivos, productos, componentes o servicios a medidas tecnológicas determinadas.

6. Con el fin de proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos eficaces

conforme a lo dispuesto en el apartado 2, cada Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas de aplicación de las disposiciones de los apartados 2 y 3. Las obligaciones en virtud de los apartados 2 y 3 son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de la infracción de derechos de autor o de derechos conexos con arreglo al Derecho de una Parte.

Protección de la información para la gestión de derechos

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por información para la gestión de los

derechos:

a) la información que identifica la obra, la ejecución o interpretación, o el fonograma; el autor de

la obra, el artista que interprete o ejecute o el productor del fonograma, o el propietario de cualquier derecho sobre la obra, la interpretación o ejecución o el fonograma;

b) la información sobre las condiciones de uso de la obra, la interpretación o ejecución o el

fonograma, o

c) cualesquiera números o códigos que representen la información referida en las letras a) y b);

cuando cualquiera de estos elementos de información vaya fijado a una obra, una interpretación o

ejecución o un fonograma o aparezca al comunicar o poner a disposición del público una obra, una interpretación o ejecución o un fonograma.

2. Con el fin de proteger la información electrónica sobre la gestión de derechos, cada Parte

otorgará protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice sin autorización cualquiera de los siguientes actos sabiendo, o teniendo motivos razonables para saberlo, que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquier derecho de autor o derechos conexos:

a) suprimir o alterar cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos; o

b) distribuir, importar para su distribución, transmitir, comunicar o poner a disposición del

público ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

3. Con el fin de proporcionar una protección jurídica adecuada y recursos jurídicos eficaces

conforme a lo dispuesto en el apartado 2, una Parte podrá adoptar o mantener limitaciones o excepciones adecuadas a las medidas de aplicación del apartado 2. Las obligaciones en virtud del apartado 2 son sin perjuicio de los derechos, las limitaciones, las excepciones o las defensas de la infracción de derechos de autor o de derechos conexos con arreglo al Derecho de cada Parte.

Responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediarios

1. Sin perjuicio de los demás apartados del presente artículo, cada una de las Partes establecerá,

en su Derecho, limitaciones o excepciones relativas a la responsabilidad de los prestadores de servicios, cuando actúen como intermediarios, en lo que respecta a las infracciones de derechos de autor o derechos conexos que tengan lugar en redes de comunicación o a través de las mismas, en relación con la prestación o el uso de sus servicios.

2. Las excepciones o limitaciones mencionadas en el apartado 1:

a) cubrirán, al menos, las siguientes funciones:

i) el alojamiento de la información, a petición de un usuario de los servicios de

alojamiento de datos;

ii) el caching efectuado a través de un proceso automático, cuando el prestador del

servicio:

A) no modifique la información excepto por razones técnicas;

B) garantice que se cumplen cualesquiera orientaciones relativas al caching de la

información especificadas de manera ampliamente reconocida y utilizadas por el sector; y

C) no interfiera con el uso de una tecnología que sea legítima y ampliamente

reconocida y utilizada por el sector con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información; y

iii) la mera transmisión, que consiste en la puesta a disposición de los medios de

transmisión de la información facilitada por el usuario, o los medios de acceso a una red de comunicaciones; y

b) también podrán abarcar otras funciones, incluidas la de facilitar una herramienta de

localización de la información, realizar reproducciones de material protegido por derechos de autor de forma automatizada, y comunicar las reproducciones.

3. La posibilidad de acogerse a las excepciones o limitaciones contempladas en el presente

artículo no podrá estar condicionada a que el prestador de servicios haga un seguimiento de su servicio o a que busque afirmativamente datos concretos que indiquen una actividad infractora.

4. Cada Parte podrá prescribir en su legislación interna las condiciones que deberán cumplir los

proveedores de servicios para poder acogerse a las excepciones o limitaciones expuestas en el presente artículo. Sin perjuicio de lo anterior, cada Parte podrá establecer procedimientos adecuados para la notificación eficaz de supuestas infracciones y la contranotificación eficaz por aquellos cuyo material ha sido eliminado o inutilizado por error o por una identificación incorrecta.

5. El presente artículo se entiende sin perjuicio de la disponibilidad en el Derecho de una Parte

de otras defensas, limitaciones y excepciones a la infracción de los derechos de autor o derechos conexos. El presente artículo no afectará a la posibilidad de que un tribunal o una autoridad administrativa, de conformidad con el sistema jurídico de cada Parte, exija al proveedor de servicios poner fin a una infracción o impedirla.

Grabación con videocámaras de mano

Cada una de las Partes podrá prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales, con

arreglo a sus disposiciones legales y reglamentarias, contra las personas que, sin autorización del director de la sala o del titular de los derechos de autor de una obra cinematográfica, realicen una copia de dicha obra o de cualquier parte de la misma, en un pase de la obra en una instalación de exhibición de películas abierta al público.


Subsección B - Marcas

Acuerdos internacionales

Cada Parte hará todos los esfuerzos razonables para cumplir los artículos 1 a 22 del Tratado de

Singapur sobre el Derecho de Marcas, hecho en Singapur el 27 de marzo de 2006, y para adherirse al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, hecho en Madrid el 27 de junio de 1989.

Procedimiento de registro

Cada una de las Partes establecerá un sistema de registro de marcas en el que las razones para

denegar el registro de una marca se comuniquen por escrito al solicitante, que tendrá la oportunidad de impugnar dicha denegación y de recurrir una denegación definitiva ante una autoridad judicial. Cada Parte establecerá la posibilidad de formular su oposición a las solicitudes o registros de marcas. Cada Parte dispondrá de una base de datos electrónica de acceso público de solicitudes de marcas y registros de las mismas.

Excepciones a los derechos conferidos por una marca

Cada Parte establecerá que se haga un uso leal de los términos descriptivos, incluso de los términos

descriptivos del origen geográfico, como excepción limitada de los derechos conferidos por una marca. Al determinar qué constituye un uso leal, se tendrán en cuenta los intereses legítimos de los titulares de las marcas y de las terceras partes. Cada Parte podrá establecer otras excepciones limitadas, siempre que dichas excepciones tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de las terceras partes.


Subsección C - Indicaciones geográficas

Definiciones

A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

indicación geográfica: una indicación que identifica a un producto agrícola o alimenticio como

originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características del producto sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico. y

clase de producto: una clase de producto que figura en el anexo 20-C.

Ámbito de aplicación

La presente subsección se aplica a las indicaciones geográficas que identifiquen los productos

clasificados dentro de una de las clases de productos enumeradas en el anexo 20-C.

Indicaciones geográficas enumeradas

A efectos de la presente subsección:

a) las indicaciones que figuran en la parte A del anexo 20-A son indicaciones geográficas que

identifican un producto como originario del territorio de la Unión Europea o de una región o localidad de dicho territorio; y

b) las indicaciones que figuran en la parte B del anexo 20-A son indicaciones geográficas que

identifican un producto como originario del territorio de Canadá o de una región o localidad de dicho territorio.

Protección de las indicaciones geográficas enumeradas en el anexo 20-A

1. Tras examinar las indicaciones geográficas de la otra Parte, cada una de las Partes las

protegerá según el nivel de protección establecido en la presente subsección.

2. Cada Parte establecerá los medios jurídicos para que las partes interesadas puedan impedir:

a) el uso de una indicación geográfica de la otra Parte enumerada en el anexo 20-A respecto a un

producto clasificado en la clase de producto especificada en el anexo 20-A para esa indicación geográfica y que o bien:

i) no sea originario del lugar de origen especificado en el anexo 20-A para dicha

indicación geográfica; o bien

ii) sea originario del lugar de origen especificado en el anexo 20-A para dicha indicación

geográfica, pero no haya sido producido o fabricado de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias de la otra Parte que se aplicarían si el producto estuviera destinado a su consumo en la otra Parte;

b) la utilización de cualquier medio en la designación o presentación de una mercancía que

indique o sugiera que la mercancía en cuestión proviene de una zona geográfica distinta del

verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error sobre el origen geográfico de la mercancía; y

c) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal a tenor del

artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), hecho en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

3. La protección a que se refiere el apartado 2, letra a), se facilitará incluso cuando se indique el

verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» o similares.

4. Cada una de las Partes establecerá mecanismos de cumplimiento por vía administrativa, en la

medida establecida por su Derecho, para prohibir que una persona fabrique, prepare, envase, etiquete, venda o importe o haga publicidad de un producto alimenticio, de una manera que sea falsa, induzca a error o sea engañosa, o pueda crear una impresión errónea en cuanto a su origen.

5. De conformidad con lo indicado en el apartado 4, cada Parte establecerá medidas

administrativa para las denuncias relativas al etiquetado de los productos, incluida su presentación, de una manera que sea falsa, induzca a error o sea engañosa, o pueda crear una impresión errónea en cuanto a su origen.

6. El registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica de la otra Parte

enumerada en el anexo 20-A se denegará o anulará de oficio, cuando la legislación de una Parte así lo permita, o a petición de una parte interesada, con respecto a un producto de la clase de producto enumerada en el anexo 20-A correspondiente a esa indicación geográfica y que no sea originario del lugar de origen especificado en el anexo 20-A para esa indicación geográfica.

7. La presente subsección no impondrá ninguna obligación de proteger las indicaciones

geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su lugar de origen, o que hayan caído en desuso en ese lugar. Si alguna de las indicaciones geográficas de una Parte enumeradas en el anexo 20-A deja de estar protegida en su lugar de origen o cae en desuso en dicho lugar, dicha Parte lo notificará a la otra Parte y solicitará su anulación.

Indicaciones geográficas homónimas

1. En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas de las Partes para productos

pertenecientes a la misma clase de producto, cada una de las Partes establecerá las condiciones prácticas para diferenciar entre sí las indicaciones homónimas, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y no inducir a error a los consumidores.

2. Si un país, en el contexto de las negociaciones con un tercer país, propone proteger una

indicación geográfica que identifique un producto originario del tercer país, y dicha indicación es homónima de una indicación geográfica de la otra Parte enumerada en el anexo 20-A y dicho producto está comprendido en la clase de producto enumerada en el anexo 20-A para la indicación geográfica homónima de la otra Parte, se informará a la otra Parte y se le dará la oportunidad de formular observaciones antes de que se proteja la indicación geográfica

Excepciones

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 20.19.2 y 20.19.3, Canadá no tendrá obligación de

proporcionar los medios jurídicos para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de los términos que figuran en la parte A del anexo 20-A y señalados por un asterisco28 cuando la utilización de esos términos vaya acompañada de expresiones como «clase», «tipo», «estilo»,

«imitación» o similares, y esté combinada con una indicación visible y legible del origen geográfico

del producto de que se trate.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 20.19.2 y 20.19.3, la protección de las indicaciones

geográficas que figuran en la parte A del anexo 20-A y señaladas por un asterisco29 no impedirá la utilización de ninguna de estas indicaciones en el territorio de Canadá por ninguna persona, incluidos sus sucesores y cesionarios, que haga uso comercial de esas indicaciones con respecto a los productos de la categoría «quesos» antes del 18 de octubre de 2013.

3. No obstante lo dispuesto en los artículos 20.19.2 y 20.19.3, la protección de las indicaciones

geográficas que figuran en la parte A del anexo 20-A y señaladas por dos asteriscos no impedirá la utilización de esta indicación por ninguna persona, incluidos sus sucesores y cesionarios, que haga uso comercial de esa indicación con respecto a los productos de la categoría «carnes frescas, congeladas y transformadas» como mínimo cinco años antes del 18 de octubre de 2013. Se aplicará un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente artículo, durante el cual no se impedirá el uso de la citada indicación, a cualesquiera otras personas, incluidos sus sucesores y cesionarios, que hagan uso comercial de esas indicaciones con respecto a los productos de la categoría «carnes frescas, congeladas y transformadas», durante menos de cinco años antes del 18 de octubre de 2013.

4. No obstante lo dispuesto en los artículos 20.19.2 y 20.19.3, la protección de las indicaciones

geográficas que figuran en la parte A del anexo 20-A y señaladas por tres asteriscos no impedirá la utilización de estas indicaciones por ninguna persona, incluidos sus sucesores y cesionarios, que haga uso comercial de esas indicaciones con respecto a los productos de las categorías «productos de carne curada» y «quesos», respectivamente, como mínimo diez años antes del 18 de octubre

de 2013. Se aplicará un período transitorio de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente artículo, durante el cual no se impedirá el uso de las citadas indicaciones, a cualesquiera otras personas, incluidos sus sucesores y cesionarios, que hagan uso comercial de esas indicaciones con respecto a los productos de las categorías «productos de carne curada» y «quesos»,

respectivamente, durante menos de diez años antes del 18 de octubre de 2013.

5. Si una marca ha sido solicitada o registrada de buena fe, o si los derechos de una marca se han

adquirido mediante su uso de buena fe, en una de las Partes antes de la fecha indicada en el apartado 6, las medidas adoptadas para aplicar la presente subsección en dicha Parte no irán en perjuicio de la admisibilidad ni de la validez del registro de la marca, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que esta marca sea idéntica o similar a una indicación geográfica.

6. A los efectos del apartado 5, la fecha aplicable es:

a) en lo que respecta a una indicación geográfica que figure en el anexo 20-A en la fecha de la

firma del presente Acuerdo, la fecha de entrada en vigor de la presente subsección; o

b) en lo que respecta a una indicación geográfica añadida al anexo 20-A después de la fecha de

la firma del presente Acuerdo con arreglo al artículo 20.22, la fecha en que se añada la indicación geográfica.

7. Si una traducción de una indicación geográfica es idéntica a un término habitual en lenguaje

corriente como denominación común de un producto en el territorio de una de las Partes, o contiene dicho término, o si una indicación geográfica no es idéntica pero contiene dicho término, las disposiciones de la presente subsección no irán en perjuicio del derecho de ninguna persona a

utilizar dicho término en asociación con dicho producto en el territorio de dicha Parte.

8. Nada impedirá que se utilice, en el territorio de una de las Partes, con respecto a cualquier

producto, una denominación habitual de una variedad vegetal o de una raza animal existentes en el territorio de dicha Parte en la fecha de entrada en vigor de la presente subsección.

9. Una Parte podrá establecer que cualquier solicitud formulada con arreglo a la presente

subsección en relación con el uso o el registro de una marca ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años contados a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en esa Parte, o a partir de la fecha de registro de la marca en esa Parte, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicha Parte y siempre que la indicación geográfica no se haya usado o registrado de mala fe.

10. Ninguna disposición de la presente subsección afectará en modo alguno al derecho de

cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su propio nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error a los consumidores.

11. a) Las disposiciones de la presente subsección no irán en perjuicio del derecho de

cualquier persona a usar o a registrar en Canadá una marca que contenga o consista en cualquiera de los términos que figuran en la parte A del anexo 20-B; y

b) La letra a) no se aplicará a los términos que figuran en la parte A del anexo 20-B en

relación con cualquier uso que pueda inducir a error al público en cuanto al origen geográfico de las mercancías.

12. El uso en Canadá de los términos que figuran en la parte B del anexo 20-B no estará sujeto a

las disposiciones de la presente subsección

13. La atribución a que se refieren los apartados 2 a 4 no incluye la transmisión del derecho de

uso de una indicación geográfica por sí sola.

Modificaciones del anexo 20-A

1. El Comité Mixto del CETA, creado en virtud del artículo 26.1 (el Comité Mixto del CETA),

al pronunciarse por consenso y a recomendación del Comité del CETA sobre Indicaciones Geográficas, podrá decidir modificar el anexo 20-A añadiendo indicaciones geográficas o eliminando las indicaciones geográficas que hayan dejado de estar protegidas o hayan caído en desuso en su lugar de origen.

2. Una indicación geográfica no podrá, en principio, ser añadida a la parte A del anexo 20-A si

se trata de una denominación que en la fecha de la firma del presente Acuerdo figura en el registro correspondiente de la Unión Europea con el estatus de «registrada», en relación con un Estado miembro de la Unión Europea.

3. Una indicación geográfica que identifique un producto originario de una Parte concreta no se

añadirá al anexo 20-A:

a) si es idéntica a una marca registrada de la otra Parte respecto de los mismos productos u otros

similares, o a una marca en relación con la cual la otra Parte ha adquirido derechos mediante su uso de buena fe y ha presentado una solicitud con respecto a los mismos productos o a productos similares;

b) si es idéntica a la denominación habitual de una obtención vegetal o de una raza animal

existentes en la otra Parte; o

c) si es idéntica al término habitual utilizado en el lenguaje común como nombre común para

dicho producto en la otra Parte.

Otras medidas de protección

Las disposiciones de la presente subsección se entenderán sin perjuicio del derecho de solicitar el

reconocimiento y la protección de una indicación geográfica con arreglo al Derecho pertinente de una Parte.


Subsección D - Dibujos y modelos

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes hará todos los esfuerzos razonables para adherirse al Acta de Ginebra del

Arreglo de La Haya relativo al Registro internacional de dibujos y modelos industriales, hecha en Ginebra el 2 de julio de 1999.

Relación con los derechos de autor

El objeto del derecho de un dibujo o modelo podrá ser protegido en virtud de la legislación sobre

derechos de autor cuando se cumplan las condiciones de esta protección. Cada una de las Partes determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.


Subsección E - Patentes

Acuerdos internacionales

Cada una de las Partes hará todos los esfuerzos razonables para cumplir los artículos 1 a 14 y el

artículo 22 del Tratado sobre el Derecho de Patentes, hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000.

Protección sui generis para productos farmacéuticos

1. A efectos del presente artículo, se entenderá por:

patente de base: una patente que proteja un producto propiamente dicho, un procedimiento de

obtención de un producto o una aplicación de un producto, y que haya sido designada por el titular de una patente como una patente que puede servir como patente de base a los efectos de la concesión de la protección sui generis; y

producto: el principio activo o la composición de principios activos de un producto farmacéutico.

2. Cada una de las Partes establecerá un período de protección sui generis para los productos que

estén protegidos por una patente de base en vigor a petición del titular de la patente o de su cesionario, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

a) que se haya concedido una autorización de comercialización del producto en dicha Parte

como producto farmacéutico (denominada «autorización de comercialización» en el presente artículo);

b) que el producto no haya sido objeto ya de un periodo de protección sui generis; y

c) que la autorización de comercialización a que se hace referencia en la letra a) sea la primera

autorización de comercialización del producto en dicha Parte como producto farmacéutico.

3. Cada Parte podrá:

a) ofrecer un período de protección sui generis únicamente si la primera solicitud de

autorización de comercialización se ha presentado dentro de un plazo razonable fijado por dicha Parte; y

b) prescribir un plazo no inferior a sesenta días a partir de la fecha en la que se concedió la

primera autorización de comercialización para presentar la solicitud correspondiente al período de protección sui generis. No obstante, si la primera autorización de comercialización se concedió antes que la patente, cada Parte ofrecerá un plazo de al menos sesenta días desde la fecha de concesión de la patente, durante el cual podrá solicitarse un período de protección en virtud del presente artículo.

4. Si un producto está protegido por una patente de base, el período de protección sui generis

surtirá efecto al término del período de validez legal de dicha patente.

Si un producto está protegido por más de una patente que pueda servir como patente de base, una

Parte podrá establecer solo un plazo único de protección sui generis, que produciría efectos al término de la vigencia legal de la patente de base,

a) en caso de que todas las patentes que puedan servir como patente de base tengan el mismo

titular, dicho plazo será seleccionado por la persona que solicita el período de protección sui generis; y

b) en el caso de que las patentes que pueden servir como patente de base no tengan el mismo

titular y esto dé lugar a solicitudes conflictivas para la protección sui generis, dicho plazo será seleccionado de común acuerdo entre los titulares de patentes.

5. Cada una de las Partes establecerá que el periodo de protección sui generis tenga una duración

igual al período transcurrido entre la fecha de presentación de la solicitud de la patente de base y la fecha de la primera autorización de comercialización, menos un período de cinco años.

6. No obstante lo dispuesto en el apartado 5 y sin perjuicio de una posible prórroga del período

de protección sui generis por una Parte como incentivo o recompensa por la investigación en determinados segmentos de la población, como los niños, la duración de la protección sui generis no podrá sobrepasar un período de dos a cinco años, que será establecido por cada una de las Partes.

7. Cada una de las Partes podrá disponer que el período de protección sui generis se extinga:

a) si el beneficiario renuncia a la protección sui generis; o

b) si no se abonan las tasas administrativas prescritas.

Cada una de las Partes podrá reducir el período de protección sui generis en proporción a los

posibles retrasos injustificados derivados de la inacción del solicitante después de solicitar la autorización de comercialización, si el titular de la patente de base es el solicitante de una

autorización de comercialización o una entidad relacionada con ella.

8. Dentro de los límites de la protección conferida por la patente de base, la protección sui

generis se extenderá únicamente al producto farmacéutico cubierto por la autorización de comercialización y por cualquier utilización del producto como producto farmacéutico que haya sido autorizada antes de la expiración de la protección sui generis. Sin perjuicio de lo dispuesto en la frase anterior, la protección sui generis conferirá los mismos derechos que la patente y estará sujeta a las mismas limitaciones y obligaciones.

9. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 8, cada Parte también podrá limitar el ámbito de

aplicación de la protección, fijando excepciones a la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta o la importación de productos para su exportación durante el período de protección.

10. Cada una de las Partes podrá revocar la protección sui generis por motivos basados en la

nulidad de la patente de base, incluso si la patente ha caducado antes de que expire su período de validez legal, se declara nula o se limita de forma que el producto para el cual se concedió la protección deja de estar protegido por las reivindicaciones de la patente de base, por motivos relacionados con la retirada de la autorización o las autorizaciones de comercialización para el mercado respectivo, o si la protección fue concedida contraviniendo lo dispuesto en el apartado 2.

Mecanismos de vinculación de patentes sobre productos farmacéuticos

Cuando una parte invoque mecanismos de «vinculación de patentes» mediante los cuales la

concesión de autorizaciones de comercialización (o notificaciones de cumplimiento o conceptos similares) para los productos farmacéuticos genéricos está vinculada a la existencia de la protección de la patente, se asegurará de que todos los litigantes tienen derechos equivalentes y efectivos de recurso.


Subsección F - Protección de datos

Protección de los datos no divulgados relativos a los productos farmacéuticos

1. Cuando una Parte exija, como condición para la autorización de la comercialización de

productos farmacéuticos que utilicen nuevas entidades químicas30 (denominada «autorización» en el presente artículo), la presentación de datos de pruebas u otros datos no divulgados necesarios para determinar si el uso de dichos productos es seguro y eficaz, la Parte protegerá esos datos contra toda divulgación si la originación de esos datos supone un esfuerzo considerable, excepto cuando la divulgación sea necesaria para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal.

