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Contaminación industrial
Nuevas medidas para combatir los riesgos de los residuos mineros
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Rotura de la balsa de Aznalcóllar, España, 1998 |
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En diciembre de 2005, el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre una nueva Directiva, que establece una serie de normas a escala comunitaria para gestionar los residuos procedentes de actividades mineras.
Cada año, la UE genera más de 400 millones de toneladas de desechos procedentes de actividades mineras (o de las “industrias extractivas”, como comúnmente se las conoce). Esta cifra representa más del 20% del total de los residuos generados en Europa y constituye la mayor categoría individual de residuos. Por este motivo, es muy importante garantizar que estos materiales se almacenen o eliminen de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente.
Los residuos mineros incluyen materiales tales como tierra vegetal, roca y escorias (los residuos sólidos efluentes del procesamiento de minerales), que resultan de la prospección, la extracción y el tratamiento de carbón y otros minerales, por ejemplo. Si no se gestionan correctamente, los residuos mineros pueden suponer una grave amenaza para la salud humana y para el medio ambiente: se acumulan en grandes cantidades, pueden provocar contaminación ácida y, con frecuencia, durante el procesamiento, se les añaden sustancias peligrosas, como cianuro.
La mala gestión ha sido el origen de una serie de desastres ocurridos en Europa durante los últimos 40 años. En 1966, una escombrera de residuos de una mina de carbón en Aberfan (al sur de Gales) se desplomó sobre un centro de educación primaria, matando a 144 personas, en su mayoría niños. En 1985, en Stava (Italia), una balsa de escorias cedió, causando la destrucción de 62 edificios y la muerte de 268 personas.
Un caso más reciente, en 1998, es el de Aznalcóllar (España) en el que la rotura de una balsa contaminó las aguas del río Guadiamar y el Parque Nacional de Doñana. Dos años más tarde, en 2000, otra balsa de escorias reventó en Baia Mare (Rumanía), provocando el vertido de 120 toneladas de cianuro en los ríos Lapus, Tisa y Danubio, lo que ocasionó la muerte de millones de peces y la destrucción de los ecosistemas de cientos de kilómetros de vías fluviales en Rumanía y Hungría.
Estos accidentes, que también asolaron las economías de las comunidades locales, convencieron a la Comisión Europea de que ya era hora de definir reglamentos a escala comunitaria para evitar que catástrofes similares se repitan en el futuro.
 Una contaminación grave y crónicaLa propuesta tiene como objetivo mejorar la gestión de los residuos y en establecer normas mínimas para prevenir la contaminación del suelo y de las aguas y proteger la salud humana y el medio ambiente. Aborda la planificación, la concesión de licencias, la explotación, el cierre y el seguimiento de los vertederos de residuos.
Los concesionarios de las minas estarán obligados a elaborar planes de gestión de residuos y los permisos de explotación impondrán condiciones que garanticen, desde el principio, la protección del medio ambiente y de la salud humana. La Directiva exige la puesta en práctica de procedimientos de control y garantías financieras que permitan limpiar las tierras contaminadas una vez finalizadas las operaciones mineras. Un elemento muy relevante de la propuesta es que fomenta la participación del público en las decisiones de concesión de permisos.
Todas las instalaciones de residuos habrán de clasificarse en función del nivel de riesgo. Las zonas más peligrosas tendrán que adoptar una política de accidentes graves que cubra la prevención de catástrofes y la puesta en marcha de mecanismos de respuesta en caso de emergencia, incluidos un servicio de información al público y la consulta conjunta en caso de que la contaminación se extienda de un país a otro. Por otro lado, con el fin de reparar el daño hecho en el pasado, la normativa prevé elaborar inventarios de los enclaves mineros más contaminados que hayan sido clausurados o abandonados.
Con anterioridad a la ampliación, la UE invirtió varios millones de euros en la evaluación y limpieza de viejos enclaves en los países de Europa central y oriental, incluyendo escombreras de minas de uranio, legado de la posguerra, que suponían una amenaza a causa de radiaciones de bajo nivel. La nueva normativa pretende fomentar los estándares medioambientales más exigentes en los 25 Estados miembros.
El Comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, se felicitó por esta propuesta legislativa y declaró que proporciona “un marco jurídico específico para abordar el impacto de las instalaciones de residuos mineros en el medio ambiente y la salud humana durante todo su ciclo de vida, así como para prevenir accidentes”.
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