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Tratado de Lisboa, actores. Parte 2

18/11/2010 | Asuntos institucionales
Tratado de Lisboa, actores. Parte 2

Seguimos conociendo a los principales actores de esta película que nos va a llevar a descubrir los argumentos básicos del Tratado de Lisboa. Aunque ya conocemos las instituciones europeas más importantes, hay otras que también velan porque el Tratado se cumpla. Son el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo, el Comité Económico y Social, el Banco de Inversiones o el Comité de las Regiones.

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Cambios en las instituciones europeas derivados del Tratado de Lisboa (segunda parte). Transcripción

El Comité Económico y Social es el portavoz de la sociedad civil organizada, ante las principales instituciones europeas. Es decir representa los puntos de vista e intereses de empresarios, sindicatos, agricultores, consumidores y otros grupos del entramado social y económico de los 27. Tiene que ser consultado en temas de política social y económica y puede emitir dictámenes de los asuntos que considera de especial importancia. El italiano Mario Sepi, es su actual presidente.

Mario Sepi .- Nuestro papel, como dice el nuevo tratado de Lisboa, es asistir al Consejo de Ministros, a la Comisión y al Parlamento Europeo. Esto se materializa en una serie de conferencias y de opiniones sobre los mercados financieros, la crisis económica o la crisis social.

Otro organismo de especial relevancia es el Comité de las Regiones. Representa a ayuntamientos, regiones o departamentos las instituciones más cercanas al ciudadano. Con el nuevo Tratado de Lisboa, la Comisión, el Parlamento y el Consejo están obligados a consultar al Comité en cada una de las políticas que afectan a la cohesión territorial. Y sobre todo, as lo explica su presidenta, la piamontesa Mercedes Bresso, ahora tienen una competencia muy importante.

Mercedes Bresso .- Gracias a la presencia de regiones con poder legislativo en el interior del Comité de Regiones, hemos obtenido más competencias con el Tratado de Lisboa, que nos permite acudir al Tribunal de Justicia en el caso de violación del principio de subsidiariedad. As que si el Parlamento, o el Consejo violan ese principio, el Comité puede denunciarlo en representación de la región afectada.

En el ámbito económico también hay varios protagonistas importantes aunque no aparecen en primer lugar en los créditos de la película. Son el Banco Central Europeo, que aplica la política económica común. El Tribunal de Cuentas, que comprueba la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos además de supervisar la gestión del presupuesto de la UE. Y por último el Banco de Inversiones, encargado de financiar proyectos que permitan un desarrollo económico y social equilibrado. Todos estos organismos económicos se mantienen sin cambios significativos.

Otro de los personajes, elegido por el Parlamento, es el Defensor del Pueblo. Investiga las reclamaciones sobre mala administración en las instituciones y organismos comunitarios. Cualquier ciudadano de la UE, residente, o una empresa o asociación de un Estado miembro, le puede presentar una queja.

El Defensor del Pueblo europeo, el griego, Nikiforos Diamandouros, se ha propuesto llevar a cabo uno de los aspectos más destacados del Tratado de Lisboa, la transparencia informativa en las instituciones. También destaca la importancia de la Carta de Derechos Fundamentales.

Nikiforos Diamandouros .- La entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales marca una etapa crucial en el largo proceso de concesión de poderes a los ciudadanos y a otras partes involucradas en este proceso. La Carta, en particular, es una muestra de la importancia que la Unión concede a los derechos de los ciudadanos.

Y acabamos este repaso a las instituciones de la UE con el Tribunal de Justicia. Su papel principal es garantizar el respeto del derecho comunitario. Debe resolver conflictos que puedan surgir entre dos o varios estados miembros o entre organismos europeos. Y debe escuchar a cualquier ciudadano o colectivo que se sienta desprotegido por las instituciones que nos representan. Integrado por 27 jueces tiene su sede en Luxemburgo y con el nuevo Tratado aumenta su competencia sobre todo en materia de cooperación policial y judicial.

 

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