2. Cada una de las Partes establecerá que, para los datos sujetos al apartado 1 que se presenten a

la Parte después de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo:

a) ninguna persona distinta de la persona que los haya presentado pueda, sin su autorización,

invocar tales datos en apoyo de una solicitud de autorización durante un período mínimo de seis años a partir de la fecha en que la Parte concedió la autorización a la persona que presentó los datos para la autorización; y

b) una Parte no pueda conceder una autorización a una persona que invoque estos datos durante

un período no inferior a ocho años a partir de la fecha en que la Parte haya concedido la autorización a la persona que presentó los datos para la autorización, salvo que la persona que presentó dichos datos lo autorice.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente apartado, no habrá ninguna limitación para que

cualquiera de las Partes aplique procedimientos de autorización abreviados para dichos productos sobre la base de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad.

Protección de los datos sobre productos fitosanitarios

1. Cada Parte fijará requisitos de seguridad y eficacia antes de la autorización de la puesta en el

mercado de productos fitosanitarios (denominada «autorización» en el presente artículo).

2. Cada una de las Partes establecerá un período limitado de protección de datos para un informe

de estudio o ensayo presentado por primera vez al objeto de obtener una autorización. Durante este período, cada una de las Partes establecerá que el informe de estudio o ensayo no se utilizará en beneficio de ninguna otra persona que desee obtener una autorización, excepto cuando se pruebe el consentimiento expreso del primer titular de la autorización.

3. El informe de estudio o ensayo debe ser necesario para la autorización o modificación de una

autorización a fin de permitir la utilización en otro cultivo.

4. En cada Parte, el período de protección de datos será de al menos diez años a partir de la

fecha de la primera autorización en esa Parte con respecto al informe de estudio o ensayo que justifique la autorización de un nuevo principio activo y los datos de apoyo de la inscripción simultánea del uso final del producto que contenga la sustancia activa. El período de protección podrá ampliarse con el fin de estimular la autorización de productos fitosanitarios de bajo riesgo y usos menores.

5. Cada Parte podrá asimismo establecer requisitos de protección de datos o requisitos de

compensación financiera para todo informe de estudio o ensayo que apoye la modificación o la renovación de una autorización.

6. Cada una de las Partes establecerá normas para evitar la repetición de ensayos con animales

vertebrados. Debe animarse a cualquier solicitante que tenga intención de realizar ensayos y estudios con vertebrados a que adopte las medidas necesarias para comprobar que dichos ensayos y estudios no se han iniciado o realizado previamente.

7. Cada Parte debe alentar a cada nuevo solicitante y a cada titular de las autorizaciones

pertinentes a hacer todo lo posible para garantizar la puesta en común de los ensayos y estudios con vertebrados. Los costes de la puesta en común de dichos informes de estudio o ensayo se determinarán de manera equitativa, transparente y no discriminatoria. Un solicitante solo tendrá que compartir los costes de la información que dicho solicitante debe presentar para reunir los requisitos para la autorización.

8. El titular o los titulares de la autorización correspondiente podrán tener derecho a ser

indemnizados por una proporción equitativa de los costes en que hayan incurrido en relación con el informe de estudio o ensayo que respalde dicha autorización por parte de un solicitante que invoque tales informes de estudio o ensayo para obtener una autorización de comercialización para un nuevo producto fitosanitario. Cada Parte podrá ordenar a las partes implicadas que resuelvan cualquier asunto mediante un arbitraje vinculante administrado con arreglo a su Derecho.


Subsección G - Obtenciones vegetales

Obtenciones vegetales

Cada Parte deberá cooperar para promover y reforzar la protección de las obtenciones vegetales

sobre la base del Acta del Convenio Internacional para la protección de las obtenciones vegetales

de 1991, adoptada en París el 2 de diciembre de 1961.


SECCIÓN C - Control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual

Obligaciones generales

1. Cada Parte garantizará que los procedimientos de control de la aplicación de los derechos de

propiedad intelectual sean justos y equitativos, y no sean innecesariamente complicados o gravosos, ni comporten plazos injustificables ni retrasos excesivos. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y deberán prever salvaguardias para que no se utilicen abusivamente.

2. Al aplicar lo dispuesto en la presente sección, las Partes tomarán en cuenta la necesaria

proporción entre la gravedad de la infracción, los intereses de terceros y las medidas, recursos y sanciones aplicables.

3. Los artículos 20.33 a 20.42 se refieren al control civil de la aplicación.

4. A efectos de los artículos 20.33 a 20.42, salvo disposición en contrario, se entenderá por

derechos de propiedad intelectual todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo de los ADPIC.

Solicitantes legitimados

Cada Parte reconocerá como personas legitimadas para solicitar la aplicación de los procedimientos

y recursos contemplados en los artículos 20.34 a 20.42 a:

a) los titulares de derechos de propiedad intelectual, con arreglo a lo dispuesto en su Derecho;

b) todas las demás personas autorizadas a utilizar esos derechos, si dichas personas pueden

recurrir de conformidad con su Derecho;

c) los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya

reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, si dichos organismos pueden recurrir de conformidad con su Derecho. y

d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho

de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, si dichos organismos tienen pueden recurrir de conformidad con su Derecho;

Pruebas

En caso de presunta infracción de un derecho de propiedad intelectual cometida a escala comercial,

cada Parte garantizará que las autoridades judiciales tengan autoridad para ordenar, cuando corresponda y se solicite, la presentación de la información pertinente, con arreglo a lo previsto en su Derecho, incluso de documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control de la parte contraria, sin perjuicio de la protección de los datos confidenciales.

Medidas de protección de pruebas

1. Cada una de las Partes garantizará que, antes incluso de iniciarse un procedimiento sobre el

fondo, las autoridades judiciales puedan, a instancia de una entidad que haya presentado pruebas razonables para respaldar sus alegaciones de que su derecho de propiedad intelectual ha sido o va a ser vulnerado, dictar medidas provisionales rápidas y eficaces para proteger las pruebas pertinentes con respecto a la supuesta infracción, a condición de que se proteja la información confidencial.

2. Cada una de las Partes podrá disponer que las medidas contempladas en el apartado 1

incluyan la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías presuntamente ilícitas y, en los casos en que proceda, de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o distribución de dichas mercancías y de los documentos relacionados. Las autoridades judiciales estarán facultadas para tomar dichas medidas, en caso de ser necesario sin que sea oída la otra parte, en particular cuando sea probable que el retraso vaya a ocasionar daños irreparables al titular del derecho o cuando exista un riesgo demostrable de que se destruyan pruebas.

Derecho de información

Sin perjuicio de su Derecho en materia de privilegios, protección de la confidencialidad de las

fuentes de información o tratamiento de datos personales, cada Parte dispondrá que, en las acciones judiciales civiles relativas al control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas, previa solicitud justificada del titular de derechos, para ordenar que el infractor o presunto infractor proporcione al titular de derechos o a las autoridades judiciales, al menos a efectos de recopilar pruebas, la información pertinente, según sus leyes y reglamentos aplicables, que dicho infractor o presunto infractor posea o controle. Esta información podrá incluir información sobre las personas involucradas en cualquier aspecto de la infracción o presunta infracción y sobre los medios de producción o canales de distribución de las mercancías o los servicios infractores o presuntamente infractores, en particular la identificación de las terceras personas presuntamente involucradas en la producción y distribución de tales bienes y servicios, y

de sus canales de distribución.

Medidas provisionales y cautelares

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar medidas

provisionales y cautelares rápidas y eficaces, incluso un mandamiento cautelar, contra una parte o, en su caso, contra un tercero sobre el cual la autoridad judicial competente ejerza jurisdicción, para evitar una infracción de un derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que mercancías infractoras entren en los circuitos comerciales.

2. Cada Parte establecerá que sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar el

embargo o la puesta en custodia de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, a fin de impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.

3. Cada Parte garantizará que, en caso de supuesta infracción de un derecho de propiedad

intelectual cometida a escala comercial, las autoridades judiciales puedan ordenar, con arreglo a su Derecho, el embargo preventivo de bienes del presunto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, las autoridades judiciales podrán ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales pertinentes o el acceso a otra información

pertinente, según proceda.

Otras medidas correctoras

1. Sin perjuicio de los daños y perjuicios adeudados al titular del derecho a causa de la

infracción, y sin indemnización de ninguna clase, cada Parte garantizará que las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancias del solicitante, la retirada definitiva de los circuitos comerciales o la destrucción de las mercancías sobre las que hayan constatado que vulneran un derecho de propiedad intelectual. Cada Parte garantizará que las autoridades judiciales puedan ordenar, si procede, la destrucción de los materiales e instrumentos que hayan servido principalmente para la creación o fabricación de las mercancías en cuestión. Al considerar una solicitud de dichas medidas correctoras deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la gravedad de la infracción como los intereses de terceros.

2. Cada Parte garantizará que las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar que las

medidas contempladas en el apartado 1 sean ejecutadas a expensas del infractor, excepto si se alegan razones concretas para que no sea así.

Mandamientos judiciales

1. Cada Parte dispondrá que, en las acciones judiciales civiles relacionadas con el control de la

aplicación de los derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar a una parte que se abstenga de cometer una infracción y, entre otras cosas, para ordenar a esa parte o, en su caso, a una tercera parte sobre la que ejerzan su jurisdicción, que impida la entrada en los circuitos comerciales de las mercancías infractoras.

2. No obstante las demás disposiciones de la presente sección, cada Parte podrá limitar las

medidas correctoras disponibles contra el uso por la administración, o por terceros autorizados por la administración, sin hacer uso de la autorización de los titulares de los derechos, al pago de una remuneración, a condición de que al hacerlo se ajuste a lo establecido específicamente con relación a tales usos en la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. En los demás casos se aplicarán las medidas correctoras previstas en la presente sección o, si son incompatibles con el Derecho de una de las Partes, podrán obtenerse sentencias declarativas y una compensación adecuada.

Daños y perjuicios

1. Cada Parte establecerá que:

a) en las acciones judiciales civiles, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar al

infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora de los derechos de propiedad intelectual que pague al titular del derecho:

i) una indemnización adecuada para compensar el daño que el titular del derecho haya

sufrido como consecuencia de la infracción. o

ii) los beneficios del infractor atribuibles a la infracción, que podrán suponerse iguales al

importe de los daños a que se hace referencia en el inciso i); y

b) a la hora de determinar el importe de los daños y perjuicios en caso de infracción de los

derechos de propiedad intelectual, sus autoridades judiciales podrán considerar, entre otras cosas, cualquier medida legítima de valor que pueda ser presentada por el titular del derecho, incluido el lucro cesante.

2. Como alternativa a lo dispuesto en el apartado 1, el Derecho de una Parte podrá establecer el

pago de una remuneración, como un canon o una tasa, para indemnizar al titular del derecho por el uso no autorizado de la propiedad intelectual del titular del derecho.

Costas procesales

Cada Parte establecerá que, cuando proceda, sus autoridades judiciales estén facultadas para ordenar

que, al concluir los procedimientos judiciales civiles relacionados con el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, la parte perdedora pague a la parte ganadora las costas o tasas judiciales, así como cualquier otro gasto contemplado en la el Derecho de dicha Parte.

Presunción de autoría o propiedad

1. A efectos de los procedimientos civiles relativos a derechos de autor o derechos conexos, es

suficiente que el nombre del autor de una obra literaria o artística figure en la obra de la forma habitual a fin de que el autor sea considerado como tal y, en consecuencia, tenga el derecho de iniciar procedimientos de infracción, salvo prueba en contrario. Entre las pruebas contrario puede encontrarse el registro.

2. El apartado 1 se aplicará, mutatis mutandis, a los titulares de derechos conexos con la materia

protegida de tales derechos.


SECCIÓN D - Medidas en frontera

Alcance de las medidas en frontera

1. A efectos de la presente sección, se entenderá por:

mercancías con indicación geográfica falsificada: cualesquiera mercancías al amparo del

artículo 20.17 que entren dentro de una de las categorías de productos enumeradas en el

anexo 20-C, incluido el embalaje, en las que figure sin autorización una indicación geográfica que sea idéntica a la indicación geográfica válidamente registrada o protegida de otra forma respecto de dichas mercancías y que vulnere los derechos del propietario o del titular del derecho de la indicación geográfica de que se trate con arreglo al Derecho de la Parte en la que se aplican los

procedimientos de la medida en frontera;

mercancías con marca falsificada: cualesquiera mercancías, incluido su embalaje, que lleven

puesta sin autorización una marca idéntica a la marca válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esa marca, y que lesione los derechos que al propietario o titular de la marca de que se trate otorga el Derecho de la Parte en la que se aplican los procedimientos de la medida en frontera;

envíos de exportación: envíos de mercancías que deban ser trasladadas desde el territorio de una

Parte hasta un lugar fuera de dicho territorio, con exclusión de los envíos en tránsito aduanero y los transbordos;

envíos de importación: envíos de mercancías introducidas en el territorio de una Parte desde un

lugar fuera de dicho territorio, mientras dichas mercancías permanecen bajo control aduanero, incluidas las mercancías que se introducen en el territorio de una zona franca o depósito aduanero, pero con exclusión de los envíos en tránsito aduanero y los transbordos;

mercancías con derechos de autor pirateados: cualesquiera mercancías que sean copias

realizadas sin la autorización del titular del derecho de autor o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo cuando la realización de esa copia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud del Derecho de la Parte en la que se aplican los procedimientos de las medidas en frontera;

envíos en tránsito aduanero: envíos de mercancías que entran en el territorio de una Parte desde

un lugar fuera de dicho territorio y que estén autorizados por las autoridades aduaneras para el transporte bajo continuo control aduanero desde una aduana de entrada hasta una aduana de salida, a fin de que salgan del territorio; los envíos en tránsito aduanero y que estén autorizados subsiguientemente para salir del control aduanero sin abandonar el territorio se consideran envíos

de importación; y

transbordo: envíos de mercancías transferidas bajo control aduanero desde el medio de transporte

de importación hasta el medio de transporte de exportación dentro del área de una oficina aduanera que sea al mismo tiempo la oficina de importación y de exportación.

2. Las referencias a la infracción de los derechos de propiedad intelectual de la presente sección

se interpretarán como referencias a casos de mercancías de marca falsificada, mercancías con derechos de autor pirateados o mercancías con indicación geográfica falsificada.

3. Las Partes entienden que no habrá obligación de aplicar los procedimientos establecidos en la

presente sección a las mercancías comercializadas en otro país por el titular del derecho o con su consentimiento.

4. Cada Parte adoptará o mantendrá los procedimientos para los envíos de importación y

exportación con arreglo a los cuales un titular de derechos podrá solicitar a sus autoridades competentes que suspendan el despacho o retengan las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual.

5. Cada Parte adoptará o mantendrá procedimientos para los envíos de importación y

exportación con arreglo a los cuales sus autoridades competentes podrán actuar por iniciativa propia para suspender temporalmente el despacho o retener las mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual, a fin de dar una oportunidad a los titulares de los derechos para que soliciten formalmente asistencia con arreglo al apartado 4.

6. Cada Parte podrá celebrar un acuerdo con uno o varios terceros países para establecer

procedimientos comunes de seguridad para el despacho de aduana. Se considerará que las mercancías despachadas con arreglo a los términos de los procedimientos aduaneros comunes de dicho acuerdo cumplen lo dispuesto en los apartados 4 y 5 si la Parte afectada conserva la autoridad

legal para dar cumplimiento a lo dispuesto en dichos apartados.

7. Cada Parte podrá adoptar o mantener los procedimientos a que se refieren los apartados 4 y 5

en relación con los transbordos y envíos en tránsito aduanero.

8. Cada Parte podrá excluir del ámbito de aplicación del presente artículo pequeñas cantidades

de mercancías sin carácter comercial incluidas en el equipaje personal de los viajeros o pequeñas cantidades de mercancías sin carácter comercial enviadas en pequeños envíos.

Solicitud por parte del titular de derechos

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes exijan a los titulares de derechos que

soliciten los procedimientos descritos en el artículo 20.43 que aporten pruebas adecuadas para demostrar a las autoridades competentes que, de conformidad con el Derecho de la Parte que establece los procedimientos, no existe, a primera vista, una infracción del derecho de propiedad intelectual del titular de derechos, y que aporten suficiente información sobre la que pueda suponerse razonablemente que está en conocimiento del titular del derecho para hacer las mercancías sospechosas razonablemente reconocibles por las autoridades competentes. El requisito de facilitar información suficiente no deberá disuadir indebidamente del recurso a los procedimientos descritos en el artículo 20.43.

2. Cada Parte preverá solicitudes para suspender el despacho o retener las mercancías

sospechosas de vulnerar un derecho de propiedad intelectual contempladas en el artículo 20.43 que se encuentren bajo control aduanero en su territorio. La petición de prever tales solicitudes estará sujeta a las obligaciones de establecer los procedimientos contemplados en los artículos 20.43.4

y 20.43.5. Las autoridades competentes podrán establecer que dichas solicitudes se apliquen a múltiples envíos. Cada Parte podrá establecer que, a petición del titular de los derechos, la solicitud de suspender el despacho de mercancías sospechosas o de retenerlas pueda ser aplicable a

determinados puntos de entrada y de salida bajo control aduanero.

3. Las Partes se asegurarán de que sus autoridades competentes comuniquen al solicitante en un

plazo razonable si han aceptado su solicitud. En caso de que hayan aceptado la solicitud, dichas autoridades comunicarán asimismo al solicitante el período de validez de la misma.

4. Cada Parte podrá disponer que, si el solicitante abusa de los procedimientos descritos en el

artículo 20.43, o si existe una causa válida, las autoridades competentes estén facultadas para denegar, suspender o anular una solicitud.

Suministro de información por parte del titular de los derechos

Cada Parte permitirá a sus autoridades competentes solicitar al titular de los derechos que les

proporcione información pertinente que pueda suponerse razonablemente que posee el titular del derecho para ayudar a dichas autoridades a adoptar las medidas en frontera contempladas en la presente sección. Cada Parte también podrán autorizar a los titulares de derechos a suministrar dicha información a sus autoridades competentes.

Fianza o garantía equivalente

1. Cada Parte establecerá que sus autoridades competentes estén facultadas para exigir que un

titular de derechos que solicite los procedimientos descritos en el artículo 20.43 ofrezca una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes e impedir abusos. Las Partes dispondrán que esta fianza o garantía equivalente no disuada indebidamente del recurso a estos procedimientos.

2. Cada Parte podrá establecer que esta fianza se preste en forma de garantía condicionada a

mantener al demandado libre de pérdidas o perjuicios derivados de la suspensión del despacho o la retención de las mercancías, en caso de que las autoridades competentes determinen que las mercancías no están en infracción. Solo en circunstancias excepcionales o previa orden judicial podrán las Partes permitir que el demandado obtenga la posesión de las mercancías sospechosas abonando una fianza u otra garantía.

Determinación de la infracción

Las Partes adoptarán o mantendrán procedimientos con arreglo a los cuales sus autoridades

competentes puedan determinar en un período razonable tras el inicio de los procedimientos descritos en el artículo 20.43 si las mercancías sospechosas infringen derechos de propiedad intelectual.

Medidas correctoras

1. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes estén facultadas para ordenar la

destrucción de las mercancías después de que se determine, conforme al artículo 20.47, que las mercancías están en infracción. En caso de que no se destruyan, las Partes se asegurarán de que, salvo en circunstancias excepcionales, estas mercancías se aparten de los circuitos comerciales de manera que se evite cualquier perjuicio para el titular de los derechos.

2. En cuanto a las mercancías con marca falsificada, la simple retirada de la marca colocada

ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita su despacho a los circuitos comerciales.

3. Cada Parte podrá prever que sus autoridades competentes estén facultadas para imponer

sanciones administrativas después de que se determine, conforme al artículo 20.47, que las mercancías están en infracción.

Cooperación en el ámbito específico de las medidas en frontera

1. Cada Parte conviene en cooperar con la otra Parte con objeto de eliminar el comercio

internacional de mercancías que infrinjan derechos de propiedad intelectual. A este fin, cada Parte establecerá puntos de contacto en su administración y estará dispuesta a intercambiar información sobre el comercio de mercancías infractoras. Cada Parte deberá, en particular, promover el intercambio de información y la cooperación entre sus autoridades aduaneras y las de la otra Parte

por lo que se refiere al comercio de mercancías que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

2. La cooperación contemplada en el apartado 1 podrá incluir el intercambio de información

sobre mecanismos para la recepción de información de los titulares de los derechos, las mejores prácticas y las experiencias con las estrategias de gestión de riesgos, así como de información para ayudar a identificar los envíos sospechosos de contener mercancías en infracción.

3. La cooperación con arreglo a de la presente sección se llevará a cabo conforme a los acuerdos

internacionales pertinentes que sean vinculantes para ambas Partes. El Comité Mixto de Cooperación Aduanera a que se hace referencia en el artículo 6.14 (Comité Mixto de Cooperación Aduanera) establecerá las prioridades y los procedimientos adecuados de cooperación con arreglo a la presente sección entre las autoridades competentes de las Partes.


SECCIÓN E - Cooperación

Cooperación

1. Cada Parte conviene en cooperar con la otra Parte para facilitar la aplicación de los

compromisos y las obligaciones contraídos en virtud de lo dispuesto en el presente capítulo. Los ámbitos de cooperación incluirán intercambios de información o experiencias sobre lo siguiente:

a) la protección y el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, incluidas

las indicaciones geográficas; y

b) el establecimiento de acuerdos entre sus respectivas sociedades de gestión colectiva.

2. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, cada Parte acuerda establecer y mantener un

diálogo efectivo sobre cuestiones de propiedad intelectual para abordar los temas relativos a la protección y el control de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por el presente capítulo, así como cualquier otra cuestión pertinente.


CAPÍTULO VEINTIUNO - COOPERACIÓN EN MATERIA DE REGLAMENTACIÓN

Este capítulo se basa en un acuerdo existente entre la EU y Canadá sobre cooperación en materia de reglamentación. En él se anima a los reguladores a intercambiar experiencias e información y a definir los ámbitos en los que podrían colaborar. La cooperación es voluntaria y los reguladores de la UE y Canadá conservan su competencia para adoptar actos legislativos.

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplica a la elaboración, la revisión y los aspectos metodológicos de las

medidas en materia de reglamentación de las autoridades reguladoras de las Partes que se contemplan, entre otros, en el Acuerdo OTC, el Acuerdo MSF, el GATT de 1994, el AGCS y los capítulos cuatro (Obstáculos técnicos al comercio), cinco (Medidas sanitarias y fitosanitarias), nueve (Comercio transfronterizo de servicios), veintidós (Comercio y desarrollo sostenible), veintitrés (Comercio y trabajo) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente).

Principios

1. Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones con respecto a las medidas en materia de

reglamentación en el marco del Acuerdo OTC, el Acuerdo MSF, el GATT de 1994 y el AGCS.

2. Las Partes se comprometen a garantizar un nivel elevado de protección de la vida o la salud

humana, animal y vegetal, así como del medio ambiente, con arreglo a lo dispuesto en Acuerdo OTC, el Acuerdo MSF, el GATT de 1994, el AGCS y el presente Acuerdo.

3. Las Partes reconocen el valor de la cooperación, tanto bilateral como multilateral, en materia

de reglamentación con sus socios comerciales pertinentes. Las Partes, siempre que sea factible y mutuamente beneficioso, abordarán la cooperación en materia de reglamentación de manera que esté abierta a la participación de otros socios comerciales internacionales.

