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Políticas sectoriales de la UE

En las últimas décadas se ha hecho más evidente la necesidad de establecer unas condiciones de igualdad y unas normas comunes en los distintos mercados, que regulen, por ejemplo, las intervenciones gubernamentales.

Ello se debe a la intensificación de la división internacional del trabajo y al hecho de que hoy en día casi todos los mercados de bienes y servicios son internacionales o tienen algún tipo de efectos indirectos internacionales. En Europa, la UE establece las normas y las condiciones de igualdad.

La Unión Europea aplica políticas en todos los sectores económicos. Algunas de ellas (política agrícola común, política de competencia) se remontan a la fundación de la Comunidad Europea. En otros ámbitos, tales como los de la política medioambiental o la política de cohesión, el papel de la Comunidad Europea se ha desarrollado con el tiempo al hacerse más patentes los beneficios de una cooperación y coordinación más estrechas entre Estados miembros y los efectos indirectos a nivel internacional y al ampliarse las divergencias entre los niveles de vida de los Estados miembros como consecuencia de las sucesivas rondas de ampliación. En otros sectores, tales como el energético, los Estados miembros han conservado la mayor parte de sus competencias y hasta 2007 el Consejo Europeo no ha adoptado una «política energética para Europa».


Función de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros


En todos estos sectores, la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros apoya el desarrollo de políticas rentables, esto es, que alcancen sus objetivos al mínimo coste para la sociedad al mismo tiempo que respaldan el desarrollo sostenible y estimulan el crecimiento económico y el empleo.

Para lograr esto, proporcionamos análisis económicos que sirven de base a la elaboración de políticas económicas y alentamos a otras direcciones generales a buscar orientaciones que permitan alcanzar los resultados previstos mejorando el funcionamiento del mercado, en lugar de colocar obstáculos innecesarios en su camino.

Ello significa que, por regla general, preferimos soluciones que, por ejemplo, impongan una sanción económica a las actividades perjudiciales, tales como las actividades contaminantes, y dejen a los agentes económicos la posibilidad de modificar o no su comportamiento en consecuencia, a medidas excesivamente intervencionistas que prescriban unas técnicas de producción particulares o regulen directamente los tipos de bienes que se pueden producir. La razón es que se ha observado que estos instrumentos más flexibles y menos intervencionistas han dado los mismos o mejores resultados que los enfoques más intervencionistas.

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