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Discurso de Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia ante la Cámara de Comercio de España en Bélgica

06/10/2011 | Justicia, libertad y seguridad
Discurso de Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia ante la Cámara de Comercio de España en Bélgica

Derecho contractual europeo: ¿Cómo puede Europa promover la seguridad jurídica, la libertad contractual y un alto nivel de protección de los consumidores?

 

Traduccción en español del discurso de Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria de Justicia ante la Cámara de Comercio de España en Bélgica

Presidente Rodríguez-Villa Matons,

Señoras y Señores,

Les doy las gracias por haberme invitado a hablar ante ustedes hoy. Me complace observar que muchos de ustedes están interesados en el Derecho contractual europeo, sobre todo teniendo en cuenta que ese Derecho nos afecta a todos nosotros en nuestra vida cotidiana.

Considero que resulta muy oportuno hablar sobre Derecho contractual europeo en las actuales circunstancias. Estamos viviendo una difícil situación económica. Se han derrumbado las viejas certezas que nos hacían dar por seguras la prosperidad y la mejora en el nivel de vida. No es el momento para la autocomplacencia y, ciertamente tampoco, para tomarse las cosas con tranquilidad y relajarse. Por el contrario, son momentos para que todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades a la transformación de Europa en un espacio económico próspero y dinámico. Una Europa que crezca más, una Europa que pueda salir de la crisis, y una Europa competitiva en un mundo de nuevas superpotencias económicas.

Todo ello significa que todos –altos directivos de empresas y ministros del Gobierno– debemos pensar en qué podemos hacer para avanzar y reforzar la integración del mercado interior europeo. El mercado interior es nuestro mayor activo. Un mercado que cuenta con 500 millones de consumidores.

Para hacer que este mercado funcione bien, no debe haber obstáculos para las transacciones a través de las fronteras: ni para los operadores que deseen ofrecer sus productos y servicios a los clientes en otros Estados miembros de la UE, ni para los consumidores que desean comprar en otros países de la UE. 

Como ustedes bien saben, cada operación económica necesita de un contrato como base jurídica. El Derecho contractual es la herramienta que permite las operaciones económicas y es, por lo tanto, un elemento importante para la creación de un mercado único.

Sin embargo, durante siglos, el Derecho contractual ha evolucionado en el marco del Estado nación. Comprar un automóvil o descargar una canción es prácticamente la misma transacción en todo el mundo y, sin embargo, sus condiciones jurídicas son diferentes en función del país en el que tengan lugar estas operaciones. Esto no plantea ningún problema siempre que las operaciones tengan tan sólo lugar dentro de un único Estado nación. Sin embargo, los tiempos en que esto era así han quedado lejos. La globalización ha propiciado un comercio internacional. Y la Unión Europea ha creado una situación en la que las economías de los países de la UE dependen en gran medida de las exportaciones y las importaciones hacia y desde otros Estados miembros de la UE. El hecho de que Europa tenga más de 27 sistemas jurídicos diferentes para las transacciones contractuales es, por lo tanto, un importante reto para el mercado interior europeo.

En la experiencia diaria de los operadores comerciales y los consumidores, la diversidad jurídica de los sistemas de Derecho contractual en Europa, aunque pueda ser apreciada desde el punto de vista académico, constituye un claro obstáculo para las transacciones transfronterizas. Tal es el caso, en particular, de las transacciones entre una empresa y un consumidor. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió recientemente que el mero hecho de que una pequeña empresa opere a través de un sitio Web en la lengua de otro Estado miembro de la UE puede considerarse un indicio de que dicha empresa dirige sus productos y servicios a los consumidores de este otro Estado miembro. En términos de Derecho contractual, esto significa que las pequeñas empresas deben respetar no sólo las normas en el país en el que está establecida, sino también las normas que se aplican en el país en el que resida el consumidor. Para las pequeñas empresas, esto significa proceder a una nueva evaluación del riesgo. Las empresas pueden llegar a requerir un costoso asesoramiento jurídico sobre otros sistemas jurídicos en la UE.

