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Haga valer sus derechos


Los derechos y obligaciones previstos en la legislación europea no sólo incumben a los Estados miembros: algunas normas se aplican directamente a los ciudadanos y las empresas. El Derecho europeo forma parte integrante del ordenamiento jurídico de los Estados miembros, que son los primeros responsables de transponerlo y aplicarlo correctamente. Por tanto, todo ciudadano tiene derecho a exigir a las autoridades de cualquier país miembro que observen correctamente sus derechos europeos.

Toda persona puede denunciar ante la Comisión una medida (legal, reglamentaria o administrativa) o práctica de un Estado miembro que considere contraria a una disposición o principio de Derecho de la Unión. El denunciante no tiene por qué demostrar sus intereses en el asunto. Tampoco debe demostrar que la infracción que denuncia le afecta grave y directamente. Ahora bien, sólo se admiten denuncias por infracción del Derecho de la Unión por parte de Estados miembros, y no en contenciosos privados.

1. Presentación de las denuncias
2. Tramitación
3. Vías de recurso nacionales
4. Garantías administrativas
5. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal
6. Recurso al Defensor del Pueblo Europeo


1. Presentación de las denuncias

Las denuncias deben formularse por escrito mediante carta, fax o correo electrónico.

Es muy importante que el expediente de denuncia sea completo y exacto en lo que respecta a los hechos que usted imputa al Estado miembro, las gestiones que ya haya realizado (a todos los niveles) y, en la medida de lo posible, las disposiciones del Derecho de la Unión que a su juicio se hayan infringido, así como, en su caso, la presencia de financiación de la Unión. Los documentos que notifican medidas o prácticas contrarias al Derecho de la Unión en los Estados miembros se examinan en el plazo de un mes para determinar si constituyen una denuncia.

Todos los escritos dirigidos a la Secretaría General de la Comisión Europea son objeto de un primer acuse de recibo en el plazo de quince días hábiles a partir de su recepción, conforme a lo establecido en el código de buena conducta administrativa. En caso de duda sobre la naturaleza de un escrito, la Secretaría General de la Comisión Europea consultará a los departamentos competentes en un plazo de quince días naturales a partir de su recepción.

La Secretaría General de la Comisión Europea consigna en su base de datos todos los escritos que puedan ser objeto de instrucción.

El análisis en cuanto al fondo de los escritos y las denuncias es competencia de las Direcciones Generales y los Servicios de la Comisión Europea.

Cuando se formulen denuncias múltiples por un mismo motivo, se asignará un número de registro único. arriba

2. Tramitación

Las fases del procedimiento de infracción son las siguientes:


2.1. Fase de investigación

Tras la recepción de una denuncia, puede ser necesario obtener información adicional para aclarar lo ocurrido y determinar las cuestiones de Derecho que afectan al expediente.

En caso de que la Comisión Europea tenga que ponerse en contacto con las autoridades del Estado miembro denunciado, sólo revelará la identidad del denunciante si este se lo autoriza expresamente.

Cuando sea preciso, se pedirá al denunciante que proporcione más información.

Una vez analizados los hechos, los Servicios de la Comisión Europea podrán apreciar, a la luz de las normas y prioridades establecidas por la institución para el inicio y la continuación de los procedimientos de infracción, si debe o no darse curso a la denuncia.

2.2. Inicio del procedimiento de infracción: contactos formales con el Estado miembro denunciado

Si la Comisión Europea considera que puede existir una violación del Derecho de la Unión que justifique el inicio del procedimiento de infracción, remitirá al Estado miembro una "carta de emplazamiento", invitándole a comunicar sus observaciones en un determinado plazo de tiempo.

El Estado miembro denunciado tendrá que definir su posición sobre las razones de hecho y de derecho por las que la Comisión Europea ha decidido iniciar el procedimiento de infracción.

A falta de respuesta, o en función de cuál sea el contenido de esta, la Comisión Europea podrá enviar un "dictamen motivado" en el que expondrá clara y definitivamente las razones por las que considera que se ha infringido el Derecho de la Unión, exigiendo al Estado miembro que la cumpla en un plazo determinado (normalmente de dos meses).

Estos contactos formales tienen por objeto determinar si se ha producido realmente una infracción del el Derecho de la Unión y, en caso afirmativo, rectificar la situación sin tener que recurrir al Tribunal de Justicia.

En atención a la respuesta que reciba, la Comisión Europea también podrá optar por abandonar el procedimiento de infracción, por ejemplo si el Estado miembro se compromete de manera creíble a modificar su legislación o sus prácticas administrativas. La mayoría de los casos logran resolverse de este modo.

2.3.Acción ante el Tribunal de Justicia

Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado, la Comisión Europea puede acudir al Tribunal de Justicia.

El Tribunal resuelve en un plazo medio de dos años.

Las sentencias del Tribunal de Justicia son diferentes de las de los tribunales nacionales.

Al término del procedimiento, el Tribunal dicta una sentencia en la que constata (o no) la infracción imputada.

El Tribunal no puede dictar la anulación de una disposición nacional que no se ajuste al Derecho de la Unión. Tampoco puede obligar a una administración nacional a que satisfaga las demandas de un particular, ni condenar a un Estado miembro a que pague una indemnización por daños y perjuicios a un particular afectado por una violación del Derecho de la Unión.

Corresponde al Estado miembro condenado por el Tribunal tomar las medidas oportunas para cumplir la sentencia y dar con una solución al conflicto que motivó la denuncia.

Si no lo hace, la Comisión Europea puede acudir de nuevo al Tribunal y solicitar que le imponga una multa coercitiva hasta que el Estado miembro desista de la infracción. arriba

3. Vías de recurso nacionales

Los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales son los responsables primeros de garantizar el respeto del Derecho de la Unión por parte de las autoridades de los Estados miembros.

Por lo tanto, previa o paralelamente a la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea, diríjase a los órganos administrativos o jurisdiccionales nacionales (incluidos el Defensor del Pueblo, nacional o regional, y los procedimientos de arbitraje y conciliación disponibles) si considera que una medida (legal, reglamentaria o administrativa) o práctica administrativa es contraria al Derecho de la Unión.

La Comisión Europea también le aconseja seguir las vías de recurso administrativas, jurisdiccionales u otras de su Derecho nacional, pues puede resultarle más ventajoso.

Por lo general, las vías de recurso disponibles en el plano nacional le permitirán hacer valer sus derechos de manera más directa y personalizada. Además, los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea pueden llevar bastante tiempo.
De hecho, los jueces de cada país son los únicos que pueden dirigir órdenes conminatorias a la administración y anular una decisión tomada a nivel nacional.
También son los únicos que pueden condenar a un Estado miembro a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión que le sean imputables. arriba

4. Garantías administrativas

Se han previsto en favor del denunciante las garantías administrativas siguientes:

a) Al registrar la denuncia en la Secretaría General de la Comisión Europea, se le atribuye un número oficial y se envía al denunciante un acuse de recibo con dicho número, que deberá mencionarse en toda la correspondencia.
La atribución de un número oficial no supone necesariamente que se vaya a iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión.

b) En la medida en que los Servicios de la Comisión Europea tengan que intervenir ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán respetando la elección hecha por el demandante en cuanto a la confidencialidad de su identidad. Si el denunciante no se pronuncia al respecto, los Servicios de la Comisión darán por supuesto que desea recibir un trato confidencial.

c) La Comisión Europea tratará de decidir si inicia un procedimiento de infracción o archiva el expediente en un plazo de doce meses a partir del registro de la denuncia en su Secretaría General.

d) En caso de sobrepasarse este plazo, el servicio de la Comisión responsable del expediente de infracción le informará de ello por escrito, si así lo solicita. Cuando el departamento responsable tenga la intención de proponer a la Comisión Europea el archivo del expediente, lo hará saber previamente al denunciante. Además, los Servicios de la Comisión informarán al denunciante acerca del desarrollo de cualquier procedimiento de infracción que hayan iniciado. arriba

5. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal

La comunicación al Estado miembro tanto de la identidad del denunciante como de los datos transmitidos por el mismo deberá contar con su autorización previa según lo dispuesto, en particular, en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, y en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. arriba

6. Recurso al Defensor del Pueblo Europeo

Si el denunciante considera que al tramitarse su denuncia ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea al ignorar una de las presentes medidas, puede ejercer su derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones previstas en los artículos 24 y 228 del TFUE.

La descripción de las medidas administrativas en favor del denunciante que la Comisión se compromete a respetar en la tramitación de su denuncia y durante la instrucción del correspondiente expediente de la supuesta infracción, puede consultarse, a título informativo, en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión [COM(2012) 154 final].arriba