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Última actualización: 22-02-2007
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Notificación y traslado de documentos - Polonia

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ÍNDICE

1. ¿Qué quiere decir en términos prácticos «notificación y traslado de documentos»?

¿Por qué existen disposiciones específicas para la «notificación y el traslado de documentos»? 1.

2. ¿Qué documentos deben ser trasladados y notificados por conducto oficial? 2.
3. ¿A quién corresponde notificar o trasladar los documentos? 3.
4. ¿Cómo se practica la notificación y el traslado de un escrito? 4.
5. ¿Qué ocurre si excepcionalmente no es posible la comunicación personal directa de un escrito o de un acto al destinatario (por ejemplo porque no se halla en su domicilio)? 5.
6. ¿Existe constancia escrita del traslado y notificación de los documentos? 6.
7. ¿Cuáles son las consecuencias del traslado o notificación ilegal o en caso de que el interesado no haya recibido la comunicación (por ejemplo, en el supuesto de que se haya notificado a una tercera persona)? ¿Puede no obstante ser válido el traslado o la notificación (es decir, pueden subsanarse las infracciones de la ley); o deber ser realizado de nuevo? 7.
8. ¿Debo pagar los gastos por el traslado y la notificación? En caso afirmativo: ¿cuál es su importe? 8.

 

1. ¿Qué quiere decir en términos prácticos «notificación y traslado de documentos»?

¿Por qué existen disposiciones específicas para la «notificación y el traslado de documentos»?

Por «notificación y traslado de documentos» se entiende dar acceso a una determinada persona a la correspondencia que se le remita en aplicación de la ley.

La notificación y el traslado de documentos es muy importante en el procedimiento civil, ya que van asociados a una serie de efectos jurídicos específicos. De la correcta notificación y del adecuado traslado de los documentos depende la observancia del principio constitucional de transparencia de las resoluciones judiciales, la garantía de los derechos de las partes y la posibilidad de defenderlos, la observancia de las normas por las que se rige la legitimidad de los procedimientos, el cómputo adecuado de los plazos y, en consecuencia, la validez de las sentencias.

Las normas que regulan la notificación y el traslado de documentos son de obligado cumplimiento y las partes no disponen de poder discrecional a este respecto. Se trata de las disposiciones recogidas en los artículos 131 a 147 del Código de Procedimiento Civil.

2. ¿Qué documentos deben ser trasladados y notificados por conducto oficial?

En Polonia los documentos se notifican y trasladan de forma oficial, es decir, la notificación y el traslado de documentos se efectúa de oficio. Se notifican los siguientes documentos: comunicaciones judiciales (notificadas por el órgano jurisdiccional a las partes y demás personas implicadas en el procedimiento judicial), incluidos todos los tipos de notificaciones, emplazamientos y otros escritos que en la práctica suelen tener formatos tipo y a los que se adjuntan copias de declaraciones escritas (solicitudes y declaraciones de las partes, cartas por las que se incoan procedimientos y otros escritos remitidos al tribunal durante el procedimiento) así como otros documentos tales como dictámenes periciales y copias de sentencias o autos.

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3. ¿A quién corresponde notificar o trasladar los documentos?

En el curso del procedimiento, es el órgano jurisdiccional el que notifica y traslada los documentos. Las autoridades notificantes son: Correos, el agente judicial, los ujieres y la oficina de notificación de los tribunales. Por regla general, los documentos se notifican y trasladan por correo. En caso de que se planteen problemas en la notificación o el traslado de un documento determinado por correo, el tribunal puede dictar una providencia para permitir que sean los ujieres los que lleven a cabo la notificación o el traslado. En el transcurso de los procedimientos de ejecución, los documentos son trasladados o notificados por un agente judicial. El Ministerio de Justicia puede crear una agencia de notificación de los tribunales y establecer sus disposiciones de organización y procedimientos detallados para el traslado y la notificación de documentos.

Los abogados y asesores jurídicos están exentos de estos trámites y pueden notificar y trasladar documentos entre sí personalmente mediante un acuse de recibo fechado. Asimismo se pueden notificar y trasladar documentos personalmente en la secretaría del órgano jurisdiccional a personas que hayan acreditado su identidad y confirmado recepción.

Además, con arreglo a disposiciones especiales, el presidente de un tribunal puede decidir por providencia que las comunicaciones sean notificadas y trasladadas personalmente a las instituciones locales y a los letrados y las cartas remitidas al tribunal por las instituciones locales sean aceptadas en persona. Las cartas y consignaciones remitidas a instituciones locales que tengan su sede en el mismo edificio que el tribunal se transmiten personalmente con acuse de recibo, sin intervención del servicio postal del órgano jurisdiccional. Si un documento preparatorio se hubiera presentado con tanto retraso que resultara imposible notificar una copia del mismo con una citación para la vista, se puede notificar o trasladar en el transcurso de la propia vista.

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4. ¿Cómo se practica la notificación y el traslado de un escrito?

Las comunicaciones judiciales se notifican y trasladan por correo certificado con acuse de recibo.