4. Sin limitar la capacidad de cada Parte para llevar a cabo sus actividades reguladoras,

legislativas y políticas, las Partes se comprometen a desarrollar la cooperación en materia de reglamentación a la luz de su interés mutuo para:

a) prevenir y eliminar los obstáculos innecesarios al comercio y a la inversión;

b) mejorar el entorno para la competitividad y la innovación, incluso buscando la compatibilidad

en materia de reglamentación, el reconocimiento de la equivalencia y la convergencia; y

c) promover procesos transparentes, eficientes y eficaces en materia de reglamentación que

presten apoyo a los objetivos de política pública y cumplan los mandatos de los organismos

reguladores, en particular fomentando el intercambio de información y una mayor utilización de las mejores prácticas.

5. El presente capítulo sustituye al marco de cooperación en materia de reglamentación y

transparencia entre el Gobierno de Canadá y la Comisión Europea, hecho en Bruselas

el 21 de diciembre de 2004, y regula las actividades emprendidas previamente en dicho marco.

6. Las Partes podrán emprender actividades de cooperación en materia de reglamentación con

carácter voluntario. Para mayor certeza, una Parte no está obligada a participar en ninguna actividad concreta de cooperación en materia de reglamentación, y podrá negarse a cooperar o podrá retirarse de la cooperación. No obstante, si una Parte se niega a iniciar la cooperación en materia de reglamentación o se retira de la cooperación, debe poder explicar los motivos de su decisión a la otra Parte.

Objetivos de la cooperación en materia de reglamentación

Los objetivos de la cooperación en materia de reglamentación incluyen:

a) contribuir a la protección de la vida, la salud o la seguridad de las personas, la vida o la salud

de los animales y los vegetales, así como del medio ambiente, por medio de:

i) la movilización de recursos internacionales en ámbitos como la investigación, la

revisión previa del mercado y el análisis de riesgos para abordar cuestiones importantes de carácter reglamentario de interés local, nacional e internacional; y

ii) la contribución a la base de datos utilizada por los departamentos reguladores para

identificar, evaluar y gestionar los riesgos;

b) fomentar la confianza, aumentar el entendimiento mutuo de la gobernanza en materia de

reglamentación y beneficiarse mutuamente de conocimientos especializados y perspectivas con el fin de:

i) mejorar la planificación y el desarrollo de los proyectos normativos;

ii) fomentar la transparencia y la previsibilidad en el desarrollo y el establecimiento de

normativas;

iii) aumentar la eficacia de la normativa;

iv) identificar instrumentos alternativos;

v) reconocer la incidencia asociada a la normativa;

vi) evitar divergencias innecesarias en materia de reglamentación; y

vii) mejorar la aplicación y el cumplimiento de la normativa;

c) facilitar el comercio bilateral y la inversión de manera que:

i) se basen en los actuales acuerdos de cooperación;

ii) reduzcan las divergencias innecesarias en materia de reglamentación; e

iii) identifiquen nuevos métodos de trabajo para una cooperación en sectores específicos;

d) contribuir a la mejora de la competitividad y a la eficacia de la industria, de manera que:

i) se minimicen los costes administrativos cuando sea posible;

ii) se reduzca la duplicación de requisitos reglamentarios y los consiguientes costes de

cumplimiento cuando sea posible; y

iii) se busquen enfoques normativos compatibles, incluso, cuando sea posible y pertinente,

a través de:

A) la aplicación de enfoques normativos tecnológicamente neutros; y

B) el reconocimiento de la equivalencia o la promoción de la convergencia.

Actividades de cooperación en materia de reglamentación

Las Partes se esforzarán por cumplir los objetivos establecidos en el artículo 21.3, llevando a cabo

actividades de cooperación en materia de reglamentación que podrán incluir:

a) participar en los debates bilaterales en curso sobre la gobernanza en materia de

reglamentación, incluso para:

i) debatir la reforma normativa y sus efectos sobre las relaciones de las Partes;

ii) identificar las lecciones extraídas;

iii) examinar, si procede, enfoques alternativos a la reglamentación; e

iv) intercambiar experiencias sobre instrumentos normativos, incluso sobre las

evaluaciones del impacto reglamentario, la evaluación de los riesgos y las estrategias de cumplimiento y ejecución;

b) consultarse, si procede, e intercambiar información a lo largo de todo el proceso de

elaboración de la reglamentación. esta consulta y este intercambio deben comenzar lo antes posible en dicho proceso;

c) intercambiar información que no sea pública, en la medida en que esta información pueda

hacerse llegar también a gobiernos extranjeros, de conformidad con las normas aplicables de la Parte que proporciona la información;

d) intercambiar las propuestas de reglamentación técnica o sanitaria y fitosanitaria que puedan

afectar al comercio con la otra Parte en la fase más temprana posible, de manera que puedan tenerse en cuenta las observaciones y propuestas de modificación;

e) facilitar, a petición de la otra Parte, una copia de la reglamentación propuesta, con sujeción a

la legislación aplicable sobre privacidad, y dar tiempo suficiente a las partes interesadas para presentar observaciones por escrito;

f) intercambiar información sobre las acciones de reglamentación previstas y las medidas o

modificaciones objeto de examen, en la fase más temprana posible, a fin de:

i) comprender la justificación de las opciones en materia de reglamentación de la Parte,

incluido el instrumento elegido, y examinar las posibilidades de una mayor convergencia entre las Partes sobre el modo de expresar los objetivos de la reglamentación y la manera de definir su ámbito de aplicación; las Partes también deben abordar la cuestión de la interacción entre la reglamentación, las normas y la evaluación de la conformidad en este contexto; y

ii) comparar los métodos y las hipótesis que se han utilizado para analizar las propuestas de

reglamentación, incluyendo, si procede, un análisis de la viabilidad técnica o económica y los beneficios en relación con el objetivo perseguido de los principales enfoques o requisitos normativos alternativos considerados; este intercambio de información podrá incluir también estrategias de cumplimiento y evaluaciones de impacto, incluida una comparación de la posible relación coste-eficacia de la reglamentación propuesta con la de los principales requisitos reglamentarios o métodos alternativos considerados;

g) examinar las posibilidades de reducir las divergencias innecesarias en la reglamentación a

través de medios como:

i) la realización de una evaluación conjunta o concurrente de riesgos y una evaluación de

las repercusiones de la reglamentación, si es factible y mutuamente beneficioso;

ii) la búsqueda de una solución armonizada, equivalente o compatible; o

iii) una consideración del reconocimiento mutuo, en casos específicos;

h) cooperar en cuestiones que afectan a la elaboración, aprobación, ejecución y mantenimiento

de directrices, recomendaciones y normas internacionales;

i) examinar la conveniencia y la posibilidad de recoger la misma o similar información sobre la

naturaleza, el alcance y la frecuencia de los problemas que pueden dar lugar a la aplicación de medidas en materia de reglamentación, si eso permite llegar antes a conclusiones estadísticamente significativas sobre estos problemas;

j) comparar periódicamente las prácticas de recogida de datos;

k) examinar la conveniencia y la posibilidad de utilizar las mismas o similares hipótesis y

metodologías que la otra Parte utilice para analizar datos y evaluar las cuestiones subyacentes que deben resolverse mediante reglamentación, a fin de:

i) reducir las diferencias a la hora de identificar problemas; y

ii) fomentar la similitud de los resultados;

l) comparar periódicamente las metodologías y las hipótesis analíticas;

m) intercambiar información sobre la administración, aplicación y ejecución de la

reglamentación, así como sobre los medios para obtener y medir el cumplimiento;

n) llevar a cabo programas de cooperación en materia de investigación con el fin de:

i) reducir las duplicidades en la investigación;

ii) generar más información con menor coste;

iii) recoger los mejores datos;

iv) establecer, cuando proceda, una base científica común;

v) abordar los problemas más urgentes en materia de reglamentación de forma más

coherente y orientada a resultados; y

vi) minimizar las diferencias innecesarias en las nuevas propuestas legislativas, con una

mayor eficacia en materia de salud, seguridad y protección del medio ambiente;

o) llevar a cabo revisiones posteriores a la aplicación de normativas o políticas;

p) comparar los métodos y las hipótesis que se han utilizado en dichas revisiones posteriores a

la aplicación;

q) cuando proceda, poner mutuamente a disposición los resultados de dichas revisiones

posteriores a la aplicación;

r) determinar el enfoque adecuado para reducir los efectos adversos de las diferencias en materia

de reglamentación en el comercio y la inversión bilaterales en los sectores que haya identificado una Parte, incluso, cuando proceda, mediante una mayor convergencia, reconocimiento mutuo, la minimización del uso de instrumentos reguladores que distorsionan el comercio y la inversión, y el uso de normas internacionales, incluso normas y guías de evaluación de la conformidad; o

s) intercambiar información, conocimientos especializados y experiencias en el ámbito del

bienestar de los animales, con el fin de fomentar la colaboración sobre el bienestar de los animales entre las Partes.

Compatibilidad de las medidas en materia de reglamentación

Para aumentar la convergencia y la compatibilidad entre las medidas en materia de reglamentación

de las Partes, cada Parte analizará, cuando proceda, las medidas o iniciativas de reglamentación de la otra Parte sobre el mismo tema o sobre temas relacionados. Una Parte podrá adoptar diferentes medidas en materia de reglamentación o perseguir diferentes iniciativas, entre otras razones por tener diferentes enfoques legislativos o institucionales, o circunstancias, valores y prioridades específicos de dicha Parte.

Foro de Cooperación en materia de Reglamentación

1. Se establece un Foro de Cooperación en materia de Reglamentación («FCR»), de

conformidad con el artículo 26.2.1, letra h) (Comités especializados), a fin de facilitar y promover la cooperación en materia de reglamentación entre las Partes de conformidad con el presente capítulo.

2. El FCR desempeñará las siguientes funciones:

a) proporcionará un foro para debatir asuntos de política de reglamentación de interés mutuo que

las Partes hayan identificado a través de, entre otras cosas, las consultas celebradas de conformidad con el artículo 21.8;

b) ayudará a los reguladores individuales a identificar posibles socios para las actividades de

cooperación y les proporcionará herramientas adecuadas para ello, como modelos de acuerdos de confidencialidad;

c) revisará las iniciativas en materia de reglamentación, en curso o previstas, que una Parte

considere que pueden proporcionar oportunidades de colaboración; las revisiones, que se llevarán a cabo en consulta con los departamentos y organismos de reglamentación, deben prestar apoyo a la aplicación del presente capítulo; y

d) promoverá el desarrollo de actividades bilaterales de cooperación de conformidad con el

artículo 21.4, y, sobre la base de la información obtenida de los departamentos y organismos de reglamentación, revisará los progresos, los logros y las mejores prácticas de las iniciativas

de cooperación en materia de reglamentación en sectores específicos.

3. El FCR será copresidido por un alto representante del Gobierno de Canadá, a nivel de

viceministro, equivalente o designado, y un representante de alto rango de la Comisión Europea, a nivel de Director General, equivalente o designado, y estará compuesto por funcionarios competentes de cada una de las Partes. Las Partes podrán, de común acuerdo, invitar a otras partes interesadas a participar en las reuniones del FCR.

4. El FCR:

a) establecerá su mandato, sus procedimientos y su programa de trabajo en su primera reunión

tras la entrada en vigor del presente Acuerdo;

b) se reunirá en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo

y, posteriormente, al menos una vez al año, salvo que las Partes acuerden otra cosa; e

c) informará al Comité Mixto del CETA sobre la aplicación del presente capítulo, según

proceda.

Otras formas de cooperación entre las Partes

1. Con arreglo al artículo 21.6.2, letra c), y para permitir el seguimiento de los proyectos de

normativas futuras e identificar oportunidades de cooperación en materia de reglamentación, las Partes deberán intercambiar periódicamente información sobre los proyectos de reglamentación en curso o previstos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. Esta información deberá incluir, si procede, los nuevos reglamentos técnicos y las modificaciones de los reglamentos técnicos vigentes que es probable que se propongan o adopten.

2. Las Partes podrán facilitar la cooperación en materia de reglamentación mediante el

intercambio de funcionarios con arreglo a un determinado régimen.

3. Las Partes procurarán cooperar o intercambiar información de forma voluntaria en materia de

seguridad de los productos no alimentarios. Esta cooperación o intercambio de información podrá referirse, en particular, a:

a) cuestiones científicas, técnicas y de reglamentación, con el fin de contribuir a mejorar la

seguridad de los productos no alimentarios;

b) nuevos temas de salud y seguridad pertinentes que entren en el ámbito de la aplicación de la

autoridad de una Parte;

c) actividades relacionadas con la normalización;

d) vigilancia del mercado y actividades de ejecución;

e) métodos de evaluación de riesgos y ensayos de productos; y

f) retiradas coordinadas de productos y otras acciones similares.

4. Las Partes podrán establecer un intercambio recíproco de información sobre la seguridad de

los productos de consumo y sobre las medidas preventivas, restrictivas y correctoras adoptadas. En particular, Canadá podrá recibir acceso a determinada información del sistema de alerta RAPEX de la Unión Europea, o del sistema que lo suceda, en relación con los productos de consumo a que se refiere la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos. La Unión Europea podrá recibir información de alerta precoz sobre medidas restrictivas y retiradas de productos del sistema canadiense de notificación de incidentes sobre productos de consumo, conocido como RADAR, o del sistema que lo suceda, en lo que se refiere a los productos de consumo, tal como se definen en la Canada Consumer Product Safety Act, S.C. 2010, c. 21 y a los cosméticos, tal como se definen en la Food and Drugs Act, R.S.C. 1985, c. F-27. Este intercambio recíproco de información se llevará a cabo

sobre la base de un acuerdo en el que se establezcan las medidas a que se refiere el apartado 5.

5. Antes de que las Partes realicen el primer intercambio de información previsto en el

apartado 4, se asegurarán de que el Comité de Comercio de Mercancías respalda las medidas destinadas a aplicar estos intercambios. Las Partes garantizarán que dichas medidas especifiquen el tipo de información intercambiada, las modalidades de intercambio y la aplicación de las normas de confidencialidad y protección de datos personales.

6. El Comité de Comercio de Mercancías respaldará las medidas con arreglo al apartado 5 en el

plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, a menos que las Partes decidan ampliar la fecha.

7. Las Partes podrán modificar las medidas a que se refiere el apartado 5. El Comité de

Comercio de Mercancías aprobará cualquier modificación de las medidas.

Consultas con entidades privadas

Para conocer los puntos de vista no gubernamentales sobre las cuestiones relacionadas con la

aplicación del presente capítulo, cada Parte o las Partes podrán consultar, en su caso, a las partes interesadas, incluidos representantes del mundo académico, grupos de reflexión, organizaciones no gubernamentales, empresas, consumidores y otras organizaciones. Estas consultas podrán realizarse por cualquier medio que la Parte o las Partes consideren apropiado.

Puntos de contacto

1. Los puntos de contacto para la comunicación entre las Partes sobre las cuestiones que surjan

en el marco del presente capítulo son:

a) en el caso de Canadá, la Technical Barriers and Regulations Division (División de obstáculos

técnicos y reglamentación) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo, o su sucesora; y

b) en el caso de la Unión Europea, la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General

de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, o la unidad que la suceda.

2. Cada punto de contacto es responsable de consultar y coordinarse con sus respectivos

departamentos y organismos reguladores, según proceda, sobre cualquier cuestión que surja en el ámbito del presente capítulo.


CAPÍTULO VEINTIDÓS - COMERCIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En este capítulo, la UE y Canadá reconocen que el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son interdependientes. Ambas Partes acuerdan velar por que el crecimiento económico apoye sus objetivos sociales y medioambientales. En este capítulo también se crea un Comité Mixto de Comercio y Desarrollo Sostenible y ambas Partes se comprometen a promover la formación de foros con los grupos de interés.

Contexto y objetivos

1. Las Partes recuerdan la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,

de 1992, la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, y el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, de 2002, la Declaración Ministerial del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la «creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, y sus consecuencias sobre el desarrollo sostenible», de 2006, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008. Las Partes reconocen que el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se refuerzan mutuamente, y reafirman su voluntad de promover el desarrollo del comercio internacional, de manera que se contribuya al

objetivo del desarrollo sostenible, para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

2. Las Partes subrayan las ventajas de considerar las cuestiones laborales y medioambientales

relacionadas con el comercio en el marco de un enfoque global del comercio y del desarrollo sostenible. En consecuencia, las Partes convienen en que los derechos y las obligaciones que se contemplan en los capítulos Veintitrés (Comercio y trabajo) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente) deben considerarse en el contexto del presente Acuerdo.

3. A este respecto, mediante la aplicación de los capítulos Veintitrés (Comercio y trabajo) y

veinticuatro (Comercio y medio ambiente), las Partes aspiran a:

a) promover el desarrollo sostenible a través de la mejora de la coordinación y la integración de

sus respectivas medidas y políticas laborales, medioambientales y comerciales;

b) fomentar el diálogo y la cooperación entre las Partes, con miras a desarrollar sus relaciones

económicas y comerciales de manera que respalden sus respectivas normas y medidas de protección medioambiental y laboral, y a respetar sus objetivos en materia de protección medioambiental y laboral, en un contexto de relaciones comerciales libres, abiertas y transparentes;

c) reforzar la aplicación de sus respectivas legislaciones en materia laboral y medioambiental y

el respeto de los acuerdos internacionales en materia laboral y medioambiental;

d) promover la plena utilización de instrumentos como las evaluaciones de impacto y la consulta

a las partes interesadas en la regulación de las cuestiones comerciales, laborales y medioambientales, y animar a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos a desarrollar y aplicar prácticas que contribuyan a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; y

e) promover la consulta y la participación del público en los debates sobre asuntos de desarrollo

sostenible que se planteen en el marco del presente Acuerdo y en la elaboración de la legislación y las políticas pertinentes.

Transparencia

Las Partes destacan la importancia de asegurar la transparencia como elemento necesario para

fomentar la participación del público y de hacer pública la información en el marco del presente capítulo, con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y en el

capítulo Veintisiete (Transparencia), así como en los artículos 23.6 (Información y sensibilización

de la opinión pública) y 24.7 (Información y sensibilización de la opinión pública).

Cooperación y fomento del comercio en pro del desarrollo sostenible

1. Las Partes reconocen el valor de la cooperación internacional para alcanzar el objetivo del

desarrollo sostenible y la integración a nivel internacional de las iniciativas, acciones y medidas de protección y desarrollo económico, social y medioambiental. Por tanto, las Partes coinciden en dialogar y consultarse entre sí en lo que se refiere a las cuestiones de desarrollo sostenible

relacionadas con el comercio que sean de interés común.

2. Las Partes afirman que el comercio debe promover el desarrollo sostenible. En consecuencia,

cada Parte se esforzará por promover prácticas y flujos comerciales y económicos que contribuyan a mejorar el trabajo digno y la protección del medio ambiente, por ejemplo mediante:

a) el fomento del desarrollo y de la utilización de sistemas voluntarios relacionados con la

producción sostenible de productos y servicios, como por ejemplo las etiquetas ecológicas y los sistemas de comercio justo;

b) el fomento del desarrollo y de la utilización con carácter voluntario de buenas prácticas de

responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, a fin de reforzar la coherencia entre los objetivos económicos, sociales y medioambientales;

c) el fomento de la integración de los aspectos de sostenibilidad en las decisiones de consumo

público y privado; y

d) la promoción del desarrollo, el establecimiento, el mantenimiento o la mejora de objetivos y

normas sobre resultados medioambientales.

3. Las Partes reconocen la importancia de abordar las cuestiones de desarrollo sostenible

evaluando las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las posibles medidas, teniendo en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas. Por consiguiente, cada Parte se compromete a revisar, controlar y evaluar el impacto de la aplicación del presente Acuerdo sobre el desarrollo sostenible en su territorio, a fin de detectar cualquier necesidad de actuación que pueda surgir en relación con el presente Acuerdo. Las Partes podrán llevar a cabo evaluaciones conjuntas. Estas evaluaciones se llevarán a cabo de un modo que se adapte a las prácticas y condiciones de cada Parte, a través de los respectivos procesos participativos de las Partes, así como

de los procedimientos establecidos en el marco del presente Acuerdo.

Mecanismos institucionales

1. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible, creado de conformidad con el

artículo 26.2.1.g) (Comités especializados), estará formado por representantes de alto nivel de las Partes responsables de cuestiones cubiertas por el presente capítulo y los

capítulos Veintitrés (Comercio y trabajo) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente). El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible supervisará la aplicación de dichos capítulos, incluidas las actividades de cooperación y el estudio de las repercusiones del presente Acuerdo sobre el desarrollo sostenible, y abordará de manera integrada todas las cuestiones de interés común para las Partes en relación con la interrelación entre el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Por lo que se refiere a los capítulos Veintitrés (Comercio y trabajo) y veinticuatro (Comercio y medio ambiente), el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible también puede cumplir sus obligaciones mediante sesiones específicas que agrupen a participantes

responsables de cualquier asunto regulado, respectivamente, en estos capítulos

2. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reunirá durante el primer año siguiente a la

entrada en vigor del presente Acuerdo, y posteriormente con la frecuencia que las Partes consideren necesaria. Los puntos de contacto contemplados en los artículos 23.8 (Mecanismos institucionales) y 24.13 (Mecanismos institucionales) serán responsables de la comunicación entre las Partes en relación con la planificación y la organización de estas reuniones o sesiones específicas.

3. Cada reunión ordinaria o sesión específica del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible

incluirá una sesión con el público para debatir las cuestiones relativas a la aplicación de los capítulos correspondientes, a menos que las Partes decidan otra cosa.

4. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible promoverá la transparencia y la participación

pública. Con tal finalidad:

a) las decisiones y los informes del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se harán

públicos, salvo que este decida lo contrario;

b) el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible podrá presentar actualizaciones sobre

cualquier asunto relacionado con el presente capítulo, incluida su aplicación, al Foro de la Sociedad Civil mencionado en el artículo 22.5; los puntos de vista y dictámenes del Foro de la Sociedad Civil se presentarán directamente a las Partes o a través de los mecanismos de consulta mencionados en los artículos 23.8.3 (Mecanismos institucionales) y 24.13 (Mecanismos institucionales); el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible informará anualmente del seguimiento de dichas comunicaciones;

c) el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible informará anualmente sobre cualquier asunto

que aborde con arreglo al artículo 24.7.3 (Información y sensibilización de la opinión pública) o al artículo 23.8.4 (Mecanismos institucionales).

Foro de la Sociedad Civil

1. Las Partes facilitarán un Foro de la Sociedad Civil conjunto compuesto por representantes de

las organizaciones de la sociedad civil establecidas en sus territorios, incluidos los participantes en los mecanismos consultivos previstos en los artículos 23.8.3 (Mecanismos institucionales) y 24.13 (Mecanismos institucionales), con el fin de llevar a cabo un diálogo sobre los aspectos de desarrollo sostenible del presente Acuerdo.

