Comisión Europea > RJE > Notificación y traslado de documentos > España

Última actualización: 24-06-2005
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Notificación y traslado de documentos - España

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. ¿Qué quiere decir en términos prácticos : “traslado de escritos de las partes y notificación de actos judiciales”? ¿Por qué existen procedimientos específicos para el traslado y notificación de los expresados documentos? 1.
2. ¿Qué escritos y actos deben ser trasladados o notificados en el curso del proceso ? 2.
3. ¿Quién puede trasladar un escrito de las partes o notificar un acto judicial? 3.
4. ¿Cómo se practica el traslado de un escrito y la notificación de un acto judicial? 4.
5. ¿Qué ocurre si excepcionalmente no es posible la comunicación personal directa de un escrito o de un acto al destinatario? (por ejemplo porque no se halla en su domicilio) . 5.
6. ¿Existe acreditación del traslado y notificación? 6.
7. ¿Cuáles son las consecuencias del traslado o notificación hecho con infracción de la ley o en el caso de que el interesado no haya recibido la comunicación ( por ejemplo en el supuesto de que se haya entregado a una tercera persona)?. ¿Puede ser válido no obstante el traslado o notificación; o en todo caso debe ser realizado de nuevo?. 7.
8. ¿Son exigibles los gastos por el traslado y la notificación? En caso afirmativo: ¿Cuál es su importe? 8.

 

Enviar un documento judicial, no es tan sólo echar una carta al correo. Si usted es parte en un juicio será preciso enviar distintos documentos a la otra parte con la cual tiene un litigio y recibir otros. Solamente de esta forma se tutela de manera adecuada el derecho de defensa cuyo presupuesto básico es el conocimiento de la existencia del proceso. En términos jurídicos ello comporta que se deberán notificar o trasladar documentos y actos procesales tanto del tribunal como de las partes.

El emplazamiento o la citación es en principio el primero de los actos procesales del tribunal, por el cual la otra parte es informada del inicio del juicio; la comunicación se realiza por el propio tribunal, bajo la dirección del Secretario judicial, a través de un funcionario judicial, que se persona en el domicilio de la personada demandada o interviniente de otro modo en el proceso.

Pero esta necesidad de notificación no solo se da al inicio del proceso durante las distintas fases del juicio bien a las partes personadas, bien a aquellas que no lo están y que han de acudir al tribunal (testigos, peritos etc). En España, es el propio tribunal el que se ocupa de la transmisión de los documentos, de la comunicación de actos procesales y de la notificación de sus resoluciones a las partes y los demás intervinientes en el proceso.

Si las partes están personadas (de ordinario salvo en los juicios verbales cuya cuantía no supere los 900 € y la solicitud inicial del proceso monitorio, las partes deben estar representadas en juicio por procurador legalmente habilitado para actuar en el tribunal que conozca del juicio), es el procurador el que recibe y firma todos los actos de comunicación como representante de la parte. Si no existe esta representación la notificación se hace directamente al interesado.

1. ¿Qué quiere decir en términos prácticos : “traslado de escritos de las partes y notificación de actos judiciales”? ¿Por qué existen procedimientos específicos para el traslado y notificación de los expresados documentos?

En España no existe la distinción entre “la notification” (formalidad por la cuál se traslada el contenido de un acto a una persona para su conocimiento) y “ la signification” (nombre que se da a la notificación cuando se realiza a través de un huissier de justice). Los escritos de las partes se trasladan a las otras y los actos judiciales se notifican, por medio de los llamados “actos de comunicación judicialque se realizan siempre por el tribunal bajo la dirección del Secretario Judicial, quien es el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquél designe, y en alguna de las formas siguientes:

  1. A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél.
  2. Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
  3. Entrega personal por parte del Secretario (o funcionario en quien delegue) al destinatario, de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la cédula de citación o emplazamiento.
  4. En caso de no localizar al destinatario (para lo que existe una obligación de averiguación de domicilio a través de los diversos registros públicos existentes a muchos de los que cabe incluso acceder por vía informática desde el propio Juzgado), la notificación se hace por edictos colocados en la puerta del Juzgado o Tribunal (si bien a estos edictos a instancias del demandante se les puede dar también publicidad por medio de los Diarios Oficiales u otro medio de comunicación). De este régimen se exceptúan las sentencias que es necesario publicar además de en los tablones de anuncios del Juzgado, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.