En casos relacionados con la legislación laboral o de seguridad social, los órganos jurisdiccionales pueden citar a las partes, testigos, peritos u otras personas por cualquier medio que se considere oportuno con el fin de agilizar el procedimiento.

En casos relacionados con el Derecho de sociedades, la parte representada por un abogado o un asesor jurídico está obligada a notificar y trasladar personalmente las copias de los escritos de alegaciones y anexos a la otra parte en el procedimiento. No obstante, ello no se aplica a los documentos en los que el cumplimiento del plazo depende de la fecha en que se presentaran al tribunal (se trata de demandas reconvencionales, recursos de apelación, recursos de casación, denuncias, oposición a una resolución en rebeldía, oposición al requerimiento de pago, petición de requerimiento de pago, medidas de aseguramiento de demandas, demandas de reanudación de un procedimiento).

En caso de que el destinatario sea una persona física, los documentos han de serle notificados o trasladados en persona, es decir, han de entregársele en mano o, en caso de que no tenga capacidad jurídica, a su representante legal.

Los escritos destinados a una persona jurídica o a una entidad sin personalidad jurídica se notifican o trasladan al organismo autorizado para representarlas ante el tribunal o se entregan a un empleado autorizado a acusar recibo de las mismas por el director del organismo.

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En caso de que se haya designado a un representante legal o de que se haya autorizado a una persona para aceptar los autos judiciales, los documentos les son notificados o trasladados a ellos.

Una vez que se haya designado a un representante legal, los documentos no pueden ser notificados o trasladados a la parte misma, a menos que haya limitado el poder de representación o autorizado a otra persona a llevar a cabo la recepción de los documentos. Los plazos empiezan a contar a partir del momento en que el auto se notifica o traslada al representante legal, aun en el caso de que el tribunal también haya notificado o trasladado la comunicación judicial a la parte en cuestión.

La persona autorizada a proceder a la recepción de las comunicaciones judiciales ha de ser un empleado encargado de la recepción de este tipo de correspondencia del notificante de los documentos o en persona en una oficina de correos o en el tribunal.

Los documentos se han de notificar o trasladar a personas físicas que desarrollen una actividad económica de conformidad con las normas aplicables a las personas físicas. Los documentos se han de notificar o trasladar a las empresas y los socios comerciales inscritos en el registro del tribunal con arreglo a disposiciones distintas, en la dirección indicada en el registro, a menos que una parte haya señalado su deseo de que los documentos se le notifiquen o trasladen a otra dirección.

Los documentos también pueden ser notificados o trasladados personalmente a un curador ad litem designado por el tribunal que haya de pronunciarse sobre la demanda interpuesta por la persona en cuestión. Ello es lo que sucede cuando un escrito de pretensiones u otro documento que implique la defensa de los derechos de una persona se notifica o traslada a una parte de la que se desconoce su lugar de residencia temporal o permanente. También pueden designar a un curador ad litem las organizaciones que no dispongan de entidades representantes o de las que se desconozca el lugar de residencia de sus miembros.

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Si se desconoce el lugar de residencia de una parte y el escrito que se ha de notificar o trasladar no implica la defensa de derechos, se considera que ha sido notificado o trasladado si se cuelga en las paredes del edificio del tribunal.

Si las partes y sus representantes no notifican un cambio de dirección, el documento se consigna en autos y se da por notificado o trasladado (salvo en el caso de demandas de reanudación del procedimiento), a menos que el tribunal tenga conocimiento de la nueva dirección. Cuando un documento se notifica o traslada por primera vez, el tribunal informa a la parte en cuestión de su obligación de comunicar cualquier cambio de dirección y de las consecuencias que le puede acarrear el incumplimiento de esta obligación.

Los documentos destinados a una persona que resida en el extranjero deben notificarse o trasladarse a su representante legal o apoderado para la notificación de documentos residente en Polonia; si no constan los nombres de estas personas, los documentos deben entregarse en la dirección de la parte que conste en el escrito de pretensiones.

Los documentos se entregan o trasladan a los presos a través del director del centro penitenciario o del jefe de la unidad de prisión preventiva.

5. ¿Qué ocurre si excepcionalmente no es posible la comunicación personal directa de un escrito o de un acto al destinatario (por ejemplo porque no se halla en su domicilio)?

La notificación o el traslado puede efectuarse en el domicilio, en el lugar de trabajo o en cualquier punto en el que se encuentre el destinatario. El lugar de notificación o traslado lo deciden las partes en cumplimiento de la obligación de notificar al tribunal su dirección o todo cambio de la misma. Los notificantes no están obligados a investigar para conocer la nueva dirección de un destinatario. Con arreglo a disposiciones especiales, el órgano jurisdiccional sólo llevará a cabo una investigación para conocer la dirección de la parte en aquellos casos relacionados con la legislación de familia o tutela; se puede poner en marcha una investigación para conocer la dirección de la parte demandada en casos relacionados con demandas de asalariados. En circunstancias excepcionales, cuando resulte difícil notificar o trasladar un documento al domicilio del destinatario, el tribunal puede dictar una resolución para que se le notifique o traslade en su lugar de trabajo. No obstante, si la parte de que se trate no ha indicado una dirección de notificación distinta de su domicilio, el tribunal no está obligado a buscar en los autos la dirección del lugar de trabajo.