2. El Foro de la Sociedad Civil se convocará una vez al año, salvo que las Partes acuerden otra

frecuencia. Las Partes promoverán una representación equilibrada de los intereses pertinentes, que incluya empleadores representativos independientes, sindicatos, organizaciones de trabajadores y empleadores, grupos medioambientales y otras organizaciones de la sociedad civil pertinentes, según proceda. Asimismo, las Partes podrán facilitar la participación por medios virtuales.


CAPÍTULO VEINTITRÉS - COMERCIO Y TRABAJO

En este capítulo, la UE y Canadá se comprometen a respetar las normas laborales establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, así como a ratificar y a aplicar los convenios fundamentales de la OIT. El capítulo protege el derecho de cada Parte a regular sobre asuntos laborales. Impide a las dos Partes ignorar o rebajar las normas laborales para impulsar el comercio. Garantiza que las organizaciones no gubernamentales participen en la aplicación de las sus disposiciones. Fomenta la cooperación con la OIT. Por último, establece un mecanismo que garantiza que ambas Partes pongan en práctica sus disposiciones (mecanismo de ejecución).

Contexto y objetivos

1. Las Partes reconocen el valor de la cooperación y de los acuerdos internacionales en materia

laboral adoptados como respuesta de la comunidad internacional a los desafíos y oportunidades de carácter económico, laboral y social resultantes de la globalización. Reconocen la contribución que el comercio internacional puede hacer para un empleo pleno y productivo y un trabajo digno para todos, y se comprometen a mantener consultas y a cooperar, cuando proceda, sobre cuestiones laborales y de empleo de interés mutuo relacionadas con el comercio.

2. Afirmando el valor de una mayor coherencia de las medidas en materia de trabajo digno, que

incluya normas laborales básicas y altos niveles de protección laboral, junto con su aplicación efectiva, las Partes reconocen el papel beneficioso que dichos ámbitos pueden tener sobre la eficiencia económica, la innovación y la productividad, incluso en los resultados de las exportaciones. En este contexto, también reconocen la importancia del diálogo social sobre cuestiones laborales entre los trabajadores, los empresarios, así como entre sus organizaciones respectivas, y los gobiernos, y se comprometen a fomentar dicho diálogo.

Derecho a regular y niveles de protección

Reconociendo el derecho de cada Parte a establecer sus prioridades laborales, a fijar sus niveles de

protección laboral y a adoptar o modificar en consecuencia sus leyes y políticas, de forma coherente con sus compromisos laborales internacionales, incluidos los del presente capítulo, cada Parte procurará garantizar que dichas leyes y políticas contemplen y fomenten niveles elevados de protección laboral y se esforzará por seguir mejorando dichas leyes y políticas con el objetivo de ofrecer un elevado nivel de protección laboral.

Normas y acuerdos laborales multilaterales

1. Cada Parte se asegurará de que su legislación y sus prácticas laborales incorporan y

garantizan la protección de los principios y derechos fundamentales en el trabajo que se enumeran a continuación. Las Partes afirman su compromiso de respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos de conformidad con las obligaciones de los miembros de la Organización Internacional del Trabajo («OIT») y los compromisos contraídos en virtud de la Declaración de Principios de la OIT relativa a los Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento,

de 1998, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.º período de sesiones:

a) la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva;

b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio;

c) la abolición efectiva del trabajo infantil, y

d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

2. Cada Parte se asegurará de que su legislación y las prácticas laborales fomentan los siguientes

objetivos incluidos en el Programa de Trabajo Decente de la OIT, y de conformidad con la Declaración de la OIT, de 2008, sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 97.º período de sesiones, y otros compromisos internacionales:

a) la salud y la seguridad en el trabajo, incluida la prevención de lesiones o enfermedades

profesionales y la indemnización en caso de lesión o enfermedad;

b) el establecimiento de unas normas laborales mínimas aceptables para los asalariados,

incluidos los no cubiertos por un convenio colectivo; así como

c) la no discriminación en materia de condiciones de trabajo, incluso para los trabajadores

migrantes.

3. Con arreglo al apartado 2, letra a), cada Parte se asegurará de que su legislación y sus

prácticas laborales incorporan y garantizan la protección de unas condiciones de trabajo que respeten la salud y la seguridad de los trabajadores, entre otras cosas formulando políticas que promuevan unos principios básicos destinados a prevenir los accidentes y las lesiones que se deriven del trabajo o se produzcan en el transcurso del mismo, y dirigidas a desarrollar una cultura de la salud y la seguridad preventivas en las que se otorgue la máxima prioridad al principio de prevención. A la hora de elaborar e implementar medidas destinadas a la protección de la salud y la seguridad en el trabajo, las Partes tendrán en cuenta la información científica y técnica pertinente y las correspondientes normas, directrices o recomendaciones internacionales, si las medidas pueden afectar al comercio o a las inversiones entre las partes. Las Partes reconocen que en caso de que existan o puedan existir riesgos o condiciones de los que pueda razonablemente esperarse que provoquen una lesión o una enfermedad a una persona física, una Parte no podrá utilizar la falta de total certidumbre científica como motivo para aplazar la adopción de medidas de seguridad con buena relación entre coste y eficacia.

4. Cada Parte reafirma su compromiso de aplicar de manera efectiva en sus leyes y prácticas en

todo su territorio los convenios fundamentales de la OIT que Canadá y los Estados miembros de la Unión Europea hayan ratificado respectivamente. Las Partes se esforzarán de forma continua y sostenida para ratificar los convenios fundamentales de la OIT, si todavía no lo han hecho. Las Partes procederán a intercambiar información sobre sus situaciones y avances respectivos en cuanto a la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT, así como de los convenios prioritarios y otros convenios clasificados por la OIT como actualizados.

Mantenimiento de los niveles de protección

1. Las Partes reconocen que no es adecuado fomentar el comercio o la inversión debilitando o

reduciendo los niveles de protección que proporcionan su legislación y sus normas laborales.

2. Ninguna de las Partes podrá no aplicar su legislación y sus normas laborales o hacer

excepciones de las mismas, o bien ofrecer no aplicarlas o hacer excepciones, para fomentar el establecimiento, la adquisición, la expansión o la retención de una inversión en su territorio.

3. Ninguna de las Partes podrá, a través de una acción sostenida o repetida o por inacción, dejar

de aplicar de manera efectiva su legislación y sus normas laborales como estímulo para el comercio o la inversión.

Procedimientos de ejecución, procedimientos administrativos y recursos contra actos administrativos

1. Con arreglo al artículo 23.4, cada Parte fomentará el cumplimiento de su legislación laboral y

hará un control efectivo de su aplicación, por ejemplo:

a) manteniendo un sistema de inspección laboral conforme a sus compromisos internacionales,

con el fin de garantizar que se hagan cumplir las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y la protección de los trabajadores cuya aplicación controlen los inspectores de trabajo; y

b) garantizando que las personas con un interés jurídicamente reconocido en un asunto concreto

que aleguen que se ha infringido un derecho en virtud de su legislación dispongan de procedimientos administrativos o judiciales que permitan actuar de forma efectiva contra las infracciones de su legislación laboral, y que incluyan medidas correctoras adecuadas en caso

de infracción de dicha legislación.

2. Cada Parte, de conformidad con su legislación, garantizará que los procedimientos

mencionados en el apartado 1, letra b), no sean innecesariamente complicados ni excesivamente gravosos ni comporten plazos injustificables o retrasos indebidos, ofrezcan desagravio por mandato judicial, si procede, y sean justos y equitativos, en particular:

a) al informar a los demandados con una antelación razonable cuando se inicie un

procedimiento, incluyendo una descripción de la naturaleza del procedimiento y del fundamento de la demanda;

b) al ofrecer a las partes en el procedimiento una oportunidad razonable de apoyar o defender sus

respectivas posturas, en particular presentando datos o pruebas, antes de que se tome una decisión final;

c) al establecer que las decisiones finales se hagan por escrito y motivadas de forma adecuada al

asunto y se basen en datos o elementos de prueba sobre los que se ofrezca a las partes en el procedimiento la posibilidad de ser oídas; y

d) al ofrecer a las partes en un procedimiento administrativo una oportunidad de revisión y, si

está justificado, de rectificación de las decisiones administrativas definitivas en un plazo razonable por un tribunal establecido por ley, con las debidas garantías de independencia e imparcialidad.

Información y sensibilización de la opinión pública

1. Además de sus obligaciones en virtud del artículo 27.1 (Publicación), cada Parte fomentará el

debate público con los agentes no estatales y entre ellos, en lo relativo al desarrollo y la definición de políticas que puedan conducir a la adopción de legislación y normas laborales por parte de sus autoridades públicas.

2. Cada Parte fomentará la concienciación pública de la legislación laboral y las normas, así

como los procedimientos de control de la aplicación y cumplimiento, entre otras cosas garantizando la disponibilidad de información y tomando medidas para conocer y comprender mejor a los trabajadores, los empresarios y sus representantes.

Actividades de cooperación

1. Las Partes se comprometen a cooperar para promover los objetivos del presente capítulo

mediante medidas como:

a) el intercambio de información sobre mejores prácticas acerca de cuestiones de interés común

y acontecimientos, actividades e iniciativas pertinentes;

b) la cooperación en foros internacionales que traten cuestiones pertinentes para el comercio y el

trabajo, en particular la OMC y la OIT;

c) la promoción internacional y la aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales

en el trabajo mencionados en el artículo 23.3.1, y de la Agenda del Trabajo Decente de la OIT;

d) el diálogo y el intercambio de información sobre las disposiciones laborales en el marco de

sus respectivos acuerdos comerciales y su aplicación;

e) la exploración de la colaboración en iniciativas relativas a terceros; y

f) cualquier otra forma de cooperación que se considere adecuada.

2. Las Partes estudiarán todas las opiniones de los representantes de los trabajadores, los

empresarios y las organizaciones de la sociedad civil a la hora de identificar áreas de cooperación y de llevar a cabo actividades de cooperación.

3. Las Partes podrán establecer acuerdos de cooperación con la OIT y otras organizaciones

internacionales o regionales pertinentes para aprovechar sus conocimientos técnicos y recursos a fin de alcanzar los objetivos del presente capítulo.

Mecanismos institucionales

1. Cada Parte designará una oficina que servirá de punto de contacto con la otra Parte para la

aplicación del presente capítulo, en particular en lo que se refiere a:

a) los programas de cooperación y las actividades de conformidad con el artículo 23.7;

b) la recepción de escritos y comunicaciones con arreglo al artículo 23.9; y

c) la información que debe proporcionarse a la otra Parte, los grupos de expertos y el público en

general.

2. Cada Parte informará a la otra Parte, por escrito, del punto de contacto a que se refiere el

apartado 1.

3. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible establecido de conformidad con el

artículo 26.2.1.g) (Comités especializados), a través de sus reuniones periódicas o sesiones específicas que agrupen a participantes responsables de los asuntos cubiertos por el presente capítulo:

a) supervisará la aplicación del presente capítulo y analizarán los avances realizados en virtud

del mismo, incluido su funcionamiento y eficacia; y

b) analizará cualquier otra cuestión relacionada con el ámbito de aplicación del presente

capítulo.

4. Cada una de las Partes creará un grupo de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo

sostenible, o consultará a sus grupos nacionales, para recabar opiniones y asesoramiento sobre las cuestiones relacionadas con el presente capítulo. Dichos grupos estarán formados por organizaciones independientes representativas de la sociedad civil con una representación equilibrada de empleadores, sindicatos, organizaciones patronales y de trabajadores, así como por otras partes interesadas pertinentes, si procede. Podrán presentar opiniones y formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con el presente capítulo por iniciativa propia.

5. Cada Parte estará dispuesta a recibir y tener debidamente en cuenta las observaciones del

público sobre cuestiones relacionadas con el presente capítulo, incluidas las comunicaciones sobre las cuestiones de aplicación. Cada Parte informará a sus respectivos grupos de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo sostenible sobre esas comunicaciones.

6. Las Partes tendrán en cuenta las actividades de la OIT a fin de promover una mayor

cooperación y coherencia entre el trabajo de las Partes y el de la OIT.

Consultas

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte sobre todo asunto que surja

en virtud del presente capítulo, enviando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte. Dicha Parte deberá presentar el asunto de modo claro en su solicitud, identificar las cuestiones en litigio y hacer una breve exposición de las peticiones en el marco del presente capítulo. Cuando una Parte presente una solicitud de consultas, estas deben iniciarse lo antes posible.

2. Durante las consultas, cada una de las Partes proporcionará a la otra Parte información

suficiente de que disponga, que permita un examen completo de las cuestiones planteadas, con sujeción a su legislación en lo que respecta a la información comercial confidencial y personal.

3. Si procede, y siempre que ambas Partes den su consentimiento, las Partes pedirán información

u opiniones a cualquier persona, organización u organismo, como la OIT, que pueda contribuir al examen del asunto que se plantee.

4. Si una Parte considera que el asunto debe ser examinado más detenidamente, podrá solicitar

que el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reúna para considerar la cuestión presentando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reunirá lo antes posible y tratará de resolver el asunto. Cuando proceda, recabará asesoramiento de los grupos de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo sostenible de las Partes a través de los mecanismos de consulta mencionados en el artículo 23.8.

5. Cada una de las Partes hará pública toda solución o decisión sobre un asunto debatido con

arreglo al presente artículo.

Grupo de Expertos

1. Para cualquier asunto que no esté resuelto de forma satisfactoria mediante consultas en virtud

del artículo 23.9, las Partes podrán, en un plazo de noventa días a partir de la recepción de una solicitud de celebración de consultas de conformidad con el artículo 23.9.1, solicitar que un Grupo de Expertos se reúna para examinar dicha cuestión, enviando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, las Partes aplicarán el Reglamento

interno y el Código de Conducta establecidos en los anexos 29-A y 29-B, a menos que las Partes decidan otra cosa.

3. El Grupo de Expertos está compuesto por tres miembros.

4. Las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición del Grupo de

Expertos en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que la Parte requerida reciba la solicitud de constitución de un Grupo de Expertos. Se prestará la debida atención a fin de garantizar que los miembros propuestos para el Grupo de Expertos cumplan los requisitos establecidos en el apartado 7 y tengan los conocimientos apropiados para el asunto en cuestión.

5. Si las Partes no pueden decidir sobre la composición del Grupo de Expertos dentro del plazo

indicado en el apartado 4, se aplicarán los procedimientos de selección establecidos en los apartados 3 a 7 del artículo 29.7 (Composición del panel arbitral) en lo que respecta a la lista establecida en el apartado 6.

6. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible establecerá, en su primera reunión tras la

entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de al menos nueve personas elegidas por su objetividad, fiabilidad y capacidad de discernimiento y que estén dispuestas a ejercer de miembros del Grupo de Expertos, y puedan hacerlo. Cada una de las Partes designará al menos a tres personas a la lista de miembros del Grupo de Expertos. Las Partes deberán también designar por lo menos a tres personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes y que estén dispuestas a ejercer de presidente del Grupo de Expertos, y puedan hacerlo. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible garantizará que la lista se mantenga siempre a este nivel.

7. Los expertos propuestos para el Grupo de Expertos deberán tener conocimientos

especializados o experiencia en Derecho laboral y otras cuestiones tratadas en este capítulo, o en solución de controversias en el marco de acuerdos internacionales. Dichas personas serán independientes, actuarán a título personal y no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni de ningún gobierno sobre el asunto en cuestión. No estarán afiliados al gobierno de ninguna de las Partes, y cumplirán el Código de Conducta contemplado en el apartado 2.

8. Salvo que las Partes decidan otra cosa en los cinco días laborables siguientes a la fecha de

selección de los miembros del Grupo de Expertos, el mandato dicho Grupo será:

«examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del capítulo Veintitrés (Comercio y trabajo), el

asunto al que hace referencia la solicitud de creación del Grupo de Expertos, y publicar un informe, de conformidad con el artículo 23.10 (Grupo de Expertos) del capítulo Veintitrés (Comercio y trabajo), que formule recomendaciones para resolver el asunto».

9. Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a los acuerdos multilaterales, según lo

establecido en el artículo 23.3, el Grupo de Expertos debe solicitar información de la OIT, incluidas las orientaciones interpretativas, conclusiones o resoluciones pertinentes adoptadas por la OIT31.

10. El Grupo de Expertos podrá solicitar y recibir escritos u otra información de personas con

información pertinente o conocimientos especializados.

11. El Grupo de Expertos presentará a las Partes un informe provisional y un informe final que

recogerán las constataciones de hecho, sus conclusiones sobre si la Parte requerida ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del presente capítulo y la fundamentación de sus constataciones, conclusiones y recomendaciones. El Grupo de Expertos presentará a las Partes un informe provisional en un plazo de ciento veinte días tras la selección del último miembro del Grupo de Expertos, o cuando lo decidan las Partes. Las Partes podrán presentar observaciones al Grupo de Expertos sobre el informe provisional en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de su presentación. Tras considerar tales observaciones, el Grupo de Expertos podrá reconsiderar su informe y realizar cualquier otro examen que considere apropiado. El Grupo de Expertos presentará el informe final a las Partes en un plazo de sesenta días a partir de la presentación del informe provisional. Cada Parte pondrá el informe final a disposición del público en el plazo de treinta días a partir de su fecha de entrega.

12. Si el informe final del Grupo de Expertos concluye que una Parte no ha cumplido sus

obligaciones con arreglo al presente capítulo, las Partes deberán abrir un debate y se esforzarán, dentro de un plazo de tres meses a partir de la presentación del informe final, por determinar las medidas apropiadas o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio. En dichos debates, las Partes tomarán en cuenta el informe final. La Parte requerida informará oportunamente a sus grupos de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo sostenible y a la Parte requirente acerca de su decisión sobre cualquier acción o medida que deba aplicarse. Además, la Parte requirente informará oportunamente a sus grupos de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo sostenible y a la Parte requerida de cualquier otra acción o medida que pueda decidir adoptar, como seguimiento al informe final, para fomentar la resolución del asunto de una manera compatible con el presente Acuerdo. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible supervisará el seguimiento del informe final y de las recomendaciones del Grupo de Expertos. Los grupos de asesoramiento en materia laboral o de desarrollo sostenible de las Partes y el Foro de la Sociedad Civil podrán presentar observaciones al Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible en este

sentido.

13. En caso de que las Partes lleguen a una solución de mutuo acuerdo para la cuestión tras la

constitución del Grupo de Expertos, deberán comunicar dicha solución al Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible y al Grupo de Expertos. Tras esa notificación, el procedimiento del Grupo de Expertos se dará por terminado.

Solución de diferencias

1. En cualquier diferencia que surja en relación con el presente capítulo, las Partes solo podrán

recurrir a las normas y los procedimientos previstos en el presente capítulo.

2. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una solución mutuamente satisfactoria de una

diferencia. En todo momento, las Partes podrán recurrir a los buenos oficios, la conciliación o la mediación para resolver dicha diferencia.

3. Las Partes entienden que las obligaciones contempladas en el presente capítulo son

vinculantes y de cumplimiento obligatorio mediante los procedimientos de solución de diferencias establecidos en el artículo 23.10. En este contexto, las Partes debatirán, en las reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible, la eficacia de la aplicación del capítulo, la evolución de las medidas de cada Parte, la evolución de los acuerdos internacionales y los puntos de vista presentados por las partes interesadas, así como las posibles revisiones de los procedimientos de solución de diferencias que prevé el artículo 23.10.

4. En caso de desacuerdo respecto al apartado 3, una Parte podrá solicitar consultas con arreglo a

los procedimientos establecidos en el artículo 23.9 para revisar las disposiciones de solución de diferencias previstas en el artículo 23.10, con vistas a alcanzar una solución de mutuo acuerdo para la cuestión de que se trate.

5. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible podrá recomendar al Comité Mixto del CETA

modificaciones de las disposiciones pertinentes del presente capítulo, de conformidad con los procedimientos de modificación establecidos en el artículo 30.2 (Modificaciones).


CAPÍTULO VEINTICUATRO - COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE

Este capítulo obliga a la UE y a Canadá a poner en práctica los acuerdos medioambientales internacionales:  

  • protege el derecho de cada Parte a regular sobre asuntos medioambientales
  • obliga a cada Parte a aplicar su legislación nacional en materia de medio ambiente
  • impide a ambas Partes ignorar o rebajar su legislación para impulsar el comercio.

El capítulo también fomenta la conservación y la gestión sostenible de los bosques y de la pesca. Asimismo, garantiza la participación de organizaciones no gubernamentales.

Definición

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

legislación medioambiental: una ley, incluida una disposición legal o reglamentaria, o cualquier

otra medida jurídicamente vinculante de una Parte, cuyo objetivo es la protección del medio ambiente, incluida la prevención de un peligro para la vida o la salud humana originado por las repercusiones medioambientales, tales como aquellas que tienen por objeto:

a) la prevención, la reducción o el control de la liberación, descarga o emisión de contaminantes

ambientales,

b) la gestión de los productos químicos y los residuos o la difusión de información relacionada, o

c) la conservación y protección de la flora y la fauna, incluidos las especies amenazadas y sus

hábitats, así como de las áreas protegidas,

pero no incluye las medidas de una Parte exclusivamente relacionadas con la salud y seguridad de

los trabajadores, que estén sujetas al capítulo Veintitrés (Comercio y trabajo), o las medidas de una Parte que tengan por objeto gestionar la subsistencia o la recolección aborigen de recursos naturales.

Contexto y objetivos

Las Partes reconocen que el medio ambiente es un pilar fundamental del desarrollo sostenible, y

reconocen asimismo la contribución que el comercio puede aportar al desarrollo sostenible. Las Partes subrayan que una cooperación reforzada para proteger y conservar el medio ambiente aporta beneficios que:

a) promoverán el desarrollo sostenible;

b) reforzarán la gobernanza medioambiental de las Partes;

c) se basarán en los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente en los que son parte; y

d) complementarán los objetivos del presente Acuerdo.

Derecho a regular y niveles de protección

Las Partes reconocen el derecho de cada Parte a establecer sus prioridades medioambientales,

establecer sus niveles de protección medioambiental, y adoptar o modificar en consecuencia su legislación y sus políticas, en consonancia con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente en los que son parte y con el presente Acuerdo. Cada una de las Partes procurará garantizar que dicha legislación y dichas políticas contemplen y fomenten niveles elevados de protección del medio ambiente, y se esforzará por seguir mejorando dicha legislación y dichas políticas, así como los niveles de protección correspondientes.

Acuerdos medioambientales multilaterales

1. Las Partes reconocen el valor de la gobernanza y de los acuerdos internacionales en materia

medioambiental como respuesta de la comunidad internacional a los problemas medioambientales mundiales o regionales, e insisten en la necesidad de reforzar el respaldo mutuo entre las políticas, normas y medidas en materia de comercio y de medio ambiente.

2. Cada Parte reafirma su compromiso de aplicar de manera efectiva en su legislación y sus

prácticas, en todo su territorio, los acuerdos medioambientales multilaterales en los que sea parte.

