Desde el comienzo de la crisis económica, la UE ha introducido reformas para mejorar la regulación de sus mercados financieros y proteger a los inversores.

Uno de los cambios consistió en reforzar la supervisión de las agencias de calificación crediticia. El objetivo era limitar posibles conflictos de intereses, dotar a las agencias de un mayor grado de responsabilidad y proporcionar más información a los inversores. En la actualidad, las agencias están bajo la supervisión de la nueva Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), que tiene capacidad para sancionar infracciones.

Necesidad de normas más estrictas

Sin embargo, la actual crisis de la deuda que sufre la eurozona ha puesto de manifiesto una serie de ámbitos que requieren mayor supervisión. Para subsanar estas deficiencias, la Comisión propone nuevas medidas que contribuyan a la estabilización de los mercados financieros y proporcionen a los inversores una información más completa sobre el riesgo de crédito.

Las calificaciones son una medida de la solvencia e indican el riesgo de invertir en la deuda emitida por un determinado país o empresa. Por eso, su impacto potencial es enorme. La rebaja de la nota de un país puede provocar la subida de los tipos de interés, elevando el precio que ese país debe pagar por pedir dinero prestado.

Las nuevas medidas:

• Reducirían la dependencia excesiva de las calificaciones. Las entidades financieras dejarían de confiar ciega y exclusivamente en las notas de calificación para realizar sus inversiones y se verían obligadas a efectuar sus propias evaluaciones. Además, las agencias tendrían que proporcionar más detalles acerca de sus calificaciones.

• Obligarían a una evaluación más frecuente de la calificación de las deudas nacionales. Las agencias tendrían que actualizar la nota de los países de la UE dos veces al año (en lugar de una sola vez). Para evitar perturbaciones en los mercados, las calificaciones nacionales se publicarían exclusivamente tras el cierre de las operaciones y, al menos, una hora antes de la apertura de los centros de negociación de la UE.

• Garantizarían la independencia. Los emisores de deuda tendrían que rotar entre agencias cada tres años. Además, se exigirían las calificaciones de dos agencias distintas para las inversiones en deuda más complejas. Los grandes accionistas no podrían participar simultáneamente en dos agencias competidoras.

• Dotaría a las agencias de un mayor grado de responsabilidad. Los inversores podrían presentar demandas civiles contra las agencias que, deliberadamente o por negligencia, infringieran las normas de la UE.

Estas propuestas requieren ahora la aprobación de los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo. Se prevé que entren en vigor a finales de 2012.