Pero no todos los actos procesales de comunicación del tribunal son iguales sino que cabe hacer una distinción en base a lo que se pretenda con ellos. Así se distingue entre:

ComienzoComienzo

  1. Notificaciones, cuando tengan por objeto transmitir una resolución, diligencia o actuación.
  2. Emplazamientos, cuyo fin es el de indicar al destinatario la necesidad de personarse en el juzgado o tribunal para actuar dentro del plazo que se indique.
  3. Citaciones, cuando indican al destinatario no un plazo sino un lugar, fecha y hora concreta en la que se debe verificar la comparecencia y actuación de que se trate y que se indica.
  4. Requerimientos, cuyo fin es ordenar al destinatario, conforme a la ley, una conducta o inactividad.
  5. Mandamientos, cuyos destinatarios no son los ciudadanos sino los registradores de la propiedad, mercantiles, de buques, de ventas a plazos de bienes muebles, notarios, corredores colegiados de comercio o agentes de Juzgado o Tribunal. Por medio de ellos se les ordena el libramiento de certificaciones o testimonios y la práctica de cualquier actuación cuya ejecución les corresponda.
  6. Oficios, cuyos destinatarios son las autoridades no judiciales y funcionarios distintos de los mencionados en el número anterior.

La existencia de esta regulación específica de los actos de comunicación judicial se justifica porque no constituyen meras exigencias formales, sino medios para garantizar a las partes en el juicio o a aquellas que deban o puedan serlo, la defensa de sus derechos e intereses legítimos en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la proscripción de la indefensión, pues el presupuesto del ejercicio de este derecho es el conocimiento de la existencia del proceso.

ComienzoComienzo

2. ¿Qué escritos y actos deben ser trasladados o notificados en el curso del proceso ?

Todos los actos importantes del proceso deben ser comunicados a todos los que sean parte en el juicio y también a quienes se refieran o puedan parar perjuicio . En concreto :

  1. Las resoluciones judiciales y diligencias de ordenación del Secretario Judicial se notificarán a todos los que sean parte en el proceso.
  2. Por disposición del tribunal, también se notificará la pendencia del proceso a las personas que, según los mismos autos, puedan verse afectadas por la sentencia que en su momento se dictare o interesados. Esta comunicación se llevará a cabo, con los mismos requisitos, cuando el tribunal advierta indicios de que las partes están utilizando el proceso con fines fraudulentos.
  3. También se hará notificación a los terceros en los casos en que lo prevea la Ley.

3. ¿Quién puede trasladar un escrito de las partes o notificar un acto judicial?

Los actos de comunicación judicial, se realizan siempre por el tribunal bajo la dirección del Secretario Judicial quien es el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuarán materialmente por el propio Secretario Judicial o por el funcionario que aquél designe. De ordinario tal comunicación se realiza a travès de los llamados tradicionalmente “agentes judiciales” (en la actualidad y desde el año 2004 se denominan “funcionarios del cuerpo de auxilio judicial”); ellos son quienes practican los actos de comunicación que consistan en notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos en la forma prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil. (Ley 1/2000 ).

ComienzoComienzo

Pero la realización del acto de comunicación por medio del funcionario del cuerpo de auxilio judicial no es la única forma de practicar una notificación, sino que es posible el recurso a otros medios como el correo, el telegrama o a través de un procurador.

En suma, las formas de realización de las notificaciones en España son las siguientes:

  1. A través de procurador, tratándose de comunicaciones a quienes estén personados en el proceso con representación de aquél. Esta representación por medio de procurador es necesaria salvo en los juicios verbales de cuantía no superior a 900 €, para la solicitud inicial del proceso monitorio , en los procesos concursales cuando la comparecencia se limite a la presentación de título de crédito derechos , o para acudir a juntas, en los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita, y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio. Mientras se halle vigente el poder, el procurador es el que firma y recibe los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.
  2. Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.
  3. Entrega al destinatario por el funcionario del cuerpo de auxilio judicial de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la cédula de citación o emplazamiento. La cédula expresa el tribunal que hubiese dictado la resolución, y el asunto en que haya recaído, el nombre y apellidos de la persona a quien se haga la citación o emplazamiento, el objeto de éstos y el lugar, día y hora en que deba comparecer el citado, o el plazo dentro del cual deba realizarse la actuación a que se refiera el emplazamiento, con la prevención de los efectos que, en cada caso, la ley establezca. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, a no ser que así se hubiera mandado. En los requerimientos se admitirá la respuesta que dé el requerido, consignándola sucintamente en la diligencia.
  4. En caso de no localizar al destinatario (para lo que existe una obligación de averiguación de domicilio a través de los diversos registros públicos existentes a muchos de los que cabe incluso acceder por vía informática desde el propio Juzgado), la notificación se hace por edictos colocados en la puerta del Juzgado o Tribunal (si bien a estos edictos a instancias del demandante se les puede dar también publicidad por medio de los Diarios Oficiales u otro medio de comunicación). De este régimen se exceptúan las sentencias, que es necesario publicar además de en los tablones de anuncios del Juzgado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma.