Una reciente encuesta pone de manifiesto que una clara mayoría de las pequeñas y medianas empresas en Europa consideran que esta situación constituye un obstáculo importante para el comercio transfronterizo. De hecho, más de un tercio de las empresas españolas afirman que los obstáculos relacionados con el Derecho contractual constituyeron una barrera para el comercio transfronterizo. 

Las preguntas «¿qué legislación se aplica?», «¿puedo confiar en los sistemas jurídicos de otros países?» y «¿dónde y por qué precio puedo obtener asesoramiento jurídico rápido y fiable?» constituyen un factor importante. Esto puede asimismo resultar problemático para los consumidores ya que, por ejemplo, ¿sabían ustedes que, por la simple adquisición de un libro en Amazon, podrían tener que aplicarse simultáneamente varias legislaciones contractuales nacionales, lo que da lugar a un alto grado de inseguridad jurídica para las empresas, así como para los consumidores?

Estoy hablando de los problemas que se nos plantean, pero ¿qué significa esto en la práctica? Veámoslo juntos. Sé que cuando un operador desea exportar a otro Estado miembro debe superar numerosos escollos para asegurarse de que su contrato es jurídicamente correcto. 

Y para ello tiene que invertir dinero en contratar los servicios de abogados especializados o pasar mucho tiempo tratando de conocer la legislación contractual de otro país. Dinero y tiempo son bienes preciosos en estos días. Muchos comerciantes       –especialmente los pequeños o medianos– no tienen ese tiempo o dinero.

Para hacer las cosas aún más difíciles, los costes suelen crecer proporcionalmente al número de países de la UE en los que la empresa desarrolla una actividad comercial y tienen mayor impacto sobre las microempresas y las pequeñas empresas, ya que estos costes representan una proporción mayor de su volumen de negocios.

Numerosas PYME no pueden permitirse hacerlo o, en algunos casos, no pueden superar la complejidad añadida que supone comprender los requisitos legales de otro Derecho. Por lo que, o bien no exportan, o bien sólo exportan a unos pocos países, ya que les costaría demasiado exportar a más. 

El comercio que se pierde actualmente supone un coste para la economía de la UE de varias decenas de miles de millones de euros. En el contexto económico actual no se trata de una situación sostenible. Tenemos que ser capaces de fomentar el comercio transfronterizo para impulsar nuestras economías y eliminar las barreras que nos lo impiden.

Pero esto no es sólo un obstáculo para los operadores. Las diferencias de las legislaciones contractuales nacionales también tienen repercusión sobre los consumidores que desean realizar compras transfronterizas. 

Parte del problema es que los consumidores tienen cierta incertidumbre acerca de sus derechos a la luz de las diferentes legislaciones extranjeras. Por ejemplo, ¿qué derechos tendrían si han comprado algo y ha resultado ser un producto defectuoso? Si no conocen la respuesta, pierden confianza, así que deciden comprar sólo en su país. En muchos casos, ello significa que estos consumidores se ven perjudicados por unas posibilidades de elección limitadas y unos precios más altos en sus mercados internos.

Es más, los consumidores que tratan de obtener mejores ofertas en otros Estados miembros se encuentran a menudo con que el comerciante se opone a la venta o al envío de los productos. «Lo lamentamos, pero el producto que ha solicitado no puede suministrarse en su país», es un mensaje que los consumidores europeos deben leer demasiado a menudo en el momento de realizar algún pedido a través de Internet.  Cuando esto ocurre, muchos consumidores se ven naturalmente desanimados a comprar fuera de sus fronteras y sienten que no tienen más opción que pagar un precio más elevado o pagar por un producto que los sustituya de su mercado local. 

Esta situación no ayuda a los operadores y a los consumidores a extraer beneficios del mercado único europeo, y mi propósito es encontrar una solución.

La solución

Cuando me hice cargo del puesto de Comisaria de Justicia, también decidí abordar frontalmente este tema. Sabía que tenía que luchar contra estas barreras del Derecho contractual.  Pero quería encontrar una forma que respetara todavía nuestras tradiciones jurídicas nacionales al mismo tiempo que impulsaba nuestro mercado interior.

Quería encontrar la forma de utilizar lo mejor del trabajo que se ha llevado a cabo en materia de Derecho contractual a lo largo de la pasada década, y todas las valiosas aportaciones de las diversas consultas realizadas.

