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Los ciudadanos y las empresas de Europa, beneficiarios de una mayor cooperación judicial - 14/12/2010

Mapa de Europa sobre fondo de multitud © UE

La UE plantea nuevas medidas para abaratar y simplificar los litigios transfronterizos para las empresas y reducir el papeleo para las personas que viven, trabajan y viajan por otros países miembros.

La Comisión quiere facilitarle la vida a los ciudadanos que trabajan en otro país de la UE, lo visitan o trasladan allí su domicilio, y para ello está recabando sus opiniones English sobre posibles mejoras a la normativa.

Una posibilidad sería establecer un formato único en toda Europa para los certificados de estado civil más comunes, como el de nacimiento. Otra sería garantizar el reconocimiento automático de este tipo de documentos, cambio que dejaría intactos los ordenamientos jurídicos nacionales.

Y es que los sistemas administrativos varían entre los 27 países de la UE. Documentos públicos como un contrato o un título de propiedad y certificados de estado civil como los de nacimiento o matrimonio no siempre se reconocen más allá de las fronteras del país donde se expidieron.

El resultado son los a menudo engorrosos trámites que deben arrostrar los 12 millones de ciudadanos residentes en países miembros distintos del suyo. Y cuando además se exige traducción o certificados adicionales, el reconocimiento de documentos se puede poner por las nubes. Un reciente sondeo Englishfrançais indica que la ciudadanía europea respaldaría los cambios: un 73% cree que hay que tomar medidas para mejorar la circulación de documentos públicos entre países de la UE.

La consulta seguirá abierta hasta el 30 de abril y las observaciones se tendrán en cuenta a la hora de elaborar nuevas normas en 2013.

Pero también las empresas pueden salir ganando. Una nueva propuesta reduciría los gastos para las que quieran que se reconozca una resolución judicial en otro país de la UE.

Por ejemplo, si una empresa sueca denuncia a otra alemana por morosidad, la normativa europea ya contempla el pleno reconocimiento y ejecución en un país de la sentencia dictada en otro. Pero aun en caso de ganar el pleito, la empresa sueca tendría que desembolsar hasta 3.000 euros para que el fallo se reconociera en ambos países, gasto que bien puede calificarse de carga.

De ahí que la Comisión Europea quiera eliminar este trámite, que cada año cuesta a las empresas alrededor de 48 millones de euros. Además, la nueva normativa ofrecería mayor protección a los consumidores europeos en contenciosos con entidades o particulares de países no miembros.

Consulta sobre reconocimiento de documentos English

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