(Cuando se trate de la notificación y traslado de documentos judiciales provenientes o con destino a un país de la Unión, se aplica el Reglamento (CE) núm. 1348/2000 del Consejo de 29 de mayo de 2000. Para su aplicación, España ha designado como organismos transmisores a los Secretarios de los Juzgados de 1ª Instancia y como organismos receptores a los Secretarios de los Juzgados Decanos o los Secretarios responsables de los servicios comunes de notificaciones. Para localizarlos cabe acudir al mapa judicial de España. Asimismo es posible el recurso a la página web del atlas judicial civil europeo en el que aparecen directamente tales órganos.

ComienzoComienzo

4. ¿Cómo se practica el traslado de un escrito y la notificación de un acto judicial?

Tratándose de quienes sean o puedan ser partes en juicio , depende de la modalidad del acto de comunicación, y de la forma de notificación y traslado que se emplee :

  1. Cuando se realiza a través de procurador (es decir con partes personadas), la mecánica de la notificación es la siguiente: En todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles existe un servicio de recepción de notificaciones organizado por el Colegio de Procuradores (SRCP). Si se trata de escritos que presentan las demás partes, el traslado de los mismos se hace a los procuradores de las demás por medio de este servicio y con carácter previo a la presentación física del escrito en el Juzgado o Tribunal. En tal caso el escrito lo recibe dicho servicio dándose por medio de él traslado a los otros procuradores. Una vez verificado se deja constancia por medio de un documento del número de copias entregadas a los otros procuradores y el nombre de los mismos, documento que se entrega desde el Servicio junto con el original del escrito que ha sido objeto del traslado al Juzgado. Por el contrario si se trata de una notificación desde el Juzgado o Tribunal a los procuradores, se remite a este servicio, por duplicado, la copia de la resolución o la cédula, de las que el procurador recibirá un ejemplar y firmará otro que será devuelto al tribunal por el propio servicio. El acto de comunicación se entiende realizado el día siguiente a la fecha de recepción. (De este régimen se exceptúan los traslados, emplazamientos, citaciones y requerimientos que la ley disponga que se practiquen a los litigantes en persona).
  2. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se hacen por remisión al domicilio de los litigantes.

El domicilio del demandante es el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso. En cuanto al del demandado e demandante designa, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste el que le conste. Si el demandante designa varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación. Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax o similares.

ComienzoComienzo

El demandado, una vez comparecido, puede designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.

Cuando las partes cambiasen su domicilio durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el tribunal.

La entrega al destinatario de la comunicación de la copia de la resolución o de la cédula se efectúa por el funcionario en la sede del juzgado o tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada. Se documenta por medio de diligencia, que es firmada por el Secretario Judicial o funcionario del cuerpo de auxilio judicial que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar (si se niega a firmar se deja constancia de ello, y si se niega a recibirla, se le indica que está a su disposición en la sede del juzgado o tribunal surtiendo plenos efectos la notificación desde el día siguiente a esta indicación).

En las capitales de provincia y poblaciones importantes se ha establecido un Servicio Común de Notificaciones y Embargos (SAC), dependiente del Decanato de los Juzgados, que practica las los actos de comunicación que hayan de realizarse en todo el tribunal .

Las comunicaciones que deban hacerse a testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio deban intervenir en él, se realizan mediante remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, dando el Secretario Judicial fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y uniendo a aquellos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción a sus destinatarios. La remisión se hace al domicilio que designe la parte interesada, pudiendo realizarse, en su caso, las averiguaciones pertinentes sobre el domicilio o residencia de la persona con la que se entenderá el acto de comunicación. Los testigos, peritos y otras personas que, sin ser parte en el juicio deban intervenir en él, han de comunicar al tribunal cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación del proceso. En la primera comparecencia que efectúen se les informará de esta obligación.

ComienzoComienzo

En la Ley de Enjuiciamiento civil española (Ley 1/2000), se prevé la posibilidad de realización de actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares cuando los juzgados y tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron.. Cumpliéndose los expresados requisitos , los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda. Para que esto sea posible, las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección. Asimismo se prevé la constitución en el Ministerio de Justicia de un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios referidos , sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, aquellos habrán de aportarse o transmitirse a las partes e interesados de modo adecuado a dichos procedimientos, con observancia de los requisitos de tiempo y lugar que la ley señale para cada caso.