3. Las Partes se comprometen a mantener consultas y a cooperar cuando proceda con respecto a

las cuestiones medioambientales de interés mutuo relacionadas con los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, en particular sobre cuestiones relacionadas con el comercio. Este compromiso incluye el intercambio de información sobre:

a) la aplicación de los acuerdos medioambientales multilaterales en los que una Parte sea parte;

b) las negociaciones en curso de nuevos acuerdos medioambientales multilaterales; y

c) los puntos de vista respectivos de cada Parte sobre su adhesión a acuerdos medioambientales

multilaterales adicionales.

4. Las Partes reconocen su derecho a utilizar el artículo 28.3 (Excepciones generales) en relación

con las medidas medioambientales, incluidas las adoptadas con arreglo a los acuerdos medioambientales multilaterales en los que son parte.

Mantenimiento de los niveles de protección

1. Las Partes reconocen que no es adecuado fomentar el comercio o la inversión debilitando o

reduciendo las medidas de protección que proporciona su Derecho medioambiental.

2. Ninguna de las Partes podrá dejar de aplicar su legislación medioambiental o hacer

excepciones de la misma, o bien ofrecer que no se aplique o que se hagan excepciones, para fomentar el establecimiento, la adquisición, la expansión o la retención de una inversión en su territorio.

3. Ninguna de las Partes podrá, a través de una acción sostenida o repetida o por inacción, dejar

de aplicar de manera efectiva su legislación medioambiental como estímulo para el comercio o la inversión.

Acceso a medidas correctoras y garantías procesales

1. Con arreglo a las obligaciones establecidas en el artículo 24.5:

a) cada Parte, de conformidad con su legislación, garantizará que sus autoridades competentes,

para hacer cumplir la legislación medioambiental, tengan debidamente en cuenta las presuntas infracciones del Derecho medioambiental puestas en su conocimiento por cualquier persona que resida o esté establecida en su territorio; y

b) cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido en un asunto

concreto, o que aleguen que se ha infringido un derecho en virtud de su legislación, dispongan de procedimientos administrativos o judiciales que permitan actuar de forma efectiva contra las infracciones de su legislación medioambiental, y que incluyan medidas correctoras adecuadas en caso de infracción de dicha legislación.

2. Cada Parte, de conformidad con su Derecho interno, garantizará que los procedimientos

mencionados en el apartado 1, letra b), no sean innecesariamente complicados ni excesivamente gravosos ni comporten plazos injustificables o retrasos indebidos, ofrezcan desagravio por mandato judicial, si procede, y sean justos, equitativos y transparentes, en particular:

a) al informar a los demandados con una antelación razonable cuando se inicie un

procedimiento, incluyendo una descripción de la naturaleza del procedimiento y del fundamento de la demanda;

b) al ofrecer a las partes en el procedimiento una oportunidad razonable de apoyar o defender sus

respectivas posturas, en particular presentando datos o pruebas, antes de que se tome una decisión final;

c) al establecer que las decisiones finales se hagan por escrito y motivadas de forma adecuada al

asunto y se basen en datos o elementos de prueba sobre los que se ofrezca a las partes en el procedimiento la posibilidad de ser oídas; y

d) al ofrecer a las partes en un procedimiento administrativo una oportunidad de revisión y, si

está justificado, de rectificación de las decisiones administrativas definitivas en un plazo razonable por un tribunal establecido por ley, con las debidas garantías de independencia e imparcialidad.

Información y sensibilización de la opinión pública

1. Además del artículo 27.1 (Publicación), cada Parte fomentará el debate público con los

agentes no estatales y entre ellos, en lo relativo al desarrollo y la definición de políticas que puedan conducir a la adopción de legislación y normativas medioambientales por parte de sus autoridades públicas.

2. Cada Parte fomentará la concienciación pública acerca de su legislación medioambiental, así

como de sus procedimientos de control de la aplicación y de cumplimiento, garantizando la disponibilidad de la información para las partes interesadas.

3. Cada Parte estará dispuesta a recibir y tener debidamente en cuenta las observaciones del

público sobre cuestiones relacionadas con el presente capítulo, incluidas las comunicaciones sobre las cuestiones de aplicación. Cada Parte informará a sus respectivas organizaciones de la sociedad civil sobre dichas comunicaciones a través de los mecanismos de consulta contemplados en el artículo 24.13.5.

Información científico-técnica

1. A la hora de elaborar y aplicar medidas destinadas a proteger el medio ambiente que puedan

afectar al comercio o a la inversión entre las Partes, cada una de las Partes tendrá en cuenta la información científico-técnica pertinente y las correspondientes directrices, recomendaciones o normas internacionales.

2. Las Partes reconocen que, ante amenazas de daño grave o irreversible, la falta de plena

certidumbre científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas con buena relación entre coste y eficacia para prevenir la degradación del medio ambiente.

Comercio en pro de la protección del medio ambiente

1. Las Partes están decididas a hacer esfuerzos para facilitar y promover el comercio y la

inversión en productos y servicios medioambientales, incluso abordando la reducción de obstáculos no arancelarios relacionados con estos productos y servicios.

2. Las Partes, de conformidad con sus obligaciones internacionales, prestarán especial atención

para facilitar la eliminación de obstáculos al comercio o la inversión en productos y servicios que sean de especial interés para la mitigación del cambio climático y, en particular, al comercio o la inversión en productos de energía renovable y servicios conexos.

Comercio de productos forestales

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y la gestión sostenible de los bosques

para la prestación de funciones medioambientales y oportunidades económicas y sociales para las generaciones actuales y futuras, así como del acceso al mercado para los productos forestales producidos de conformidad con la legislación del país de origen y procedentes de bosques gestionados de forma sostenible.

2. Con este fin, y de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las Partes se

comprometen a:

a) fomentar el comercio de productos forestales procedentes de bosques gestionados de forma

sostenible y producidos de conformidad con la legislación del país de origen;

b) intercambiar información y, en su caso, cooperar en iniciativas destinadas a promover la

gestión sostenible de los bosques, en particular en iniciativas destinadas a luchar contra la tala ilegal y el comercio asociado a esta;

c) promover el uso eficaz de la Convención sobre el comercio internacional de especies

amenazadas de fauna y flora silvestres, hecha en Washington el 3 de marzo de 1973, en relación con las especies maderables cuyo estado de conservación se considere en situación de riesgo; y

d) cooperar, cuando proceda, en los foros internacionales que se ocupan de la conservación y la

gestión sostenible de los bosques.

3. Las Partes debatirán las materias mencionadas en el apartado 2 en el Comité de Comercio y

Desarrollo Sostenible o en el Diálogo bilateral sobre productos forestales contemplado en el capítulo Veinticinco (Diálogos bilaterales y cooperación), de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia.

Comercio de productos de la pesca y la acuicultura

1. Las Partes reconocen la importancia de la conservación y la gestión sostenible y responsable

de la pesca y la acuicultura, así como su contribución a fin de proporcionar oportunidades medioambientales, económicas y sociales para las generaciones presentes y futuras.

2. Con este fin, y de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las Partes se

comprometen a:

a) adoptar o mantener sistemas eficaces de seguimiento, control y medidas de vigilancia, como

programas de observación, programas de seguimiento de embarcaciones, control de transbordos, inspecciones en el mar, control por el Estado rector del puerto, así como las sanciones correspondientes, con miras a la conservación de las poblaciones de peces y la prevención de la sobrepesca;

b) adoptar o mantener medidas y cooperar para combatir la pesca ilegal, no declarada y no

reglamentada («INDNR»), que incluyan, en su caso, el intercambio de información sobre las actividades de pesca INDNR en sus aguas, así como la ejecución de políticas y medidas destinadas a excluir los productos de la pesca INDNR de los flujos comerciales y las explotaciones de cría de especies piscícolas;

c) cooperar con las organizaciones regionales de gestión pesquera de las que las partes sean

miembros, observadores o partes cooperantes no contratantes y, en su caso, en el seno de dichas organizaciones, con el objetivo de lograr una buena gobernanza, entre otras cosas defendiendo decisiones con base científica y el cumplimiento de tales decisiones en estas organizaciones; y

d) promover el desarrollo de una industria de la acuicultura respetuosa con el medio ambiente y

económicamente competitiva.

Cooperación en materia de medio ambiente

1. Las Partes reconocen que una mayor cooperación es un elemento importante para avanzar en

el cumplimiento de los objetivos del presente capítulo, y se comprometen a cooperar en asuntos medioambientales relacionados con el comercio de interés común, en ámbitos tales como:

a) la incidencia potencial del presente Acuerdo sobre el medio ambiente y los medios para

potenciar, evitar o atenuar esa incidencia, teniendo en cuenta cualquier evaluación de impacto realizada por las Partes;

b) la actividad en los foros internacionales que se ocupan de cuestiones pertinentes para las

políticas tanto comerciales como medioambientales, en particular la OMC, la OCDE, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente;

c) la dimensión medioambiental de la responsabilidad social de las empresas y su obligación de

rendir cuentas, en particular la aplicación y el seguimiento de las directrices reconocidas a escala internacional;

d) la repercusión comercial de las normas y reglamentaciones medioambientales, así como la

incidencia medioambiental de las normas sobre la inversión y el comercio, incluso en la elaboración de reglamentación y medidas políticas en materia medioambiental;

e) los aspectos del régimen internacional, presente y futuro, relativo al cambio climático

relacionados con el comercio, y los programas y las políticas nacionales en materia de clima que guardan relación con la atenuación y la adaptación, tales como las cuestiones relativas a los mercados del carbono y los medios para atajar los efectos adversos del comercio en el clima, así como los medios para promover la eficiencia energética y el desarrollo y la implantación de tecnologías de baja emisión de carbono y otras tecnologías respetuosas con el

clima;

f) el comercio y la inversión en productos y servicios medioambientales, en particular en

prácticas y tecnologías ecológicas y respetuosas con el medio ambiente; la energía renovable, la eficiencia energética, y el uso, la conservación y el tratamiento del agua;

g) la cooperación sobre aspectos de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica

relacionados con el comercio;

h) el fomento de la gestión del ciclo de vida de los productos, en particular la contabilidad del

carbono y la gestión al final de la vida útil, la responsabilidad ampliada del productor, el reciclado y la reducción de los residuos y otras mejores prácticas;

i) la mejora de la comprensión de los efectos de la actividad económica y las fuerzas del

mercado en el medio ambiente; y

j) el intercambio de puntos de vista sobre la relación entre los acuerdos multilaterales de medio

ambiente y las normas comerciales internacionales.

2. La cooperación como complemento a lo dispuesto en el apartado 1 se llevará a cabo mediante

acciones e instrumentos que pueden incluir intercambios técnicos, intercambios de información y mejores prácticas, proyectos de investigación, estudios, informes, conferencias y talleres.

3. Las Partes considerarán los puntos de vista o la opinión de los ciudadanos y las partes

interesadas al definir y ejecutar sus actividades de cooperación, y podrán seguir recurriendo a dichas partes interesadas en estas actividades según convenga.

Mecanismos institucionales

1. Cada Parte designará una oficina que servirá de punto de contacto con la otra Parte para la

aplicación del presente capítulo, en particular en lo que se refiere a:

a) los programas de cooperación y las actividades de conformidad con el artículo 24.12;

b) la recepción de escritos y comunicaciones con arreglo al artículo 24.7.3; y

c) la información que debe proporcionarse a la otra Parte, al Grupo de Expertos y al público en

general.

2. Cada Parte informará a la otra Parte, por escrito, del punto de contacto a que se refiere el

apartado 1.

3. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible establecido de conformidad con el

artículo 26.2.1.g) (Comités especializados), a través de sus reuniones periódicas o sesiones específicas que agrupen a participantes responsables de los asuntos cubiertos por el presente capítulo:

a) supervisará la aplicación del presente capítulo y analizará los avances realizados en virtud del

mismo;

b) debatirá asuntos de interés común; y

c) analizará cualquier otra cuestión relacionada con el ámbito de aplicación del presente capítulo

que las Partes decidan conjuntamente.

4. Las Partes tendrán en cuenta las actividades de las organizaciones u organismos

medioambientales multilaterales pertinentes, a fin de promover una mayor cooperación y coherencia entre el trabajo de las Partes y el de tales organizaciones u organismos.

5. Cada una de las Partes hará uso de los mecanismos de consulta existentes, como los grupos

consultivos internos, o creará nuevos mecanismos, para recabar opiniones y asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con el presente capítulo. Dichos mecanismos de consulta estarán formados por organizaciones independientes representativas de la sociedad civil, con una representación equilibrada de grupos ecologistas, organizaciones patronales, y por otras partes interesadas pertinentes, si procede. Mediante dichos mecanismos de consulta, los interesados podrán expresar opiniones y formular recomendaciones sobre cualquier asunto relacionado con el presente capítulo por iniciativa propia.

Consultas

1. Cualquiera de las Partes podrá solicitar consultas con la otra Parte sobre todo asunto que surja

en virtud del presente capítulo, enviando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte. Dicha Parte deberá presentar el asunto de modo claro en la solicitud, identificar las cuestiones en litigio y hacer una breve exposición de las reclamaciones en el marco del presente capítulo.

Cuando una Parte presente una solicitud de consultas, estas deben iniciarse lo antes posible.

2. Durante las consultas, cada una de las Partes proporcionará a la otra Parte información

suficiente de que disponga, que permita un examen completo de las cuestiones planteadas, con sujeción a su legislación en lo que respecta a la protección de la información confidencial o de dominio privado.

3. Si procede, y siempre que ambas Partes den su consentimiento, las Partes pedirán información

u opiniones a cualquier persona, organización u organismo, en particular al organismo u organización internacional pertinente, que pueda contribuir al examen del asunto en cuestión.

4. Si una Parte considera que el asunto debe ser examinado más detenidamente, podrá solicitar

que el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reúna para considerar la cuestión presentando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible se reunirá lo antes posible y tratará de resolver el asunto. Cuando proceda, recabará asesoramiento de las organizaciones de la sociedad civil de las Partes a través de los mecanismos de consulta mencionados en el artículo 24.13.5.

5. Cada una de las Partes hará pública toda solución o decisión sobre un asunto debatido con

arreglo al presente artículo.

Grupo de Expertos

1. Para cualquier asunto que no esté resuelto de forma satisfactoria mediante consultas en virtud

del artículo 24.14, las Partes podrán, en un plazo de noventa días a partir de la recepción de la solicitud de celebración de consultas de conformidad con el artículo 24.14.1, solicitar que un Grupo de Expertos se reúna para examinar dicha cuestión, enviando una solicitud por escrito al punto de contacto de la otra Parte.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente capítulo, las Partes aplicarán el Reglamento

interno y el Código de Conducta establecidos en los anexos 29-A y 29-B, a menos que las Partes decidan otra cosa.

3. El Grupo de Expertos está compuesto por tres miembros.

4. Las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición del Grupo de

Expertos en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que la Parte requerida reciba una solicitud de constitución de un Grupo de Expertos. Se prestará la debida atención a fin de garantizar que los miembros propuestos para el Grupo de Expertos cumplan los requisitos establecidos en el apartado 7 y tengan los conocimientos apropiados para el asunto en cuestión.

5. Si las Partes no pueden decidir sobre la composición del Grupo de Expertos dentro del plazo

indicado en el apartado 4, se aplicarán los procedimientos de selección establecidos en los apartados 3 a 7 del artículo 29.7 (Composición del panel arbitral) en lo que respecta a la lista establecida en el apartado 6.

6. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible establecerá, en su primera reunión tras la

entrada en vigor del presente Acuerdo, una lista de al menos nueve personas elegidas por su objetividad, fiabilidad y capacidad de discernimiento y que estén dispuestas a ejercer de miembros del Grupo de Expertos, y puedan hacerlo. Cada una de las Partes designará al menos a tres personas para la lista de miembros del Grupo de Expertos. Las Partes deberán también designar por lo menos a tres personas que no sean nacionales de ninguna de las Partes y que estén dispuestas a ejercer de presidente del Grupo de Expertos, y puedan hacerlo. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible garantizará que la lista se mantenga siempre a este nivel.

7. Los expertos propuestos para el Grupo de Expertos deberán tener conocimientos

especializados o experiencia en Derecho medioambiental, en las cuestiones tratadas en este capítulo, o en solución de controversias en el marco de acuerdos internacionales. Dichas personas serán independientes, actuarán a título personal y no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni de ningún gobierno sobre el asunto en cuestión. No estarán afiliados al gobierno de ninguna de las Partes, y cumplirán el Código de Conducta contemplado en el apartado 2.

8. Salvo que las Partes decidan otra cosa en los cinco días laborables siguientes a la fecha de

selección de los miembros del Grupo de Expertos, el mandato del Grupo de Expertos será:

«examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes del capítulo Veinticuatro (Comercio y medio

ambiente), el asunto al que hace referencia la solicitud de creación del Grupo de Expertos, y publicar un informe, de conformidad con el artículo 24.15 (Grupo de Expertos) del

capítulo Veinticuatro (Comercio y medio ambiente), que formule recomendaciones para resolver el

asunto».

9. Por lo que se refiere a las cuestiones relativas a los acuerdos medioambientales multilaterales,

según lo establecido en el artículo 24.4, el Grupo de Expertos debe solicitar información a los organismos creados en virtud de dichos acuerdos, incluidas las orientaciones interpretativas, conclusiones o resoluciones pertinentes adoptadas por dichos organismos32.

10. El Grupo de Expertos presentará a las Partes un informe provisional y un informe final que

recogerán las constataciones de hecho, sus conclusiones sobre el asunto, determinando si la Parte requerida ha cumplido o no las obligaciones que le incumben en virtud del presente capítulo, y la fundamentación de sus constataciones, conclusiones y recomendaciones. El Grupo de Expertos presentará a las Partes un informe provisional en un plazo de ciento veinte días tras la selección del último miembro del Grupo de Expertos, o cuando lo decidan las Partes. Las Partes podrán presentar observaciones al Grupo de Expertos sobre el informe provisional en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de su presentación. Tras considerar tales observaciones, el Grupo de Expertos podrá reconsiderar su informe y realizar cualquier otro examen que considere apropiado. El Grupo de Expertos presentará el informe final a las partes en un plazo de sesenta días a partir de la presentación del informe provisional. Cada Parte pondrá el informe final a disposición del público en el plazo de treinta días a partir de su fecha de entrega.

11. Si el informe final del Grupo de Expertos concluye que una Parte no ha cumplido sus

obligaciones con arreglo al presente capítulo, las Partes deberán abrir un debate y se esforzarán, dentro de un plazo de tres meses a partir de la presentación del informe final, por determinar una medida apropiada o, en su caso, decidir sobre un plan de acción mutuamente satisfactorio. En dichos debates, las Partes tomarán en cuenta el informe final. La Parte requerida informará oportunamente a sus organizaciones de la sociedad civil, a través de los mecanismos de consulta mencionados en el artículo 24.13.5, y a la Parte requirente acerca de su decisión sobre cualquier acción o medida que deba aplicarse. El Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible supervisará el seguimiento del informe final y de las recomendaciones del Grupo de Expertos. Las organizaciones de la sociedad civil, a través de los mecanismos de consulta mencionados en el artículo 24.13.5, y el Foro de la Sociedad Civil podrán presentar observaciones al Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible en este sentido.

12. En caso de que las Partes lleguen a una solución de mutuo acuerdo para la cuestión tras la

constitución del Grupo de Expertos, deberán comunicar dicha solución al Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible y al Grupo de Expertos. Tras esa notificación, el procedimiento del Grupo de Expertos se dará por terminado.

Solución de diferencias

1. En cualquier diferencia que surja en relación con el presente capítulo, las Partes solo podrán

recurrir a las normas y los procedimientos previstos en el presente capítulo.

2. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una solución mutuamente satisfactoria de una

diferencia. En todo momento, las Partes podrán recurrir a los buenos oficios, la conciliación o la mediación para resolver dicha diferencia.


CAPÍTULO VEINTICINCO - DIÁLOGOS BILATERALES Y COOPERACIÓN

En este capítulo, la UE y Canadá acuerdan colaborar más estrechamente en ámbitos como la ciencia y la silvicultura. Ya existen entre la UE y Canadá varios acuerdos de diálogo y cooperación en cuestiones económicas y comerciales. Este capítulo los incorpora al AECG para que todas las actividades de este tipo tengan la misma base.

Objetivos y principios

1. A partir de su asociación bien establecida y de sus valores compartidos, las Partes convienen

en facilitar la cooperación sobre cuestiones de interés común, entre otras cosas mediante:

a) el refuerzo de la cooperación bilateral en el ámbito de la biotecnología a través del Diálogo en

materia de acceso a los mercados de biotecnología;

b) el fomento y la facilitación del diálogo bilateral y el intercambio de información sobre

cuestiones relacionadas con el comercio de productos forestales a través del Diálogo bilateral sobre productos forestales;

c) el esfuerzo por establecer y mantener una cooperación eficaz sobre los problemas que

plantean las materias primas a través del Diálogo bilateral sobre materias primas; y

d) el fomento de la cooperación reforzada en materia de ciencia, tecnología, investigación e

innovación.

2. Salvo que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, los Diálogos bilaterales tendrán lugar

sin demora injustificada a petición de cualquiera de las Partes o del Comité Mixto del CETA. Los Diálogos serán copresididos por representantes de Canadá y de la Unión Europea. Los calendarios de reuniones y los órdenes del día se fijarán por acuerdo entre los copresidentes.

3. Los copresidentes de los Diálogos bilaterales informarán al Comité Mixto del CETA acerca

de los calendarios y los órdenes del día de los diálogos bilaterales con la antelación suficiente antes de las reuniones. Los copresidentes de los Diálogos bilaterales informarán al Comité Mixto del CETA acerca de los resultados y las conclusiones de los diálogos, según proceda o a petición del Comité Mixto del CETA. La creación o existencia de un Diálogo no impedirá a ninguna de las Partes plantear una cuestión directamente al Comité Mixto del CETA.

4. El Comité Mixto del CETA podrá decidir modificar o llevar a cabo las funciones asignadas a

un diálogo o disolver un Diálogo.

5. Las Partes podrán cooperar bilateralmente en otros ámbitos contemplados en el presente

Acuerdo, tras el consentimiento del Comité Mixto del CETA.

Diálogo en materia de acceso a los mercados de biotecnología

1. Las Partes acuerdan que la cooperación y el intercambio de información sobre cuestiones

relacionadas con los productos de la biotecnología son de interés mutuo. La cooperación y el intercambio de información se realizarán en el Diálogo bilateral sobre cuestiones de interés mutuo en materia de acceso a los mercados de biotecnología agrícola, que fue creado por la solución de mutuo acuerdo a la que llegaron el 15 de julio de 2009 Canadá y la Unión Europea a raíz de una solución de diferencias WT/DS292 de la OMC, «Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la aprobación y comercialización de productos biotecnológicos». El Diálogo bilateral abarca todos los temas pertinentes de interés mutuo para las Partes, en particular:

a) la homologación de los productos biotecnológicos en el territorio de las Partes, así como, en

su caso, las futuras solicitudes de homologación de productos de interés comercial para ambas Partes;

b) las perspectivas económicas y comerciales para futuras homologaciones de productos

biotecnológicos;

c) las repercusiones comerciales relacionadas con las homologaciones asíncronas de productos

biotecnológicos o la liberación accidental de productos no autorizados, y, si procede, las medidas necesarias a este respecto;

d) cualquier medida relacionada con la biotecnología que pueda afectar al comercio entre las

Partes, incluidas las medidas de los Estados miembros de la Unión Europea;

e) cualquier nueva legislación en el ámbito de la biotecnología; y

f) las mejores prácticas en la aplicación de la legislación sobre biotecnología.

