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Procedimientos de infracción contra Hungría

20/01/2012 | Asuntos institucionales
Procedimientos de infracción contra Hungría

La Comisión Europea ha abierto tres expedientes de infracción a Hungría por entender que la legislación que incorpora la nueva Constitución del país es contraria al derecho de la UE. El gobierno húngaro tiene un mes para modificar sus disposiciones sobre la independencia de su Banco Central, el poder judicial y la autoridad de protección de datos. Aquí le contamos los detalles.

 

La Comisión envía tres cartas que inician el procedimiento de infracción

 La apertura del procedimiento sigue a varias cartas y comunicaciones enviadas al presidente húngaro, Viktor Orbán, y a las autoridades correspondientes por el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso; la Vicepresidenta Viviane Reding, (Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la UE); y el Vicepresidente Olli Rehn (Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y del Euro).

El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva Constitución húngara. La Comisión ha llevado a cabo una evaluación jurídica detallada de la legislación que introduce y la conclusión es que es contraria al Derecho de la UE.

"La Comisión está decidida a adoptar todas las medidas legales necesarias para garantizar que se mantenga la compatibilidad con la legislación de la Unión Europea", ha dicho el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, quien ha hecho un firme llamamiento a las autoridades húngaras para que se respeten los principios de la democracia y la libertad y para ponerlos en práctica no sólo en las normas, sino también en la vida política y social en ese país. 

Los tres procedimientos de infracción se incoan en relación con: la independencia del banco central nacional, la edad de jubilación de los jueces y fiscales, y la autoridad de  supervisión de la protección de datos.  Si en el plazo de un mes, el gobierno de Budapest no da una respuesta adecuada, el expediente se llevará al Tribunal de Justicia de la UE.

La Comisión también ha pedido explicaciones sobre la independencia del poder judicial, este es un tema sobre el que se esperan aclaraciones adicionales. Si estas no son satisfactorias la Comisión no dudará en adoptar nuevas medidas.

Independencia del poder judicial

La infracción que afecta al poder judicial se centra en la nueva edad de jubilación obligatoria para jueces, fiscales y notarios que Hungría acaba de reducir de 70 años a los 62 años, que es la edad general de jubilación hasta ahora. Las normas de la UE sobre igualdad de trato en el empleo ( Directiva 2000/78/CE ) prohíben la discriminación en el trabajo por motivos de edad. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, es necesaria una justificación objetiva y proporcionada si un gobierno decide reducir la edad de jubilación de un grupo de personas.  Hay jurisprudencia de la Corte Penal que lo avala.

En el caso de Hungría, la Comisión no ha encontrado ninguna justificación objetiva para ese trato diferente a  jueces y fiscales, sobre todo, en momentos en que la edad de jubilación en toda Europa está siendo cada vez mayor y no más baja. La situación de legalidad es aún más dudosa, porque el Gobierno húngaro ha comunicado ya a la Comisión su intención de elevar la edad general de jubilación a los 65 años.

En cuanto a la independencia del poder judicial, la Comisión ha solicitado  más información acerca de la nueva legislación sobre la organización de los tribunales. Según la nueva ley, ya no hay toma de decisiones colegiada u otras garantías adecuadas.  Una sola persona toma todas las decisiones importantes sobre el poder judicial, incluido lo referente al nombramiento de los jueces. Además, el mandato del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue elegido por seis años en junio de 2009, ha  terminado de forma prematura a finales de 2011. Al contrario, que otros exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia que continuarán su mandato como magistrados de la Curia.

Independencia de la autoridad de protección de datos

Hungría acaba de crear una nueva Agencia Nacional de Protección de Datos, en sustitución de la que había hasta el 1 de enero de 2012. Como resultado, el Alto Comisionado de Protección de Datos nombrado en 2008 fue suspendido en su cargo. Las nuevas normas permiten que el primer ministro y el presidente puedan destituir al nuevo supervisor por razones arbitrarias.

La independencia de los supervisores de protección de datos está garantizada por el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales. Además, la normativa comunitaria sobre protección de datos  (Directiva 95/46/CEpdf) obliga a los Estados miembros a establecer un órgano de supervisión para vigilar que la Directiva se aplique con total independencia.

Un fallo de la Corte Penal en un caso contra Alemania dice que las autoridades de supervisión de la protección de datos tienen que permanecer libres de cualquier influencia externa, incluida la  directa o indirecta del Estado Independencia del Banco Nacional Central 

La CE ha identificado varias infracciones en relación con el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la UE ( TFUE) que establece que "ni el Banco Central Europeo (BCE), ni los bancos nacionales... podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones o de cualquier gobierno de un Estado miembro o de cualquier otro organismo". Por otra parte, el artículo 127 (4) del TFUE establece que el “el BCE será consultado [...] en cualquier proyecto de normativa en el ámbito de competencias". Estos y otros artículos no se han respetad. Las infracciones reseñadas están tanto en la normativa bancaria "Magyar Nemzeti Bank" (MNB) como en la nueva Constitución.

La MNB dice que el ministro puede tomar parte directamente en las  reuniones de la Junta Monetaria. De esa manera, el gobierno tiene la posibilidad de influir desde el interior. Del mismo modo, la agenda de las reuniones debe ser enviada al gobierno con  antelación, lo que obstaculiza su capacidad de mantener conversaciones confidenciales. Finalmente, el gobernador y los miembros de la Junta Monetaria tienen que hacer un juramento (de fidelidad al país y sus intereses), cuyo texto es problemático, dado que el gobernador del MNB también es miembro del Consejo General del BCE.

Por otra parte, una disposición constitucional regula la posible fusión de la MNB con la autoridad de supervisión financiera. Mientras que la fusión no es un problema como tal, el Gobernador de la MNB se convertiría en un simple diputado que presidiría la nueva estructura y eso mermaría su independencia.

La Comisión es la guardiana de los Tratados

Cada Estado miembro es responsable de incorporar el Derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico interno (transposición dentro de los plazos, conformidad y correcta aplicación). En virtud de los Tratados, corresponde a la Comisión Europea velar para que lo haga correctamente.  Cuandono es así, la Comisión tiene poderes propios, contemplados en los artículos 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 141 del Tratado CEEA (el llamado "recurso por incumplimiento"), para intentar poner fin a la infracción, puede incluso recurrir al Tribunal de Justicia.

La decisión de abrir un procedimiento de infracción contra un Estado miembro la toma el colegio de comisarios, basándose en un análisis jurídico preciso e imparcial, llevado por los servicios de la Comisión, por documentos e información aportados por las partes y cualquier otra información que haya sido menester.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión Europea tiene potestad discrecional para iniciar el procedimiento de infracción, recurrir al Tribunal de Justicia y decidir en qué momento lo hace.

 

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