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C


Cohesión económica y social:
Los orígenes de la cohesión económica y social se remontan al Tratado de Roma, cuyo preámbulo hace referencia a la reducción de las diferencias de desarrollo entre las regiones. Sin embargo, no fue sino a partir de los años 70 cuando se llevaron a cabo algunas medidas comunitarias con el fin de coordinar y completar financieramente los instrumentos nacionales en la materia. Posteriormente, dichas medidas se revelaron insuficientes en un contexto comunitario en el que la creación del mercado interior no había hecho desaparecer, contrariamente a las previsiones, las diferencias entre las regiones.
En 1986 el Acta Única Europea sancionó expressis verbis, además del mercado único, el objetivo de la cohesión económica y social. Con vistas a la Unión económica y monetaria ese fundamento jurídico permitió que a partir de 1988 la actuación comunitaria se convirtiera en el eje central de la política global de desarrollo.
Finalmente el Tratado de Maastricht incorporó esa política al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (antiguos artículos 130 A a 130 E, con la nueva numeración, 158 a 162). La cohesión económica y social expresa la solidaridad entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea y favorece el desarrollo equilibrado y duradero, la reducción de las divergencias estructurales entre regiones y países y la promoción de una real igualdad de oportunidades entre las personas. La cohesión económica y social se concreta a través de varios instrumentos financieros y, concretamente, de los Fondos Estructurales.
Cada tres años, la Comisión Europea debe presentar un informe sobre los progresos realizados en la consecución de la cohesión económica y social y el modo en que han contribuido los distintos medios previstos en el Tratado.
El porvenir de la cohesión económica y social ha sido uno de los grandes retos debatidos en la Agenda 2000 presentada por la Comisión el 15 de julio de 1997, especialmente en razón de sus implicaciones presupuestarias. Efectivamente, entre 1994 y 1999 la política de cohesión económica y social ha ocupado el segundo puesto en el Presupuesto de la Comunidad, aproximadamente el 35%). Su importancia se ha visto confirmada por las perspectivas financieras de 2000-2006.
En 1999, con el fin de mejorar su eficacia, se reformó la política estructural comunitaria y se incrementó la dotación presupuestaria de 208.000 a 213.000 millones de euros para el período 2000-2006 de cara a la ampliación a Estados de renta nacional claramente inferior a la media comunitaria.

Comité de las Regiones:
El Comité de las Regiones (CDR) es la asamblea política que permite a los entes locales y regionales manifestarse en el seno de la Unión Europea.

El CDR se creó en 1994 para afrontar dos cuestiones fundamentales.En primer lugar, alrededor de tres cuartas partes de la legislación comunitaria se aplica a nivel local o regional, por lo que es natural que los representantes locales y regionales participen en la elaboración de la nueva legislación de la UE. En segundo lugar, se temía que la UE progresara dejando de lado a los ciudadanos; una de las formas de responder a estas preocupaciones consiste en asociar a los niveles de gobierno más próximos a los ciudadanos.

Los Tratados obligan a la Comisión y al Consejo a consultar al Comité de las Regiones siempre que se presenten nuevas propuestas en áreas que tengan repercusión a escala local o regional. Así, el Tratado de Maastricht estableció cinco ámbitos de consulta obligatoria: cohesión económica y social, redes de infraestructuras transeuropeas, salud, educación y cultura. El Tratado de Amsterdam añadió otros cinco ámbitos a esta lista: política de empleo, política social, medio ambiente, formación profesional y transporte, quedando así cubierta la mayoría de las actividades de la UE.

Fuera de estos ámbitos, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo también tienen la posibilidad de consultar al Comité de las Regiones cuando consideren que una propuesta pueda tener repercusiones importantes a escala local o regional. El CDR también puede elaborar dictámenes por iniciativa propia, lo que significa que puede introducir temas en la agenda de la UE.

