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TTIP: PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

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Esta página tiene como objetivo aclarar que en ningún  momento las actuales negociaciones comerciales con EE.UU. (TTIP) pondrán en peligro los  servicios públicos ni supondrán  su privatización.  En otras palabras: el debate sobre si privatizar o no un servicio público es y seguirá siendo un tema que se decide a nivel nacional o local.

 

La UE tiene servicios públicos tales como los de sanidad y educación que están entre los mejores del mundo. Su papel es especial, y como tal lo valoran los ciudadanos y se reconoce en la legislación europea. Por eso la UE y cada uno de sus países miembros tienen la obligación de salvaguardar los servicios públicos en cualquier nueva normativa o política. Eso incluye los acuerdos comerciales con otros países.

Todos ellos contemplan tres importantes garantías en materia de servicios públicos. Se refieren a la reglamentación, los monopolios y el denominado "trato nacional". Por tanto, el acuerdo TTIP contemplará las mismas garantías en materia de servicios públicos.

El objetivo de estas garantías es que los gobiernos de la UE sigan teniendo plena libertad a la hora de administrar los servicios públicos. Las negociaciones sobre el TTIP no tendrán las más mínima incidencia sobre esto.

  1. Monopolios: si lo desean, los gobiernos de la UE pueden organizar los servicios públicos de modo que los preste un solo proveedor. Es lo que en economía se llama monopolio. Ese único proveedor puede ser:
    • bien de titularidad pública, es decir, un monopolio público. Es el caso de la Sanidad Pública en España o  Reino Unido, por ejemplo.
    • bien una empresa privada con derecho exclusivo a prestar un determinado servicio (es lo que pasa en otros países de la UE. Es el resultado de diferentes tradiciones de servicio público y de cómo se ha concebido el Estado de bienestar en cada país. La mayoría de los países combinan los dos sistemas).
    • ese monopolio puede operar a cualquier nivel: local, regional o nacional.
  1. Trato nacional y acceso al mercado: en el caso de los servicios de financiación pública en el campo de la sanidad, la asistencia social, la educación o el agua, los gobiernos de la UE no tienen obligación de abrir sus mercados ni de dar a las empresas o personas de fuera de la UE el mismo trato que a las de dentro. Es más, los gobiernos pueden:
    • favorecer a las empresas europeas frente a las extranjeras
    • impedir que las empresas extranjeras presten o inviertan en estos servicios
    • revocar cualquier decisión previa que autorizara a empresas extranjeras a prestar o invertir en un determinado servicio.
  2. Reglamentación: los acuerdos comerciales de la UE dan libertad a los gobiernos para regular cualquier actividad que consideren servicio público. Por tanto, los países de la UE siguen siendo soberanos en este ámbito y un acuerdo comercial no les puede  forzar, por ejemplo, a privatizar un servicio.

En el caso de que algún gobierno haya decidido encargar la gestión de un servicio a una entidad privada (decisión soberana totalmente independiente del TTIP o de cualquier otro acuerdo internacional) pueden hacerlo:

    • del modo que prefieran, por ejemplo:
      • al dar licencias a los proveedores para prestar un determinado servicio
      • al fijar las normas de calidad que deben cumplir los proveedores
    • en cualquier nivel de la administración: nacional, regional o local.

Solo hay una condición en el caso de aquellas empresas de fuera de la UE que el gobierno ya haya autorizado a operar en su territorio: se las debe tratar del mismo modo que a las europeas.

¿Qué significa esto? Que si un gobierno decide de manera soberana que un servicio público puede ser prestado por un proveedor privado, tiene la potestad de incluirlo en un acuerdo comercial con un país tercero y, por tanto, abrirlo a empresas de ese país. Pero en ningún momento el acuerdo (en este caso, el TTIP) podrá forzarlo a dar este paso y privatizar. Eso seguirá siendo una decisión soberana.

En otras palabras: el debate sobre si privatizar o no un servicio público es y seguirá siendo un tema que se decide a nivel nacional o local. La UE es consciente de que es un tema sensible y conviene pues que lo decida cada país de forma soberana.

 

¿CÓMO SE FORMULA TODO LO ANTERIOR EN UN ACUERDO COMERCIAL?

Como cualquier otra medida, los acuerdos comerciales pueden ser complejos. Juristas y negociadores emplean a veces tecnicismos que, con ser muy precisos, pueden no resultar fáciles de entender para el profano. Veamos a continuación:

  • textos sobre servicios públicos entresacados de acuerdos comerciales vigentes
  • su significado en palabras sencillas.

Texto en los acuerdos comerciales europeos:

Los servicios considerados servicios públicos a nivel nacional o local pueden estar sujetos a monopolio público o a derechos exclusivos otorgados a empresarios privados.

Explicado en palabras sencillas:

Los gobiernos de la UE son libres de decidir qué servicios consideran públicos.
Si quieren, pueden organizarlos de modo que los preste un solo proveedor: lo que en economía se llama monopolio. Ese proveedor único puede ser:

  • bien de propiedad pública (monopolio público, como en el caso de España)
  • bien una empresa privada que tiene derecho a prestar un determinado servicio (derechos exclusivo, como es el caso en otros países de la UE)

Eso es el resultado de decisiones de los propios Estados. Así, en la UE, hay países como España donde la sanidad es un monopolio público y otros en los que proveedores privados prestan servicios.

Texto en los acuerdos comerciales europeos:

La UE se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a:

  • servicios de enseñanza de financiación pública
  • la prestación de todos los servicios sanitarios y sociales que reciban financiación pública o cualquier forma de apoyo estatal y por tanto no se consideren de financiación privada
  • servicios relativos a la recogida, depuración, distribución y gestión de agua para todos los tipos de usuarios.

Explicado en palabras sencillas:

Sobre una serie de servicios públicos, más allá de la Sanidad, los gobiernos de la UE pueden tomar las medidas que crean oportunas. Por ejemplo, pueden:

  • financiarlos con fondos públicos o la ayuda del Estado
  • decidir quién puede operar o invertir en su mercado.

Y pueden hacerlo aunque eso signifique tratar a sus inversores o proveedores de la UE de manera distinta que a los del país con el que la UE firma el acuerdo comercial. Estos servicios incluyen

  • la enseñanza financiada con dinero público:
    • centros de enseñanza primaria y secundaria
    • escuelas superiores y universidades
  • servicios sanitarios y sociales financiados con dinero público:
    • hospitales
    • ambulancias
    • servicios de instituciones residenciales de salud
    • servicios de bienestar social para niños, ancianos y otros colectivos vulnerables
    • prestaciones para personas con discapacidad
  • suministro de agua.

Además, si deciden subcontratar parte de los servicios públicos, los gobiernos pueden libremente elegir contratista, siempre y cuando cumplan las normas de contratación pública. Como es lógico, incluso pueden cambiar de opinión más adelante y revocar cualquier decisión de externalizar (o privatizar) servicios. Estas cuestiones suelen tratarse en el capítulo dedicado a la contratación pública.

 

Actividades

Valls. 10 de diciembre

Valls. 10 de diciembre

En esta jornada se debatirá e informará sobre la cuestión del futuro acuerdo, así como sobre las oportunidades y retos que el TTIP traerá consigo para el tejido empresarial de Valls.

 
 
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