2. Las Partes también recuerdan la importancia de los siguientes objetivos comunes con respecto

a la cooperación en el ámbito de la biotecnología:

a) intercambiar información sobre cuestiones políticas, normativas y técnicas de interés común

relacionadas con los productos biotecnológicos, en particular información sobre sus respectivos sistemas y procesos de evaluaciones del riesgo para tomar decisiones acerca del uso de organismos modificados genéticamente;

b) promover procedimientos de homologación eficientes y con base científica para los productos

biotecnológicos;

c) cooperar internacionalmente en asuntos relativos a la biotecnología, como la presencia de bajo

nivel de organismos modificados genéticamente; y

d) participar en una cooperación en materia de reglamentación para minimizar los impactos

adversos de las prácticas en materia de reglamentación relacionadas con los productos biotecnológicos.

Diálogo bilateral sobre productos forestales

1. Las Partes acuerdan que el diálogo bilateral, la cooperación y el intercambio de información y

puntos de vista sobre las leyes, los reglamentos, las políticas y las cuestiones de importancia para la producción, el comercio y el consumo de productos forestales son de interés mutuo. Las Partes convienen en llevar a cabo tal diálogo, cooperación e intercambio en el Diálogo bilateral sobre productos forestales, en particular:

a) el desarrollo, la adopción y la ejecución de las leyes, reglamentos, políticas y normas, así

como los requisitos de ensayo, certificación y acreditación y sus efectos potenciales sobre el comercio de productos forestales entre las Partes;

b) las iniciativas de las Partes relacionadas con la gestión sostenible de los bosques y la gestión

forestal;

c) los mecanismos que garanticen el origen legal o sostenible de los productos forestales;

d) el acceso de los productos forestales a las Partes o a otros mercados.

e) las perspectivas sobre las organizaciones multilaterales y plurilaterales y procesos en los que

participen, que traten de promover una gestión forestal sostenible y luchar contra la tala ilegal;

f) las cuestiones a las que se hace referencia en el artículo 24.10 (Comercio de productos

forestales); y

g) cualquier otra cuestión relacionada con los productos forestales de según lo acordado por las

Partes.

2. El Diálogo bilateral sobre productos forestales tendrá lugar durante el primer año siguiente a

la entrada en vigor del presente Acuerdo, y posteriormente con arreglo al artículo 25.1.2.

3. Las Partes están de acuerdo en que las conversaciones celebradas en el Diálogo bilateral sobre

productos forestales pueden servir para los debates en el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible.

Diálogo bilateral sobre materias primas

1. Reconociendo la importancia de un entorno comercial abierto, no discriminatorio y

transparente basado en normas y con base científica, las Partes se esforzarán por establecer y mantener una cooperación eficaz sobre materias primas. A efectos de esta cooperación, las materias primas incluyen, entre otras cosas, los minerales, los metales y los productos agrícolas con un uso industrial.

2. El Diálogo bilateral sobre materias primas abarca todos los temas pertinentes de interés

mutuo, en particular:

a) ofrecer un foro de debate sobre la cooperación en el ámbito de las materias primas entre las

Partes, contribuir a la mejora del acceso a los mercados para las materias primas y los servicios y las inversiones relacionados con ellas, así como evitar las barreras no arancelarias al comercio de materias primas;

b) mejorar el entendimiento mutuo en el ámbito de las materias primas con el fin de intercambiar

información sobre mejores prácticas y sobre las políticas en materia de reglamentación de las Partes respecto a las materias primas;

c) fomentar las actividades en apoyo de la responsabilidad social de las empresas, de

conformidad con normas reconocidas internacionalmente, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y zonas de alto riesgo; y

d) facilitar, en su caso, la consulta sobre las posiciones de las Partes en los foros multilaterales o

plurilaterales en los que pueden plantearse y debatirse cuestiones relacionadas con las materias primas.

Cooperación reforzada en materia de ciencia, tecnología, investigación e innovación

1. Las Partes reconocen la interdependencia de la ciencia, la tecnología, la investigación y la

innovación, así como del comercio y la inversión internacionales, en el incremento de la competitividad industrial y la prosperidad social y económica.

2. Sobre la base de este consenso, las Partes convienen en intensificar su cooperación en los

ámbitos de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación.

3. Las Partes se esforzarán por fomentar, desarrollar y facilitar las actividades de cooperación

sobre una base de reciprocidad en apoyo del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y Canadá, hecho en Halifax del 17 de junio de 1995, o complementariamente a dicho Acuerdo. Las Partes acuerdan llevar a cabo estas actividades sobre la base de los principios siguientes:

a) las actividades son de interés mutuo para las Partes;

b) las Partes están de acuerdo sobre el alcance y los parámetros de las actividades; y

c) las actividades deben tener en cuenta el importante papel que desempeñan el sector privado y

los centros de investigación en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación, y la comercialización de sus bienes y servicios.

4. Las Partes también reconocen la importancia de una cooperación reforzada en materia de

ciencia, tecnología, investigación e innovación, como las actividades iniciadas, desarrolladas o emprendidas por una amplia gama de partes interesadas, incluidos el Gobierno federal canadiense, las provincias y los territorios canadienses, y la Unión Europea y sus Estados miembros.

5. Cada Parte fomentará, de acuerdo con su legislación, la participación del sector privado, las

instituciones de investigación y la sociedad civil de su territorio en actividades destinadas a reforzar la cooperación.


CAPÍTULO VEINTISÉIS - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES

Este capítulo presenta la forma en que la UE y Canadá van a gestionar y aplicar el AECG. Se explica cómo deberían organizar ambas Partes los diferentes comités establecidos por el Acuerdo y la naturaleza jurídica de sus decisiones.

Comité Mixto del CETA

1. Las Partes crean un Comité Mixto del CETA, formado por representantes de la Unión

Europea y representantes de Canadá. El Comité Mixto del CETA será copresidido por el Ministro de Comercio Internacional de Canadá y el Miembro de la Comisión Europea responsable de Comercio, o por las personas que designen respectivamente.

2. El Comité Mixto del CETA se reunirá una vez al año o a petición de cualquiera de las Partes.

El Comité Mixto del CETA acordará su calendario de reuniones y fijará su orden del día.

3. El Comité Mixto del CETA es responsable de todas las cuestiones relativas al comercio y la

inversión entre las Partes y la puesta en práctica y la aplicación del presente Acuerdo. Cualquiera de las Partes podrá comunicar al Comité Mixto del CETA cualquier cuestión relacionada con la aplicación y la interpretación del presente Acuerdo, o cualquier otra cuestión sobre el comercio y la inversión entre las Partes.

4. El Comité Mixto del CETA tendrá por cometido:

a) supervisar y facilitar la ejecución y aplicación del presente Acuerdo y promover sus objetivos

generales;

b) supervisar el trabajo de todos los comités especializados y otros órganos creados en virtud del

presente Acuerdo;

c) sin perjuicio de los capítulos ocho (Inversiones), veintidós (Comercio y desarrollo sostenible),

veintitrés (Comercio y trabajo), veinticuatro (Comercio y medio ambiente), y

veintinueve (Solución de diferencias), buscar formas adecuadas y métodos de prevención de los problemas que puedan surgir en los ámbitos abarcados por el presente Acuerdo, o resolver las diferencias que se puedan plantear respecto de la interpretación o la aplicación del

presente Acuerdo;

d) adoptar su Reglamento interno;

e) tomar decisiones según lo establecido en el artículo 26.3; y

f) examinar cualquier cuestión de interés relativa a un ámbito cubierto por el presente Acuerdo.

5. El Comité Mixto del CETA podrá:

a) delegar responsabilidades a comités especializados creados de conformidad con el

artículo 26.2;

b) comunicarse con todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y las organizaciones

de la sociedad civil;

c) considerar o acordar modificaciones, con arreglo a lo previsto en el presente Acuerdo;

d) estudiar la evolución del comercio entre las Partes y considerar fórmulas para reforzar las

relaciones comerciales entre las Partes;

e) adoptar interpretaciones de las disposiciones del presente Acuerdo, que serán vinculantes para

los tribunales establecidos con arreglo a la sección F del capítulo ocho (Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados) y veintinueve (Solución de diferencias);

f) hacer recomendaciones apropiadas para fomentar la expansión del comercio y la inversión, tal

como se prevé en el presente Acuerdo;

g) modificar o llevar a cabo las funciones asignadas a los comités especializados creados de

conformidad con el artículo 26.2 o disolver cualquiera de estos comités especializados;

h) establecer diálogos bilaterales y comités especializados para que lo asistan en la realización de

sus tareas; y

i) tomar cualquier otra medida en el ejercicio de sus funciones que decidan las Partes.

Comités especializados

1. Se crean los siguientes comités especializados, o en el caso del Comité Mixto de Cooperación

Aduanera a que se refiere la letra c), se le concede autoridad para actuar bajo los auspicios del Comité Mixto del CETA):

a) el Comité de Comercio de Mercancías, que aborda los asuntos relacionados con el comercio

de mercancías, los aranceles, los obstáculos técnicos al comercio, el Protocolo sobre la aceptación mutua de los resultados de evaluación de la conformidad y los derechos de propiedad intelectual relativos a las mercancías; a petición de una Parte o por una referencia del comité especializado pertinente, o a la hora de preparar un debate en el seno del Comité Mixto del CETA, el Comité de Comercio de Mercancías también podrá abordar los asuntos que surjan en materia de normas de origen, procedimientos de origen, aduanas y facilitación del comercio y medidas fronterizas, medidas sanitarias y fitosanitarias, contratación pública, o cooperación en materia de reglamentación, si ello facilita la resolución de un asunto que no pueda resolver de otro modo el comité especializado pertinente; también se crearán bajo el Comité de Comercio de Mercancías, e informarán a dicho Comité: el Comité de Agricultura, el Comité de Vinos y Bebidas Espirituosas, y el Grupo Sectorial Mixto de Productos

Farmacéuticos;

b) el Comité de Servicios e Inversión, que aborda los asuntos relacionados con el comercio

transfronterizo de servicios, la inversión, la entrada temporal, el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual relativos a los servicios; a petición de una Parte o por una referencia del comité especializado pertinente, o a la hora de preparar un debate en el seno del Comité Mixto del CETA, el Comité de Servicios e Inversión también podrá abordar los asuntos que surjan en materia de servicios financieros o contratación pública, si ello facilita la resolución de un asunto que no pueda resolver de otro modo el comité especializado pertinente;

Se creará bajo el Comité de Servicios e Inversión, e informará a dicho Comité: un Comité

Mixto para el Reconocimiento Mutuo de las Cualificaciones Profesionales;

c) el Comité Mixto de Cooperación Aduanera (CMCA) establecido en virtud del Acuerdo

de 1998 entre la Comunidad Europea y Canadá sobre cooperación aduanera y asistencia mutua en materia aduanera, hecho en Ottawa el 4 de diciembre de 1997, que aborda asuntos en virtud del presente Acuerdo en relación con las normas de origen, los procedimientos de origen, las aduanas y la facilitación del comercio, las medidas fronterizas y la suspensión

temporal del trato arancelario preferencial;

d) el Comité Mixto de Gestión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que aborda las cuestiones

relativas a las medidas sanitarias y fitosanitarias;

e) el Comité de Contratación Pública, que aborda las cuestiones relativas a la contratación

pública;

f) el Comité de Servicios Financieros, aborda las cuestiones relativas a los servicios financieros;

g) el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible, que aborda las cuestiones relativas al

desarrollo sostenible;

h) el Foro de cooperación en materia de reglamentación, que aborda las cuestiones relativas a la

cooperación en materia de reglamentación; y

i) el Comité del CETA sobre Indicaciones Geográficas, que aborda las cuestiones relativas a las

indicaciones geográficas.

2. Los comités especializados creados en virtud del apartado 1 se regirán por las disposiciones

de los apartados 3 a 5.

3. El mandato y las funciones de los comités especializados creados en virtud del apartado 1 se

definen con más detalle en los capítulos y protocolos pertinentes del presente Acuerdo.

4. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, o en caso de que los copresidentes

decidan otra cosa, los comités especializados se reunirán una vez al año. Se podrán organizar reuniones suplementarias a solicitud de una Parte o del Comité Mixto del CETA. Serán copresididas por representantes de Canadá y de la Unión Europea. Los comités especializados fijarán su calendario de reuniones y su orden del día de común acuerdo. Asimismo, establecerán y modificarán su propio Reglamento interno, si lo estiman oportuno. Los comités especializados podrán proponer proyectos de decisión para su adopción por el Comité Mixto del CETA, o adoptar decisiones cuando el presente Acuerdo así lo disponga.

5. Cada una de las Partes garantizará que, cuando se reúna un comité especializado, estén

representadas para cada punto del orden del día todas las autoridades competentes que cada Parte considere adecuadas, y que cada cuestión se debata en el nivel adecuado de conocimientos técnicos.

6. Los comités especializados comunicarán al Comité Mixto del CETA sus calendarios y el

orden del día de sus reuniones con una antelación suficiente y comunicarán al Comité Mixto del CETA los resultados y las conclusiones de cada una de sus reuniones. La creación o existencia de un comité especializado no impedirá a ninguna de las Partes plantear una cuestión directamente al Comité Mixto del CETA.

Toma de decisiones

1. Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo, el Comité Mixto del CETA tendrá la

facultad de adoptar decisiones sobre todas las cuestiones en los casos previstos por el presente Acuerdo.

2. Las decisiones tomadas por el Comité Mixto del CETA serán vinculantes para las Partes, con

sujeción al cumplimiento de los procedimientos y requisitos internos necesarios, y las Partes deberán aplicarlas. El Comité Mixto del CETA podrá también formular las recomendaciones que considere oportunas.

3. El Comité Mixto del CETA adoptará sus decisiones y recomendaciones por consenso.

Intercambio de información

Cuando una Parte comunique al Comité Mixto del CETA o a cualquier comité especializado

establecido de conformidad con el presente Acuerdo información considerada confidencial o protegida de toda divulgación en virtud de su legislación, la otra Parte deberá tratar dicha información de forma confidencial.

Puntos de contacto del CETA

1. Cada Parte deberá nombrar sin demora un punto de contacto del CETA y notificarlo a la otra

Parte en un plazo de sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. Los puntos de contacto del CETA:

a) supervisarán el trabajo de los organismos institucionales establecidos en el presente Acuerdo,

incluidas las comunicaciones relativas a los organismos que los sucedan;

b) coordinarán la preparación de las reuniones de los comités;

c) harán un seguimiento de las decisiones tomadas por el Comité Mixto del CETA, según

proceda;

d) salvo que se disponga otra cosa en el presente Acuerdo, recibirán todas las notificaciones y la

información proporcionada de conformidad con el presente Acuerdo y, en caso necesario, facilitarán las comunicaciones entre las Partes sobre cualquier asunto cubierto por el presente Acuerdo;

e) responderán a las solicitudes de información con arreglo al artículo 27.2 (Suministro de

información); y

f) examinarán cualquier otro asunto que pueda afectar el funcionamiento del presente Acuerdo,

de conformidad con el mandato del Comité Mixto del CETA.

3. Los puntos de contacto del CETA se comunicarán cuando corresponda.

Reuniones

1. Las reuniones a que se refiere el presente capítulo deben ser presenciales. Las Partes también

podrán acordar reunirse por videoconferencia o teleconferencia.

2. Las Partes tratarán de reunirse en el plazo de treinta días después de que una Parte reciba una

solicitud de la otra Parte para reunirse.


CAPÍTULO VEINTISIETE - TRANSPARENCIA

Este capítulo garantiza que la UE y Canadá publiquen las leyes, reglamentos, procedimientos y disposiciones administrativas relacionados con los asuntos que cubre el AECG, y los hagan accesibles a los interesados. También se ocupa de que, tanto la UE como Canadá, compartan rápidamente información y respondan a las preguntas sobre las medidas que afecten a la forma de aplicar el Acuerdo. La UE y Canadá acuerdan también cooperar en los organismos internacionales para fomentar la transparencia en el comercio y la inversión internacionales.

Publicación

1. Cada Parte garantizará que sus leyes, reglamentos, procedimientos y disposiciones

administrativas de aplicación general en relación con cualquier cuestión cubierta por el presente Acuerdo se publiquen sin demora o se pongan a disposición de tal manera que las personas interesadas y la otra Parte puedan familiarizarse con ellos.

2. En la medida de lo posible, cada Parte:

a) publicará por adelantado las medidas de ese tipo cuya adopción proponga; y

b) dará a las personas interesadas y a la otra Parte una oportunidad razonable de formular

observaciones sobre dichas medidas propuestas.

Suministro de información

1. A petición de otra Parte, cada Parte deberá, en la medida de lo posible, facilitar información

con celeridad y responder a preguntas sobre cualquier medida vigente o en proyecto que pueda tener una incidencia significativa en la aplicación del presente Acuerdo.

2. La información proporcionada con arreglo al presente artículo se entenderá sin perjuicio de si

la medida es compatible con el presente Acuerdo.

Procedimientos administrativos

Para gestionar una medida de alcance general que afecte a cuestiones cubiertas por el presente

Acuerdo de forma coherente, imparcial y razonable, cada una de las Partes garantizará que sus procedimientos administrativos que apliquen las medidas contempladas en el artículo 27.1 para una persona, mercancía o servicio concreto de la otra Parte en casos específicos:

a) faciliten, si es posible, con arreglo a sus procedimientos internos y cuando se inicie un

procedimiento, a la persona de la otra Parte directamente afectada por un procedimiento, un preaviso razonable del inicio del mismo, así como información sobre la naturaleza del procedimiento y sobre el fundamento jurídico en virtud del cual se inicia, y una descripción general de las cuestiones en litigio;

b) ofrezcan a las personas a que se refiere la letra a) una posibilidad razonable de presentar

elementos factuales y argumentos de apoyo a su postura antes de adoptar una acción administrativa definitiva, en la medida en que lo permitan el tiempo, la naturaleza del procedimiento y el interés público; y

c) se lleven a cabo de conformidad con su legislación.

Reconsideración y recurso

1. Cada una de las Partes creará o mantendrá tribunales o instancias judiciales, cuasijudiciales o

administrativos para reconsiderar y, cuando proceda, corregir con celeridad las acciones administrativas definitivas relativas a cuestiones cubiertas por el presente Acuerdo. Cada una de las Partes garantizará que sus tribunales son imparciales e independientes del departamento o de la autoridad responsable de hacer cumplir las medidas administrativas y que no tienen ningún interés sustancial en las consecuencias de la cuestión en litigio.

2. Cada una de las Partes garantizará que, en los tribunales o las instancias que se contemplan en

el apartado 1, las partes en el procedimiento tengan derecho a:

a) una oportunidad razonable de apoyar o defender sus respectivas posturas, y

b) una resolución basada en elementos de prueba y en el expediente presentado o, cuando lo

exija su legislación, en el expediente compilado por la autoridad administrativa.

3. A reserva de los recursos o reconsideración posteriores con arreglo a lo previsto en su

legislación, cada una de las Partes garantizará que dichas resoluciones sean aplicadas por los departamentos o las autoridades, así como que rijan la práctica de dichos departamentos o dichas autoridades, respecto de la acción administrativa de que se trate.

Cooperación en pro de una mayor transparencia

Las Partes acuerdan cooperar en los foros bilaterales, regionales y multilaterales sobre las formas de

promover la transparencia en materia de inversión y comercio internacional.


CAPÍTULO VEINTIOCHO - EXCEPCIONES

Este capítulo otorga a la UE y a Canadá la facultad de excluir determinados ámbitos de capítulos específicos del Acuerdo o de todo el Acuerdo. Pueden hacerlo por distintas razones: para garantizar la seguridad pública, prevenir el fraude fiscal o conservar y promover la identidad cultural, por ejemplo.

Definiciones

A efectos del presente capítulo:

residencia significa la residencia a efectos fiscales;

convenio tributario significa un convenio para la prevención de la doble imposición u otro acuerdo

o arreglo internacional tributario; e

impuestos y medida fiscal incluyen los impuestos especiales, pero no incluyen:

a) los derechos de aduana, tal como se definen en el artículo 1.1 (Definiciones generales), y

b) las medidas enumeradas en las excepciones que figuran en las letras b) o c) de la definición de

«derecho de aduana» del artículo 1.1 (Definiciones generales).

Definiciones específicas de una Parte

A efectos del presente capítulo, se entenderá por:

autoridad de competencia:

a) en el caso de Canadá, el Comisario de competencia o un sucesor notificado a la otra Parte a

través de los puntos de contacto del CETA; y

b) en el caso de la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea por lo que respecta a sus

responsabilidades con arreglo a las normas de competencia de la Unión Europea;

normas de competencia:

a) respecto a Canadá, la Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34; y

b) en el caso de la Unión Europea, los artículos 101, 102 y 106 del Tratado de Funcionamiento

de la Unión Europea, de 13 de diciembre de 2007, y el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones de empresas, así como sus normas de desarrollo y sus modificaciones; e

información protegida en virtud de sus leyes de competencia:

a) respecto a Canadá, la información que entra dentro del ámbito de aplicación de la sección 29

de la Competition Act, R.S.C. 1985, c. C-34; y

b) en el caso de la Unión Europea, la información que entra dentro del ámbito de aplicación del

artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004,

sobre el control de las concentraciones entre empresas.

Excepciones generales

1. A los efectos del artículo 30.8.5 (Terminación, suspensión o incorporación de otros acuerdos

existentes), los capítulos dos (Trato nacional y acceso de las mercancías al mercado),

cinco (Medidas sanitarias y fitosanitarias) y seis (Aduanas y facilitación del comercio), el Protocolo relativo a las normas de origen y los procedimientos en materia de origen y las secciones B (Establecimiento de las inversiones) y C (Trato no discriminatorio) del capítulo ocho (Inversiones), el artículo XX del GATT de 1994 se incorpora e integra en el presente Acuerdo. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere el artículo XX, letra b), del GATT de 1994 comprenden las medidas medioambientales necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales. Las Partes entienden que la letra g) del artículo XX del GATT de 1994 se aplica a las medidas para la conservación de los recursos naturales no renovables vivos y no vivos.