Tres principios fundamentales rigen los trabajos del Comité:

  • El principio de subsidiariedad
    Inscrito en los Tratados al mismo tiempo que la creación del CDR, este principio significa que en la Unión Europea las decisiones deben tomarse en el nivel práctico más próximo al ciudadano. Por lo tanto, la Unión Europea no debería tomar medidas más propias de las administraciones nacionales, regionales o locales.
  • El principio de proximidad
    Todos los niveles de gobierno deberían aspirar a estar "próximos a los ciudadanos", especialmente, organizando su trabajo de manera transparente, para que los ciudadanos conozcan a los responsables y puedan hacer oír sus opiniones.
  • El principio de asociación
    Una sana gobernanza europea se basa en el trabajo conjunto de los niveles europeo, nacional, regional y municipal; cada uno de estos cuatro niveles es imprescindible y debería participar en el proceso decisorio.

Comitología:
De acuerdo con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, a nivel comunitario corresponde a la Comisión aplicar la legislación (artículo 202 del Tratado CE, ex artículo 145). Concretamente, en todo acto legislativo se precisan el alcance de las competencias de ejecución asignadas a la Comisión y la forma en que debe ejercerlas. En dicho acto se prevé con frecuencia que la Comisión cuente con la asistencia de un comité de acuerdo con el llamado procedimiento de comitología.
Los comités son foros de debate presididos por la Comisión y compuestos por representantes de los Estados miembros, que le permiten a la Comisión intercambiar opiniones con las administraciones nacionales antes de adoptar ninguna medida de ejecución. De este modo, la Comisión se asegura de que dichas medidas se adapten lo mejor posible a la realidad de cada país.
Los procedimientos que regulan las relaciones entre la Comisión y esos comités corresponden a modelos previamente establecidos en una decisión del Consejo (Decisión sobre comitología). La primera decisión sobre comitología es del 13 de julio de 1987, que fue a su vez sustituida por la decisión del Consejo de 28 de junio de 1999 para incluir las modificaciones del Tratado, concretamente las referentes al nuevo papel asumido por el Parlamento en materia de codecisión, y responder a las críticas que tachaban al sistema de ejecución comunitario de demasiado complejo y opaco.
La nueva decisión sobre comitología garantiza al Parlamento Europeo el derecho de control de la aplicación de los actos legislativos que se adopten de acuerdo con el procedimiento de codecisión. Siempre que una normativa se apruebe de acuerdo con este procedimiento, el Parlamento puede manifestar su desacuerdo con proyectos de medidas de la Comisión o del Consejo que a su modo de ver pudieran exceder de las competencias de ejecución de esas Instituciones.
Por otra parte, esta decisión clarifica los criterios aplicables por los comités y simplifica los procedimientos que regulan su funcionamiento. Los Comités se pronuncian sobre la base de proyectos de medidas de ejecución preparados por la Comisión y pueden clasificarse según la siguiente tipología :

  • Comités Consultivos: remiten su dictamen a la Comisión, que debe tenerlo en cuenta. Este procedimiento rápido se utiliza generalmente cuando las materias tratadas no tienen gran sensibilidad política.
  • Comités de gestión: cuando las medidas adoptadas por la Comisión no se ajustan al dictamen previo del Comité adoptado por mayoría cualificada, la Comisión debe someterlas al criterio del Consejo, que puede tomar por mayoría cualificada una decisión distinta. Este procedimiento se aplica a las medidas de gestión de la política agrícola común, de la pesca y de los principales programas comunitarios.
  • Comités de normativa: la Comisión únicamente puede adoptar medidas de ejecución si obtiene por mayoría cualificada el dictamen positivo de los Estados miembros reunidos en el Comité. A falta de dicho dictamen positivo, la medida propuesta se remite al Consejo, que decide al respecto por mayoría cualificada. Sin embargo, si el Consejo no logra pronunciarse al respecto, la Comisión puede acabar adoptando la medida de ejecución a menos que el Consejo exprese su oposición por mayoría cualificada. Este procedimiento se aplica a las medidas referentes a la protección de la salud o a la seguridad de las personas, animales y plantas y a las que modifiquen disposiciones no fundamentales de los actos legislativos básicos.

