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Redes transeuropeas:
Para aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, la Comunidad está contribuyendo al desarrollo de las redes transeuropeas (artículos 129 B a 129 D del Tratado CE), expresión que comprende las infraestructuras transfornterizas de transportes, energía, telecomunicaciones y medio ambiente. Estas medidas impulsarán la interoperatibilidad de las redes nacionales y el acceso de las mismas. En 1994, el Consejo Europeo decidió dar su apoyo a catorce proyectos prioritarios de transporte y diez proyectos en el campo de la energía.

Reglamento:
Es la forma más fuerte de la legislación comunitaria. Tiene alcance general, es vinculante en todas sus partes y directamente aplicable en todos los Estados miembros.

S


SAPARD:
El instrumento de ayuda a la agricultura y al desarrollo rural tiene por objeto ayudar a los países candidatos a la adhesión a preparar su participación en la Política Agrícola Común y en el mercado interior a través de una amplia gama de medidas de ajuste de las estructuras agrícolas y de desarrollo rural. Estas medidas forman parte de la estrategia de preadhesión determinada en el seno de las "Asociaciones para la adhesión" establecidas entre la Comisión y cada uno de los Estados candidatos. Está dotado de una suma anual de 520 millones de euros (2000-2006). Desde la adhesión de los primeros países candidatos, los Fondos Estructurales y el de Cohesión tomarán el relevo, en función de la capacidad de los países beneficiarios para utilizar eficazmente las subvenciones comunitarias.

Servicios de interés económico general:
Los servicios de interés económico general son actividades de servicio comercial que cumplen misiones de interés general y están por ello sometidas a obligaciones específicas de servicio público (artículo 86, ex artículo 90, del Tratado CE) por parte de los Estados miembros. Es el caso concreto de las redes de transporte, energía y comunicación.

El Tratado de Amsterdam ha introducido un nuevo artículo 16 en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Dicho artículo reconoce el lugar ocupado por los servicios de interés económico general dentro de los valores comunes de la Unión Europea, así como su papel en el fomento de la cohesión social y territorial de la Unión. Estos servicios deben funcionar con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir sus cometidos.

Subsidiariedad:
El principio de subsidiariedad tiene por objeto garantizar una toma de decisión lo más cerca posible del ciudadano, comprobándose constantemente que la acción que debe emprenderse a escala comunitaria se justifica en relación con las posibilidades que ofrece el nivel nacional, regional o local. Concretamente, es un principio según el cual la Unión no actúa excepto para los sectores de su competencia exclusiva hasta que su acción es más eficaz que una acción emprendida en el ámbito nacional, regional o local. Está estrechamente vinculado a los principios de proporcionalidad y de necesidad que suponen que la acción de la Unión no debe exceder lo que es necesario para lograr los objetivos del Tratado.

El Consejo Europeo de Edimburgo de diciembre de 1992 definió los principios fundamentales que informan el concepto de subsidiariedad y las directrices de interpretación del artículo 5 (ex artículo 3B), que introduce la subsidiariedad en el Tratado de la Unión Europea. Sus conclusiones se recogieron en una declaración que es piedra de toque del principio de subsidiariedad.

El enfoque global derivado de esta declaración lo recoge el Tratado de Amsterdam en un protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este protocolo introduce, entre otras cosas, el análisis sistemático del impacto de las propuestas legislativas sobre el principio de subsidiariedad, y la utilización, en la medida de lo posible, de las medidas comunitarias menos vinculantes.

En el marco de la Conferencia intergubernamental convocada en febrero de 2000, el Comité de las Regiones pidió la modificación del principio de subsidiariedad de modo que reconociera formalmente el papel de las colectividades locales y regionales.

La Comisión Europea elabora todos los años un informe ("Legislar mejor"), destinado al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, que trata principalmente de la aplicación del principio de subsidiariedad.

Subvención:
Subvenciones son ayudas financieras o incentivos fiscales concedidos a las empresas por las autoridades públicas para objetivos económicos específicos. Las subvenciones pueden concederse, por ejemplo, para mantener a flote una empresa o todo un sector económico, para adaptarse a las nuevas condiciones o para impulsar la productividad y el crecimiento de empresas e industrias. Las subvenciones que distorsionan la competencia están prohibidas en la UE. Se permiten excepciones para mejoras en la política social, estructurar y regional de la Unión.

