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El poder de la contratación pública ecológica en Europa

19/09/2011

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Los Estados miembros de la UE están empleando cada vez más el poder adquisitivo de la contratación pública para estimular la innovación ecológica y el despegue de tecnologías y servicios verdes en toda Europa.

Actualmente, uno de cada cinco organismos públicos europeos incluye requisitos medioambientales en más de la mitad de sus licitaciones, de acuerdo con un reciente estudio sobre contratación pública ecológica (CPE) presentado por la Comisión Europea. Los resultados de dicho estudio se tuvieron en cuenta durante una revisión de la legislación de la UE sobre contratación pública, presentada por la Comisión en junio de 2011. Según el estudio, la mayoría de los Estados miembros han creado planes nacionales de CPE, pero existen grandes diferencias en cuanto a su alcance.

Las Administraciones públicas figuran entre los mayores consumidores de Europa y gastan alrededor de 2 billones de euros al año, lo que equivale, aproximadamente, al 17% del producto interior bruto de la UE. Es un poder adquisitivo formidable que, si se emplea para seleccionar productos con menor impacto medioambiental, puede estimular la producción y el consumo sostenibles o, en otras palabras, una mayor eficiencia de los recursos.

En su plan de acción sobre Consumo y Producción Sostenible de 2008, la Comisión estableció un objetivo orientativo: que para 2010, la mitad de la contratación pública tendría que ser ecológica, en base a criterios de CPE que se establecerían de forma centralizada para toda la UE. Hasta ahora, la UE ha desarrollado criterios para dieciocho grupos de productos, que van desde el papel a los servicios de jardinería. Muchos Estados miembros los utilizan. Algunos países, no obstante, han añadido adicionalmente otras categorías, que recogen desde los servicios postales al material médico.

La mayoría de los planes nacionales de CPE se marcan metas por debajo del objetivo europeo que reclama que la mitad de la contratación pública sea ecológica. Algunos, en cambio, son más ambiciosos. Por ejemplo, Finlandia y los Países Bajos quieren que el 100% de su contratación pública sea ecológica.

El éxito de los Países Bajos

En junio de 2011, los Países Bajos declararon haber alcanzado los objetivos que se habían marcado para 2010. El gobierno anunció que, en 2010, el 99,8% de la contratación pública a nivel nacional había sido ecológica. Simultáneamente, otros organismos públicos holandeses superaron de largo sus objetivos: las provincias anunciaron un 96% de CPE (objetivo: 50%), los ayuntamientos, entre un 86 y un 90% de CPE (objetivo: 75%) y los organismos responsables del agua, un 85% de CPE (objetivo: 50%). Los centros de educación superior, como las universidades, también alcanzaron niveles superiores al 75%.

Hester de Boer, del ministerio de medio ambiente de los Países Bajos, identifica varias claves para tanto éxito: la CPE es una prioridad política; existen objetivos claramente definidos; participan todos los niveles de la Administración; todas las partes interesadas participan en la definición de los criterios de la CPE; solo hay un conjunto de criterios de CPE; los responsables de la contratación pública están profesionalizados y, además, los Países Bajos disponen de un sistema de seguimiento.

El país ha desarrollado criterios de CPE para 45 grupos de productos, empleando criterios de la UE si los había. Los productos y servicios tipificados abarcan desde equipos audiovisuales y ropa de trabajo hasta servicios de restauración y vehículos del parque de las Administraciones. Para cada grupo, el gobierno ha preparado una guía que establece criterios mínimos de contratación y los complementa con orientación sobre uso eficiente. Incluso se sugiere prestar una atención especial a determinas innovaciones como, por ejemplo, los sensores de luz que adaptan la imagen de los televisores a las condiciones locales de iluminación.

El gobierno holandés calcula que su política de CPE ahorra cada año 3 millones de toneladas de CO2, 3600 toneladas de óxidos de nitrógeno y 81 toneladas de emisiones en forma de partículas. Es más, considera que la CPE puede aportar la cuarta parte de la reducción de emisiones de CO2 que los Países Bajos se han marcado para 2020 (y que supone un recorte del 30%).

Otros Estados miembros, como Bélgica, Dinamarca, Suecia y Reino Unido, han dado prioridad a la contratación pública ecológica de cerca de cincuenta grupos de productos. En términos generales, la construcción y el transporte son las categorías más populares. No es sorprendente, si pensamos que el nuevo plan de eficiencia energética presentado en 2011 por la Comisión también las identifica como las de mayor potencial de ahorro de energía. En lugares como los Países Bajos, el sector privado no se ha quedado atrás: en febrero de este año, diecisiete grandes empresas holandesas, desde KLM a Philips, se comprometieron a aplicar criterios ecológicos en sus políticas de compras, en un plazo de cinco años.

Por desgracia, no se han producido los mismos avances en todos los países. En muchos Estados miembros, menos de una quinta parte de los organismos públicos declaran haber incluido requisitos ecológicos en más de la mitad de sus licitaciones.

Formación en Rumanía

En Rumanía, el proyecto EcoEmerge –desarrollado conjuntamente por los ministerios de medio ambiente de Rumanía y Noruega– se ha marcado el objetivo de crear una masa crítica de especialistas en CPE entre las Administraciones públicas. El proyecto ha contado con una ayuda de 2 millones de euros, aportada por Noruega a lo largo de un periodo de dos años, y ha organizado ocho seminarios de formación centrados en los ocho grupos de productos para los cuales Rumanía ha adoptado criterios de CPE: energía, transporte, construcción, productos y servicios de limpieza, alimentación y restauración, material de oficina, papel y servicios de impresión.

Los seminarios de formación estaban dirigidos a funcionarios responsables de la contratación pública, pero también atrajeron a proveedores de productos ecológicos. De forma conjunta, se elaboraron documentos de referencia para uso en licitaciones con criterios de CPE. Ahora, el ministerio de medio ambiente rumano quiere que las Administraciones públicas utilicen esa documentación en el futuro. A semejanza de otros Estados miembros, los objetivos de CPE de Rumanía no son vinculantes, pero el gobierno desea potenciarla en el contexto de la eficiencia en el uso de los recursos.

Aunque la CPE puede, a largo plazo, reducir costes para las Administraciones públicas (por ejemplo, la factura energética), se está viendo dificultada por la crisis económica, según declara Iulia Degeratu, del ministerio rumano de medio ambiente. En su opinión, para que la CPE tenga éxito en Rumanía es preciso conocer más a fondo los productos y servicios ecológicos disponibles en el mercado local. Para ello, el ministerio de medio ambiente ha creado una página Web en la que se anima a los proveedores a presentar en detalle sus productos. También se han organizado seminarios de formación para proveedores sobre la etiqueta ecológica europea.

Según Degeratu, en cuanto el gobierno tenga la seguridad de que existe una oferta suficiente, establecerá objetivos obligatorios de CPE. Dicho objetivos pasarán a formar parte del próximo plan de CPE de Rumanía, que entrará en vigor en 2013.

Hace falta seguimiento

La CPE se enfrenta a varios problemas latentes. Uno de ellos es el seguimiento. Puesto que no existe una metodología común aceptada, resulta difícil comparar los resultados entre países. Por otro lado, muchos organismos públicos no saben con precisión cuál es la oferta del mercado, con lo que difícilmente pueden especificar con exactitud lo que quieren. Con frecuencia, tampoco verifican si los proveedores suministran de verdad lo que prometen, porque carecen de capacidad técnica para ello. Por su parte, los proveedores se quejan de que los requisitos cambian con frecuencia y presentan especificidades nacionales que hacen difícil cubrir la demanda con productos estándar.

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