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Última actualización: 17-03-2008
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Plazos procesales - Hungría

 

ÍNDICE

1. Tipos de plazos aplicables en el marco de las distintas normas procesales en materia civil 1.
2. Lista de los días considerados no hábiles de acuerdo con el Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71, de 3 de junio de 1971 2.
3. ¿Cuáles son las normas generales aplicables en materia de plazos procesales? Indíquense las fuentes legislativas aplicables. 3.
4. Cuando un acto o trámite están oficialmente sujetos a un determinado plazo, ¿cuál es el inicio del cómputo del plazo – es decir, el momento a partir del cual el plazo comienza a correr (dies a quo) – de este acto o trámite? 4.
4.a) ¿Puede el momento a partir del cual el plazo empieza a correr verse afectado o modificado por el método de notificación o traslado de documentos (notificación por un agente judicial o por servicio postal)? 4.a)
5. ¿A partir de qué momento comienza a correr el plazo? 5.
5.a) Cuando el plazo se expresa en días, ¿es la fecha efectiva del acto, del acontecimiento, la decisión o la fecha de notificación o comunicación la que inicia el cómputo? El momento a partir del cual empieza a correr el plazo ¿depende de alguna manera de la recepción o del conocimiento del acto por el destinatario? En tal caso, indíquese de qué manera depende. 5.a)
5.b) Cuando el plazo se expresa en días ¿el número de días indicado incluye los días civiles o solamente los días hábiles? 5.b)
5.c) Cuando el plazo se expresa en meses o en años 5.c)
5.d) ¿Cuándo expiran los plazos? (¿Existen excepciones aplicables en materia de inicio del plazo en determinados procedimientos civiles?) 5.d)
6. Si el plazo expira un sábado, un domingo o un día feriado o inhábil, ¿se prorroga hasta el primer día hábil siguiente? ¿Puede aplicarse esta prórroga aunque el inicio del plazo en cuestión corresponda a un acontecimiento futuro? 6.
7. Cuando la demanda se presenta ante un órgano jurisdiccional que tiene su sede en el territorio continental de un Estado miembro (cuando éstos poseen entidades separadas de la metrópolis o entidades geográficas diferenciadas), ¿se prorrogan los plazos a favor de las personas que viven o residen en una de estas entidades o que viven o residen en el extranjero? En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo? 7.
8. Por el contrario, cuando la demanda se presenta ante un órgano jurisdiccional que tiene su sede en una de estas entidades separadas geográficamente del territorio metropolitano, ¿se prorrogan los plazos para las personas que no viven o no residen en estas entidades o para las personas que viven o residen en el extranjero? 8.
9. ¿Existen plazos para recursos específicos en determinadas materias civiles? 9.
10. En caso de urgencia o por cualquier otra causa, ¿pueden los tribunales reducir los plazos de comparecencia o fijar una fecha especial de comparecencia? 10.
11. Cuando un documento destinado a una parte que reside en un lugar donde se beneficiaría de una prórroga del plazo se notifica en un lugar donde sus residentes no se benefician de tal prórroga, ¿pierde esa persona el beneficio de la prórroga? 11.
12. ¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de los plazos? 12.
13. Si el plazo expira, ¿de qué recursos disponen las partes que lo hayan incumplido? 13.

 

1. Tipos de plazos aplicables en el marco de las distintas normas procesales en materia civil

Para surtir los efectos jurídicos deseados, los actos procesales deben cumplir, por lo general, los plazos específicos que prescribe la ley. Tanto el Derecho sustantivo como el Derecho procesal contienen disposiciones vigentes en esta materia.

  1. Las condiciones necesarias en el ámbito del Derecho sustantivo están reguladas en parte por las normas relativas a los recursos jurisdiccionales y en parte por las normas de prescripción que fijan los plazos aplicables a la incoación de los procedimientos civiles. La ley establece excepciones en esta materia sólo para garantizar la ejecución incondicional en el marco de las reclamaciones (relacionadas, por ejemplo, con acciones sobre bienes).
  2. El Código de procedimiento civil regula la duración de los actos realizados en el curso de los procedimientos. Sólo prevé plazos de presentación de instancias en el marco de procedimientos especiales como los recursos de revisión de las decisiones administrativas (seguridad social) [artículo 330, apartado 1, y artículo 341, apartado 1, de la Ley III de 1952 del Código de procedimiento civil] y los procesos sobre difamación [artículo 343, apartado 3, del Código de procedimiento civil].

Actos procesales:

  • ciertos actos procesales sólo pueden ser legalmente válidos dentro de un período de tiempo determinado (plazo). En algunos casos la duración del plazo está claramente establecida por la ley, como en los recursos (plazo legal), mientras que en otros casos - por ejemplo, en relación con vicios de procedimiento - el plazo lo fija el tribunal (plazo judicial).
  • en otros ámbitos, el cumplimiento de estos actos está limitado por el Código de procedimiento civil en lo que respecta a la fase del procedimiento - por ejemplo, en el caso de contrademandas [artículo 147, apartado 1, del Código de procedimiento civil] y de solicitudes de intervención [artículo 51, apartado 1, del Código de procedimiento civil].
  • algunos actos procesales sólo pueden realizarse en fechas determinadas. La fijación de estas fechas es competencia del tribunal o, en su caso, de un experto (ejemplos: audiencias, peritajes).

El método de cómputo de los plazos difiere considerablemente según se trate del Derecho sustantivo o del Derecho procesal, así como también difieren las consecuencias legales del incumplimiento de estos dos tipos de plazos.

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Los plazos en el Derecho sustantivo

En el Derecho sustantivo, los plazos espiran en la fecha especificada en la ley. Su cómputo está regulado por los artículos 3 y 4 del Decreto Ley nº 11 de 1960.

En el Derecho sustantivo, el incumplimiento del plazo implica la pérdida legal del derecho de que se trate, y esta pérdida no se puede remediar por la justificación del incumplimiento. Sólo se admiten justificaciones en caso de prescripción, en el marco de las normas de Derecho sustantivo aplicables en esta materia.

Los plazos en el Derecho procesal

En el Derecho procesal, los plazos están regulados en el Código de procedimiento civil. Pueden expresarse en días, meses y años, o pueden referirse a una fecha determinada o a un período prefijado. Generalmente, el primer día es aquel en que tiene lugar el acto o el hecho en que se basa la fijación del plazo. Si el acto procesal se basa en una resolución judicial (subsanación, etc.), el primer día del plazo es el de la notificación.

Según la práctica judicial, cuando el plazo expira en sábado o en domingo, los dos días de descanso semanal, éstos días se consideran inhábiles.

Los plazos procesales también se clasifican en plazos subjetivos y plazos objetivos. Los plazos subjetivos son los que empiezan a correr en el momento en que la parte interesada es informada, y pueden ser prorrogados previa petición, mientras que los plazos objetivos son independientes de la notificación y su incumplimiento no puede ser subsanado por una solicitud de prórroga.

2. Lista de los días considerados no hábiles de acuerdo con el Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71, de 3 de junio de 1971

El artículo 125, apartado 3, del Código laboral (Ley XXII de 1992), contiene la lista de los días inhábiles, a saber:

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1 de enero, 15 de marzo, lunes de Pascua, 1 de mayo, lunes de Pentecostés, 20 de agosto, 23 de octubre, 1 de noviembre, y 25 y 26 de diciembre.

3. ¿Cuáles son las normas generales aplicables en materia de plazos procesales? Indíquense las fuentes legislativas aplicables.

Las normas generales sobre los plazos en los procedimientos civiles figuran en los artículos 103-111 del Código de procedimiento civil (Ley III de 1952).

4. Cuando un acto o trámite están oficialmente sujetos a un determinado plazo, ¿cuál es el inicio del cómputo del plazo – es decir, el momento a partir del cual el plazo comienza a correr (dies a quo) – de este acto o trámite?

El momento a partir del cual los plazos empiezan a correr está regulado en el artículo 103, apartado 2, del Código de procedimiento civil:

"En los plazos expresados en días, se excluye el primer día. El primer día es la fecha en que se produce el acto o cualquier hecho (por ejemplo, notificación, aviso) en que se base el inicio del plazo".

El plazo para recurrir contra una decisión empieza a correr - a menos que empiece a correr en la fecha de notificación o de supresión del obstáculo - el día en que la decisión que se desea impugnar se convierte en definitiva (artículo 261 del Código de procedimiento civil).

Ahora bien, el plazo para recurrir contra decisiones que se convierten en definitivas en virtud de una resolución de un tribunal de segunda instancia (demanda de nuevo proceso o de revisión) empieza a correr a partir del día en que la resolución adoptada en el proceso de apelación se comunica a la parte interesada (se traslada a la parte interesada).

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4.a) ¿Puede el momento a partir del cual el plazo empieza a correr verse afectado o modificado por el método de notificación o traslado de documentos (notificación por un agente judicial o por servicio postal)?

El Código de procedimiento civil no establece ninguna distinción entre las diferentes formas de transmisión de documentos.

5. ¿A partir de qué momento comienza a correr el plazo?

5.a) Cuando el plazo se expresa en días, ¿es la fecha efectiva del acto, del acontecimiento, la decisión o la fecha de notificación o comunicación la que inicia el cómputo? El momento a partir del cual empieza a correr el plazo ¿depende de alguna manera de la recepción o del conocimiento del acto por el destinatario? En tal caso, indíquese de qué manera depende.

El artículo 103, apartado 2, del Código de procedimiento civil, establece en qué momento los plazos empiezan a correr. Así, en los plazos expresados en días se excluye el primer día, es decir, la fecha del acto, del acontecimiento, de la decisión, o la fecha de traslado o comunicación. A estos efectos, es indiferente la forma en que el destinatario ha tenido conocimiento del acto.

5.b) Cuando el plazo se expresa en días ¿el número de días indicado incluye los días civiles o solamente los días hábiles?

Todos los plazos regulados en el Código de procedimiento civil se refieren a días civiles. Ahora bien, cuando el último día de un plazo es un día inhábil, el plazo concluye en el siguiente día hábil. Con arreglo a la práctica judicial, cuando un plazo concluye en sábado o domingo, días de descanso semanal, estos dos días se consideran inhábiles. En consecuencia, la disposición del artículo 103, apartado 4, del Código de procedimiento civil, también se aplica a sábados y domingos.

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5.c) Cuando el plazo se expresa en meses o en años

El inicio de los plazos expresados en meses o en años es idéntico al de los plazos expresados en días, y aquellos expiran en el día correspondiente al primer día del mismo número o, si tal día no existe, en el último día del mes de expiración.

5.d) ¿Cuándo expiran los plazos? (¿Existen excepciones aplicables en materia de inicio del plazo en determinados procedimientos civiles?)

Los plazos expiran al finalizar el último día. Ahora bien, en los casos de presentación de escritos ante los tribunales o de actos que se realizan en el curso del proceso, la expiración de los plazos coincide con el final del horario de oficina. Los plazos expresados en meses o años expiran en el día correspondiente al primer día del mismo número o, si tal día no existe, en el último día del mes. No existen plazos excepcionales.

6. Si el plazo expira un sábado, un domingo o un día feriado o inhábil, ¿se prorroga hasta el primer día hábil siguiente? ¿Puede aplicarse esta prórroga aunque el inicio del plazo en cuestión corresponda a un acontecimiento futuro?

Por regla general y, por tanto, aplicable a todos los acontecimientos – incluidos los acontecimientos futuros a que se hace referencia – cuando el último día del plazo es un día inhábil, el plazo expira en el primer día hábil siguiente. Con arreglo a la práctica judicial, cuando el plazo expira en sábado o en domingo, días de descanso semanal, estos días se consideran no hábiles.

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7. Cuando la demanda se presenta ante un órgano jurisdiccional que tiene su sede en el territorio continental de un Estado miembro (cuando éstos poseen entidades separadas de la metrópolis o entidades geográficas diferenciadas), ¿se prorrogan los plazos a favor de las personas que viven o residen en una de estas entidades o que viven o residen en el extranjero? En caso afirmativo, ¿por cuánto tiempo?

8. Por el contrario, cuando la demanda se presenta ante un órgano jurisdiccional que tiene su sede en una de estas entidades separadas geográficamente del territorio metropolitano, ¿se prorrogan los plazos para las personas que no viven o no residen en estas entidades o para las personas que viven o residen en el extranjero?

Dadas las características geográficas del país, estas dos preguntas no son relevantes a efectos del Código de procedimiento civil húngaro.

9. ¿Existen plazos para recursos específicos en determinadas materias civiles?

No existen normas especiales sobre plazos específicos de determinadas materias civiles. Las disposiciones generales del Código de procedimiento civil establecen los plazos para la realización de actos de procedimiento específicos, plazos que pueden ser modificados por normativas sectoriales. Al mismo tiempo, la parte del Código de procedimiento civil que regula determinados procedimientos especiales difiere de sus propias normas generales en lo que respecta a los plazos que establecen éstas en relación con diversas figuras jurídicas. Pero esto sólo afecta a la duración del plazo, ya que el método de cómputo sigue siendo el mismo para todos los procedimientos civiles.

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10. En caso de urgencia o por cualquier otra causa, ¿pueden los tribunales reducir los plazos de comparecencia o fijar una fecha especial de comparecencia?

Generalmente, los tribunales fijan una fecha específica para la comparecencia de las partes. En caso de urgencia, pueden agilizar el proceso fijando la fecha de comparecencia por teléfono o comunicándola oralmente en la audiencia.

Tanto en lo que respecta a la reducción como a la prórroga de los plazos, es preciso distinguir entre los plazos judiciales fijados por el tribunal de acuerdo con las disposiciones legales y los plazos legales previstos por la ley.

Los plazos que fijan los tribunales para la realización de actos procesales no pueden reducirse. Los plazos legales sólo pueden reducirse en los casos especificados en la ley. El único plazo que el Código de procedimiento civil permite reducir es el plazo de ocho días para formular observaciones sobre el recurso contra una resolución judicial [artículo 257, apartado 1].

La prórroga de los plazos está regulada en el artículo 104 del Código de procedimiento civil. Según este artículo "el tribunal podrá prorrogar una sola vez, por motivos graves, el plazo por él fijado. El plazo - junto con la prórroga- no podrá exceder de cuarenta y cinco días, a menos que el perito necesite más tiempo para emitir su dictamen. Los plazos legales sólo se prorrogarán en los casos especificados en la ley. Si una de las partes desea solicitar una prórroga deberá presentar la solicitud correspondiente antes de la fecha de expiración del plazo; el tribunal se pronunciará sobre la solicitud sin oír a la parte contraria".

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El Código de procedimiento civil distingue, por tanto, entre plazos judiciales y plazos legales también en lo que respecta a la prórroga. En todos los casos en que la legislación prevé una resolución judicial inmediata, la práctica judicial ha consistido en fijar los plazos judiciales de forma que no excedan del periodo requerido para que la parte interesada emprenda la acción necesaria.

El tribunal se pronuncia sobre la solicitud de prórroga en una decisión formal (auto) que se comunica al solicitante. El tribunal puede decidir discrecionalmente consultar a la parte contraria antes de adoptar una decisión sobre la solicitud. El auto no puede ser recurrido [artículo 233, apartado 3, letra b), del Código de procedimiento civil]. No obstante, a las partes se les garantiza el derecho de contestación, que pueden ejercitar al recurrir contra la resolución judicial.

Cualquiera de las partes puede solicitar sólo una vez la prórroga del plazo judicial. Cuando una parte incumple el plazo fijado para un acto determinado, la regla general es que ya no podrá realizarlo válidamente. Esta consecuencia grave sólo se puede evitar mediante una solicitud de prórroga.

Los plazos legales únicamente pueden modificarse por medio de una autorización especial prevista en la ley. El Código civil no contiene ninguna norma que permita la prórroga en estos casos.

11. Cuando un documento destinado a una parte que reside en un lugar donde se beneficiaría de una prórroga del plazo se notifica en un lugar donde sus residentes no se benefician de tal prórroga, ¿pierde esa persona el beneficio de la prórroga?

Esta pregunta no procede en el caso de Hungría.

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12. ¿Cuáles son las sanciones en caso de incumplimiento de los plazos?

Las sanciones por incumplimiento de los plazos se recogen en el artículo 105 del Código de procedimiento civil. Son las siguientes:

"A menos que la ley disponga otra cosa, las partes no podrán realizar válidamente el acto tras la expiración del plazo. El incumplimiento – salvo en los casos previstos en la ley- surte efectos inmediatos, sin necesidad de aviso previo. Si la ley establece que el incumplimiento sólo surtirá efectos en caso de aviso previo o a instancia de la parte contraria, se podrá realizar el acto en cuestión en el periodo indicado en el aviso o hasta la presentación de la instancia o, en el caso en que ésta se presente en la audiencia, hasta el momento en que se adopte la decisión correspondiente. Si alguna de las partes tuviere algún impedimento para realizar el acto por alguna causa natural conocida comúnmente o por cualquier obstáculo ajeno a su voluntad, se considerará que no ha actuado en rebeldía. El incumplimiento del plazo no surtirá efectos cuando la instancia al tribunal se presente por correo certificado a más tardar el último día del plazo".

Algunas disposiciones legales regulan los plazos de los actos sin hacer referencia a los efectos legales de su incumplimiento. En estos casos, los tribunales establecen las consecuencias legales del incumplimiento mediante la aplicación de las normas generales.

La ley prevé varias excepciones a la norma general del artículo 105 del Código de procedimiento civil.

El retraso de una parte no se considerará incomparecencia si se ha justificado mediante una solicitud de prórroga [artículo 109, apartado 3, del Código de procedimiento civil] o si se produce como resultado de una causa natural o de cualquier obstáculo ajeno a la voluntad de la parte comúnmente conocido. El criterio de "comúnmente conocido" se aplica a ambas situaciones. Cuando la incomparecencia de una parte no es el resultado de una causa natural o de un obstáculo conocido comúnmente y ajeno a su voluntad, sus efectos legales sólo pueden evitarse mediante una solicitud de prórroga.

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La ley excluye la posibilidad de que ciertos casos de incomparecencia surtan los efectos jurídicos correspondientes (artículos 288 y 265 del Código de procedimiento civil).

El tribunal puede rechazar una demanda, a instancia de la parte contraria, si la parte extranjera incumple la obligación de presentar una garantía que cubra los costes [artículo 157, letra c), del Código de procedimiento civil]. La incomparecencia en una audiencia producirá las consecuencias previstas, a instancia de la parte contraria, incluso en el caso de que la parte en rebeldía no haya ejercitado su derecho a ser representada en el juicio [artículo 135, apartados 4 y 5, del Código de procedimiento civil). En este caso, la parte en rebeldía puede subsanar su incomparecencia hasta que el tribunal adopte la resolución.

13. Si el plazo expira, ¿de qué recursos disponen las partes que lo hayan incumplido?

Cuando una parte o su representante legal no comparecen un día ante el tribunal por causa ajena a su voluntad, o incumplen un plazo por causa ajena a su voluntad, las consecuencias de la incomparecencia o del incumplimiento del plazo - salvo en los casos que se enumeran a continuación - pueden evitarse con una justificación. No se admite justificación en los siguientes casos:

  1. cuando la ley excluye la posibilidad de justificación;
  2. cuando las consecuencias de la incomparecencia pueden evitarse sin necesidad de justificación o cuando la incomparecencia no implica un perjuicio expresamente mencionado en una resolución judicial;
  3. cuando la parte no cumple el plazo subsiguiente como consecuencia de la solicitud de prórroga;
  4. cuando el demandante no pueda presentar una justificación en el marco de una solicitud de levantamiento provisional de embargo.

De acuerdo con el Código de procedimiento civil, sólo los incumplimientos de plazo que son ajenos a la voluntad de la persona, es decir, no intencionados, pueden ser subsanados con una justificación. La inocencia implica la ausencia de culpa, de ahí que incluso el incumplimiento de un plazo por negligencia o descuido menor sea imputable a la parte. No obstante, la exigencia de un juicio justo reconocida en el artículo 109, apartado 3, del Código de procedimiento civil, puede constituir, en su caso, una excepción a esta norma rigurosa.

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Las solicitudes de prórroga deben presentarse en un plazo de quince días. Este plazo empieza a correr a partir de la fecha de expiración del plazo o del último día del plazo no respetado. Ahora bien, cuando una parte o su representante tienen conocimiento del incumplimiento en una fecha posterior, o si el obstáculo se suprime en una fecha posterior, el plazo para presentar la solicitud de prórroga empezará a correr a partir del momento en que se tuvo conocimiento del incumplimiento o en que se suprimió el obstáculo. No se podrá presentar ninguna solicitud de prórroga una vez transcurridos tres meses a partir del incumplimiento del plazo. La solicitud de prórroga indicará las causas del incumplimiento y las circunstancias que hacen probable que éste no haya sido intencionado. En caso de que no se haya cumplido el plazo, al presentar la solicitud de prórroga se practicará el acto que no se realizó.

Las solicitudes de prórroga no tienen un efecto suspensivo del procedimiento ni de la ejecución. Sin embargo, en los casos en que la admisión de la solicitud de prórroga sea bastante probable, el tribunal puede ordenar de oficio la suspensión del procedimiento o la ejecución de la resolución sin oír a la parte contraria.

La solicitud de prórroga es examinada por el tribunal que conoció del asunto en el que se produjo el incumplimiento o, en caso de incumplimiento del plazo de recurso, por el tribunal de segunda instancia. Si el tribunal admite la solicitud de prórroga, el acto realizado por la parte en rebeldía se considera como realizado dentro del plazo establecido, y la audiencia en la que no compareció la parte se convocará para otra fecha. También habrá que decidir si la decisión adoptada en la audiencia en la que no compareció la parte debe mantenerse o debe modificarse total o parcialmente en la audiencia convocada de nuevo.

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