Mi conclusión es que un régimen opcional en materia de Derecho contractual europeo que pudiera ser libremente elegido por los comerciantes como ley aplicable al contrato, con un elevado nivel de protección de los consumidores, tendría que ofrecer seguridad y certidumbre tanto a los consumidores como a las empresas y constituir un valioso impulso para el mercado interior.

He previsto que este régimen opcional no afectará al Derecho contractual nacional o a las tradiciones jurídicas. Será un conjunto de normas, conciso y sencillo que las partes podrán elegir utilizar como un contrato para sus transacciones transfronterizas sólo si están convencidos de que responden a sus necesidades o constituyen un valor añadido para ellos.

Este carácter opcional encaja bien con el principio de libertad contractual. Significa que los operadores comerciales que están perfectamente satisfechos con el statu quo son libres de continuar su actividad comercial en virtud de la legislación nacional. Por otra parte, los operadores que vean como algo positivo el conjunto común de normas pueden optar por este régimen.

En resumen, las normas facultativas de la UE ofrecerán una alternativa para hacer las operaciones transfronterizas más fáciles y baratas. Es una situación beneficiosa tanto para las empresas como para los consumidores y que potenciará asimismo el crecimiento y el empleo.

Sé que estarán ustedes pensando que las diferencias en el Derecho contractual no son el único obstáculo a las transacciones transfronterizas, que existen muchas otras, y la Comisión es plenamente consciente de ello. Pero tenemos que actuar. Permítanme que lo exponga utilizando el ejemplo de su propio contexto nacional y explicando específicamente de qué modo los consumidores y las empresas españolas podrán beneficiarse de esta idea nueva e innovadora.

Cuando los productos se expiden a un consumidor y son defectuosos, si el contrato ha sido celebrado utilizando el nuevo régimen facultativo europeo en materia de Derecho contractual, el consumidor tiene libertad de elección entre varias soluciones. Puede elegir si quiere que el producto sea reparado, sustituido, obtener una reducción en el precio o la rescisión del contrato. En la legislación española el consumidor no tiene estas opciones. En vez de ello, el consumidor puede, en un principio, sólo elegir entre la reparación y la sustitución y sólo podrá pedir una reducción del precio o la rescisión del contrato en algunos casos limitados, como, por ejemplo, cuando la reparación es imposible o la sustitución no puede realizarse dentro de un plazo de tiempo razonable.

En los contratos entre empresas, el régimen contractual facultativo declara no vinculantes las cláusulas no equitativas que no han sido negociadas individualmente. Este control garantiza que la parte con mayor poder de negociación, una gran empresa, por ejemplo, no se aproveche de su posición dominante en comparación con una PYME mediante la imposición de condiciones de venta desleales. La legislación española no recoge tal protección de la parte más débil.

Cuando abordamos la cuestión con las empresas españolas, más de tres cuartas partes dijeron que usarían una ley contractual europea única para las ventas transfronterizas  como una alternativa a las leyes nacionales existentes. Asimismo, estas empresas dijeron que aumentarían sus operaciones transfronterizas.

Sé que existe una voluntad a favor de dicho instrumento. Pero hay una cosa que está clara: nadie estará obligado a utilizar el instrumento facultativo. El criterio último es la propia elección. Sólo aquellos que lo elijan podrán celebrar un contrato en virtud de ella. Quienes no quieran utilizarla seguirán celebrando sus contratos en virtud de las leyes nacionales. Se trata, en mi opinión, de una manera inteligente y fácil de promover el mercado único.

Señoras y Señores,

El año próximo es el vigésimo aniversario del mercado único. Se ha logrado mucho a lo largo de los últimos veinte años. Sin embargo, creo que podemos ser más eficientes a la hora de contribuir a completar el mercado único. Eso significa trabajar de forma inteligente para encontrar la manera de superar los obstáculos que siguen existiendo. 

Y significa asimismo ayudar a las empresas europeas, es decir, a ustedes, a aprovechar las nuevas oportunidades en épocas económicas difíciles. Así que aprovechemos el potencial ofrecido por el Derecho contractual europeo para reforzar la confianza en el mercado único.

Gracias por su atención.

 

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