2. A efectos de los capítulos nueve (Comercio transfronterizo de servicios), diez (Entrada y

presencia temporal de personas físicas con fines empresariales), doce (Reglamentación interna), trece (Servicios financieros), catorce (Servicios de transporte marítimo internacional),

quince (Telecomunicaciones) y dieciséis (Comercio electrónico), así como de las secciones B (Establecimiento de las inversiones) y C (Trato no discriminatorio) del capítulo ocho (Inversiones), a condición de que dichas medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes cuando prevalezcan condiciones similares o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de modo que impida que cualquiera de las Partes adopten o hagan cumplir las medidas

necesarias:

a) para proteger la seguridad pública y la moral pública o para mantener el orden público33;

b) para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los

vegetales34; o

c) para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con lo

dispuesto en el presente Acuerdo, incluso los relativos a:

i) la prevención de prácticas que induzcan a error y prácticas fraudulentas o los medios

para hacer frente a los efectos del incumplimiento de los contratos;

ii) la protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento y la

difusión de datos personales, así como la protección del carácter confidencial de los registros y de las cuentas individuales; o

iii) la seguridad.

Medidas temporales de salvaguardia respecto a movimientos de capitales y pagos

1. Cuando, en circunstancias excepcionales, los movimientos de capitales y los pagos, incluidas

las transferencias, causen, o amenacen causar, dificultades graves para el funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea, la Unión Europea podrá imponer las medidas de salvaguardia que sean estrictamente necesarias para hacer frente a tales dificultades durante un período no superior a ciento ochenta días.

2. Las medidas impuestas por la Unión Europea de conformidad con el apartado 1 no

constituirán un medio de discriminación arbitrario o injustificable respecto de Canadá o sus inversores frente a un tercer país o sus inversores. La Unión Europea informará a Canadá sin demora y presentará, lo más pronto posible, un calendario para la supresión de esas medidas.

Restricciones en caso de dificultades graves de la balanza de pagos

y dificultades financieras externas

1. Si Canadá o un Estado miembro de la Unión Europea que no sea miembro de la Unión

Monetaria Europea experimenta graves dificultades de su balanza de pagos o graves dificultades financieras externas, o la amenaza de ellas, podrá adoptar o mantener medidas restrictivas respecto a los movimientos de capitales o a los pagos, incluidas las transferencias.

2. Las medidas a que se refiere el apartado 1:

a) no tratarán a una Parte de manera menos favorable que a un tercer país en situaciones

similares;

b) serán compatibles con el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, hecho en

Bretton Woods el 22 de julio de 1944, según proceda;

c) evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de

cualquier Parte;

d) serán temporales, se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación indicada en

el apartado 1 del presente artículo y no excederán de ciento ochenta días. Si surgen circunstancias excepcionales por las que una Parte solicita ampliar las medidas de salvaguardia más allá de un período de ciento ochenta días, consultará de antemano a la otra Parte en relación con la implementación de cualquier prórroga propuesta.

3. En el caso del comercio de mercancías, una Parte podrá adoptar medidas restrictivas con el fin

de salvaguardar el equilibrio de su balanza de pagos o su posición financiera exterior. Estas medidas serán conformes al GATT de 1994 y al Entendimiento relativo a las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 en materia de balanza de pagos, que figura en el anexo 1A del Acuerdo de la OMC.

4. En el caso del comercio de servicios, cualquier Parte podrá adoptar medidas restrictivas con el

fin de salvaguardar el equilibrio de su balanza de pagos o su posición financiera exterior. Estas medidas serán conformes al AGCS.

5. Cualquier Parte que adopte o mantenga una medida contemplada en el apartado 1 lo notificará

con celeridad a la otra Parte y presentará, tan pronto como sea posible, un calendario para su eliminación.

6. Si se adoptan o mantienen restricciones en virtud del presente artículo, se celebrarán consultas

sin demora en el Comité Mixto del CETA, si tales consultas no se celebran en otro lugar al margen del presente Acuerdo. Las consultas que se mantengan con arreglo al presente apartado evaluarán la dificultad de balanza de pagos o dificultad financiera externa que hayan conducido a la adopción de las medidas correspondientes, teniendo en cuenta, entre otros, factores como:

a) la naturaleza y el alcance de las dificultades;

b) el entorno económico y comercial exterior, o

c) la disponibilidad de medidas correctoras alternativas.

7. En las consultas con arreglo al apartado 6 se examinará la conformidad de cualquier medida

restrictiva con los apartados 1 a 4. Las Partes aceptarán todas las constataciones de hecho en materia de estadística o de otro orden que presente el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre cuestiones de cambio, de reservas monetarias y de balanza de pagos, y sus conclusiones se basarán en la evaluación hecha por el FMI de la situación financiera exterior y de balanza de pagos de la Parte afectada.

Seguridad nacional

Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de:

a) obligar a una Parte a suministrar o dar acceso a información si determina que la divulgación

de dicha información es contraria a sus intereses esenciales de seguridad; o

b) impedir a cualquiera de las Partes que adopte las medidas que estime necesarias para la

protección de sus intereses esenciales de seguridad:

i) relativas a la producción o al tráfico de armas, municiones y material de guerra, y a todo

comercio y transacciones de otros artículos y materiales, servicios y tecnología, así como actividades económicas, realizados directa o indirectamente para asegurar el abastecimiento de las fuerzas armadas o de seguridad35;

ii) adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales; o

iii) relativas a las materias fisionables y fusionables o a aquellas de las que estas se derivan,

o

c) impedir a cualquier Parte que adopte medidas a fin de cumplir sus obligaciones

internacionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Fiscalidad

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de manera que impida a una de las

Partes adoptar o mantener cualquier medida impositiva que distinga entre personas que no se encuentren en la misma situación, en particular en lo que respecta a su lugar de residencia o al lugar en que esté invertido su capital.

2. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de impedir a una Parte

adoptar o mantener cualquier medida impositiva destinada a evitar el fraude o la evasión fiscal de conformidad con su legislación fiscal o sus convenios tributarios.

3. El presente Acuerdo no afecta a los derechos y obligaciones de las Partes en virtud de un

convenio tributario. En caso de incompatibilidad entre el presente Acuerdo y un convenio tributario, prevalece dicho convenio respecto de la incompatibilidad.

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo o de cualquier acuerdo adoptado en virtud del

presente Acuerdo se aplicará:

a) a una medida fiscal de una Parte que prevea un trato fiscal más favorable para una sociedad, o

un accionista de una sociedad, en función de que la sociedad sea íntegra o parcialmente de su propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por uno o más inversores residentes en el territorio de esa Parte;

b) a una medida fiscal de una Parte que otorgue una ventaja en relación con las contribuciones

realizadas a —o los ingresos procedentes de— un acuerdo que disponga el aplazamiento o la exención de impuestos de las pensiones, la jubilación, los ahorros, la educación, la salud, la discapacidad u otros usos semejantes, supeditada a un requisito que dicha Parte mantenga una jurisdicción constante sobre dicho acuerdo;

c) a una medida fiscal de una Parte que otorgue una ventaja derivada de la compra o el consumo

de un determinado servicio, supeditada a la exigencia de que la prestación sea efectuada en el territorio de dicha Parte;

d) a una medida fiscal de una Parte que tenga por objeto garantizar la imposición o recaudación

efectiva o equitativa de impuestos, incluidas las medidas adoptadas por una de las Partes para garantizar la observancia del sistema impositivo de dicha Parte;

e) a una medida fiscal que ofrezca una ventaja a una administración pública, una parte de una

administración pública, o a cualquier persona que directa o indirectamente sea propiedad o esté bajo control de una administración pública o haya sido creada;

f) a una medida fiscal existente no conforme no cubierta en los apartados 1, 2 y 4, letras a) a e),

a la continuación o pronta renovación de dicha medida o a una modificación de dicha medida, a condición de que la modificación no disminuya la conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo tal y como se encontraba inmediatamente antes de la modificación.

5. Para mayor certeza, el hecho de que una medida fiscal constituya una modificación

importante de una medida fiscal existente, tenga efecto inmediato desde su anuncio, aclare la aplicación prevista de una medida fiscal vigente, o tenga un impacto inesperado en un inversor o una inversión cubierta no constituye, por sí solo, una infracción al artículo 8.10 (Trato de los inversores y de las inversiones cubiertas).

6. Los artículos 8.7 (Trato de nación más favorecida), 9.5 (Trato de nación más favorecida)

y 13.4 (Trato de nación más favorecida) no se aplicarán a las ventajas concedidas por cualquiera de las Partes en virtud de un convenio impositivo.

7. a) Si un inversor presenta una solicitud de celebración de consultas con arreglo al

artículo 8.19 (Consultas) alegando que una medida fiscal incumple una obligación de las secciones C (Trato no discriminatorio) o D (Protección de las inversiones) del capítulo ocho (Inversiones), el demandado podrá remitir la cuestión para que las Partes

se consulten y determinen conjuntamente si:

i) la medida es una medida fiscal;

ii) la medida, si se considera que es una medida fiscal, incumple una obligación de

las secciones C (Trato no discriminatorio) o D (Protección de las inversiones) del capítulo ocho (Inversiones); o

iii) existe una contradicción entre las obligaciones en virtud del presente Acuerdo que

supuestamente se incumplen y las de un convenio tributario.

b) Una remisión con arreglo a la letra a) no podrá realizarse después de la fecha que fije el

tribunal para que el demandado presente su escrito de contestación. Si el demandado hace dicha remisión, se suspenderán los plazos o procedimientos especificados en la sección F (Solución de diferencias en materia de inversiones entre inversores y Estados) del capítulo ocho (Inversiones). Si, en el plazo de ciento ochenta días a partir de la remisión, las Partes no están de acuerdo en considerar la cuestión, o no hacen una determinación común, la suspensión de los plazos o procedimientos dejará de aplicarse y el inversor podrá proceder con su reclamación.

c) La determinación conjunta por las Partes con arreglo a lo dispuesto en la letra a) será

vinculante para el tribunal.

d) Cada una de las Partes garantizará que su delegación para las consultas que se lleven a

cabo en virtud de la letra a) incluya personas con conocimientos especializados en las cuestiones cubiertas por el presente artículo, incluidos representantes de las autoridades fiscales competentes de cada una de las Partes. En el caso de Canadá, serán funcionarios del Ministerio de Hacienda de Canadá.

8. Para mayor certidumbre:

a) medida fiscal de una Parte significa una medida fiscal adoptada a cualquier nivel de la

administración pública de una Parte; y

b) en el caso de las medidas de una administración pública subnacional, residente de una Parte

significa residente de dicha jurisdicción subnacional o residente de la Parte de la que forma parte.

Divulgación de información

1. El presente Acuerdo no obliga a ninguna Parte a suministrar o dar acceso a información que,

en caso de revelarse, dificultaría la aplicación de la Ley, o cuya comunicación esté prohibida o restringida conforme a su legislación.

2. En el marco de un procedimiento de solución de diferencias en virtud del presente Acuerdo,

a) ninguna Parte está obligada a facilitar o permitir el acceso a información protegida con

arreglo a sus leyes en materia de competencia; y

b) ninguna autoridad de defensa de la competencia de una Parte está obligada a facilitar o

permitir el acceso a información privilegiada o protegida contra la divulgación.

Excepciones aplicables a la cultura

Las Partes recuerdan las excepciones aplicables a la cultura, según lo establecido en las

disposiciones pertinentes de los capítulos siete (Subvenciones), ocho (Inversiones), nueve (Comercio transfronterizo de servicios), doce (Reglamentación interna) y diecinueve (Contratación pública).

Exenciones de la OMC

Si un derecho o una obligación del presente Acuerdo duplican algún derecho o alguna obligación en

virtud del Acuerdo de la OMC, las Partes acuerdan que una medida de conformidad con una decisión de exención adoptada por la OMC con arreglo al artículo IX del Acuerdo de la OMC se considerará conforme, asimismo, con la disposición duplicada del presente Acuerdo.


CAPÍTULO VEINTINUEVE - SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

Este capítulo establece un sistema para resolver las posibles diferencias entre la UE y Canadá sobre la aplicación o la interpretación del AECG. En caso de diferencias, las dos Partes deberán primero comunicarse entre sí clara y rápidamente para intentar resolverlas lo antes posible. Deberán también consultar a expertos en el asunto objeto de las diferencias. Solamente si los intentos resultan inútiles recurrirán después al procedimiento formal establecido en este capítulo.

En él también se describen los procedimientos que deben seguir ambas Partes para resolver un litigio formal y se contempla la posibilidad de recurrir a un mediador independiente para supervisar el proceso.


SECCIÓN A - Disposiciones iniciales

Cooperación

Las Partes procurarán, en todo momento, llegar a un acuerdo sobre la interpretación y la aplicación

del presente Acuerdo y, mediante cooperación y consultas, se esforzarán siempre por lograr una solución mutuamente satisfactoria de cualquier asunto que pudiere afectar su funcionamiento.

Ámbito de aplicación

Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, el presente capítulo se aplicará a toda

diferencia sobre la interpretación o la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

Elección de foro

1. El recurso a las disposiciones sobre solución de diferencias del presente capítulo se entenderá

sin perjuicio al recurso a la solución de diferencias con arreglo al Acuerdo de la OMC o a cualquier otro acuerdo al que se hayan adherido las Partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, si una obligación es equivalente en sustancia en

virtud del presente Acuerdo y en virtud del Acuerdo de la OMC, o de cualquier otro acuerdo al que se hayan adherido las Partes, ninguna Parte podrá pedir una compensación por el incumplimiento de dicha obligación en ambos foros. En tal caso, una vez se haya iniciado un procedimiento de solución de diferencias con arreglo a un acuerdo, ninguna Parte podrá presentar una solicitud de compensación por el incumplimiento de la obligación sustancialmente equivalente en virtud del otro acuerdo, a menos que el foro seleccionado no se pronuncie, por razones procesales o jurisdiccionales distintas de la resolución prevista en el punto 20 del anexo 29-A, sobre dicha pretensión.

3. A efectos del apartado 2:

a) un procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo de la OMC se considerará

incoado cuando una Parte solicite la constitución de un grupo especial en virtud del artículo 6 del ESD.

b) un procedimiento de solución de diferencias conforme al presente capítulo se considerará

incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel arbitral en virtud del artículo 29.6. y

c) un procedimiento de solución de diferencias conforme a cualquier otro acuerdo se considerará

incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel o tribunal de solución de diferencias en virtud de lo dispuesto en dicho acuerdo.

4. Ninguna disposición del presente Acuerdo impedirá a una Parte aplicar la suspensión de

obligaciones autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. Ninguna Parte podrá

invocar el Acuerdo de la OMC para impedir a la otra Parte suspender obligaciones en virtud del presente capítulo.


SECCIÓN B - Consultas y mediación

Consultas

1. Cualquier Parte podrá solicitar por escrito la celebración de consultas con la otra Parte sobre

todo asunto contemplado en el artículo 29.2.

2. La parte demandante transmitirá la petición a la Parte demandada, y expondrá los motivos de

la solicitud, así como la identificación de la medida concreta en cuestión y la base jurídica de la demanda.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, las Partes celebrarán consultas en el plazo de

treinta días a partir de la fecha en la que la Parte demandada reciba la solicitud.

4. En casos de urgencia, incluidos los relativos a mercancías perecederas o estacionales, o a

servicios que rápidamente pierden su valor comercial, las consultas comenzarán en un plazo de quince días a partir de la fecha en la que la Parte demandada reciba la solicitud.

5. Las Partes harán todo lo posible para llegar a una solución mutuamente satisfactoria mediante

consultas. Con este fin, cada Parte:

a) proporcionará información suficiente que permita un examen completo de la cuestión

examinada;

b) protegerá cualquier información confidencial o reservada facilitada en el curso de las

consultas, conforme a lo solicitado por la Parte que proporcione la información; y

c) pondrá a disposición el personal de sus administraciones u otros organismos reguladores que

sean competentes en la materia objeto de las consultas.

6. Las consultas serán confidenciales y no irán en perjuicio de los derechos de las Partes en los

procedimientos con arreglo al presente capítulo.

7. Las consultas se celebrarán en el territorio de la Parte demandada, a menos que las Partes

acuerden otra cosa. Las consultas podrán celebrarse presencialmente o por cualquier otro medio acordado por las Partes.

8. Una medida propuesta por una Parte podrá ser objeto de consultas con arreglo al presente

artículo, pero no podrá ser objeto de mediación de conformidad con el artículo 29.5 o el procedimiento de solución de diferencias establecido en la sección C.

Mediación

Las Partes podrán recurrir a la mediación con respecto a una medida si la medida afecta

negativamente al comercio y la inversión entre las Partes. Los procedimientos de mediación están expuestos en el anexo 29-C.


SECCIÓN C - Procedimientos de solución de diferencias y cumplimiento


Subsección A - Procedimientos de solución de diferencias

Solicitud de establecimiento de un panel arbitral

1. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, si una cuestión contemplada en el artículo 29.4 no se

ha resuelto en el plazo de:

a) cuarenta y cinco días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de consultas; o

b) veinticinco días a partir de la fecha de recepción de la solicitud de consultas, para todo asunto

contemplado en el artículo 29.4.4,

la Parte demandante podrá remitir el asunto a un panel arbitral, mediante la entrega de una solicitud

escrita a la Parte demandada de establecimiento de un panel arbitral.

2. La Parte demandante describirá en su solicitud escrita la medida específica en cuestión y la

base jurídica de la demanda, incluida una explicación del modo en que dicha medida incumple las disposiciones contempladas en el artículo 29.2.

Composición del panel arbitral

1. El panel arbitral estará compuesto de tres árbitros.

2. Las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición del panel arbitral en

un plazo de diez días laborables a partir de la fecha en que la Parte demandada reciba la solicitud de establecimiento de un panel arbitral.

3. En caso de que las Partes no lleguen a ponerse de acuerdo sobre la composición del panel

arbitral en el plazo fijado en el apartado 2, cada una de ellas podrá solicitar que el presidente del Comité Mixto del CETA, o su delegado, designe a los árbitros por sorteo de la lista establecida con arreglo al artículo 29.8. Un árbitro saldrá de la sublista de la Parte demandante, otro de la sublista de la Parte demandada y otro de la sublista de presidentes. Si las Partes están de acuerdo en uno o más árbitros, todo árbitro restante será seleccionado por el mismo procedimiento de la sublista de árbitros aplicable. Si las Partes se han puesto de acuerdo sobre un árbitro, distinto del presidente, que no tenga la nacionalidad de ninguna de las Partes, el presidente y otro árbitro se seleccionarán

de la sublista de presidentes.

4. El presidente del Comité Mixto del CETA, o su delegado, seleccionará a los árbitros lo antes

posible, y normalmente en un plazo de cinco días laborables a partir de que cualquiera de las Partes presente la solicitud contemplada en el apartado 3. El presidente, o su delegado, dará una oportunidad razonable a los representantes de ambas Partes para que estén presentes cuando se efectúe el sorteo. Uno de los presidentes solo podrá realizar la selección por sorteo si se había informado al otro presidente de la fecha, hora y lugar de la selección por sorteo y este no aceptó participar en el plazo de cinco días laborables a partir de la solicitud contemplada en el apartado 3.

5. La fecha de constitución del panel arbitral será la fecha en que se designe al último de los tres

árbitros.

6. En caso de que cualquiera de las listas contempladas en el artículo 29.8 no se establezca, o no

contenga suficientes nombres, en el momento de presentación de la solicitud conforme al apartado 3, los tres árbitros serán designados por sorteo entre los árbitros propuestos por una o ambas Partes con arreglo al artículo 29.8.1.

7. Los árbitros solo se sustituirán por los motivos y según los procedimientos detallados en el

procedimiento establecido en los apartados 21 a 25 del anexo 29-A.

Lista de árbitros

1. El Comité Mixto del CETA establecerá, en su primera reunión tras la entrada en vigor del

presente Acuerdo, una lista de al menos quince personas elegidas por su objetividad, fiabilidad y capacidad de discernimiento y que estén dispuestas a ejercer de árbitros, y puedan hacerlo. La lista estará compuesta por tres sublistas: una sublista de personas correspondiente a cada Parte y otra sublista de personas que no sean nacionales de ninguna de las dos Partes, que puedan ejercer como presidentes. Cada sublista estará compuesta al menos por cinco personas. El Comité Mixto del CETA podrá reconsiderar la lista en cualquier momento y se asegurará de que esta sea conforme con el presente artículo.

2. Los árbitros deberán tener conocimientos especializados en Derecho mercantil internacional.

Los árbitros que actúen como presidentes deberán asimismo tener experiencia como asesores o miembros de grupos especiales en procedimientos de solución de diferencias sobre cuestiones que entran dentro del ámbito de aplicación del presente Acuerdo. Los árbitros serán independientes, actuarán a título personal, no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni Gobierno, ni estarán afiliados al Gobierno de ninguna de las Partes, y respetarán el Código de Conducta del

anexo 29-B.

Informe provisional del panel

1. El panel arbitral transmitirá un informe provisional a las Partes en el plazo de ciento cincuenta

días a partir de la fecha de constitución del panel arbitral. El informe incluirá:

a) constataciones de hecho; y

b) determinaciones de si la Parte demandante ha cumplido sus obligaciones en virtud del

presente Acuerdo.

2. Cada Parte podrá formular observaciones por escrito al panel arbitral sobre el informe

provisional, dentro de los plazos establecidos por el panel arbitral. Tras examinar dichas observaciones, el panel arbitral podrá:

a) reconsiderar su informe; o

b) llevar a cabo cualquier examen ulterior que considere pertinente.

3. El informe provisional del panel arbitral será confidencial.

Informe final del panel

1. Salvo que las Partes acuerden otra cosa, el panel arbitral emitirá un informe de conformidad

con el presente capítulo. El informe final del panel establecerá las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo y la fundamentación de sus constataciones y conclusiones. El laudo del panel arbitral en el informe final del panel será vinculante para las Partes.

2. El panel arbitral transmitirá un informe final a las Partes y al Comité Mixto del CETA en el

plazo de treinta días a partir de la fecha del informe provisional.

3. Cada Parte hará público el informe final del panel, con arreglo al apartado 39 del anexo 29-A.

Procedimiento de urgencia

En casos de urgencia, incluidos los relativos a mercancías perecederas o estacionales, o a servicios

que rápidamente pierden su valor comercial, el panel arbitral y las Partes harán todo lo posible para acelerar las actuaciones al máximo. El panel arbitral intentará emitir un informe provisional a las Partes en un plazo de setenta y cinco días a partir del establecimiento del panel arbitral, y un informe final en el plazo de quince días a partir de la fecha del informe provisional. Si una Parte lo solicita, el panel arbitral podrá emitir, en un plazo de diez días a partir de su fecha de constitución, un laudo preliminar sobre si considera que el asunto es urgente.


Subsección B - Cumplimiento

Cumplimiento del informe final del panel

La Parte demandada adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento al informe final del

panel. A más tardar veinte días después de la fecha en que las Partes reciban el informe final del panel, la Parte demandada notificará a la otra Parte y al Comité Mixto del CETA sus intenciones en relación con el cumplimiento.

Plazo razonable para el cumplimiento

1. Si no puede cumplir inmediatamente, a más tardar veinte días después de la fecha en que las

Partes reciban el informe final del panel, la Parte demandada comunicará a la Parte demandante y al Comité Mixto del CETA el plazo que necesita para el cumplimiento.