En el caso de deberse hacer la notificación en un área territorial diferente a aquella en la que actúa el tribunal que la acuerda, es necesario solicitar al Juzgado con competencia en tal lugar que la practique. Es lo que se conoce como auxilio judicial y en tal caso la notificación la hace en la forma antes indicada el Juzgado o Tribunal al que se haga la solicitud (que se denomina exhorto). Al mismo se acompaña la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda. Estos actos de comunicación deben cumplimentarse en un plazo no superior a veinte días, contados a partir de su recepción.

ComienzoComienzo

5. ¿Qué ocurre si excepcionalmente no es posible la comunicación personal directa de un escrito o de un acto al destinatario? (por ejemplo porque no se halla en su domicilio) .

En principio si las partes no están representadas por procurador y han designado domicilio ante el Juzgado o Tribunal, las comunicaciones efectuadas en cualquiera de los lugares designados surtirán plenos efectos en cuanto se acredite la correcta remisión de lo que haya de comunicarse aunque no conste su recepción por el destinatario.

Pero si no existe tal designación de domicilio (lo que es muy usual cuando se trata de una notificación cuya finalidad es la personación en juicio o la realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales), en principio la entrega cabe hacerla a otras personas diferentes al destinatario pero siempre que guarden una estrecha relación con él, la cual fija la ley.

Así, si el domicilio donde se pretende practicar la comunicación fuere el lugar en el que el destinatario tenga su domicilio según el padrón municipal o a efectos fiscales o según registro oficial o publicaciones de colegios profesionales o fuere la vivienda o local arrendado al demandado, y no se encontrare allí dicho destinatario, se puede efectuar la entrega a cualquier empleado o familiar, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca, si lo tuviere, advirtiendo al receptor que está obligado a entregar la copia de la resolución o la cédula al destinatario de ésta, o a darle aviso, si sabe su paradero.

Si la comunicación se dirige al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de éste, la entrega se efectuará a persona que manifieste conocer a aquél o, si existiere dependencia encargada de recibir documentos u objetos, a quien estuviere a cargo de ella. En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

ComienzoComienzo

En el caso de que no se halle a nadie en el domicilio a que se acuda para la práctica de un acto de comunicación, el Secretario Judicial o funcionario designado procurará averiguar si vive allí su destinatario. Si ya no residiese o trabajase en el domicilio al que se acude y alguna de las personas consultadas conociese el actual, éste se consignará en la diligencia negativa de comunicación. Si no pudiera conocerse por este medio el domicilio del demandado y el demandante no hubiera designado otros posibles domicilios, se procede por parte del tribunal a la averiguación del domicilio del demandado, dirigiéndose a Registros oficiales o a la dirección que conste en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente. También se dirigirá al lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional (en algunos casos cabe el acceso directo por medios telemáticos desde el propio juzgado). Si de las averiguaciones referidas resulta el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación mediante entrega. Si estas averiguaciones resultan infructuosas, la comunicación se lleva a cabo mediante edictos previa constancia en autos de la realización de modo infructuoso de las diligencias antes referidas de averiguación de domicilio o de la residencia. En éste caso el acto de comunicación se realiza fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios del Juzgado o tribunal. Sólo a instancia de parte, y a su costa, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, de la Comunidad Autónoma, en el «Boletín Oficial del Estado» o en un diario de difusión nacional o provincial.

ComienzoComienzo

Dado que puede darse el caso de haberse tratado de localizar una misma persona por parte de diferentes juzgados o tribunales, y a fin de agilizar la tramitación evitando reiteraciones innecesarias por parte de cada órgano jurisdiccional de las averiguaciones de domicilio, en la Ley de Enjuiciamiento civil española (Ley 1/2000), se prevé la creación de un Registro central de rebeldes civiles que existirá con sede en el Ministerio de Justicia y al cuál se dirigirán los tribunales que hayan realizado infructuosamente las averiguaciones de domicilio o residencia del demandado, comunicando el nombre del demandado y los demás datos de identidad que les consten. Cualquier tribunal que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá dirigirse al Registro central de rebeldes civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone el tribunal. En tal caso, sin necesidad de hacer nuevas averiguaciones pues ya se hicieron en su momento por el primer Juzgado o Tribunal que trató de localizar al demandado cabe acordar directamente la comunicación por edictos del demandado. El demandado inscrito en el citado Registro podrá solicitar la cancelación de la inscripción comunicando el domicilio al que se le pueden enviar las comunicaciones judiciales. El Registro en tal caso (de localización del inscrito), remite a los tribunales en que conste que existe proceso contra dicho demandado, el domicilio indicado por éste a efecto de comunicaciones, resultando válidas las practicadas a partir de ese momento en ese domicilio.