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La notificación o el traslado a una parte distinta del destinatario sólo se lleva a cabo a las personas físicas de la forma claramente establecida por la legislación. En tales casos, se considera que el escrito se ha entregado al destinatario.

Si un destinatario no se encuentra en su domicilio, el notificante entrega el escrito a un vecino adulto o, si no se encuentra a una persona de estas características, lo deja a la asociación de vecinos, al conserje o a un organismo municipal, siempre que estas personas no sean la parte contraria en el asunto y accedan a trasmitir el escrito al destinatario. Si fuera imposible notificar o trasladar la carta de esta forma o si el destinatario o un vecino se negase a aceptarla, se deja en la oficina de correos o en los locales de una entidad municipal y se cuelga en la puerta del domicilio o se echa en el buzón una nota a tal efecto. Las cartas se guardan durante un plazo de siete días contados a partir del días siguiente al de su entrega. Si nadie las recoge en ese plazo, se envían de nuevo al tribunal. Se considera que la fecha de entrega es aquella en la que el destinatario acepta el escrito o en la que expira el plazo para su aceptación.

Disposiciones similares son de aplicación en caso de que un destinatario se niegue a aceptar un escrito y resulte imposible dejarlo en el lugar de notificación o traslado.

Estas disposiciones se aplican a las personas físicas y jurídicas, a las organizaciones y a las organizaciones y entidades del Tesoro Público. No son de aplicación si la administración, el conserje o la entidad municipal se niegan a aceptar el escrito.

Si resulta imposible notificar o trasladar un escrito a personas jurídicas porque no se ha notificado el cambio de dirección, la carta se deja en el sumario y se considera entregada.

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Si resulta imposible notificar o trasladar un escrito a personas jurídicas u organizaciones sujetas a la obligación de registro porque no se ha notificado el cambio de dirección, se deja en el sumario y se considera entregada, a menos que el tribunal tenga conocimiento de la nueva dirección.

6. ¿Existe constancia escrita del traslado y notificación de los documentos?

Mediante un acuse de recibo, por lo general en un formulario adjunto a la consignación, se acredita que un documento ha sido notificado o trasladado y la fecha de notificación. El formulario indica que en el día en cuestión el destinatario aceptó el escrito mencionado en la dirección indicada. Con su firma manuscrita los receptores confirman que el documento ha sido notificado o trasladado. Si no pueden o no quieren aceptar el documento, el notificante indica la fecha de entrega y firma en su lugar, especificando la razón por la que el destinatario se niega a aceptarlo. Una vez que se ha procedido a la notificación o al traslado, el servicio de correos sella la primera página del acuse de recibo con la fecha. Este sello confirma la fecha en caso de que surjan dudas.

Un acuse de recibo emitido por el servicio de correos es un documento oficial que acredita que un documento ha sido notificado o trasladado y la fecha correspondiente. Quienes aleguen que el documento ha sido notificado o trasladado en una fecha diferente han de aportar los elementos de prueba pertinentes.

7. ¿Cuáles son las consecuencias del traslado o notificación ilegal o en caso de que el interesado no haya recibido la comunicación (por ejemplo, en el supuesto de que se haya notificado a una tercera persona)? ¿Puede no obstante ser válido el traslado o la notificación (es decir, pueden subsanarse las infracciones de la ley); o deber ser realizado de nuevo?

Si un notificante incumple las normas por las que se rige la notificación o el traslado, la entrega en cuestión se considera nula de pleno Derecho y se puede declarar la invalidez del procedimiento.

Cuando un documento no se notifique o traslade a la persona correcta, pasa a ser válido para el destinatario tan pronto como lo acepte.

Las partes no pueden presentar reclamaciones contra las resoluciones judiciales sobre notificación o traslado de documentos. No obstante, cuando interpongan un recurso, un recurso de apelación, un recurso de casación o una denuncia en relación con estas cuestiones, una parte en el procedimiento judicial puede alegar que la notificación o el traslado no se efectuó o no se efectuó correctamente. Entre las causas de invalidez consideradas admisibles de oficio por el tribunal se encuentra el hecho de que se prive a las partes de la posibilidad de defender sus derechos, que podría derivarse de la ausencia de notificación o traslado de un auto a un participante en el procedimiento judicial.

8. ¿Debo pagar los gastos por el traslado y la notificación? En caso afirmativo: ¿cuál es su importe?

No directamente.

El coste de la notificación o el traslado de documentos por parte del tribunal se cubre con las tasas judiciales (registro) abonadas por una parte, que se liquidan de conformidad con las normas vigentes a la hora de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Información complementaria

Ministerio de Justicia de la República de Polonia

  • http://www.ms.gov.pl polski

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