2. En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable de cumplimiento del informe

final del panel, la Parte demandante, en un plazo de veinte días a partir de la recepción de la notificación realizada en virtud del apartado 1 por la Parte demandada, solicitará por escrito al panel arbitral que determine la duración de ese plazo razonable. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Comité Mixto del CETA. El panel arbitral transmitirá su laudo a las Partes y al Comité Mixto del CETA en el plazo de treinta días a partir de la fecha de la solicitud.

3. El plazo razonable podrá prorrogarse por mutuo acuerdo de las Partes.

4. En cualquier momento después del punto medio del plazo razonable y previa solicitud de la

Parte demandante, la Parte demandada deberá estar dispuesta a debatir las medidas que está adoptando para dar cumplimiento al informe final del panel.

5. Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la otra Parte y al Comité

Mixto del CETA las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento al informe final del panel.

Soluciones temporales en caso de incumplimiento

1. Si:

a) la Parte demandada no notifica su intención de atenerse al informe final del panel con arreglo

al artículo 29.12 o el plazo que necesitará para darle cumplimiento con arreglo al artículo 29.13.1,

b) a la expiración del plazo razonable, la Parte demandada no notifica las medidas adoptadas

para dar cumplimiento al informe final del panel, o

c) el panel arbitral sobre cumplimiento a que se refiere el apartado 6 establece que una medida

de cumplimiento adoptada no es compatible con las obligaciones de dicha Parte en virtud de las disposiciones contempladas en el artículo 29.2,

la Parte demandante podrá suspender sus obligaciones u obtener una indemnización. El nivel de la

anulación y del menoscabo se calculará a partir de la fecha de notificación del informe final del panel a las Partes.

2. Antes de suspender sus obligaciones, la Parte demandante notificará a la Parte demandada y al

Comité Mixto del CETA su intención de hacerlo, incluido el nivel de obligaciones que prevé suspender.

3. Salvo disposición en contrario en el presente Acuerdo, la suspensión de las obligaciones

puede referirse a cualquiera de las disposiciones a que se refiere el artículo 29.2 y estará limitada a un nivel equivalente al nivel de anulación o menoscabo causado por la infracción.

4. La Parte demandante podrá aplicar la suspensión diez días laborables después de la fecha en

que la Parte demandada reciba la notificación a que se refiere el apartado 2, a menos que una de las Partes haya solicitado un arbitraje conforme a los apartados 6 y 7.

5. Cualquier desacuerdo entre las Partes sobre la existencia de las medidas de cumplimiento o su

coherencia con las disposiciones a las que se hace referencia en el artículo 29.2 («desacuerdo sobre el cumplimiento»), o sobre la equivalencia entre el nivel de anulación o menoscabo causado por el incumplimiento («desacuerdo sobre la equivalencia»), se remitirá al panel arbitral.

6. Cualquier Parte podrá volver a convocar el panel arbitral presentando una solicitud por escrito

al panel arbitral, a la otra Parte y al Comité Mixto del CETA. En caso de desacuerdo sobre el cumplimiento, la Parte demandante volverá a convocar el panel arbitral. En caso de desacuerdo sobre la equivalencia, la Parte demandante volverá a convocar el panel arbitral. En caso de desacuerdo sobre el cumplimiento y sobre la equivalencia, el panel arbitral deberá resolver el desacuerdo sobre el cumplimiento antes de pronunciarse respecto al desacuerdo sobre la equivalencia.

7. El panel arbitral notificará su laudo a las Partes y al Comité Mixto del CETA en

consecuencia:

a) en el plazo de noventa días a partir de la solicitud de volver a convocar el panel arbitral, en

caso de desacuerdo sobre el cumplimiento;

b) en el plazo de treinta días a partir de la solicitud de volver a convocar el panel arbitral, en caso

de desacuerdo sobre la equivalencia;

c) en el plazo de ciento veinte días a partir de la primera solicitud de volver a convocar el panel

arbitral, en caso de desacuerdo sobre el cumplimiento y sobre la equivalencia.

8. La Parte demandante no suspenderá sus obligaciones hasta que el panel arbitral vuelto a

convocar con arreglo a los apartados 6 y 7 haya emitido su laudo. Toda suspensión deberá ser coherente con el laudo del panel arbitral.

9. La suspensión de las obligaciones tendrá carácter temporal y solo se aplicará hasta que la

medida considerada incompatible con las disposiciones contempladas en el artículo 29.2 se retire o modifique con objeto de que se ajuste a dichas disposiciones, tal como se establece en el

artículo 29.15, o hasta que las Partes solucionen la diferencia.

10. En todo momento, la Parte demandante podrá solicitar a la Parte demandada que haga una

oferta de compensación temporal, y la Parte demandada deberá presentar esa oferta.

Reconsideración de las medidas de cumplimiento adoptadas tras la suspensión de las obligaciones

1. Si, después de que la Parte demandante suspenda sus obligaciones, la Parte demandada toma

medidas para dar cumplimiento al informe final del panel, la Parte demandada lo notificará a la otra Parte y al Comité Mixto del CETA, y solicitará que finalice la suspensión de las obligaciones aplicada por la Parte demandante.

2. Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre la compatibilidad de la medida notificada con las

disposiciones contempladas en el artículo 29.2 en un plazo de sesenta días a partir de la fecha de recepción de la notificación, la Parte demandante solicitará por escrito al panel arbitral que decida sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Comité Mixto del CETA. El informe final del panel se notificará a las Partes y al Comité Mixto del CETA en el plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el panel arbitral determina que las medidas de cumplimiento se ajustan a las disposiciones contempladas en el artículo 29.2, finalizará la suspensión de las obligaciones.


SECCIÓN D - Disposiciones generales

Reglamento interno

El procedimiento de solución de diferencias con arreglo al presente capítulo se regirá por el

Reglamento interno de arbitraje del anexo 29-A, salvo que las Partes acuerden otra cosa.

Regla general de interpretación

El panel arbitral interpretará las disposiciones del presente Acuerdo de conformidad con las normas

habituales de interpretación del Derecho público internacional, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El panel arbitral también tendrá en cuenta las interpretaciones pertinentes establecidas en los informes de los paneles y el Órgano de Apelación y adoptadas por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

Laudos del panel arbitral

Los laudos del panel arbitral no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones

establecidos en el presente Acuerdo.

Soluciones de mutuo acuerdo

Las Partes podrán llegar a una solución de mutuo acuerdo de una diferencia con arreglo al presente

capítulo en cualquier momento. Notificarán al Comité Mixto del CETA y al panel arbitral cualquier solución de este tipo. Cuando se notifique la solución de mutuo acuerdo, el panel arbitral finalizará su trabajo y se terminará el procedimiento.


CAPÍTULO TREINTA - DISPOSICIONES FINALES

Este capítulo incluye normas sobre:

  • la forma en que el Acuerdo puede entrar en vigor
  • la forma de incorporar nuevos Estados miembros de la UE al Acuerdo después de su firma
  • la forma en que, en un futuro, se puede modificar o poner término al Acuerdo.
Partes integrantes del presente Acuerdo

Los protocolos, anexos, declaraciones, declaraciones conjuntas, entendimientos y notas a pie de

página del presente Acuerdo constituyen parte integrante del mismo.

Modificaciones

1. Las Partes podrán acordar por escrito modificar el presente Acuerdo. Las modificaciones

entrarán en vigor después de que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen que han finalizado sus respectivos procedimientos y requisitos internos aplicables necesarios para la entrada en vigor de la modificación, o en la fecha acordada por las Partes.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Comité Mixto del CETA podrá decidir modificar

los protocolos y los anexos del presente Acuerdo. Las Partes podrán aprobar la decisión del Comité Mixto del CETA, con arreglo a sus respectivos procedimientos y requisitos internos necesarios para que la modificación entre en vigor. La decisión entrará en vigor en la fecha acordada por las Partes. Este procedimiento no será aplicable a las modificaciones de los anexos I, II y III, ni a las modificaciones de los anexos de los capítulos ocho (Inversiones), nueve (Comercio transfronterizo de servicios), diez (Entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales) y

trece (Servicios financieros), a excepción del anexo 10-A (Lista de puntos de contacto de los

Estados miembros de la Unión Europea).

Utilización de las preferencias

Durante un período de diez años a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes

intercambiarán los datos trimestrales a nivel de partidas arancelarias de los capítulos 1 a 97 del SA, relativos a las importaciones de mercancías procedentes de la otra Parte que sean objeto de tipos arancelarios de NMF y de preferencias arancelarias en virtud del presente Acuerdo. A menos que las Partes decidan otra cosa, este período se renovará por un período de cinco años, y las Partes lo

podrán prorrogar.

Balanza por cuenta corriente

Las Partes autorizarán, en una moneda convertible libremente, y de conformidad con el artículo

VIII del Convenio constitutivo del Acuerdo del Fondo Monetario Internacional, hecho en Bretton Woods el 22 de julio de 1944, los pagos y las transferencias de la balanza por cuenta corriente entre las Partes.

Circulación de capitales

Las Partes llevarán a cabo consultas mutuas con el fin de facilitar la circulación de capitales entre

ellas, siguiendo aplicando sus políticas relativas a la liberalización de la cuenta financiera y de capital, así como apoyando un marco estable y seguro para las inversiones a largo plazo.

Derechos privados

1. Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que conceda

derechos o imponga obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público, ni en el sentido de que el presente Acuerdo pueda invocarse directamente en los ordenamientos jurídicos internos de las Partes.

2. Ninguna de las Partes podrá prever un derecho de recurso con arreglo a su Derecho interno

contra la otra Parte aduciendo que una medida de la otra Parte es incompatible con el presente Acuerdo.

Entrada en vigor y aplicación provisional

1. El presente Acuerdo será adoptado por las Partes de conformidad con sus respectivos

procedimientos y requisitos internos.

2. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes después de la fecha en

que las Partes intercambien por escrito notificaciones que certifiquen que han finalizado sus procedimientos y requisitos internos respectivos, o en la fecha en que acuerden las Partes.

3 a) Las Partes podrán aplicar provisionalmente el presente Acuerdo a partir del primer día del mes siguiente a la fecha en la cual las Partes se notifiquen que se han completado sus respectivos procedimientos y requisitos internos necesarios para la aplicación provisional del presente Acuerdo, o en cualquier otra fecha que acuerden las Partes.

b) Si una de las Partes no tiene intención de aplicar provisionalmente una disposición del presente Acuerdo, deberá notificar previamente a la otra Parte las disposiciones que no aplicará provisionalmente y deberá ofrecer celebrar consultas con prontitud. En un plazo de treinta días a partir de la notificación, la otra Parte podrá o bien oponerse, en cuyo caso el presente Acuerdo no se aplicará de forma provisional, o bien facilitar su propia notificación de las disposiciones equivalentes del presente Acuerdo, si las hubiere, que no tiene intención de aplicar provisionalmente. Si, en el plazo de treinta días a partir de la segunda notificación, la otra Parte presenta una objeción, el presente Acuerdo no se aplicará de forma provisional.

Las disposiciones que no estén sujetas a notificación por una Parte se aplicarán provisionalmente por dicha Parte a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de la última notificación, o en cualquier otra fecha que acuerden las Partes, siempre que las Partes hayan intercambiado notificaciones con arreglo a la letra a).

c) Una Parte podrá poner fin a la aplicación provisional del presente Acuerdo mediante notificación escrita a la otra Parte. Dicha finalización surtirá efecto el primer día del segundo mes siguiente al de dicha notificación.

d) Si el presente Acuerdo o algunas de sus disposiciones se aplican provisionalmente, las

Partes entenderán que el término «entrada en vigor del presente Acuerdo» significa la fecha de aplicación provisional. El Comité Mixto del CETA y otros órganos creados en virtud del presente Acuerdo podrán ejercer sus funciones durante la aplicación provisional del presente Acuerdo. Cualquier decisión adoptada en el ejercicio de sus funciones dejará de ser efectiva si se pone fin a la aplicación provisional del presente Acuerdo con arreglo a la letra c).

4. Canadá presentará las notificaciones en virtud del presente artículo a la Secretaría General del

Consejo de la Unión Europea, o al organismo que la suceda. La Unión Europea remitirá las notificaciones en virtud del presente artículo al Department of Foreign Affairs, Trade and Development (Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo) de Canadá, o al organismo que lo suceda.

Terminación, suspensión o incorporación de otros acuerdos vigentes

1. Los acuerdos enumerados en el anexo 30-A dejarán de tener efecto y serán sustituidos por el

presente Acuerdo. La terminación de los acuerdos enumerados en el anexo 30-A surtirá efecto a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, podrá presentarse una demanda con arreglo a uno

de los acuerdos enumerados en el anexo 30-A, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el acuerdo, si:

a) el trato que es objeto de la demanda se había concedido cuando el acuerdo no había

terminado; y

b) no han transcurrido más de tres años desde la fecha de terminación del acuerdo.

3. El Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Canadá relativo al comercio de

bebidas alcohólicas, hecho en Bruselas el 28 de febrero de 1989, en su versión modificada («el Acuerdo de 1989 sobre bebidas alcohólicas»), y el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Canadá sobre el comercio de vino y bebidas espirituosas, hecho en Niagara-on-the-Lake

el 16 de septiembre de 2003 («el Acuerdo de 2003 sobre vinos y bebidas espirituosas»), se

incorporan e integran en el presente Acuerdo, en su versión modificada por el anexo 30-B.

4. Las disposiciones del Acuerdo de 1989 sobre bebidas alcohólicas o el Acuerdo de 2003 sobre

vinos y bebidas espirituosas, modificadas e incorporadas en el presente Acuerdo, prevalecerán en la medida en que exista una contradicción entre las disposiciones de esos acuerdos y alguna otra disposición del presente Acuerdo.

5. El Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y Canadá («el

Acuerdo sobre reconocimiento mutuo»), hecho en Londres el 14 de mayo de 1998, se dará por terminado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. En caso de aplicación provisional del capítulo cuatro (Obstáculos técnicos al comercio) de conformidad con el artículo 30.7.3.a), a partir de la fecha de aplicación provisional se suspenderán el Acuerdo sobre reconocimiento mutuo y los derechos y las obligaciones que de él se deriven. En caso de

terminación de la aplicación provisional, cesará la suspensión del Acuerdo sobre reconocimiento

mutuo.

6. Las Partes reconocen los logros conseguidos en el marco del Acuerdo entre la Comunidad

Europea y el Gobierno de Canadá sobre medidas sanitarias para proteger la salud pública y la sanidad animal en el comercio de animales vivos y de productos de origen animal, hecho en Ottawa el 17 de diciembre de 1998 (el «Acuerdo veterinario»), y confirman su intención de proseguir esta labor en el marco del presente Acuerdo. El Acuerdo veterinario se dará por terminado a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo. En caso de aplicación provisional del capítulo cinco (Medidas sanitarias y fitosanitarias) de conformidad con el artículo 30.7.3.a), a partir de la fecha de aplicación provisional se suspenderán el Acuerdo veterinario y los derechos y las obligaciones que de él se deriven. En caso de terminación de la aplicación provisional, cesará la suspensión del

Acuerdo veterinario.

7. La definición de «entrada en vigor del presente Acuerdo» del artículo 30.7.3, letra d), no se

aplicará al presente artículo.

Terminación

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita de

terminación a la Secretaría del General del Consejo de la Unión Europea y al Department of Foreign Affairs, Trade and Development (Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo) de Canadá, o a los organismos respectivos que los sucedan. El presente Acuerdo se dará por terminado ciento ochenta días después de la fecha de dicha notificación. La Parte que notifique la terminación facilitará asimismo al Comité Mixto del CETA una copia de la notificación.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en caso de terminación del presente Acuerdo, las

disposiciones del capítulo ocho (Inversiones) seguirán teniendo efecto durante un período de veinte años a partir de la fecha de terminación del presente Acuerdo con respecto a las inversiones efectuadas antes de dicha fecha.

Adhesión de nuevos Estados miembros de la Unión Europea

1. La Unión Europea notificará a Canadá cualquier solicitud presentada por un país para

adherirse a la Unión Europea.

2. Durante las negociaciones entre la Unión Europea y el país candidato a la adhesión, la Unión

Europea:

a) facilitará, previa solicitud de Canadá y en la mayor medida posible, cualquier información

sobre cualquier asunto cubierto por el presente Acuerdo, y

b) tendrá en cuenta todas las preocupaciones expresadas por Canadá.

3. La Unión Europea notificará a Canadá la entrada en vigor de toda adhesión a la Unión

Europea.

4. Con suficiente antelación a la fecha de adhesión de un país a la Unión Europea, el Comité

Mixto del CETA examinará los efectos de la adhesión sobre el presente Acuerdo y decidirá las medidas de adaptación o transición que puedan ser necesarias.

5. Todo nuevo Estado miembro de la Unión Europea se adherirá al presente Acuerdo a partir de

la fecha de su adhesión a la Unión Europea mediante una cláusula incluida a tal efecto en su Acta de adhesión a la Unión Europea. Si el Acta de adhesión a la Unión Europea no prevé la adhesión automática del Estado miembro de la Unión Europea al presente Acuerdo, dicho Estado miembro se adherirá al presente Acuerdo depositando un Acta de adhesión al presente Acuerdo ante la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea y el Department of Foreign Affairs, Trade and Development (Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo) de Canadá, o los organismos respectivos que los sucedan.

Textos auténticos

El presente Acuerdo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, búlgara, checa, croata,

danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana,

letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.


ANNEXES

  1. En el caso de las mercancías siguientes del capítulo 89 del SA, con independencia de su origen, que
  2. La Unión Europea aplicará el presente apartado a través del régimen de perfeccionamiento pasivo del Reglamento (UE) n.º 952/2013 de forma coherente con el presente apartado.
  3. La Unión Europea aplicará el presente apartado a través del régimen de perfeccionamiento activo del Reglamento (UE) n.º 952/2013 de forma coherente con el presente apartado.
  4. A efectos del presente artículo, se entenderá por partes interesadas las definidas de conformidad con el artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping y el artículo 12.9 del Acuerdo SMC.
  5. Para mayor seguridad se señala que las obligaciones del presente capítulo son aplicables a las zonas económicas exclusivas y a las zonas continentales, como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982:
  6. Para mayor seguridad, se señala que una Parte podrá mantener medidas relativas al establecimiento o la adquisición de una inversión cubierta y seguir aplicando tales medidas a
  7. Entre estos servicios se encuentran los servicios prestados a las aeronaves que llevan a cabo actividades especializadas en sectores como la agricultura, la construcción, la fotografía, la agrimensura, la cartografía, la silvicultura, la observación y patrulla, o la publicidad, en caso de que la actividad especializada sea efectuada por la persona responsable de la explotación de la aeronave.
  8. El apartado 1, letra a), incisos i), ii) y iii), no abarca las medidas tomadas para limitar la producción de una mercancía agrícola.
  9. En el caso de la Unión Europea, «subvención» incluye la «ayuda estatal», tal como se define en su Derecho.
  10. En el caso de la Unión Europea, la «autoridad competente» es la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
  11. Cualquiera de las Partes podrá proponer, en lugar de ello, nombrar a un máximo de cinco miembros del tribunal de cualquier nacionalidad. En ese caso, a efectos del presente artículo tales miembros del tribunal serán considerados nacionales de la Parte que ha propuesto su nombramiento.
  12. Para mayor seguridad, el hecho de que una persona reciba una remuneración de un gobierno, en sí mismo, no implica que esa persona no pueda ser elegida.
  13. Entre estos servicios se encuentran los servicios prestados a las aeronaves que llevan a cabo actividades especializadas en sectores como la agricultura, la construcción, la fotografía, la agrimensura, la cartografía, la silvicultura, la observación y patrulla, o la publicidad, en caso de que la actividad especializada sea efectuada por la persona responsable de la explotación de la aeronave.
  14. La duración de la estancia permitida en el marco del presente capítulo no podrá tenerse en cuenta en el contexto de una solicitud de ciudadanía de un Estado miembro de la Unión Europea.
  15. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los derechos concedidos a Canadá en virtud de exenciones de visado bilateral por Estados miembros de la Unión Europea
  16. La experiencia profesional deberá haberse obtenido después de haber alcanzado la mayoría de edad.
  17. En caso de que la titulación o cualificación no se haya obtenido en la Parte donde se preste el servicio, dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria requerida en su territorio. Las Partes aplicarán el anexo 10-C, sujeto a las reservas del anexo 10-E, con el fin de evaluar dicha equivalencia.
  18. Para mayor seguridad, la persona física deberá estar contratada por la empresa que debe cumplir el contrato de servicios en virtud del cual se pretende la entrada temporal.
  19. En caso de que la titulación o cualificación no se haya obtenido en la Parte donde se preste el servicio, dicha Parte podrá evaluar si es equivalente a una titulación universitaria requerida en su territorio. Las Partes aplicarán el anexo 10-C, sujeto a las reservas del anexo 10-E, con el fin de evaluar dicha equivalencia.
  20. Esta disposición se entiende sin perjuicio de los derechos concedidos con arreglo a exenciones de visado bilateral por Estados miembros de la Unión Europea
  21. A excepción de Malta.
  22. El presente capítulo no es aplicable a los barcos de pesca, tal como se definen en el Derecho de cada una de las Partes.
  23. A efectos del presente capítulo, en el caso de la Unión Europea, por enarbolar el pabellón de una Parte se entiende enarbolar el pabellón de un Estado miembro de la Unión Europea.
  24. El presente apartado no se aplicará a los buques o los prestadores de servicios de transporte marítimo internacional que estén sujetos al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del
  25. no discriminatorio: un trato no menos favorable que el concedido a cualquier otra empresa al utilizar servicios públicos similares de transporte de telecomunicaciones en circunstancias similares.
  26. Para mayor seguridad, la concesión de una licencia a un número limitado de empresas para asignar un recurso escaso con criterios objetivos, proporcionales y no discriminatorios no es por sí misma un derecho especial.
  27. La expresión «municiones» del presente artículo se considera equivalente a la expresión
  28. Para mayor seguridad, el presente apartado se aplica también al término «Feta».
  29. Para mayor seguridad, el presente apartado se aplica también al término «Feta».
  30. En aras de una mayor seguridad, en lo que se refiere a la protección de datos, en Canadá el concepto de «entidad química» incluye los medicamentos biológicos y los radiofármacos que estén regulados como nuevos medicamentos por las Food and Drug Regulations de Canadá.
  31. Las Partes aplicarán esta disposición de conformidad con la regla 42 de las reglas del procedimiento de arbitraje del anexo 29-A.
  32. Las Partes aplicarán esta disposición de conformidad con la regla 42 de las reglas del procedimiento de arbitraje del anexo 29-A.
  33. Las excepciones de seguridad pública y de orden público únicamente podrán invocarse cuando se plantee una amenaza verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales de la sociedad.
  34. Las Partes entienden que las medidas a que se refiere la letra b) comprenden las medidas medioambientales necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales.
  35. La expresión «tráfico de armas, municiones y material de guerra» del presente artículo es equivalente a la expresión «comercio de armas, municiones y material de guerra».