6. ¿Existe acreditación del traslado y notificación?

Existe siempre y en todo caso acreditación de la realización del acto de comunicación. De ello queda constancia en el expediente escrito bajo la fe pública del Secretario. Sus modalidades dependen del medio que se haya optado para realizar el acto de comunicación.

ComienzoComienzo

Cuando los actos de comunicación se realizan en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (SRCP) queda constancia de tal notificación por la firma del procurador o de la parte en la copia del documento o en la diligencia que al efecto se levante bajo fe pública del Secretario.

Cuando se haga por remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo certificado o del telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio semejante se deja en los autos constancia fehaciente por el Secretario Judicial de la remisión y el contenido de lo remitido, uniendo a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción.

Cuando se hace por medio de entrega, se deja constancia de tal entrega por medio de la diligencia del funcionario que la haga con la firma del destinatario o por medio de una copia de la resolución que se notifica firmada por el destinatario.

En caso de haberse acudido a los edictos se deja constancia por medio de diligencia bajo la fe pública del Secretario de su colocación en el tablón del juzgado o tribunal y el periodo en que ello se ha producido uniendo una copia del Diario en el que se hubiere insertado en el caso de haberse acudido a este mecanismo adicional.

7. ¿Cuáles son las consecuencias del traslado o notificación hecho con infracción de la ley o en el caso de que el interesado no haya recibido la comunicación ( por ejemplo en el supuesto de que se haya entregado a una tercera persona)?. ¿Puede ser válido no obstante el traslado o notificación; o en todo caso debe ser realizado de nuevo?.

La posibilidad de entrega a una persona distinta del destinatario es posible en los casos legalmente previstos y que antes se han analizado, supuestos en los que el acto de notificación es plenamente válido.

ComienzoComienzo

En los casos en los que l os actos de comunicación no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000), según las reglas fijadas en las respuestas a las anteriores cuestiones, serán nulos siempre que pudieren causar indefensión. Es necesaria una decisión del tribunal, declarando la nulidad respecto de la que cabe incluso que se plantee de oficio. No obstante lo anterior, cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada en el asunto, y no denunciase la nulidad de la diligencia en su primer acto de comparecencia ante el tribunal, surtirá ésta desde entonces todos sus efectos, como si se hubiere hecho con arreglo a las disposiciones de la Ley. Por ello en éste caso el traslado o notificación no debe ser realizado de nuevo.

La importancia de la validez de la notificación es esencial ya que cuando el demandado no comparece en forma en el proceso en la fecha o plazo señalado en la citación o emplazamiento, se le declara en rebeldía y se sigue éste en su ausencia sin darle intervención. En éste caso si se ha mantenido en esa situación cabe que inste la nulidad de actuaciones en fase de ejecución.

Pero incluso es posible que aún siendo válida la notificación, solicite y obtenga la rescisión de la sentencia firme perjudicial para sus intereses mas en determinados casos excepcionales y por causas muy limitadas, siempre que la sentencia no se le hubiere notificado personalmente. Esta solicitud tiene que realizarse ante el tribunal en un plazo que oscila entre 20 días y cuatro meses siendo las únicas causas que pueden motivar tal petición las siguientes:

  • que existió una situación de fuerza mayor interrumpida que impidió al rebelde comparecer en todo momento, aunque haya tenido conocimiento del pleito por haber sido citado o emplazado en forma.
  • el desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando la citación o emplazamiento se hubieren practicado por cédula, pero ésta no hubiese llegado a poder del demandado rebelde por causa que no le sea imputable.
  • el desconocimiento de la demanda y del pleito, cuando el demandado rebelde haya sido citado o emplazado por edictos y haya estado ausente del lugar en que se haya seguido el proceso y de cualquier otro lugar del Estado o de la Comunidad Autónoma, en cuyos Boletines Oficiales se hubiesen publicado aquéllos.

8. ¿Son exigibles los gastos por el traslado y la notificación? En caso afirmativo: ¿Cuál es su importe?

Para responder a esta cuestión es necesario partir de la forma como la notificación se ha llevado a cabo.

Así los actos de comunicación realizados por el tribunal son gratuitos.

Los verificados a través de los Procuradores, generan gastos y derechos ( tarifados en un arancel , regulado en el Real Decreto 1372/ 2003, de 7 de noviembre). En principio tales gastos son a cargo de la parte que otorga el poder de representación al procurador, salvo que sea beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita, si bien pueden incluirse en la condena en costas, en cuyo caso en términos generales deberá abonarlos en definitiva la parte que pierde el juicio.

Información complementaria

« Notificación y traslado de documentos - Información general | España - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 24-06-2005

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido