Comisión Europea > RJE > Responsabilidad parental > Portugal

Última actualización: 09-05-2005
Versión para imprimir Añadir a los favoritos

Responsabilidad parental - Portugal

EJN logo

Esta página está obsoleta. Está en curso de actualización y en breve estará disponible en el Portal Europeo de e-Justicia.


 

ÍNDICE

1. ¿Qué significa, en la práctica, el concepto de "responsabilidad parental"? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental? 1.
2. Como regla general ¿quién ostenta la responsabilidad parental sobre el menor? 2.
3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos ¿ puede nombrarse a otra persona en su lugar? 3.
4. Si los padres se divorcian o se separan ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental? 4.
5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿qué formalidades hay que respetar para que dicho acuerdo sea legalmente vinculante? 5.
6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿cuáles son los medios alternativos para solucionar el conflicto sin recurrir a los tribunales? 6.
7. Si los padres acuden a los tribunales ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez? 7.
8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor ¿quiere esto decir que este padre podrá decidir sobre todo lo concerniente al menor sin consultar con el otro padre? 8.
9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida ¿qué significa esto en la práctica? 9.
10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para interponer una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué formalidades hay que cumplir y qué documentos hay que adjuntar a la demanda? 10.
11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia? 11.
12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que corra con los gastos del proceso? 12.
13. ¿Son apelables las decisiones sobre responsabilidad parental? 13.
14. En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos? 14.
15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en Portugal de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 15.
16. ¿A qué tribunal hay que acudir en Portugal para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? 16.
17. ¿Cuál es la legislación aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en Portugal o sean de diferentes nacionalidades? 17.

 

1. ¿Qué significa, en la práctica, el concepto de "responsabilidad parental"? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones del titular de la responsabilidad parental?

El concepto de “responsabilidad parental” todavía no está reconocido legalmente en Portugal. El concepto vigente en el ordenamiento jurídico portugués es el de “patria potestad”.

Tal y como está establecido legalmente, este concepto implica derechos y deberes de naturaleza personal (derecho de autoridad y representación, deber de respeto, auxilio y educación, derecho y deber de custodia) y patrimonial (derecho de administración de los bienes de los hijos, deber de asistencia).

2. Como regla general ¿quién ostenta la responsabilidad parental sobre el menor?

Los padres son los que, por regla general, ostentan y ejercen la patria potestad sobre sus hijos.

3. Si los padres no están capacitados o no desean ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos ¿ puede nombrarse a otra persona en su lugar?

El ejercicio de la patria potestad puede limitarse o prohibirse, en cuyo caso los menores con confiados a un tercero (tutor) o a un establecimiento asistencial.

La prohibición de ejercer la patria potestad se produce en los siguientes casos:

  1. condena firme por un delito al que la ley atribuye ese efecto;
  2. declaración de incapacidad por anomalía psíquica;
  3. ausencia, desde el nombramiento del tutor provisional (representante temporal que se hace cargo de la administración de los bienes de la persona desaparecida sin dejar rastro).

La entrega a una tercera persona o establecimiento asistencial puede producirse además en situaciones en las que los padres incumplan los deberes respecto de los hijos, con grave perjuicio para éstos, o cuando, por inexperiencia, enfermedad, ausencia u otras razones, no estén en condiciones de cumplir el deber de custodia de los mismos.

ComienzoComienzo

Será obligatorio nombrar a un tutor:

  1. en caso de fallecimiento de los padres;
  2. si los padres han sido inhabilitados para ejercer la patria potestad sobre el menor;
  3. si los padres han sido privados, de facto, del ejercicio de la responsabilidad parental desde hace más de seis meses;
  4. en caso de padres desconocidos.

Salvo algunas modificaciones establecidas por ley, los terceros que asuman la custodia de los menores tienen los mismos derechos y obligaciones que los padres.

4. Si los padres se divorcian o se separan ¿cómo se determinan las modalidades de ejercicio de la responsabilidad parental?

En las situaciones de divorcio o de separación, la patria potestad es regulada por una sentencia judicial o por decisión del responsable del Registro Civil.

La sentencia puede ser homologadora, es decir, puede confirmar el acuerdo de los progenitores respecto al ejercicio de la patria potestad, o resolver sobre el fondo e imponer el régimen de dicho ejercicio.

La decisión del responsable del Registro Civil homologa el acuerdo de los progenitores.

Estas decisiones se adoptan en el marco de un procedimiento de divorcio, de separación de personas y bienes o de un procedimiento autónomo de regulación del ejercicio de la patria potestad. La intervención del Registro Civil se produce sólo en los procedimientos de separación y divorcio por mutuo acuerdo.

5. Si los padres llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿qué formalidades hay que respetar para que dicho acuerdo sea legalmente vinculante?

El acuerdo deberá proteger adecuadamente los intereses del menor y regular los diversos derechos y deberes que implica el ejercicio de la patria potestad. Se presenta acompañado de una solicitud de aprobación y no se exige ninguna formalidad particular.

ComienzoComienzo

El acuerdo deberá ser aprobado por el juez del tribunal competente o por el responsable del Registro Civil (éste, como se ha visto, sólo interviene en los procedimientos de separación y divorcio por mutuo acuerdo) y adjuntarse al procedimiento (de separación, divorcio o regulación del ejercicio de la patria potestad).

El acuerdo podrá alcanzarse en el marco del acto de conciliación dirigido por el juez. En tal caso, se incluirá en el acta y será confirmado por el juez.

El intento de conciliación es obligatorio en los procedimientos de divorcio y de separación por vía judicial y de regulación del ejercicio de la patria potestad.

En lo que respecta al procedimiento que hay que seguir ante el responsable del Registro Civil, el ministerio fiscal del tribunal de primera instancia competente de la circunscripción territorial a la que pertenezca dicho Registro Civil debe pronunciarse sobre el acuerdo antes de su evaluación final.

El acuerdo no se aprobará si no responde a los intereses del menor, incluido el derecho a mantener una relación muy estrecha con el progenitor al que no se le haya confiado la custodia.

6. Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión de la responsabilidad parental ¿cuáles son los medios alternativos para solucionar el conflicto sin recurrir a los tribunales?

Es necesario en todo caso obtener la confirmación judicial de cualquier acuerdo concluido por los progenitores (sea éste espontáneo o el resultado de un proceso de mediación) , salvo si interviene el responsable del Registro Civil, como se ha mencionado anteriormente.

En la fase en que se abordan los factores de discordia y de aproximación de los progenitores, puede recurrirse a la mediación del gabinete de mediación familiar creado por el Ministerio de Justicia en 1997, o a los gabinetes de mediación familiar que funcionan en algunos ayuntamientos.

ComienzoComienzo

También es posible recurrir a la Asociación de mediadores de conflictos.

En cualquier caso, y siempre que lo estime conveniente, con el consentimiento de los interesados o a petición de éstos, el juez podrá decidir de oficio que intervengan los servicios públicos o privados de mediación. El juez procederá a reconocer el acuerdo alcanzado por vía de mediación si éste satisface los intereses del menor.

7. Si los padres acuden a los tribunales ¿qué cuestiones relativas al menor puede decidir el juez?

De forma genérica e independientemente de quién sea el demandante, el tribunal, en relación con el menor y en la materia que nos ocupa, puede decidir lo siguiente:

  1. asignar la custodia y la administración de los bienes;
  2. nombrar a la persona que actuará en nombre del menor, así como al tutor general que representará extrajudicialmente al menor sujeto a la patria potestad;
  3. regular el ejercicio de la patria potestad (es decir, decidir sobre el destino del menor, los alimentos debidos a éste y la forma de proporcionárselos, así como sobre el régimen que definirá las relaciones que mantendrá con el progenitor al que no se le haya confiado, teniendo en cuenta que siempre habrá que garantizar una relación muy próxima) y decidir sobre las cuestiones relativas a la misma;
  4. fijar los alimentos debidos al menor y preparar y decidir cómo se ejecutará la obligación de alimentos;
  5. dictar una orden judicial de entrega de menores;
  6. autorizar al representante legal del menor a realizar determinadas actos, confirmar los que se hayan realizado sin autorización y decidir sobre la aceptación de liberalidades;
  7. decidir sobre la garantía que los padres deban constituir en beneficio de los hijos menores;
  8. ordenar la inhabilitación total o parcial de la patria potestad y los límites de su ejercicio;
  9. decidir, en caso de desacuerdo de los padres, el nombre y los apellidos del menor;
  10. en caso de tutela o administración de bienes, determinar la remuneración del tutor o administrador, conocer de la dispensa, dimisión o destitución del tutor, administrador o miembro del consejo de familia, exigir y examinar las cuentas, autorizar la sustitución de la hipoteca legal y decidir sobre la consolidación y la sustitución de la garantía constituida, así como nombrar a un tutor especial que represente al menor extrajudicialmente;
  11. nombrar a un tutor especial que represente al menor en cualquier procedimiento de tutela;
  12. decidir sobre la consolidación y sustitución de la garantía constituida en beneficio de los hijos menores;
  13. exigir y examinar las cuentas que los padres deben presentar;
  14. decidir sobre cualquier otro incidente de los procedimientos mencionados.

Si no existe acuerdo entre los progenitores sobre las cuestiones de especial importancia, corresponde al tribunal remediarlo, a instancia de cualquiera de ellos, tras haber intentado la conciliación y haber oído al menor. Para ser oído, el hijo deberá ser mayor de 14 años; la audición no deberá estar contraindicada por las circunstancias.

ComienzoComienzo

Se consideran cuestiones de especial importancia, entre otras, el nombre del menor, su educación (especialmente la religiosa) , la enajenación de bienes, la renuncia a herencias, la obtención de préstamos y la adquisición de participaciones en sociedades mercantiles.

En el caso de progenitores divorciados o separados, el juez tiene que decidir si la patria potestad se va a compartir o a ejercer de forma exclusiva, a qué progenitor se le otorga la custodia, el régimen de visitas del progenitor que no tiene la custodia y el importe y la forma de prestar los alimentos (en su caso).

8. Si el tribunal decide que uno de los padres tenga la custodia exclusiva del menor ¿quiere esto decir que este padre podrá decidir sobre todo lo concerniente al menor sin consultar con el otro padre?

En actos de especial importancia o para los que la ley exige expresamente el consentimiento de ambos progenitores, el progenitor que no tiene el derecho de custodia deberá ser consultado y dar su consentimiento. Por otra parte, el progenitor que no ejerce la patria potestad tiene derecho a supervisar la educación y las condiciones de vida del menor.

Los padres pueden acordar que determinados asuntos sean resueltos por acuerdo entre ambos o que la administración de los bienes del hijo se confíe al progenitor al que se ha otorgado la custodia del menor.

9. Si el tribunal decide que los padres tengan la custodia compartida ¿qué significa esto en la práctica?

En la práctica, en esta situación la patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos progenitores, que deciden sobre las cuestiones relativas a la vida del hijo en idénticas condiciones a las existentes durante el matrimonio, con la importante diferencia de que el menor sólo puede residir con uno de los progenitores.

ComienzoComienzo

En este contexto, la posición de los progenitores respecto del menor no cambia, en el plano jurídico, con el divorcio o la separación.

10. ¿A qué tribunal o autoridad hay que acudir para interponer una demanda sobre responsabilidad parental? ¿Qué formalidades hay que cumplir y qué documentos hay que adjuntar a la demanda?

En Portugal, son competentes en esta materia los tribunales de familia.

Existen tribunales de familia (denominados tribunales de familia y de menores) en Aveiro, Barreiro, Braga, Cascais, Coimbra, Faro, Funchal, Lisboa, Loures, Ponta Delgada, Portimão, Oporto, Setúbal, Seixal, Sintra y Vila Franca de Xira.

Fuera de las zonas de jurisdicción de estos tribunales, corresponde a los juzgados comarcales conocer las causas relativas a la responsabilidad parental.

No obstante, durante el proceso de divorcio o de separación por vía judicial, las medidas tutelares civiles relativas a la regulación del ejercicio de la patria potestad, la prestación de alimentos y la inhabilitación para ejercer la patria potestad se incluirán en dicho proceso.

Si no existe ningún proceso pendiente de divorcio o separación por vía judicial, deberá presentarse una demanda inicial, debidamente articulada, en la que se identificarán las partes, se describirán los hechos, se formulará la solicitud y se presentarán los medios de prueba.

Dicha demanda podrá estar firmada por los progenitores, al no ser obligatorio designar un abogado, salvo en la fase de recurso. Los únicos documentos indispensables en esta fase inicial son las partidas de nacimiento de los menores y, si los progenitores están casados entre sí, la partida de matrimonio.

ComienzoComienzo

Para más información sobre este tema, consulte la página relativa a la competencia de los órganos jurisdiccional

11. ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos? ¿Existe un procedimiento de urgencia?

En estos casos se aplican las reglas de la jurisdicción voluntaria, de modo que el tribunal puede instruir libremente los hechos, reunir pruebas, ordenar investigaciones y reunir la información que estime pertinente. Sólo son admisibles las pruebas que el juez considera necesarias.

Las sentencias se dictan en el plazo de 15 días a partir de la presentación de la demanda pertinente al juez.

En las providencias que adopta, el tribunal no está sujeto a criterios de estricta legalidad, ya que en cada caso debe adoptar la solución que considera más conveniente y oportuna. Así, cuando deba intervenir en un caso de regulación de la patria potestad, debe orientarse por la consideración plena y exclusiva de los intereses del menor.

No obstante, el carácter voluntario de la jurisdicción no exime al tribunal de fundamentar de hecho y de derecho sus decisiones.

En este tipo de procedimientos, las decisiones pueden ser modificadas, sin perjuicio de los efectos ya producidos, en función de circunstancias ulteriores. Se consideran circunstancias ulteriores tanto las que se producen con posterioridad a la decisión como las circunstancias anteriores que no se hayan alegado por desconocimiento u otro motivo de peso.

Las partes tienen derecho a conocer los datos, informes, exámenes y opiniones que consten en el proceso. Pueden solicitar aclaraciones, añadir otros elementos o solicitar la recogida de los datos que consideren necesarios. El juez rechazará, de forma irrevocable, las solicitudes que sean inútiles, imposibles de realizar o de intención manifiestamente dilatoria. Se garantiza el principio de contradicción en relación con las pruebas obtenidas por los medios descritos.

ComienzoComienzo

Durante las vacaciones judiciales se seguirán tramitando los procedimientos tutelares civiles cuya demora pueda ser perjudicial para los intereses del menor.

En cualquier caso, y siempre que lo estime conveniente, el tribunal puede decidir, a título provisional, sobre los asuntos que deberán resolverse al final del proceso, así como ordenar las diligencias que resulten indispensables para asegurar la ejecución efectiva de la decisión. También se pueden modificar provisionalmente las decisiones firmes ya adoptadas. Para ello, el tribunal procederá a las verificaciones que estime convenientes.

12. ¿Puedo obtener asistencia jurídica gratuita que corra con los gastos del proceso?

Sí, el régimen de asistencia jurídica se aplica en todos los tribunales, independientemente del tipo de proceso.

Para más información sobre este tema, véase la página “Asistencia jurídica – Portugal”-

13. ¿Son apelables las decisiones sobre responsabilidad parental?

Sí, en el proceso civil el padre, la madre y el ministerio fiscal pueden recurrir una decisión sobre responsabilidad parental. Contra las decisiones dictadas según criterios de conveniencia u oportunidad no cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

14. En determinados casos ¿puede ser necesario acudir a otro tribunal o autoridad para ejecutar la resolución sobre responsabilidad parental? ¿Qué procedimiento se sigue en dichos casos?

Si uno de los progenitores no cumple lo acordado con respecto a la situación del menor, el otro puede solicitar al tribunal que adopte las medidas necesarias para la ejecución forzosa y la condena del infractor a una multa y una indemnización en beneficio del menor, del demandante o de ambos.

ComienzoComienzo

Una vez presentada la solicitud o incluida ésta en el procedimiento, el juez convocará a los progenitores a una audiencia u ordenará que se notifique al demandado para que alegue lo que considere conveniente. En la audiencia, los progenitores pueden acordar la modificación de lo que se haya fijado respecto al ejercicio de la patria potestad, teniendo en cuenta el interés del menor. Si no se convoca la audiencia o si en ella los progenitores no llegan a un acuerdo, el juez ordenará una investigación sumaria y cualquier otra medida que considere necesaria y, por último, decidirá. Si se condena a multa y ésta no se paga en un plazo de diez días, se enviará una copia del procedimiento al tribunal competente para su ejecución.

Este procedimiento constituye un incidente del proceso principal y se produce a instancia de un progenitor o del ministerio fiscal.

Si la persona judicialmente obligada a prestar los alimentos no satisface los importes debidos en el plazo de diez días a partir del vencimiento, puede ocurrir lo siguiente:

  1. si es funcionario público, se le deducirán del sueldo los importes respectivos, a requerimiento del tribunal la entidad competente;
  2. si es empleado o asalariado, los importes se le deducirán del sueldo o salario, mediante notificación a tal fin dirigida a la respectiva entidad patronal, que actuará como depositario autorizado;
  3. si es una persona que percibe rentas, pensiones, subsidios, comisiones, porcentajes, emolumentos, gratificaciones, ayudas o ingresos semejantes, la deducción se efectuará con cargo a dichas prestaciones cuando éstas deban ser pagadas o acreditadas, a través de los requerimientos o notificaciones necesarios. Las personas que reciban la notificación actuarán como depositarios autorizados;

Los importes deducidos incluirán también las pensiones de alimentos vencidas, y se entregarán directamente a quien deba percibirlos.

ComienzoComienzo

15. ¿Qué hay que hacer para obtener el reconocimiento y ejecución en Portugal de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos?

Para contestar a esta pregunta es necesario distinguir entre las situaciones en las que la decisión se ha dictado en el marco de un procedimiento de divorcio, separación de personas y bienes o nulidad del matrimonio, y las demás situaciones.

En el primer caso se aplica el Reglamento (CE) nº 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, según el cual las decisiones dictadas en otro Estado miembro, con excepción de Dinamarca, se reconocen en Portugal sin necesidad de recurrir a ningún procedimiento en particular.

De este modo, las resoluciones dictadas en un Estado miembro en relación con el ejercicio de la patria potestad sobre un hijo común del matrimonio, siempre que tengan fuerza ejecutoria en dicho Estado y hayan sido notificadas, se ejecutarán en Portugal una vez hayan sido declaradas ejecutorias a instancia de una de las partes interesadas.

Los escasos motivos de denegación del reconocimiento de dichas decisiones se recogen en el Reglamento citado.

En las situaciones no reguladas por dicho Reglamento, y en el marco de las cuestiones relativas a la custodia de los hijos, es aplicable el Convenio europeo de 20 de mayo de 1980 relativo al reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores, así como al restablecimiento de dicha custodia (que es vinculante para la mayoría de los Estados Miembros de la UE).

En el marco de la aplicación de este instrumento internacional, cualquier persona que haya obtenido en un Estado parte del Convenio una decisión relativa a la custodia de un menor y que desee obtener en otro Estado parte el reconocimiento o la ejecución de dicha decisión podrá dirigirse, para ello, mediante la presentación de una demanda, al Instituto de reinserción social. La demanda deberá ir acompañada de: a) un documento que habilite a la autoridad del Estado portugués a actuar en nombre del demandante o a designar, a tal efecto, a otro representante; b) una copia de la decisión que cumpla los requisitos necesarios de autenticidad; c) si se trata de una decisión dictada en ausencia del demandado o de su representante legal, cualquier documento que acredite que el acto de interposición de la acción o el acto equivalente fue debidamente comunicado al demandado; d) en caso necesario, un documento que acredite que, según la legislación del Estado de origen, la decisión tiene carácter ejecutorio; e) si es posible, información sobre el lugar donde se encontrará el menor en el Estado en cuestión y propuestas sobre las modalidades de restablecimiento de la custodia del menor.

ComienzoComienzo

En las situaciones no previstas en tratados y normas especiales se aplica el procedimiento especial de revisión de sentencias extranjeras.

En el marco de este procedimiento, la demanda inicial se presentará junto con el documento en el que conste la decisión que deberá revisarse y se citará a la parte contraria para que en un plazo de 15 días presente el escrito de oposición. El demandante podrá responder en los 10 días siguientes a la notificación de la presentación del recurso. Completados los trámites y realizadas las diligencias que el instructor considere indispensables se remitirá el examen del proceso a las partes y al ministerio fiscal para que presenten sus alegaciones en un plazo 15 días.

Para confirmar la sentencia es necesario:

  1. que no existan dudas sobre la autenticidad del documento en el que conste la sentencia ni sobre la interpretación de la misma;
  2. que se haya dictado de conformidad con las leyes del país en que se celebró el juicio;
  3. que haya sido dictada por un tribunal extranjero cuya competencia haya sido establecida por ley y que no trate de una materia que sea de competencia exclusiva de los tribunales portugueses;
  4. que no puedan invocarse las excepciones de lis pendens ni de res judicata por una causa asignada a un tribunal portugués, excepto si el tribunal extranjero evitó el procedimiento;
  5. que el demandado haya sido citado de forma regular durante el proceso, en las condiciones de la legislación del país del tribunal de origen, y que en el proceso se hayan observado los principios de contradicción y de igualdad entre las partes;
  6. que no contenga ninguna decisión cuyo reconocimiento conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los principios de orden público internacional del Estado portugués.

16. ¿A qué tribunal hay que acudir en Portugal para oponerse al reconocimiento de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por un tribunal de otro país de la Unión Europea? ¿Cuál es el procedimiento aplicable en estos casos?

Para obtener el reconocimiento en Portugal de una decisión sobre responsabilidad parental dictada por el tribunal de otro Estado miembro (excepto Dinamarca) , en las situaciones descritas anteriormente y en las que sea aplicable el Reglamento (CE) nº 1347/2000, debe presentarse la demanda en el juzgado comarcal o en el juzgado de familia (si existe en la circunscripción territorial). Como ya se ha mencionado en la respuesta a la pregunta anterior, estas decisiones son reconocidas en Portugal sin necesidad de recurrir a ningún otro procedimiento.

ComienzoComienzo

Hay que tener presente que en las demás situaciones rige el principio en virtud del cual, sin perjuicio de lo establecido en tratados y normas especiales, ninguna decisión sobre derechos privados, dictada por un tribunal extranjero o por un árbitro extranjero surtirá efecto en Portugal , independientemente de la nacionalidad de las partes, si no ha sido revisada y confirmada.

En cuanto a la revisión y confirmación de la decisión, es competente la audiencia del distrito judicial en que está domiciliada la persona contra la que se pretenda hacer valer la decisión (Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa y Oporto).

17. ¿Cuál es la legislación aplicable al procedimiento de responsabilidad parental cuando el menor o las partes no residan en Portugal o sean de diferentes nacionalidades?

En los casos en que se aplica el Reglamento nº 1347/2000, de 29 de mayo de 2000, los tribunales del Estado miembro en que se ha ejercido la competencia para decidir sobre una demanda de divorcio, separación de personas o de bienes o nulidad matrimonial son competentes para conocer de asuntos relativos a la patria potestad de los hijos comunes, siempre que el menor tenga su residencia habitual en dicho Estado miembro.

Así, son competentes los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre:

  1. la residencia habitual de los cónyuges;
  2. la última residencia habitual de los cónyuges, siempre en que uno de ellos todavía resida allí;
  3. la residencia habitual del demandado;
  4. en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de cualquiera de los cónyuges;
  5. la residencia habitual del demandante, si éste ha residido allí al menos durante un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda;
  6. la residencia habitual del demandante, si éste ha residido allí al menos durante seis meses inmediatamente antes de la presentación de la demanda, y si es nacional del Estado miembro en cuestión o, en el caso del Reino Unido e Irlanda, si tiene allí su “domicilio”;
  7. los tribunales del Estado miembro del que son nacionales ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, del “domicilio” de ambos cónyuges.

Si el menor no tiene su residencia habitual en el Estado miembro en que se ha ejercido la competencia para decidir sobre una demanda de divorcio, separación de personas y bienes o de nulidad matrimonial, los tribunales de ese Estado miembro son competentes en la materia si el hijo tiene su residencia habitual en un Estado miembro y si: a) al menos uno de los cónyuges ejerce la patria potestad en relación con el menor; y b) la competencia de dichos tribunales ha sido aceptada por los cónyuges y responde al interés primordial del menor.

ComienzoComienzo

Si ningún tribunal de los Estados miembros fuera competente de acuerdo con lo dispuesto anteriormente, la legislación de cada Estado miembro determinará cuál es la jurisdicción competente.

Cualquier ciudadano de un Estado miembro que tenga su residencia habitual en el territorio de otro Estado miembro puede invocar, en este último, en condiciones de igualdad con los ciudadanos nacionales, las reglas de competencia aplicables en dicho Estado en relación con un demandado que no tenga su residencia habitual y que no posea la nacionalidad de un Estado miembro o, en el caso del Reino Unido o de Irlanda, que no tenga su “domicilio” en el territorio de uno de estos últimos Estados.

Si el menor es hijo de padres no casados y reside en uno de los Estados parte del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre la competencia de las autoridades y la legislación aplicable en materia de protección de menores (ratificado por Portugal) , por regla general los tribunales del Estado de residencia habitual del menor son los competentes para resolver sobre el ejercicio de la autoridad parental y aplican, en principio, la legislación interna.

Las autoridades del Estado de que es nacional el menor pueden adoptar medidas para la protección de su persona o de sus bienes, de acuerdo con el Derecho nacional, si consideran que el interés del menor lo exige, tras informar a las autoridades del Estado de residencia habitual del menor.

En caso de que no se apliquen estas reglas, regirán las normas del Derecho interno portugués que establecen que es competente el tribunal de la zona de residencia del menor o, en caso de que éste no resida en Portugal, del demandante o del demandado.

Si ninguno de los tres reside en Portugal, pero los tribunales portugueses fueran competentes en el ámbito internacional, le corresponderá al juzgado de familia y de menores de Lisboa conocer dicha causa.

Los tribunales aplicarán la legislación nacional común de los progenitores o, en su defecto, la legislación de su residencia habitual común; si los padres residen habitualmente en Estados diferentes, será aplicable la legislación aplicable al hijo. Si la filiación sólo estuviera establecida en relación con uno de los progenitores, se aplicará la legislación aplicable a éste; si uno de los progenitores ha fallecido, se aplicará la legislación del sobreviviente.

Información complementaria

Para más información

pueden consultarse las siguientes direcciones de internet:

« Responsabilidad parental - Información general | Portugal - Información general »

ComienzoComienzo

Última actualización: 09-05-2005

 
  • Derecho comunitario
  • Derecho internacional

  • Bélgica
  • Bulgaria
  • República Checa
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Estonia
  • Irlanda
  • Grecia
  • España
  • Francia
  • Italia
  • Chipre
  • Letonia
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Hungría
  • Malta
  • Países Bajos
  • Austria
  • Polonia
  • Portugal
  • Rumania
  • Eslovenia
  • Eslovaquia
  • Finlandia
  • Suecia
  • Reino Unido