Subvención global:
Ciertas medidas de desarrollo pueden formar parte de un programa ejecutado por un organismo intermediario (autoridad local, agencia de desarrollo regional, ONG, ...). Este organismo es designado por el Estado miembro o por la autoridad regional, de acuerdo con la Comisión Europea.

T


TACIS:
Es un programa de ayuda de la UE creado en 1990 para prestar asistencia técnica a la Comunidad de Estados Independientes de la antigua Unión Soviética y Mongolia.

Tratado de Ámsterdam:
El Tratado de Amsterdam es el resultado de la Conferencia Intergubernamental convocada el 29 de marzo de 1996 en el Consejo Europeo de Turín. Fue adoptado en el Consejo Europeo de Amsterdam de 16 y 17 de junio de 1997 y firmado el 2 de octubre de 1997 por los Ministros de Asuntos Exteriores de los quince Estados miembros. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, es decir, el primer día del segundo mes siguiente a su ratificación por el último Estado miembro, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de acuerdo con sus respectivos ordenamientos constitucionales.

En el plano jurídico, el Tratado de Amsterdam modifica algunas disposiciones del Tratado de la Unión Europea, de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y de diversos actos afines, pero no los sustituye, sino que se suma a ellos

Transportes:
La política común del transporte tiene por objeto instaurar normas comunes aplicables a los transportes internacionales que se realizan con origen o destino en el territorio de un Estado miembro, o cruzando el territorio de uno o más Estados miembros (artículos 70 a 80 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea). Afecta también a la determinación de las condiciones con arreglo a las cuales los transportistas no residentes podrán prestar servicios de transporte nacional en un Estado miembro. Por último, engloba las medidas que permiten mejorar la seguridad del transporte.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, las decisiones se adoptan según el procedimiento de codecisión (artículo 251 del Tratado CE), previa consulta del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones. Subsisten, no obstante, algunas particularidades:

  • Las disposiciones que pueden afectar gravemente al nivel de vida y de empleo, así como a la explotación de los equipamientos de transporte, las adopta el Consejo por unanimidad, previa consulta del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social.
  • En cuanto a las disposiciones específicas relativas a la navegación marítima o aérea, el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, decide el procedimiento a seguir en cada caso.

U


Ultraperiféricas:
Las regiones llamadas "ultraperiféricas" son siete: Guadalupe, Guayana, Martinica y La Reunión (los cuatro departamentos de ultramar franceses que también se mencionan en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea), así como Azores, Canarias y Madeira. Estas regiones han sido objeto de una declaración aneja al Tratado.

Esta declaración reconoce el retraso estructural importante por el que atraviesan estas regiones y prevé (al destacar que las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del derecho derivado les son plenamente aplicables) que siga siendo posible adoptar medidas específicas en su favor, mientras exista una necesidad objetiva de adoptarlas con el fin de garantizar su desarrollo económico y social.

El Tratado de Amsterdam ha modificado el apartado 2 del artículo 299 para permitir al Consejo adoptar, por mayoría cualificada, medidas concretas dirigidas a establecer las condiciones de aplicación del Tratado a las regiones ultraperiféricas, incluidas las políticas comunes. En este contexto, el Consejo debe no obstante procurar que no se menoscaben la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario.

Z


Zona costera :
Generalmente se considera que una zona costera está constituida por una banda de tierra y mar cuya anchura depende de la naturaleza del medio ambiente y de la actividad humana vinculada a los recursos acuáticos. Si nos atenemos a estos dos factores, el tamaño de estas regiones puede superar el límite de la zona marítima territorial y extenderse ampliamente hacia el interior.

Zonas de montaña:
El reglamento12 del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) define las zonas de montaña como:

  1. Zonas donde la altitud da lugar a condiciones climáticas muy difíciles, reduciendo de manera sensible el período de vegetación (la altitud mínima se sitúa entre 600 y 1000 m según los Estados miembros y el número de días sin heladas).
  2. Zonas de menor altitud, donde el desnivel es tan importante (en términos generales superior a 20%) que la mecanización es imposible o requiere la utilización de un material especial muy oneroso.
  3. Zonas caracterizadas a la vez por su altitud y por su desnivel y en las que la combinación de los dos handicaps constituye un handicap equivalente a los handicaps precedentes contemplados por separado.
  4. Zonas situadas al norte del paralelo 62 (Finlandia, Suecia) y ciertas zonas adyacentes son asimiladas a las zonas de montaña.

 
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