Dicho procedimiento proporciona asimismo criterios que, en función de la materia tratada, orientan al legislador a la hora de elegir el tipo de comité que conviene introducir en la legislación.
En la aplicación del Reglamento sobre los Fondos Estructurales, la Comisión esta asistida por cuatro Comités:

a) el Comité para el desarrollo y la reconversión de las regiones;
b) el Comité previsto en el artículo 147 del Tratado;
c) el Comité de estructuras agrícolas y de desarrollo rural;
d) el Comité del sector de la pesca y de la acuicultura.

Complemento del programa:
Documento por el que se aplican la estrategia y las prioridades de la intervención y que contiene los elementos detallados de la misma al nivel de las medidas, elaborado por el Estado miembro o la autoridad de gestión y revisado. Se transmitirá a la Comisión a título informativo.

Cooperación:
Principio de acción de los Fondos Estructurales que implican una estrecha concertación entre la Comisión Europea y las autoridades competentes de cada Estado, a nivel nacional, regional o local, desde la fase preparatoria hasta la aplicación de las acciones.



D


Desarrollo rural:
El desarrollo rural está estrechamente relacionado con la política agrícola común y con las medidas de apoyo al empleo. Por ello tradicionalmente se han dispersado las medidas de apoyo a ese sector entre distintos instrumentos jurídicos que perseguían objetivos diferentes.

Con el fin de devolverle la coherencia, la reforma de la política agrícola común de 1999, efectuada a largo plazo en el marco del Programa 2000, estuvo acompañada por el incremento de las medidas de desarrollo rural y su agrupación en un único Reglamento.

Ese instrumento establece una política integrada de desarrollo rural duradero que ofrezca una mayor coherencia entre el desarrollo rural, la política de precios y los mercados comunes y fomenta el desarrollo rural con la participación de todos los actores locales.

El desarrollo rural se ha convertido en el segundo pilar de la política agrícola. Relacionada como está con las actividades agrícolas y con su reconversión, la política de desarrollo rural persigue concretamente los puntos siguientes:

  • La modernización de las explotaciones agrarias.
  • La seguridad y calidad de los productos alimentarios.
  • Rentas estables y equitativas para los agricultores.
  • La asunción de los retos medioambientales.
  • Las actividades complementarias o alternativas, creadoras de empleo, que detengan el éxodo rural y fortalezcan el tejido económico y social de los espacios rurales.
  • La mejora de las condiciones de vida y de trabajo y el fomento de la igualdad de oportunidades.

Las medidas de desarrollo rural que responden a estos objetivos se clasifican en dos categorías:

  • Medidas complementarias de la reforma de la PAC 1992: jubilación anticipada, medidas agroambientales y de reforestación y régimen aplicable a las zonas desfavorecidas.
  • Medidas de modernización y diversificación de las explotaciones agrarias: inversión en las explotaciones agrarias, instalación de jóvenes agricultores, formación, apoyo a las inversiones en las instalaciones de transformación y comercialización, ayuda complementaria a la silvicultura, promoción y reconversión de la agricultura.


Desarrollo sostenible:
El concepto de desarrollo sostenible hace referencia a un crecimiento económico susceptible de satisfacer las necesidades de nuestras sociedades en términos de bienestar, a corto, medio y sobre todo largo plazo. Supone que el desarrollo debe responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Concretamente, requiere la reunión de las condiciones propicias para un desarrollo económico a largo plazo que garantice el respeto del medio ambiente. La cumbre mundial para el desarrollo social de Copenhague (marzo de 1995) subrayó, además, la necesidad de luchar contra la exclusión social y de proteger la salud del individuo.

El Tratado de Amsterdam ha inscrito expresamente el desarrollo sostenible en el preámbulo del Tratado de la Unión Europea.

Directivas:
Las directivas son instrumentos jurídicos de las Instituciones comunitarias. El Consejo o la Comisión imponen a los Estados miembros la obligación de modificar o adoptar las disposiciones necesarias a nivel nacional en un plazo determinado para lograr los objetivos expuestos en la directiva.

Documento único de programación (DOCUP):
Un único documento aprobado por la Comisión que agrupa los elementos contenidos en un marco comunitario de apoyo y en un programa operativo


 
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